Malversación de fondos | Al exintendente Pulti se le juntan los problemas. Tiene que dar cuenta de la plata que le falta, pero no quiere. Como si fuera poco, le dieron once millones para traer la estatua de Colón a la plaza, y no llegó nunca. Una bicoca.
Él se la pasa diciendo que está a disposición de la justicia, y que todo lo que se dice de él es una operación mediática de la oposición para desprestigiar su paso por la silla mayor de la ciudad. El se lo pasa diciendo que no se llevó un peso, pero reconoce que lo cambió de lugar. Dice que no es un problema penal, que cuanto mucho es un pequeño problema administrativo. Dice que no pasa nada.
El problema es que pasa, y a medida que pasa el tiempo, hay más elementos para que el exintendente Gustavo Pulti resulte procesado en más de una cuestión. De hecho, según el auto de procesamiento dictado en mayo último, él y Daniel Pérez deberán responder por una serie de hechos que se le imputan, entre los cuales el giro en descubierto de una sarta de cheques parece ser el más chico de sus problemas.
Se les viene la noche por todos lados, digamos. Y ahora encima, está en el candelero el exsecretario José López, que entre convento y convento, entre cuatro por cuatro y relojito berreta (y no), fue notificado de que le giraban al entonces intendente ni más ni menos que once millones. -sí, exactamente $11.613. 433,15- que eran para trasladar el monumento a Colón, que estaba emplazado detrás de la Casa Rosada. Parece que Pulti cobró, pero no trasladó nada.
Como se recordará, el ex secretario seneral de la Presidencia, Oscar Parrilli, había suscripto un convenio en mayo de 2012 con el exintendente de General Pueyrredon, Gustavo Arnaldo Pulti, para la reubicación del monumento a Cristóbal Colón en la ciudad de Mar del Plata. El problema comenzó ya en aquel momento, porque lo habían hecho sin autorización de la Legislatura de la CABA, y sin que fuera refrendado por el Concejo Deliberante de esta ciudad. Por eso, apenas se supo de la movida, de uno y otro lado se habían alzado voces en contra, tanto del traslado de la estatua enorme, como del gasto inútil de su remoción. Tanto los que habían regalado la obra hace añares, y lo tomaban como un desaire, como los que no querían ver al genovés tras la Casa de Gobierno de la Nación.
Y a río revuelto…Tanto escándalo sirvió para que el Gobierno municipal recibiera la plata y no ubicara ningún monumento. Según ahora sale a la luz, el ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala, elevó a su superior, el ingeniero José Francisco López, el informe de que durante el 2013 se transfirieron fondos al Municipio de General Pueyrredon por la suma de $11.613.433,15, a efectos de trasladar el mentado monumento a esta ciudad, que tiene una plaza con el nombre de Colón. Por esa razón, el concejal Mario Rodríguez presentó ahora un pedido de informes al respecto, que viene a sumarse a otras tantas cifras que fueron a parar a otros lugares diferentes del fin para el cual fueron asignados.
Según consta, el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, informa a López, que es su superior: “el monto transferido al Municipio de General Pueyrredon, conforme el avance físico de la obra, asciende a la suma de $11.613.433,15, a la cuenta corriente en pesos Nº 35000325692 del Banco Nación Argentina Sucursal 2350 – Mar del Plata”. Asimismo agrega: “De acuerdo al convenio suscripto entre ambas jurisdicciones, el plazo para la realización de la obra es de 150 días desde la fecha del acta de inicio de obra” ¿Alguien vio una estatua de Colón?¿Estará con el Botero que Aldrey le regaló a esta ciudad?
La imputación
Pero en la actualidad, el exintendente ya tiene sobre sí la investigación de la UFI Departamental 10, en la que se le acusa por la posible malversación de fondos de las arcas del Partido de General Pueyrredon, y cursa ante el Juzgado de Garantías N° 2. Frente a esto, la estrategia de los abogados defensores del exintendente, Marcelo Savioli Coli y Alejandro Borawski Chanes, consiste en indicar que los temas inherentes a la ejecución y control de los fondos municipales son cuestiones exclusivas y excluyentes del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, según lo establece la Constitución Provincial, y que en este proceso se investigan cuestiones que están precisamente sujetas a su competencia.
