Trasporte escolar | Colectivos comunes fueron contratados de manera irregular para paliar la emergencia, tras la crisis que se vivió en el trasporte escolar. El servicio anterior llevaba años trasladando a los niños de zonas rurales hacia las escuelas. El Consejo Escolar quedó afuera del arreglo.
En varios distritos bonaerenses, los alumnos provenientes del sector rural no pudieron asistir a las escuelas a causa de un conflicto con los dueños de transportes escolares, en relación con las tarifas que les paga la provincia de Buenos Aires. Cristina Caro, integrante del Consejo Escolar, afirmó oportunamente: “con el transporte tenemos un grave problema, ya que los valores que maneja la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense no son acordes con la situación actual”. En total, más de 200.000 alumnos que concurren a 350 establecimientos bonaerenses no pudieron iniciar las clases normalmente, y en este caso no fue precisamente por problemas gremiales.
Superadas las contingencias climáticas que afectaron el inicio del ciclo en esta provincia, en varios distritos, los alumnos provenientes del sector rural no pudieron asistir a las escuelas con normalidad a causa de un conflicto con los dueños de transportes escolares, que reclaman un aumento de las tarifas. Según se indicó, la posición de la provincia al inicio del año habría sido retrotraer las tarifas a los montos de 2007, a 1,40 pesos el kilómetro, aunque en algunas ciudades, como Mar del Plata, los transportistas pretendían triplicarlo.
Así comenzó el conflicto, cuando a través de las redes sociales Mar del Plata se enteraba de que miles de chicos que acuden diariamente a las escuelas rurales de parajes aledaños a la ciudad, así como a las escuelas de Batán, se habían quedado esperando su transporte porque el servicio estaba suspendido. La noticia generó escándalo, y muchas voces se alzaron en busca de una explicación a lo que hasta ese momento parecía nada más que un problema de reclamo. Muchos pedían, efectivamente, una solución de emergencia hasta que el conflicto se resolviera de manera legal. Pero, ¿de qué manera se subsana la emergencia sin correr riesgos?
Una de las tres empresas involucradas es la que lleva adelante Vilma Kovacs, que es además una transportista escolar de larga trayectoria en la ciudad. Ella se comunicó con la emisora 99.9 para agregar al análisis algunos elementos que podrían no haber sido tenidos en cuenta por simple desconocimiento, a la hora de evaluar las repercusiones del conflicto. Sucede que el transporte de alumnos en la zona rural es imposible de cotizar en kilómetros de recorrido, es decir que no se puede unificar el costo del kilómetro como pretenden las autoridades provinciales, porque, según explicó Kovacs, a mayor distancia el costo se abarata, y no puede considerarse linealmente, como el costo de un taxi. Por esa razón, el fin de los contratos al 30 de abril, y la propuesta de la Provincia de unificar los costos con un 30% de rebaja respecto del año anterior, habría sido el detonante que desató el conflicto. Así, ellos no podrían brindar el servicio, ni siquiera aceptar una contratación directa hasta que se regularizara la situación.
Por su parte, Amalia Rey, titular del Consejo Escolar de General Pueyrredón, indicó: “el Consejo Escolar quedó afuera”, con lo cual manifestaba la impotencia que habían experimentado los consejeros al no poder colaborar en el diálogo entre dos partes que parecían no poder acordar nada: “nos mandan valores de La Plata que los transportistas, lógicamente, no aceptan… y hay ciertos recorridos que desde la Provincia cuestionan”. Al parecer, el presupuesto previsto para este año para trasladar a los alumnos que provienen de zonas rurales sería seriamente inferior al del año anterior, que insumió 10 millones. Este año no llegaría a los cinco.
Un parche
Pero la novedad fue que, repentinamente, la Provincia acordó con un servicio de emergencia, que sería brindado por Leandro Bacchiocchi. Desde el Estado lo catalogaron como “momentáneo”, pero, al parecer, el nuevo servicio de trasportes no tendría las condiciones técnicas requeridas para trasladar a los pequeños desde las zonas más alejadas, ni conocería el territorio. Confirmó Amalia Rey que, en efecto, se estaban produciendo muchas confusiones, en cuanto a la comunicación, ya que las directoras de las instituciones no tenían certeza de qué niños iban a ser retirados de sus casas y cuáles no, ni sobre cómo serían lo recorridos brindados en cada caso. Es decir, un caos.
El cuello de botella estaría en la administración platense con una encargada de Logística llamada María de los Ángeles, quien habría sido la responsable de instrumentar el nuevo servicio, visiblemente más barato, aunque provisorio. ¿Más barato, pero más inseguro? ¿Más barato, pero ineficiente y parcial? Al menos eso es lo que afirman los empresarios de transporte que tenían a su cargo el trasporte hasta este año, que son quienes declaran que Bacchiocchi ha intervenido quedándose con su trabajo, y que sólo tiene dos colectivos propios para brindar un servicio que requeriría de 40, por lo cual sólo lleva a algunos de los niños que viajaban en las combis.
