El fiscal Moure presentó un recurso ante la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, para que revea el sobreseimiento del imputado por el crimen de Gastón Bustamante, y que se eleve la causa a juicio oral. Hace días, la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata había sobreseído a Julián Ramón.
El caso por la muerte de Gastón Bustamante en Miramar sigue en la búsqueda de un culpable. La tarea que llevan adelante los abogados y el fiscal de la causa, Rodolfo Moure, no cesa, según explicó el propio fiscal en la 99.9: “Le hemos pedido a la jueza de garantías que eleve la causa a juicio porque entendemos que hay pruebas que merecen ser discutidas en un debate y que en esta instancia no permiten sobreseer a Ramón”.
Gastón fue asesinado la mañana del 21 de noviembre de 2011, en la casa que compartía con su mamá y su hermana Rocío en Miramar. El día anterior había cumplido años, y esa mañana había faltado al colegio. Fue atacado por una persona que habría entrado con fines de robo, y no esperaba encontrarlo ahí. Desde el principio, los investigadores sospecharon que se trataba de un conocido de la familia, y que mató al chico para evitar ser denunciado.
Quince días después del crimen fue detenido Julián Ramón, el novio de Rocío. Sus huellas se encontraron en uno de los televisores de la casa, que había sido cambiado de lugar. Ramón aseguró que había tocado el televisor durante el cumpleaños del nene, porque estaban viendo fútbol y él lo había reorientado, pero para ciertos investigadores, las marcas eran compatibles con las del traslado del aparato.
“Lo que resolvió la Cámara fue por insuficiencia probatoria“, dijo el fiscal Moure en declaraciones a la prensa, cuando daba cuenta de que el tribunal integrado por David Viñas, Marcelo Riquert y Javier Mendoza habían determinado el sobreseimiento, y explicó que Ramón de esa manera quedaba desvinculado del proceso. Pero también remarcó que la decisión no estaba firme: “Si Casación reviera el fallo de la Cámara de Apelaciones y ordenara que se realice un juicio oral, (Ramón) sería imputado de vuelta y afrontaría esa instancia”.
Para el fiscal, el sobreseimiento es prematuro. Dijo: “No se puede hablar de que la persona desvinculada no sea la autora del crimen, porque cuando se sobresee a alguien tiene que haber certeza”.
Enfrentados
“Estamos pidiendo que nos dejen ir al debate oral para producir toda la prueba y nuevos elementos que permitan saber si esta persona es culpable o inocente”, dijo Moure, mientras que Esteban Viñas -uno de los tres integrantes de la Sala I de la Cámara- expresó en su sentencia: “Un caso no puede ser llevado al juicio oral por el simple capricho del fiscal, porque éste debe presentar el caso adecuadamente, debe demostrar que el hecho está probado. También debe acreditar la verosimilitud de la acusación dirigida contra el ciudadano que pretende llevar a debate”. Además: “Ya en marzo de 2012, cuando tuvimos que tratar un recurso contra la prisión preventiva de Ramón, le dijimos al fiscal que no alcanzaba a acreditar, siquiera, la semiplena prueba de la autoría que reprochaba a Ramón, por lo que tuvimos que disponer su libertad por falta de mérito”. Poco después agregó: “Luego de más de un año y meses de investigación, nos encontramos con que no sólo aquella situación no mejoró, sino que en realidad empeoró, porque hoy la fiscalía nos trajo menos pruebas que en 2012”.
Viñas, en la extensa y analítica resolución, explicó que el sobreseimiento se dictaba porque había “certeza negativa” de que la prueba arrimada no probaba siquiera mínimamente la autoría de Ramón. Y agregó que no se vislumbraba que en el debate pudiera producirse prueba alguna que colaborara en aquel sentido. Pero, sin embargo, aclaró: “esto no significa que se haya cerrado la investigación; el hecho no ha prescripto y la fiscalía debe seguir investigando para intentar tener un caso contra alguien por semejante crimen”.
Es por eso que Moure responde afilando su discurso: él no dice que sea efectivamente culpable, sino que hubiera querido una instancia oral, en la cual debatir las posibilidades de la prueba. Aclaró que no se está culpando al acusado, sino que se debe trabajar sobre la evidencia recogida para determinar si Ramón fue o no el autor del crimen: “esto no implica que la Fiscalía haya hecho una sentencia condenatoria, sino que pretendemos ir a un juicio oral para que se discuta la prueba que hemos recolectado. Además de la huella dactilar, hemos valorado la reconstrucción que se hizo en la vivienda de los Bustamente en la cena previa al homicidio, donde se determinó que la huella en el televisor es injustificada”.
El 20 de noviembre pasado, la jueza de Garantías Rosa Frende había elevado a juicio oral la causa por el crimen. La medida fue apelada, lo que motivó que el viernes último Viñas, Riquert y Mendoza, sobreseyeran a Ramón.