Por su parte, los fiscales Roberto Pizzo y Carlos David Bruna consideran que la estrategia de los defensores de Pulti no puede prosperar, porque se trata simplemente de una barbaridad jurídica, apoyada en supuestas normas que no existen, y que tienden a conseguir una dilación en el tiempo. Si así fuera, como indica la abogada del particular damnificado, cualquier juez carecería de competencia para establecer si un funcionario municipal cualquiera tiene responsabilidad en determinado delito, hasta tanto el Tribunal de Cuentas no lo hubiera establecido. Sería como decir que un intendente puede hacer lo que quiera, porque solamente está sujeto a lo que establece el citado tribunal.
Pero si se observa lo establecido precisamente en la Constitución provincial, queda en claro que el Tribunal de Cuentas es un órgano colegiado que forma parte del Poder Ejecutivo, y no de la Justicia. Produce una información que es insumo para la supervisión que requiere el mismo Poder Ejecutivo, por el cual puede monitorear claramente las cuestas y el destino que han seguido los fondos que él mismo aporta. El Tribunal de Cuentas no es juez de nadie. Puede establecer una responsabilidad administrativa, que es completamente ajena a la responsabilidad civil o penal, que debe tratarse ante los fueros pertinentes.
Es decir que lo que pretenden los defensores, que es interrumpir el proceso penal hasta tanto se expida el órgano de control administrativo, es un imposible, porque el Tribunal de Cuentas es un órgano extrapoder que tiene como función controlar la legalidad de los actos administrativos que afectan a la hacienda pública, y no tiene entre sus filas ningún juez capaz de discernir lo que es delito y lo que no lo es. Puede sólo determinar la responsabilidad de un funcionario en matera estrictamente administrativa.
Siguen las causas
Por esta razón, el Tribunal de Garantías ha decidido no hacer lugar al pedido de los defensores, y seguir adelante con la investigación como corresponde. Porque si hasta ahora el Tribunal de Cuentas poco ha significado para que el exintendente dejara de hacer lo que quería con la plata de todos, es porque poca importancia tiene para él la responsabilidad administrativa, o la multa en dinero que ese órgano colegiado puede imponerle cuando considera que el fondo en cuestión no ha sido bien administrado. Y cabe recordar aquí todas las discusiones sobre el Fondo de Financiamiento Educativo que el intendente reemplazó con plata que ahora debe faltarle a Obras Sanitarias, por ejemplo.
Pero en el Concejo Deliberante todo es silencio. Dicen los testigos que asombra que no se oiga una palabra respecto del procesamiento, no solamente de los concejales que forman parte de la estela de acólitos que aún permanecen fieles al exintendente, sino que ni siquiera los ediles de las otras fuerzas dicen una palabra de los procesos que siguen en pie contra Pulti.
No es que el único problema de Pulti sea la amenaza de que se compruebe la malversación. Tiene varios más. Es decir que no le cabe solamente que se haya gastado la plata de los techos de las escuelas en hacer una feria para sus amigotes de la UCIP. No es eso solo. Ni siquiera se trata únicamente de la serie de allanamientos que se llevaron a cabo para tratar de ubicar las transferencias de fondos nacionales a las cooperativas para financiar los gastos del programa PRIST. De su implementación recordemos que apuntaba a la promoción del desarrollo económico y la inclusión social, a través de la generación de nuevos puestos de trabajo genuinos, con igualdad de oportunidades, fundado en el trabajo organizado y comunitario. Pero esos fondos, nunca quedó en claro dónde fueron a dar.
Desde que el fiscal de flagrancia Marcelo Blanco apuntó contra la Fiscalía de Delitos Económicos y exigió que se desarchivara la causa contra el exintendente Gustavo Pulti por enriquecimiento ilícito, y pidió que se hiciera un careo, las cosas se empezaron a complicar. Porque para empezar, sugiere que es posible que la escritura de la casita de Los Troncos – la que se compró Pulti en Viamonte 3170- se haya hecho por un valor diferente al que la vendedora Silvia Giangiobbe dijo haber cobrado por ella. De entrada, hay que ver si es que se pagaron o no los famosos 450.000 dólares.
Pero parece que no le importa. Ni siquiera parece que le hubiera importado demasiado que se vuelva a hablar del departamento de los Pulti en calle Alvear 2753, que no se entiende bien cómo fue que era de él pero no era, porque se lo compró la gente de Jonestur, que después resultó medio flojita de papeles.
En medio de las caras de distraídos que ponen todos, la sociedad procura saber si hubo un delito de acción pública, es decir contra el conjunto de la ciudad. Porque la plata se fue a cualquier lado, y hasta ahora nadie está demasiado seguro si ese lado es dentro o fuera de la administración pública. Quizá, en el camino se cayó algo. ¿Para qué lado habrá caído?¿Dónde quedaba la inmobiliaria?