Consejo escolar | El Consejo Escolar de Mar del Plata nunca arranca. Las quejas por las asambleas virtuales se multiplican, y no se sabe cuál es el criterio con las vacantes. Las imprecisiones de la intervención de 2018 siguen vigentes.
Una máquina enorme, desactualizada e ineficiente. Obsoleta y costosa. Inadecuada e incapaz de facilitar ninguna de las tareas de los directores de escuela que dan pelea en la lucha diaria de la educación, el Consejo Escolar es un monstruo burocrático y poco inteligente que goza de amontonar papeles y no asistir a sus trabajadores.
Ahora, gran parte de los docentes en la provincia manifiestan su desacuerdo con los criterios que se utilizan en el organismo provincial que lleva adelante ciertos dispositivos de la política educativa. Sobre todo, es de su competencia el acceso a los puestos de trabajo y el mantenimiento de toda la infraestructura escolar y sus insumos. Nada menos.
Los cargos docentes, por ejemplo, son puestos de trabajo a los cuales se accede a través de asambleas públicas en las cuales las personas que integran un listado confeccionado con anterioridad, manifiestan su interés en determinada vacante. El derecho a tomar el cargo depende de su puntaje de antigüedad e idoneidad.
Pero con la pandemia, las asambleas realizadas virtualmente no han generado más que disconformidades de un sector disidente, que presenta ahora un reclamo formal. Lo están impulsando desde la lista Multicolor de SUTEBA, y una de sus integrantes, Sabrina Gil, se expresó a través de la 99.9: “Hay mucho malestar por los términos en lo que se convoca a los actos públicos digitales para la toma de cargos, porque son anti estatutarios y discriminatorios. No pueden presentarse quienes forman parte de los grupos de riesgo. Hemos elaborado una nota que presentaremos mañana en la Secretaría de Asuntos Docentes en el Consejo Escolar”.
Según la denuncia que lleva a cabo el sector, desde la llegada de la nueva gestión del ejecutivo provincial, el SUTEBA estaría teniendo una injerencia determinante en la manera en la que se llevan a cabo tales asambleas, pero la mayoría de los funcionarios habría optado por silenciarlo: “SUTEBA, por su conducción de la Lista Celeste, está integrado al Estado y no sale a denunciar estas cuestiones. Por el contrario, están apoyando todo esto que deja mucho que desear. Es un ataque directo al estatuto del docente además de un ajuste en educación porque salen pocas horas. El sindicato no está interviniendo en defensa de los docentes sino que, al contrario, no denuncia. Por eso tenemos que hacerlo nosotros”.
La docente manifestó además su desacuerdo con las decisiones que toma el sindicato a la hora de defender el salario docente, y explicó que en las asambleas, aquellos que no forman parte de la lista celeste que conduce el sindicato no pueden expresar su oposición a los acuerdos salariales propuestos, que consideran insuficientes.
Por último, se refirió a la vacunación que tiene en SUTEBA uno de sus bastiones, y expuso que el gobierno había planteado el regreso a la presencialidad escolar, con prioridad para la vacunación docente. Que tal campaña se realizó en los sindicatos —que a su criterio no es lo que corresponde— y hoy estaría paralizada: “Muchos docentes teníamos turnos para vacunarnos la semana que pasada fueron cancelados a último momento; tampoco hay novedades sobre la segunda dosis”.
Desde 2018
Pero los problemas del Consejo Escolar no son nuevos, ni se limitan a cuestiones de acceso a los cargos. Uno de los temas álgidos ha sido la cuestión de Infraestructura Escolar, el hierro caliente de esta ciudad con escuelas semiderruidas. A tal punto que en 2018, el consejo fue intervenido bajo sospecha de irregularidades, y en ese momento la arquitecta María Silvia Luenzo fue cesanteada de un cargo en la Dirección General de Cultura y Educación que había ocupado durante 15 años. La arquitecta dijo en la 99.9: “Empezó todo en 2018 en el marco de intervención del Concejo Escolar. Fui separada de la función, sumariada y suspendida en varias ocasiones. Todas las apelé sin respuesta alguna: hubo pocas garantías a mi favor, porque no tenía acceso a la información. Fue un proceso muy largo que quedó paralizado con el cambio de gestión. Ese proceso se reactivó en los últimos meses sin que yo lo conociera, y me encuentro con la novedad de que está la firma de la Directora General la disposición de mi cesantía por lo que se califican como faltas graves y reiteradas que no están ponderadas y probadas”.
