La mafia local

Una abogada de OSSE, sobrina de Mario Dell’ Olio, es investigada por pertenecer a una banda de falsificadores y usurpadores de propiedades. El abogado que la desenmascaró fue amenazado, junto con su familia. Los tribunales civiles no lo escucharon: todo está en manos de la UFI en lo económico.

Las usurpaciones de propiedades en Mar del Plata son un problema interminable, en virtud de las irregularidades que esta ciudad presenta desde el inicio de la distribución de los terrenos en planos catastrales: varias estancias se lotearon de maneras diferentes, con trazados que no coincidieron entre sí, y hay una o más escrituras del mismo lote.
Pero más allá de estas tradiciones poco deseables, una banda que se dedicaba a la falsificación de firmas fue descubierta gracias a la tarea de un abogado marplatense, que solamente pretendía recuperar la propiedad usurpada para restituirla a su cliente: Walter Llona.
La banda se dedicaba a ocupar una vivienda, simular la venta y luego hacer juicio a los verdaderos propietarios. El hecho es gravísimo, por la metodología impune, pero además sucede que aparecieron 23 nombres en la magacausa, que hoy cursa en la Fiscalía de Delitos Económicos: uno de ellos tiene implicaciones políticas. Se trata de Melina Evaristo, que es abogada, pero también la sobrina de Mario Dell’ Olio, el titular de Obras Sanitarias. Las restantes personas son Luis Rodríguez y Paula Bahlcke.
Walter Llona señaló, en una entrevista concedida a la emisora 99.9: “El origen fue una usurpación que sufre una clienta mía. Recurrí a la justicia civil, pero los resultados fueron negativos. Había un modus operandi de irregularidades y me fue muy fácil, con un poco de tiempo y dedicación, desentrañar esta cuestión”. A partir de ahí, decidió profundizar su investigación: “Descubrí 18 hechos diferentes donde había irregularidades como apropiación de propiedades, demandas a personas muertas, adulteraciones de documentos”.
El abogado habló directamente con las dos abogadas acusadas en este contexto, incluida la sobrina de Dell’ Olio: “Me entrevisté con las dos acusadas y se manifestaron violentamente. En otras entrevistas que ellos buscaron, tuve amenazas del estilo”. Explica que la abogada Evaristo fue muy violenta, y que le dijo: “Sabés quién soy yo, familiar de quién soy”. Afirma que ambas se jactaron de sus contactos políticos y policiales.
No fueron las únicas amenazas que el abogado recibió en el desarrollo de su trabajo. Dijo Llona: “He recibido amenazas, seguimiento a mis hijos, se me mandaron anónimos, llamadas telefónicas diciéndome en ese momento dónde estaban distintos integrantes de mi familia. Recurro a la justicia por defensa de mi integridad y mi familia”. Contó además una experiencia bastante extraña, que terminó siendo el detonante de la situación actual: “En el mismo momento en el que termino de hablar con el secretario de un juzgado, donde les demostré que una persona que había fallecido en 1978 firmó un boleto en el año 1997, me suena el teléfono y me dicen qué estaba haciendo mi hijo con un familiar en ese mismo momento. Ese día me decidí por darle el puntapié inicial a esto”, concluyó. Corría el año 2012.

Repercusiones

Desde el ámbito político, el concejal de la UCR Mario Rodríguez fue quien primero reaccionó, pidiéndole al presidente de Obras Sanitarias, Mario Dell’ Olio, que se presente en el Concejo Deliberante para explicar el accionar de su sobrina Melina Evaristo. Aseguró: “Se dice que teniendo el privilegio de trabajar en OSSE tuvo acceso a la base de datos y con esa información se habrían cometido los ilícitos”. A pesar de que se trata de una relación familiar, para Rodríguez no es extraño un accionar de este tipo por parte de quien preside OSSE en estos momentos e incluso lo emparentó con la forma de gobernar que tiene Acción Marplatense.
Las constantes amenazas que recibió el abogado Walter Llona son lamentables. El concejal mencionó que estas personas utilizan prácticas mafiosas para intimidar a quienes denuncian: “Me quiero solidarizar con el Dr. Llona por las amenazas, el seguimiento de sus hijos y los anónimos. Son conductas y acciones que marcan el nivel de nerviosismo que hay al respecto y el nivel de gente que estamos denunciando”, agregó.
Pero la cuestión no es nueva. Las actas del Colegio de Abogados demuestran que ya en 2013, el abogado Llona estaba informando en asamblea lo sucedido: “El colegiado pone en conocimiento del Colegio que ha formulado una denuncia penal respecto de otras dos abogadas, Dras. Evaristo y Bahlcke, con motivo de acontecimientos suscitados a raíz de una causa vinculada a usurpación de terrenos y que debido a su intervención profesional habría recibido amenazas por parte de las letradas”. Informó allí que se ha dado inicio a dos instrucciones, una en Balcarce y otra que tramita ante la UFIJ nº 9 local.
Por supuesto que, en su momento, los hechos no trascendieron a la prensa, pero la causa siguió su curso.
Respecto de la causa de Balcarce, la conexión es un acusado en común, Luis Alberto Rodríguez, que ya había sido mencionado por Llona, y ahora fue descubierto en un entramado complejo de adulteraciones en aquella ciudad.
En efecto, la elevación a juicio contra Luis Alberto Rodríguez  y Daniel Omar Giménez mencionó los delitos de falsificación de timbres y de documentos públicos, y estuvo a cargo del fiscal Rodolfo Moure. En el documento se indica que el 9 de mayo del año 2012 se realizó una orden de registro sobre el domicilio de calle Juramento 582 de la ciudad de Mar del Plata, y allí se constató que Luis Alberto Rodríguez confeccionó al menos seis documentos públicos falsos: cuatro boletos de compraventa, dos cesiones de derechos y acciones, y certificaciones de firmas apócrifas. Dichas maniobras ilícitas tenían por finalidad dar apariencia de legalidad a operaciones inmobiliarias irregulares: la cesión de derechos de boletos de compraventa de inmuebles litigiosos o usurpados. Así despojaban de la posesión a sus legítimos dueños y, en otros casos, estafaban a adquirentes de buena fe.

