Causa UOCRA | Luego de la detención de Pablo Medina, líder sindical de la construcción, las denuncias en contra de los hermanos Trujillo –de la UOCRA local- siguen durmiendo en los tribunales. Ya casi los premian con más plata para construir casas que jamás harán.
Nueve detenidos lleva ya la causa que tiene como acusado principal a Juan Pablo “Pata” Medina, secretario general de la UOCRA, incluidos su hijo, su esposa y otros allegados. Ella es Fabiola García, y fue arrestada por integrar una posible asociación ilícita liderada por el sindicalista, ya que coordinaba a otras mujeres que distribuían la comida a trabajadores en las obras. El hijo, Agustín Facundo Medina, cumplía funciones similares, y Pablo Nicolás Neves, el número dos de la UOCRA, fue detenido por encargarse de contactar a los empresarios. La noticia indica que el titular de la UFI Nº 11 de la Plata, Álvaro Garganta, ordenó allanar las viviendas de los detenidos. En su transcurso secuestraron documentación, computadoras, teléfonos celulares y vehículos.
Mientras tanto, en Mar del Plata, la UOCRA permanece intocable. Nadie se mete con los hermanos Trujillo, que son los dueños, y las denuncias se apilan desde hace años en la UFI 1. Parece que nadie se había dado cuenta de que la responsable, Romina Díaz, ya no estaba al frente del despacho, y no habían designado a nadie para resolver las medidas de prueba.
Tanto se escuchó hablar esta semana de la UOCRA que los hizo acordar de que el expediente se llenaba de papelitos, y designaron como nuevo responsable a Néstor M. Frende. Se trata de investigar el programa PRIS, saber cuánta plata se mandó y qué hicieron con ella, para lo cual van a necesitar que se autorice la intervención de los funcionarios que integran la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Judicial de la Procuración General (UIDE). ¿Será posible?
Los hermanos Trujillo han estado años en la UOCRA, que se suponía que daba legitimidad y hacía de nexo con la empresa constructora encargada de hacer las casas del plan Dignidad. Pero resulta que la constructora también era de los Trujillo, y estaba camuflada bajo una ONG de mentira.
Hace tiempo
Los negociados que los hermanos Trujillo realizaron en Mar del Plata con la UOCRA parecen estar ligados directamente con la detención de “Pata” Medina, acusado ahora de extorsión. Conectadas al menos desde la connivencia, que a todos les ha permitido hacer lo que han querido con los fondos del Instituto Provincial de la Vivienda.
En esta ciudad, el denunciante del entramado oscuro ha sido el ex concejal Hernán Alcolea, impulsor del traslado de la Villa de Paso, aún hoy inconcluso. Dijo en la 99.9: “estamos viendo un modus operandi que a nivel provincial es idéntico (…) lo que yo viví fue el Plan Dignidad, llevado adelante por el Instituto Provincial de la Vivienda, que les dio a los Trujillo el dinero para construir casas que después no se construyeron. Sólo hicieron algunas a través de una empresa, y quedaron en sus manos, para que luego fueran ocupadas”.
A pesar de su tarea en el Concejo Deliberante, e incluso una denuncia penal presentada, ni la política ni la justicia hicieron algo al respecto, porque también acá los dirigentes estaban blindados: “por más pedidos de informes que realizamos cuando era concejal, jamás tuvimos una respuesta ni política ni judicial, aunque también los vecinos del Barrio San Carlos hicieron una denuncia para pedir una auditoría completa del Plan Dignidad”, detalló Alcolea. Explicó que en la oportunidad de que los funcionarios del municipio fueron a controlar, “los que terminaron en el hospital fueron los agentes municipales”.
Pero la novedad que trajo Alcolea recientemente es que, al parecer, las ventajas que los Trujillo tienen en el ámbito político no han cesado. Sugiere que se ha pretendido completar el traslado de la Villa de Paso, pero una vez más se ha propuesto entregar las obras restantes a los mismos personajes, como si las denuncias anteriores no hubieran existido: “para el cierre del traslado de la Villa de Paso, nos dijeron nuevamente en las últimas reuniones que teníamos que darle las obras a los Trujillo y les dijimos que ese camino ya lo habíamos recorrido, que después llegaba la plata pero no aparecían las casas. Eso se detuvo con la excusa de que no había más terreno para hacer las 70 u 80 casas que faltan”, finalizó.
Pero Alcolea no está trayendo una discusión nueva. De hecho ha insistido en numerosas notas de prensa en la necesidad de que las acciones legales en contra de los dueños de la UOCRA se activaran, toda vez que ellos seguían manejando dinero del Estado. En 2016 aún tenía esperanzas de que el control de la justicia apareciera y se hicieran efectivas las pericias que demostrarían que el plan Dignidad quedó inconcluso, por más que fuera cobrado.
