Se publicó el segundo capítulo del informe de la consultora INVECQ sobre el sector pesquero, esta vez enfocado en las plantas procesadoras. Las conclusiones son claras: bajo las condiciones actuales, la actividad es inviable.
En febrero de este año, UdIPA, CAFREXPORT, CAPEAR ALFA y la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera anunciaron la publicación del primer capítulo del informe «Radiografía del sector pesquero» elaborado por la consultora económica porteña INVECQ. En aquella oportunidad, el trabajo estuvo enfocado en el análisis de la actividad de la flota fresquera de altura. Esta semana, se publicó la segunda parte del informe en donde se analizan los números de las plantas procesadoras en tierra, tanto en Mar del Plata como en la Patagonia. Los resultados son pavorosos: no importa en dónde esté ubicada la planta, bajo qué convenio de trabajo esté encuadrado el personal, ni qué especie se trabaje, todos los escenarios arrojan pérdidas, desde el 2% hasta el 49%. Dramático, e inviable.
Crisis en aumento
Según publica el medio especializado Revista Puerto, «esta difícil realidad, sobre todo en la industria del reproceso de pescado fresco en Mar del Plata, ha generado la pérdida de casi 700 trabajadores, entre efectivos bajo convenio, de cooperativas y en el sistema informal, a partir del cierre y/o achique de la nómina de personal de muchas empresas del sector. En el último año se registra el cierre de “Gaveteco” y su fasonera “San Francisco”. Cerró la pyme “Margastín”, el frigorífico “Sur Trade” y con él la cooperativa “Cabo Corrientes”, la fasonera “Rosamar” y “Pier Beack”. “Ostramar” y “Taturiello” tienen muchos problemas para afrontar los pagos salariales. Hubo reducción de personal registrado en “Ardapes”, “Moscuzza”, “Giorno”, “El Marisco”, “Friopesca”. En el sector de la conserva, “Marechiare” redujo trabajadores efectivos y cerró la conservera “Isola Verde”.»
Una parte del problema es la situación que se da no sólo en el caso de la industria pesquera, sino en todas las actividades productivas de nuestro país: los convenios colectivos de trabajo atrasados y poco flexibles. El economista Matías Stur, director de la consultora INVECQ y uno de los autores del informe, explicaba: «es una mezcla de problemas sectorial con problema estructural y característico de la economía argentina en algunos otros sectores, porque la “pata” laboral de la organización en Argentina, desde nuestro punto de vista, es una de las cosas que más atrasadas ha quedado, que más dificulta el buen funcionamiento de los negocios y eso ha hecho que el la propia realidad, con el paso del tiempo vaya intentando encontrar alternativas a la a la regulación original. Por ejemplo, en este caso, que sería el convenio colectivo de trabajo de 1975, o sea, si todo el mundo se estuviera rigiendo por ese convenio, nuestro diagnóstico es que incluso la situación de hoy, de baja rentabilidad, sería muchísimo peor, y quizás un montón de plantas y actividad de la pesca ya no existiría. Es como que el propio sector fue encontrando con los trabajadores una especie de flexibilización laboral a lo largo del tiempo, haciendo convenios específicos particulares o subcontratando en cooperativas el trabajo en las fábricas de planta. Y cuando uno se va a otros sectores, encuentra que también eso ha ocurrido. Si quisiéramos hacer el caso más extremo, cuando uno mira en términos macroeconómicos el mercado laboral de Argentina, hoy hay más de 2 millones de monotributistas que uno sabe que no son monotributistas. Es una forma de flexibilizar el funcionamiento del mercado laboral o de una relación de dependencia con un mecanismo más barato, más flexible. El tema laboral en Argentina es un tema que pesa en un montón de sectores. Las regulaciones laborales y económicas son unos de los factores que mayores sobrecostos generan y eso ha llevado a la fuerza a una especie de flexibilización del mercado laboral y lo vemos en las distintas formas de contratación. Si uno mira las estadísticas del INDEC y demás, lo vemos en que casi el 40% de la población trabaja en la informalidad».
