Secretaría de Hacienda | La auditoría efectuada por autoridades de la Secretaría de Hacienda analiza el déficit de las cuentas públicas. No es para saber cuánto tenemos, sino para comprobar cómo se lo gastaron.
Los responsables del área de Hacienda del Gobierno municipal entrante trabajan sobre el borrador definitivo de la pertinente auditoría: analizan así el estado actual de las finanzas de la comuna. Se trata de un trabajo que combina un análisis comparativo en moneda constante entre el estado de cosas del momento en que asumió la gestión del exintendente Gustavo Pulti, en diciembre de 2007, y la finalización de su segundo periodo. Es decir que hablamos de una auditoría económico-financiera-administrativa, y una evaluación de la gestión 2007-2015, pero los criterios utilizados fueron los mismos que se emplearon para auditar al momento de asumir la gestión de Pulti. De hecho, ambos informes fueron hechos por la misma persona: el actual secretario de Hacienda, José Cano.
En la edición anterior de este semanario, se comenzó a desarrollar el contenido del borrador resultante. Pero como el Gobierno saliente ha sido una fuente inacabable de material periodístico, lo sigue siendo cuando se ha extinguido. Una muestra más de la manera impune de manejar la plata es lo que resulta de la evaluación económica de la Expo Industria, en su edición 2015.
A partir del Informe de Corte del Honorable Tribunal de Cuentas al 31 de octubre de 2015, se han podido establecer las siguientes conclusiones de índole financiera. Se aclara que la Secretaría de Desarrollo Productivo de la municipalidad local organizó la III Expo Industria y Producción Mar del Plata en la Base Naval, entre el 16 y el 25 de enero de 2015. Para eso, suscribió un Convenio Anexo con la Asociación Civil Desarrollo Estratégico Mar del Plata, en julio de 2014. Se trata de una entidad de constitución público-privada, integrada por la municipalidad y diversas instituciones representativas de la ciudad. Sus oficinas funcionan en Falucho 2381, PB, de esta ciudad, donde también funciona la sede de la Secretaría de Desarrollo Productivo, dependencia organizadora. ¿No es raro? La entidad civil subsidiada para que organiza el evento no sólo es en parte pública, sino que tiene domicilio legal en una dependencia municipal. Ajá.
De hecho, en febrero de 2015, el exintendente Pulti le otorgó a la asociación civil Desarrollo Estratégico Mar del Plata un subsidio por $ 5.500.000, para solventar los gastos generados en la organización de la expo. Pero además, esa asociación percibió casi un millón –según dijo el secretario de Desarrollo Productivo- por el alquiler de stands, porque cobraba $ 990 por m2 en el momento de la adjudicación, o 1.590 por m2 en la post adjudicación. Es decir que, en total, a la asociación le ingresaron un total de de $ 6.479.885 para organizar la exposición, pero ha presentado una rendición de comprobantes de los gastos sólo por $ 5.718.307,62. ¿Y el resto?
Como se trata de una inversión indirecta de fondos municipales, las contrataciones efectuadas debieron cumplir los requisitos legales y reglamentarios en materia de compras y contrataciones, según la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Encima, el valor informado por la Secretaría de Desarrollo Productivo como ingreso de la Asociación Civil en concepto de alquiler de stands más otro cobro de 12 expositores participantes en el evento, por un total de 427 metros cuadrados, no aparecen, y los valores informados para10 expositores no coinciden con el número establecido.
Todo oscuro
Obviamente, de todos estos ingresos de plata no hay recibos, ya que dichos fondos no entraron en la Tesorería municipal: fueron aplicados directamente por la asociación al pago de gastos originados en el evento. No hay registro en la contabilidad municipal.
Lo que queda claro es que ni el exintendente ni su secretario de Desarrollo Productivo cumplieron con la ley, ya que no realizaron concurso de precios ni licitación privada para contratar en nombre de los contribuyentes y con sus recursos. El tesorero municipal ni siquiera intervino en la recaudación ni en los pagos de la Expo Industria y Producción: el evento se realizó sin la correspondiente autorización del Honorable Concejo Deliberante. Como siempre.
Pero si se trata de evaluar en cuántos aspectos el exintendente manejó las finanzas de la comuna como si la plata fuera propia y pudiera hacer con ella lo que le pareciera más conveniente, nada mejor que continuar con el borrador de la auditoría de Hacienda.
En la edición anterior, comenzamos por detallar algunos de los ítems del documento, pero todas las páginas son pocas a la hora de hablar de la malversación, ese vicio favorito del gobierno saliente que consiste fundamentalmente en recibir dinero que tiene un fin, y usarlo para lo que a uno le dé la reverenda gana, sin darle explicaciones a nadie. Si alguien tira la bronca -por ejemplo, el Tribunal de Cuentas-, se saca plata a su vez de otra parte, y se repone. Listo.
En esto, el gobierno de Pulti se fue perfeccionando. De hecho, el cuadro comparativo de la auditoría demuestra cómo el porcentaje de fondos malversados se fue incrementando, hasta llegar a un 28% en el año 2014 y a un récord de casi 100 millones. Fuera de cualquier emergencia o excepcionalidad, los fondos fueron usados en el mejor de los casos para pagar sueldos, aguinaldos y aportes patronales. En otros, ni siquiera consta el destino de los fondos.