En el marco estricto de la causa, los investigadores siempre sostuvieron que el asesino había entrado a robar el dinero de un plazo fijo que la familia tenía para depositar y cuya existencia conocían muy pocas personas, entre ellos Ramón. Sin embargo, algunas pruebas en su contra comenzaron a caerse cuando un estudio de ADN demostró que ninguno de los pelos encontrados sobre Gastón pertenecía a Ramón, sino que eran de los familiares que intentaron ayudarlo cuando lo encontraron muerto.
El caso
En aquel noviembre, Miramar amaneció extrañamente sacudida. A la consternación por el asesinato del pequeño Gastón Bustamante en un robo, se le sumó una noche de violentos incidentes en la Municipalidad, tras una marcha en reclamo de justicia. De ese episodio resultaron cinco hombres detenidos. El intendente sostuvo oportunamente que se trataba de activistas políticos que habían generado los destrozos, y no las familias que pedían justicia por el nene asesinado.
El tema era la bronca. La gente pedía que alguien saliera a dar una explicación, no de por qué mataron a Gastón, si no de por qué el asesino estaba suelto.
Por el crimen, hubo dos personas demoradas en su momento. Según el intendente Hogan, se trataba de dos hombres que “trabajaban en el fondo de la casa lindera” a la del pequeño, y eso habría facilitado el ingreso a la vivienda. Desde entonces, todas las hipótesis sostienen que Gastón vio la cara del ladrón o reconoció a alguno de ellos: por eso lo asfixiaron con una media.
Pero Miramar ya era uno de los partidos de la costa más complicados por la inseguridad. No era novedad que las casas de veraneo fueran desvalijadas en temporada o fuera de ella. Ya en 2008, un grupo de vecinos se había reunido en el Concejo Deliberante para pedirle al intendente Hogan una reunión en reclamo de soluciones. En esa oportunidad,
el propio titular de la Fiscalía Descentralizada, Rodolfo Moure, había dicho que, de los tres distritos que tenía a su cargo, General Alvarado era el más complicado en cuanto al control de los delincuentes.
Pero el caso de Gastón fue un hito para la comunidad. La Cámara sostiene que el fiscal ha reducido las líneas de investigación a una sola, que se ha obsesionado con Ramón, y que no ha prestado atención a las otras posibilidades. Los informes psicológicos de la familia del niño, por ejemplo, no son tranquilizadores, y también son citados por el juez Viñas:
Dice la sentencia de la Cámara de Apelaciones en el momento de su resolución: “No puede soslayarse que, habiéndose producido el triste hecho motivante de la presente el día 21 de noviembre de 2011, sumadas sólo en la carpeta de prueba formalizada 1500 fojas organizadas en 8 cuerpos hasta que con fecha 5 de abril de 2013, el Dr. Moure diera por cerrada la etapa preparatoria, respecto de Ramón todo se reduce a los escasos, equívocos e inciertos indicios antes expuestos. Tampoco que el decisorio cuya revocación propicio consumió seis meses más —tiempo improductivo para la investigación—, ya que la oposición a la requisitoria fiscal fue presentada el 20 de mayo y recién resuelta el 19 de noviembre, sin que pueda concluirse con ello una reafirmación de válida hipótesis de juicio. Por el contrario. Lo que ya era débil conforme advirtió la Sala en la decisión del 15 de marzo de 2012, con casi trece meses de instrucción posterior y seis meses de meditación sobre el producto, lo es aún más. Es cierto que la Fiscalía ha explorado diversas hipótesis pero, finalmente, como apuntara el representante de la hermana constituida como particular damnificado, se cerró en una que con su propia debilidad paraliza la investigación”.
Y casi reprende al fiscal por haber dejado de investigar: “En síntesis, nada justificaba el cierre apresurado con una ampliación de testimonial sustrayéndola a la posibilidad de control por los interesados. Ese mismo MPF, tan urgido, después dejó trascurrir seis meses sin instar o activar el trámite del legajo, ciertamente complejo por la dificultad en la determinación de autoría que, como se dijo, es un aspecto en que no se logró avanzar”.
Ahora Moure eleva el pedido a Casación: “Entiendo que no debe ser ni un juez de Garantías ni un juez de la Cámara de Apelaciones quien decida sobre el destino final del imputado, sino un debate oral. Eso es lo que se ha pedido”. Aseguró que no siempre tiene que haber pruebas firmes y contundentes para empezar un juicio oral: “Los jueces deben entender que no siempre hay fotos de los delincuentes llevando a cabo el hecho, o dos testigos. A veces hay prueba indiciaria, como en este caso. No trabajamos sólo con la hipótesis de Julián Ramón, sino que investigamos a la madre y también la posibilidad de delincuentes comunes. Sabemos que la prueba es poca, pero debe ser debatida”.