Departamento judicial de Mar del Plata | Se ordena una auditoría al poder judicial local, porque la Procuración Nacional se cansó de que los fiscales no se puedan poner de acuerdo. El Fiscal General realizó presentaciones numerosas por discrepancias permanentes: se tiran a matar.
El procurador General de la Nación con carácter de interino, Eduardo Ezequiel Casal, dispuso durante el mes pasado llevar adelante una auditoría funcional sobre toda esta jurisdicción de Mar del Plata, la que se hará a través de la Unidad de Apoyo y Control de la Actuación Funcional, dependiente de esa procuraduría.
La decisión se apoya en lo siguiente: «ha habido múltiples desavenencias en la jurisdicción de Mar del Plata, y hay consecuencias que estas desinteligencias podrían generar en la representación de este ministerio Público Fiscal»”.
Es por eso que considera conveniente que la mencionada Unidad de Apoyo y Control —que fuera creada por una resolución desde la PGN— evalúe y analice las causas en las cuales ha habido cierto desencuentro, así como otras afines que también puedan ser de interés para observar la disparidad de criterios entre los magistrados de la jurisdicción. La finalidad de realizar toda esta tarea, dice el procurador será: «poder efectuar sugerencias, recomendaciones, o medidas que estime pertinentes para optimizar esos procedimientos en particular, y la gestión de las actividades específicas del organismo». También se podrá aportar elementos que permitan resolver las actuaciones administrativas que aún están pendientes.
Desde antes
Como se recordará, ya en 2017 el fiscal Juan Manuel Pettigiani denunció penalmente a la fiscal federal Laura Mazzaferri por una serie de hechos irregulares que, él aseguraba, podrían implicar la comisión de delitos de acción pública. La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal N° 3, y en ella se hablaba de una violación de los deberes de funcionario público.
Resulta que Pettiagiani fue el fiscal en el juicio contra una banda que había secuestrado a tres personas, entre ellas a Guido Materia, hijo del reconocido empresario de Mar del Plata. En aquel momento, la fiscal Mazzaferri intervino en la elevación a juicio y tuvo la instrucción de la causa.
Dice en su presentación al respecto: «Durante el debate se tomó noticia de la posible existencia de un video que —pudiendo conformar parte de la prueba a valorar en el juzgamiento de los imputados llevados a juicio— no se encontraba entre las constancias acompañadas a la causa al momento de remitir las actuaciones al Tribunal». Se refiere específicamente a los videos de las cámaras de seguridad de la empresa Dumbledor, que fueron cruciales para acreditar, tanto la materialidad del secuestro de Materia, como la participación de algunos de los imputados en el hecho.
Pettigiani dijo que las serias irregularidades cometidas por Mazzaferri en relación al manejo y remisión al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de los efectos secuestrados implicaban que no se había ocupado de las funciones a su cargo: puso en riesgo el normal funcionamiento del servicio de justicia y el efectivo ejercicio de la acción penal pública.
«Además, la omisión de elevar la causa al Tribunal con todos sus efectos y elementos de prueba cuya existencia no desconocía, constituye una omisión maliciosa digna de reproche penal», concluyó Pettigiani. Dice que no se equivocó, sino que lo hizo a propósito.
La auditoría
Este es un ejemplo, pero lo cierto es que el procurador realiza un larguísimo relevamiento y por eso comienza diciendo que puede advertir una reiterada discrepancia en los criterios de actuación e interpretación, así como en las posiciones jurídicas adoptadas por los magistrados que intervienen en las causas de la jurisdicción de Mar del Plata: «más allá de la autonomía propia de los fiscales en su desempeño, está provocando una alta conflictividad interna». Es decir que, más allá de que las unidades fiscales tengan autonomía, algo raro ve en la situación de que no haya acuerdo nunca jamás.
Además, todo esto va en contra del principio de unidad de actuación, obviamente. Y el procurador aclara que todo esto se lo comunicaron distintos fiscales, en muy distintas actuaciones sobre temáticas diferentes.
Para resolverlo, en cada uno de los casos se propusieron numerosas herramientas de actuación resolutorias: soluciones alternativas, digamos. Fueron convocatorias por los desacuerdos fundamentales, pedidos de nulidad, solicitud del dictado de instrucciones, reuniones de trabajo para aunar criterios, denuncias disciplinarias a fiscales, y todo lo que estuvo a la mano. Pero el hecho de que las divergencias se multipliquen implica que la evaluación pormenorizada realmente hace falta, pero la harán en conjunto para que el resultado sea contextualizado y verdaderamente comparativo.
En términos generales, el procurador se refiere a los cuestionamientos realizados por el titular de la fiscalía general, Juan Manuel Pettigiani, y dice que varias veces él se refirió a la actuación de los fiscales que intervinieron en varias causas que llegaron a la etapa de juicio oral y público. Precisó que, más de una vez, el fiscal general convocó al fiscal que había intervenido en la etapa de la instrucción y le solicitó que se desempeñara también más adelante, en la etapa del debate, y dijo que lo hacía porque no estaba de acuerdo con la postura investigativa y jurídica.
Los fiscales obviamente se negaron, porque nadie quiere enfrentarse con nadie por un tercero, y en cada caso la procuración se vio obligada a intervenir y dirimir en la cuestión. Tales situaciones se repitieron ante causas que implicaban tanto delitos referidos a trata de personas con explotación sexual y laboral, tráfico de estupefacientes, asociación ilícita, como usura y lavado de activos, y otros.
Por todo esto, y más allá de loque el organismo de supervisión investigue, en este caso la Unidad de Apoyo y Control de la Unidad Funcional, aclara que todo el personal que esté comisionado va a tener que conseguir copias digitalizadas de las causas con las que más conflicto se ha presentado, ya que para esos casos se va a poder solicitar personal idóneo, únicamente para esos fines. También se autoriza a firmar permisos transitorios para acceder a los servicios informáticos de gestión de expedientes durante el tiempo que dure esta auditoría.
La conclusión final es que parece que el procurador terminó por darse cuenta de que si las quejas se repiten en innumerables ocasiones, es porque alguien no está haciendo lo que debe en su tarea. A esto se suma la pérdida de tiempo para que cada vez que se presentan las quejas, intervengan funcionarios en aclarar la situación. El departamento judicial Mar del Plata siempre ha sido una bolsa de gatos, habrá que ver si el procurador está preparado para meter la mano.