Todos saben que los Trujillo han recibido mucho dinero, y que siempre reclamaban más para la entrega. Incluso desde el inicio, las cifras ya eran importantes: “ya en el año 2003 tenían un cheque por 20 millones de pesos para las casas que tenían que hacer. Tenían un plazo de 18 meses para terminar esas casas, y han pasado 13 años sin que las casas sean terminadas”.
Alcolea considera que la toma de las casas no era ajena al control social de los hermanos Trujillo, porque, a su criterio, no habría habido una toma sin su anuencia. En diciembre había dicho: “Uno de los grandes misterios es cuánto dinero recibieron para trasladar la Villa de Paso. Nunca tuve los informes que pedí desde mi banca de concejal. Jamás pudimos saber el total a pesar de pedir varias auditorías”, remarcó. Algunas de casas fueron usurpadas por ocupas: “para mí ha sido una entrega de parte de ellos. Por contrato eran los responsables de custodiarlas, y con la fama de los Trujillo, no creo que se animen a arrebatarles las casas”.
Desesperanza
Él era de los que pensaban que el cambio en los gobiernos provincial y municipal podía traer medidas distintas, un mayor nivel de control y el definitivo final del reinado de los dueños del sindicato. Pero no sucedió: “lo más difícil de todo es aceptar que en alguna medida el Gobierno actual, tanto municipal como provincial, siguen aceptando el accionar de los Trujillo en la obra pública”. Denunció que, a todas luces, la connivencia sigue vigente hasta hoy: “hace unos 3 meses, el Gobierno provincial, a través del Instituto de la Vivienda, indicó que se debería dar nuevamente la construcción de las viviendas a los Trujillo para terminar el Plan Dignidad”.
Es Alcolea el que no sale de su asombro. Porque él había dado voz al asunto durante 2016, y había creído ferviente que la justicia por fin intervendría y pondría las cosas en su lugar. Contó que había sido convocado para brindar información al respecto, y que pretendía hacer un proyecto similar al de Paso pero para la Villa de Vértiz. Decía entonces: “me parece bien que a un mes de haber asumido el gobierno de Arroyo a nivel local y también de los funcionarios provinciales, apunten a este tema que tendría que estar terminado hace tiempo. Se puso dinero para trasladar más de una villa ya”. Pensaba que se concretarían las casas que restan para que todas las familias cuenten con el techo propio, y creyó que se pondría como condición que no se otorguen las obras y el dinero a la supuesta ONG que manejan los hermanos Trujillo, que paradójicamente se llama Trabajar. Pero todo esto no pasó.
Las cosas parecen no tener arreglo porque las cuentas del pasado no se han saldado. La relación constante de Gustavo Pulti con esta ONG debería ser un tema a investigar, y también la posición que ocupan la justicia y la política: “Se han enriquecido y tienen un juicio en General Alvarado por la misma mecánica”.
“El Poder Judicial está contaminado de acción partidaria. Dependiendo del poder de turno, actúan de una manera u otra”, decía Alcolea. Pero el trabajo que conjuntamente llevaron adelante los Trujillo en estos años no se dio a conocer por la complicidad de los medios locales, y eso es algo que también quiso destacar el representante del Frente Renovador. “El propio intendente Pulti congeló la comisión mixta armada a través de una ordenanza ni bien llegó al gobierno, y nos sacó del juego. Los Trujillo no pudieran haber hecho esto sin la cobertura política, han sido el instrumento de funcionarios políticos de mayor importancia”, decía Alcolea.
Para subrayar la inacción judicial basta recordar que algunos vecinos del barrio San Carlos habían sido testigos del caso desde 2006, y se habían ocupado de llevar todo el material a la justicia, porque estaban entusiasmados con que el cambio de gestión permitiría terminar el tema. Pero su denuncia aun no prosperó.
En diciembre último estallaba en los medios una situación que se iniciaba como una disputa entre vecinos por la construcción de una mansión en Rodríguez Peña y Olavarría, que era propiedad de César Trujillo. Varios vecinos denunciaron irregularidades en la obra, tales como la extensión de la misma sobre la superficie del terreno y la falta de elementos de seguridad para el personal que trabajaba allí. Lo que queda en evidencia es que Trujillo es dueño de una propiedad de valor millonario en dólares, pero cuando se lo cuestionó adujo, en un confuso reportaje en Canal 10, que la propiedad era de una de sus hijas, Rocío.
Gravísimo sería que la provincia de Buenos Aires, por medio del Instituto Provincial de la Vivienda, estuviera hoy por entregar dinero nuevamente a los Trujillo para continuar obras que ya han sido cobradas varias veces. Sería gravísimo y debe de ser un malentendido o un mal rumor.
Pero más grave aún es que la causa siga dormida en un estante de Tribunales. Si se llevan preso al “Pata” en la central, no dejen de ver a los “Patitas” que quedan acá. Por favor.