Lo que afirma Kovacs es que los colectivos que se están usando en este servicio de emergencia no reúnen las condiciones que se requieren para realizar el transporte escolar, es decir no tienen la puerta del lado contrario al tránsito vehicular, ni cinturones de seguridad, ni choferes preparados para trabajar con niños: los conducen colectiveros comunes. La denuncia de Kovacs agrega que esta contratación repentina y precaria habría sido avalada por el SUTEBA, y específicamente por Roberto Baradel, quien, según sus dichos, habría estado personalmente en La Plata para arreglar los nuevos contratos. “Dicen que le van a dar dos millones para poner en marcha el servicio”, agregó.
Según afirma Kovacs, Bacchiocchi habría sumado para hacer el recorrido unos 14 colectivos comunes de la línea 25 de Mayo, ante lo cual el delegado municipal de Batán ha guardado silencio. El funcionario ni siquiera habría reaccionado cuando los transportistas oficiales ofrecieron brindar un servicio gratuito hasta que el problema se subsanara.
Pero lo más turbio parece ser que no solamente el servicio no es técnicamente el apropiado, sino que tampoco están dadas las condiciones administrativas para la contratación, ya que, según indica Kovacs, la firma de Bacchiocchi no es proveedora del Estado, ya que no reúne las condiciones para serlo, por más que el nombrado sea el titular de la Asociación de Transportistas Escolares de esta ciudad. “Me duele la pérdida de las fuentes de trabajo”, afirmó Vilma Kovacs, a la vez que señaló que en la actualidad el servicio se estaría brindando en algunas zonas, pero no en otras. Por ejemplo, se retira a los chicos de Batán y seguramente de El Boquerón, pero no hay servicio hacia otras escuelas.
Desconocidos
Pero el tema del que no se habla es el de la confianza. Aunque la presidenta del Consejo Escolar sí puso esta palabra entre los términos de sus afirmaciones, poco se ha dicho del vínculo de confianza que existe entre los padres y la persona en la cual confían para que lleve a sus niños a la escuela; un conocimiento que en general se construye con años de relación permanente, que además es compartida por otros integrantes de la sociedad que dan cuenta de la confianza, y animan a quienes recién comienzan a usar tal servicio.
En este caso, los padres han debido subir a sus pequeños hijos a un colectivo de línea conducido por un colectivero al que jamás habían visto, porque no tenían otra opción: si no lo hacían, sus hijos podrían perder la escolaridad, de no haber en la casa un vehículo particular que supla lo que hace el trasporte escolar. Nadie en la zona conocía hasta ahora a la familia Bacchiocchi, por más que Leandro haya dicho ante los micrófonos de la 99.9 que su padre lleva 40 años brindando un servicio similar en otras partes de la ciudad.
Bacchiocchi justifica los términos de su negociación privada acusando a las tres firmas que hasta ahora llevaban a los chicos a las escuelas rurales de ponerse de acuerdo para cobrar de más al Estado, y diciendo que él está en condiciones de bajar esos precios: “soy transportista de toda la vida, a mí me llaman de La Plata para dar un servicio de emergencia”. Justifica las irregularidades diciendo que él, cuando se reunió con los funcionarios del Estado, les aclaró que el trasporte escolar con unidades pintadas de color naranja está obligado a retirar a los niños casa por casa, y entregarlos con los docentes en la escuela, y que no puede alzar niños de las paradas de las rutas, como hace el servicio rural. Que eso sólo se puede hacer con un colectivo de línea que no sea naranja naranja. Y que eso es lo que está haciendo.
Pero claro, como los nuevos no conocen la zona, la solución de emergencia se les complica. El resultado fue que muchos de los niños se quedaron esperando que los retiraran, y eso nunca sucedió. Lo mismo se repite ahora día tras día, porque los nuevos colectiveros que la Provincia contrató por dos pesos no conocen los caminos, ni el recorrido entre los parajes rurales. Les salió barato, porque sólo llevaron a algunos. Las directoras siguen sin saber quién viene y quién no. Los padres dudan ante la obligación de subir a los chicos a unos colectivos blancos que nunca en su vida habían visto.
A los ponchazos, como siempre. A los tumbos y a los golpes. Desde La Plata, nadie recibe a las empresas anteriores, ni da respuesta sobre las propuestas que elevaron quienes habían realizado históricamente el servicio rural, que lógicamente no pueden hacerlo por menos dinero que el que cobraban hasta ahora. Rota la confianza, y rota la continuidad del año escolar.