Hoy la arquitecta se encuentra en una situación difícil que la afecta profesional y personalmente, pero de la que tampoco sabe cómo salir: “todo mi aporte de prueba no fue analizado aunque sea para rechazarlo, por lo que me encuentro intranquila en estado de desesperación e indefensión. Más allá de mi sustento laboral, es mi carrera y mi buen nombre; tengo una vida para exponer y defender”, decía.
Incluso la justicia tomó decisiones a su favor, pero explicó Luenzo que hay dos expedientes paralelos de distintas características. En el primer tramo de las suspensiones, presentó un recurso de amparo. Por eso, hay dos fallos de jueces en lo contencioso administrativo a su favor, y también un fallo de Cámara.
Los jueces Roberto Mora, Elio Riccitelli, Diego Ucín integran la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, y dijeron en su sentencia de agosto de 2020: “Hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, dejar sin efecto el pronunciamiento de grado recurrido y, ejerciendo jurisdicción positiva, reencauzar el pedimento formulado el 18-10-2019 por María Silvia Luenzo como medida autosatisfactiva, la que se decreta en este acto ordenando a la autoridad escolar provincial demandada coloque —de ser necesario—, a partir del vencimiento de la suspensión preventiva dispuesta en la RESFC-2019-3244-CDEBA-DGCYE, dictada el 16-07-2019, a la agente en disponibilidad relativa en los términos de los arts. 13 y 97 de la ley 10.430, con percepción de haberes, en el tiempo que demande la culminación del sumario cuya instrucción se ordenara por la disposición”. Es decir, que el funcionario en sumario administrativo por irregularidades debe permanecer en su cargo con goce de haberes, aunque no ejerza sus funciones por encontrarse en disponibilidad.
Han pasado tres años. La arquitecta explica que aún no puede entender cuál es el motivo por el cuál buscan sacarla de su cargo. Explica que, ya en 2018, había una mirada descalificadora de la labor de los delegados e inspectores de la Dirección de Infraestructura, pero que cuando se lee el expediente con detenimiento, puede verse cómo se describen esas faltas graves: “hay desconocimiento de cómo se trabaja en el territorio con nuestros propios recursos y bajo presión. Se indica como una grave falta lo que es la tarea cotidiana de defender la educación pública. Se me acusa de tres cuestiones menores sobre obras que están hechas y funcionando perfectamente. No puedo descubrir qué intereses están detrás de esto”.
La situación original
Ya en su primera entrevista a este medio, en mayo de 2018, Luenzo advirtió que la relevarían de un cargo que había ocupado durante los últimos 5 años como jefa regional en la Dirección de Infraestructura Escolar. Los 7 años anteriores había sido inspectora del área. Ya entonces hablaba del desconocimiento del interventor Roberto Angrisani y su equipo respecto de las funciones del consejo.
A nadie escapa que el estado de las escuelas en Mar del Plata es tremendo desde hace años, pero Luenzo considera que la situación no puede ser adjudicada a su gestión al frente de Infraestructura: “hace más de 10 años que no hay un plan de obras concreto y contundente que atienda los problemas edilicios de las escuelas de General Pueyrredón. Se han hecho intervenciones, pero nunca a una escala de lo que la ciudad necesita”.
Las versiones indican que, ya en aquel momento, la intervención comenzó por un informe pedido por la entonces integrante del Consejo Escolar, Claudia Píccolo, aunque que tampoco está claro con qué justificación se impulsó. Luenzo explicó entonces que se hablaba de un informe de auditoría que habría pedido la consejera Píccolo, y que esa solicitud terminó justificando la intervención del Consejo Escolar. Explicaba que no había justificativos para desplazarla de su cargo, cuando se hablaba de reiterados incumplimientos de su función específica que además ponen en duda su idoneidad profesional. Dijo en aquel momento la arquitecta: “Es una afirmación gravísima fundada en cuestiones absolutamente menores y es muy serio que lo haga un organismo como la auditoría”. Pero ya en aquel momento se hablaba de personas cercanas a Lucas Fiorini.