Capítulo aparte merece la tan mentada Remuneración por Resultados, un pago acorde al rendimiento que Acción Marplatense no se había tomado el trabajo de sostener con la normativa prolija que hubiera requerido, ni de considerarla debidamente en los presupuestos. El informe señala: “A mi entender, la remuneración por resultados viola lo dispuesto por la Ley 24.449, artículo 69, inciso g, que dice textualmente: g) Prohibir el otorgamiento de gratificaciones del Estado a quienes constaten infracciones, sea por la cantidad que se comprueben o por las recaudaciones que se realicen”. Por lo tanto, el problema se trasladó al área de liquidación de haberes, por las dificultades que implicó legalizar tales pagos.
Textualmente dice la auditoría: “Tal es el grado de fragilidad e improvisación en la implementación del sistema, que se produjeron cambios y ajustes por los altos montos que resultaban de la liquidación”. Un ejemplo fue la liquidación de diciembre de 2012. Sobre 270 agentes, los que más RR generaron, registraban los siguientes importes: el primero $ 21.444,42; el segundo, $ 18.273,95, y el tercero $ 17.595,36. Quien encabeza la lista tenía 21 días trabajados, es decir que “generó” $ 1.021 por día de Remuneración por Resultados. El total de la liquidación de ese mes alcanzó los $ 919.758,63.
Este esquema ha producido una ruptura de las escalas salariales, dado que hay agentes de tránsito que ganan más que un director o un jefe de departamento que no esté beneficiado con la productividad. Por otro lado, es lógico pensar que la objetividad de los agentes incluidos en el sistema se puede perder ante el interesante incentivo, y esto es lo que quiere evitar el artículo 69 de la Ley de Tránsito, con la que la Remuneración por Resultados colisiona abiertamente.
Es decir que la implementación de la Remuneración por Resultados no fue producto de un análisis profundo y pormenorizado de todos los aspectos que debían ser considerados antes de su puesta en funcionamiento. Por consiguiente, no cuenta con los necesarios informes de la Contaduría Municipal, la Procuración Municipal y la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Economía y Hacienda. Tampoco se encuentra incluida en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto. El pago es absolutamente fuera de toda la normativa vigente, es indeterminado, y no se sabe en qué consiste ni cómo se pondera la llamada “productividad”.
Pago a plazo
Capítulo aparte merece el vicio permanente de los descubiertos bancarios. Como se recordará, Cano era concejal cuando efectuó la denuncia por los descubiertos de los meses de noviembre, diciembre y enero de 2015, que alcanzaron la cifra escandalosa de los 12 millones.
Pero existió una tampa urdida para evitar las responsabilidades. Oportunamente, el Honorable Tribunal de Cuentas observó el faltante de 120 folios móviles del Registro de Decretos. Uno de esos folios reservados “extraviados” fue utilizado para modificar la Ordenanza Complementaria de Presupuesto en su artículo 55, para así ampliar el monto de descubierto autorizado. Esa trampa fue efectuada el 12 de noviembre, 10 días después del informe del Tribunal de Cuentas, y obra en poder de Hacienda la nota donde el secretario solicita la maniobra de engaño. Increíble.
En cuanto a las contrataciones ilegales, la excusa para contratar en forma directa -cuando en realidad deberían efectuarse concursos de precios o licitaciones- era el siguiente párrafo repetido hasta el cansancio en los decretos: “Que como se deduce de las actuaciones, la Dirección General de Coordinación de la Secretaría Privada en una situación de urgencia, oportunidad y eficacia, desplegó las acciones requeridas”. Resulta que el contrato corresponde a –en este caso- la realización, montaje y colocación del cartel identificatorio del C.E.M.A. Que alguien explique la urgencia de colocar un cartel de propaganda en la vía pública, o las tantas otras acciones publicitarias que fueron adquiridas de la misma manera y con idéntica excusa.
Para completar el cuadro, sólo queda una referencia a la contratación exprés de personal. Altas que en muchos casos son promociones de cargos no jerárquicos y también en algunos casos conservan cargos anteriores o menores, para 87 personas. Otras 81 nuevas designaciones en planta permanente: en algunos casos los decretos dicen que la designación se encuadra en los términos del artículo 7° de la Ley 11.757, y otros hablan de designaciones provisionales. Otras tantas designaciones de temporarios con la siguiente particularidad: el decreto de designación es del 23 de noviembre de 2015, y todas y cada una de las 81 designaciones tienen carácter retroactivo, lo cual significa que trabajaron hasta entonces sin designación y lo que es peor, sin seguro ni obra social. Hay 34 prórrogas de temporarios con la misma particularidad, y 45 aumentos de módulos horarios y traslados. Lo expuesto suma 391 movimientos de personal en cuatro meses.
No necesitamos más. Con esta parte del informe alcanza para saber que para que estas cuentas queden claras, pasarán años. Por ahora, las cifras son oscuras. Y como siempre, pagará la gente.