Otra guarida

En fecha cercana se registró el domicilio de Sarmiento 4288 de la ciudad de Mar del Plata, y se verificó que allí vivía Daniel Omar Giménez, quien confeccionó al menos tres documentos públicos falsos: un acta notarial de certificación de firmas de 2010, una actuación notarial, y otras legalizaciones. Había además 35 hojas de grueso gramaje utilizadas comúnmente en actuaciones notariales; un formulario original en blanco de un título de moto; dos soportes de sellos con base de letras y números y símbolos de goma para completar los sellos; unos 200 papeles con línea vertical color plateada con letras ilegibles y a tras luz imagen de una cara similar al sello del billetes; una caja conteniendo cuños con letras y elementos varios de imprenta y de computación idóneos para la confección e impresión de documentos públicos. Además tenía un arma de fuego calibre 38 Special marca Jaguar, es decir un arma de guerra de uso civil condicional. Resultó apta para ser disparada, y sin autorización legal, ya que había sido robada de una casa en 2011.
Las tareas investigativas desplegadas por personal policial de la Sub DDI Miramar durante varios meses permitieron acreditar que desde junio de 2011 se conformó en la ciudad de Mar del Plata una organización de no menos de ocho personas, entre las que se incluye a los imputados Rodríguez y Giménez, que se dedicaba a la comisión de pluralidad de delitos referidos a la legalización fraudulenta de vehículos automotores de origen ilícito y de bienes inmuebles -terrenos y viviendas- usurpados, además de estafas contra entidades bancarias y el fisco nacional. Cada uno de sus integrantes asumía distintos roles, bajo la dirección y coordinación de Luis Alberto Rodríguez.
De las escuchas telefónicas realizadas surgen datos de interés en relación a los  aquí imputados: le dice que si necesita obleas, lo espere un día más, porque le estaban por traer cinco. Uno pide que le haga “diez verdes de provincia” y las “rojas de Capital Federal”, y que las verdes sean sin numeración de las grandes, a lo que le responde que ya las tiene hechas.
Uno habla de que necesita hacer un 08, y explica que tiene la cédula a nombre de él. Menciona que la cédula vieja la tiene en su poder Daniel, que con esa cédula vieja se le hace otra con el nombre de él para que pueda circular y luego un 08. Y responde que mínimamente necesita la cédula azul a la brevedad, junto con la VTV. En otra llamada Daniel le indica que tiene diez obleas para llevarle, si las quiere todas que luego se las vaya pagando, a lo cual Luis le responde que sí las quiere, o que le consiguió el papel para que realice las obleas.
Estas tareas investigativas previas y escuchas telefónicas producidas no hacen más que demostrar que Daniel Giménez y Luis Rodríguez se dedicaban con habitualidad a la comisión de distintos delitos, en particular a aquellos relacionados con la falsificación de documentos públicos, para lo cual a su vez contaban en su domicilios con los elementos necesarios para la confección de tales documentos apócrifos.
En noviembre de 2014, la justicia resolvió condenar a Luis Alberto Rodríguez a 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional, y a Daniel Omar Giménez a 2 años y 8 meses, más el pago de $1.000 de multa por los delitos de falsificación de documentos públicos en forma continuada, tenencia de materiales e instrumentos destinados a cometer falsificaciones y tenencia ilegal de arma de guerra de uso civil condicional y encubrimiento de robo. Casi nada a juzgar por la cantidad de damnificados de sus acciones, y la cantidad de otros delitos que ellos mismos permitieron con su accionar.
Esta sentencia viene a colaborar con la investigación sobre las ramificaciones de las bandas y su conexión con la megacausa de Mar del Plata: ¿quiénes fueron los poderosos que permitieron que tales delitos se cometieran? ¿De dónde surgieron los datos, y qué funcionarios con acceso ilimitado a registros de catastro fueron los que facilitaron información para que los delincuentes falsificaran escrituras a nombre de fallecidos o ausentes?
Hay quienes prefieren que no se sepa, y tienen el suficiente poder como para vigilar a los hijos del abogado y de una manera mafiosa amenazar su integridad. Esto sucede aquí, a la vista de todos, y de un plantel del Ejecutivo que sabe taparse los ojos cuando hace falta.