En el caso específico de la actividad de las plantas procesadoras en tierra de productos extraídos del mar Argentino, el peso de los convenios de trabajo es enorme. Dice INVECQ en el informe: «resulta interesante comparar dos firmas que procesan filet de merluza 3×7, una con empleados en relación de dependencia bajo el CCT 161/75 y otra que contrata una cooperativa reglamentada. Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, la mano de obra directa es 121% más cara en el primer caso (61% fileteros, 313% envasado y peones). Esto explica la importante dispersión en los resultados operativos (-35% vs. -3%).» Es decir: frente a la misma actividad, y el mismo producto, tener a los empleados en relación de dependencia bajo el convenio colectivo de trabajo 161/75 implica un 32% más de pérdidas.
El peso del Estado
La actividad industrial pesquera en Argentina parece ir en contramano: es la única actividad productiva a la que, lejos de ofrecerle alivios, el gobierno nacional le ha aumentado los impuestos y aranceles. Como ya hemos destacado en otras oportunidades, el peso de la burocracia para la pesca es abrumador: cada vez que un armador quiere mandar un buque a traer materia prima, debe completar un mínimo de 137 trámites o interacciones con alguno de los organismos del Estado ya sea nacional, provincial, o municipal.
La pesca fue excluida de la eliminación o rebaja de los derechos de exportación que beneficiaron —aunque sea, de manera temporal— a otros sectores de la economía. Además, se le sumaron otros gravámenes que antes no existían, y les aumentaron algunos, como los derechos de extracción.
Pero además, las regulaciones estatales inciden en otros costos, como es el caso de la estiba. Dice el informe: «se analizó el caso de MDQ, en donde las empresas no tienen permitido realizar la descarga en muelle con personal propio o con los mismos tripulantes —como sí ocurre en países líderes en la pesca, como el caso de Países Bajos—, sino que se ven forzados a contratar cooperativas para dicho trabajo; las cuales, al ser muy pocas, fijan las tarifas. Además, el ingreso de nuevas compañías al mercado depende del Consorcio Portuario y está “cerrado” desde hace años, garantizando una renta en pocas manos. Si bien esto es un costo elevado para el primer eslabón de la cadena, obviamente tiene impacto en las plantas procesadoras ya que los barcos fresqueros lo trasladan al precio de venta de la materia prima. Pero incluso, en la región Patagónica, las plantas en tierra asumen dicho costo, con lo cual el impacto es directo. En línea con lo descripto para el caso de los fletes, la estiba no solo ha aumentado considerablemente en los últimos años, sino también que su nivel es muy elevado si se lo compara frente a otros países. En relación con lo primero, los aumentos en términos reales oscilan entre el 15% (Rawson) y 68% (Puerto Madryn) desde 2020. Por su parte, en cuanto al nivel, el costo de descarga puede alcanzar hasta US$0,3 por kg mientras que una comparación internacional con España, donde el costo de ubica en torno a los US$0,05, refleja un sobrecosto en Argentina que supera el 500%.»
El costo de los fletes no se queda atrás: «Un ejemplo elocuente es el flete, que desde 2020 ha aumentado, en promedio, 20 puntos porcentuales por encima de la inflación. A su vez, al comparar estos valores con los de otros países, las diferencias resultan aún más marcadas. Por caso, transportar mercadería congelada en España, desde Madrid hasta Valencia (366 km), tiene un costo estimado de entre EUR 600 y EUR 700. En cambio, una distancia comparable en Argentina -como la que separa CABA de MDQ (415 km)- cuesta en torno a los $1.600.000, lo que equivale a aproximadamente EUR 1.200, es decir, casi el doble.»
¿La salida?
Para torcer este escenario, tanto INVECQ como las cámaras que solicitaron la realización del informe proponen una agenda de reformas que incluya: «Revisión integral del marco laboral, adaptando los CCT a las realidades productivas actuales y eliminando distorsiones que desalientan la productividad o fomentan la informalidad. Desregulación de actividades críticas como la estiba o el flete, permitiendo la competencia. Simplificación administrativa en organismos como SENASA, la Subsecretaría de Pesca y la Aduana, eliminando trámites redundantes, tasas sin justificación económica y requisitos que encarecen innecesariamente las operaciones. Reducción de la presión tributaria sectorial, con foco particular en la eliminación de los DEX, en línea con lo que se hizo con el resto de la economías regionales.»
Mientras continúa agravándose la crisis, la política en general —salvo muy contadas excepciones, como la del senador Maximiliano Abad— continúa mirando hacia otro lado, como si no fueran casi 48.000 puestos de trabajo —es decir, 48.000 familias— las que dependen directamente de esta industria.