Violencia de género | Una abogada denunció acoso laboral y violencia de género de carácter psicológico en la Universidad local, pero el protocolo de género no se aplicó. A cambio, la sumariaron a ella, y ahora su hostigador intervendrá en el concurso de cargo. ¡Qué progresismo!
Recientemente, todos los marplatenses escucharon que la Universidad Nacional de Mar del Plata ha estado trabajando en la utilización y promoción del denominado lenguaje inclusivo en el ámbito de la institución. Tras meses de tratamiento, en las comisiones del Consejo Superior se aprobó por unanimidad su aplicación.
Los marplatenses oyeron que en esa casa de estudios se promueve el uso de un “lenguaje no excluyente o discriminatorio por motivos de género” para el conjunto de la comunidad universitaria, para así fomentar la adecuación de las comunicaciones y visibilizar la diversidad de personas que integran la comunidad universitaria. Por eso, los ciudadanos pueden haber creído que el fin de las acciones es garantizar un ámbito de respeto de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTTTBIQ+. Pero, ¿será?
La UNMdP dice que en los próximos meses comenzará a funcionar la comisión para difundir la guía elaborada, en tanto que el Programa Integral de Políticas de Género se comprometió a generar una agenda de trabajo en articulación con las unidades académicas y de gestión. ¿Por dónde van a comenzar a implementar el pensamiento progresista? ¿Se van a quedar en la comisión? Porque —por lo que sabemos— la denuncia por abuso de autoridad y persecución laboral que la abogada Fernanda Bergel presentó contra su jefe en esta Universidad sigue silenciada. En julio de este año, una resolución del rectorado de la Universidad Nacional de Mar de Plata había finalizado por fin el sumario administrativo que se inició en abril de 2018 contra la víctima para hacerla callar. Se determinó la prescripción, y con esa medida se dejó sin efecto la responsabilidad disciplinaria que le endilgaban. Pero atención: el rector Lazzeretti terminó el sumario porque lo intimaron más de una vez a hacerlo, y no por convicción propia. La justicia federal ya había analizado las fechas de cada uno de los pasos de todo este proceso, y le había dicho que debía dar por finalizadas las acciones porque se le había terminado el tiempo.
El Juzgado Federal 2 de esta ciudad —con la firma del magistrado Santiago José Martín— estableció que Bergel debía ser por fin escuchada. La Universidad había iniciado el expediente por investigación sumarial el 5 de octubre de 2017, diciendo que la letrada, una empleada de planta permanente con categoría 2, había incurrido en inactividad procesal en dos causas en las cuales le había tocado representar legalmente a la casa de estudios. Algo así como que no había notificado de los avances de tales procesos de la manera que el secretario consideraría más oportuno.
La verdad del caso
Pero la historia completa dice que María Fernanda Bergel trabaja en la Universidad de Mar de Plata desde 1994 de manera ininterrumpida, y desde 2006 ejerció el cargo de Directora de Asuntos Judiciales. La cuestión cambia a partir del año 2015, momento a partir del cual ejerce el cargo de Subsecretario Legal y Técnico de la misma institución otro abogado, Fernando Román González.
Según indican las fuentes, González comenzó desde entonces a hostigar a Bergel, y lo mismo hizo hasta octubre de 2018, a través de toda clase de conductas persecutorias. Las conductas de hostigamiento iban desde el pedido de informes, el abuso de autoridad, y el enfrentamiento permanente con cada una de las acciones que tenían que ver con el trabajo de quien se desempeñaba como apoderada de la Universidad. Literalmente, la quería afuera.
Pero las cosas empeoraron en 2017, exactamente después de que Bergel colaborara con las actividades previas al cambio de la autoridades de la casa de estudios, ya que —cuando se ponía en juego la elección de un nuevo rector— la abogada sentía afinidad por uno de los candidatos: el entonces decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Diego Rodríguez, y en su campaña decidió colaborar.
Pero resulta que su candidato perdió esas elecciones, y entonces el hostigamiento recrudeció: la persecución apuntaba a que Bergel no siguiera trabajando en el área en la que se desempeñaba. El plan era ambicioso: habían decidió dejarla afuera de la universidad, dejarla sin trabajo, y de ser posible dañarla económicamente. Por eso, se dio inició a aquel sumario administrativo que apuntaba a ciertas causas judiciales en las que la letrada había representado a la UNMdP durante 2012 y 2014, con la idea de encontrar de alguna forma una responsabilidad patrimonial.
La cuestión duró casi dos años, durante los cuales hasta se convocó a un sumariante ad hoc de la Universidad de la Plata, toda vez que la letrada se había ocupado de cuestionar la objetividad de criterio de lo locales. De cualquier manera, no quedaba claro en absoluto cuál era el sentido de las acciones administrativas que Fernando Román González impulsaba. ¿O sí?
Todo esto proceso incluía cuestiones por todos conocidas, y fundamentalmente muy conocidas por el ex rector Francisco Morea, pero el expediente se dilataba en el tiempo: Fernando González se ocupaba de demorarlo en cada una de sus etapas. A tal punto fue evidente la manipulación de toda la instancia administrativa por parte de quien —gracias a su puesto de poder— tenía todas las de ganar para obstruir el derecho de la empleada, que Bergel terminó yendo a la justicia a solicitar un amparo que la librara de la persecución laboral y personal de la que estaba siendo objeto.
Las consecuencias
Pero nada de esto fue gratis: todos estos hechos tienen un costo en la salud de los trabajadores y profesionales que son objeto de operaciones similares. Durante los dos años que duró todo este proceso, Bergel debió recurrir primero a una carpeta médica y luego a una licencia de larga duración, para seguir un tratamiento psicológico. El abuso de autoridad estaba destrozando su estabilidad emocional.
Fue ella la que tuvo que cambiar de trabajo por indicación de las autoridades, cuando había representado a la universidad como abogada en todas las acciones judiciales en las que le había tocado participar. Más tarde consiguió ser desplazada a la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, al menos hasta que durara la investigación sumarial de la que estaba siendo objeto.
En vista de todo lo sucedido, la abogada recurrió a la justicia, y el 12 de julio pasado —después de numerosas intimaciones— el rector por fin dictó el acto administrativo que ponía fin al largo proceso. Puso fin al sumario administrativo, atendiendo a la prescripción que se había planteado.
Inmediatamente, la abogada denunció a través del protocolo de género de la Universidad a Fernando González por la persecución laboral y violencia de género que se ejerció a través de acciones de carácter psicológico, con abuso de autoridad, en función del rol que cumple el hoy acusado. Es decir, lo que llamamos violencia simbólica. A tal punto que la denunciante presentó varias notas solicitando que la Universidad diera efectivo cumplimiento a la normativa interna aprobada por el Consejo Superior, es decir, el protocolo de género.
En particular, el artículo 12 indica: “En caso de que el denunciado sea autoridad de la UNMdP o de cualquiera de sus dependencias, se convocará a sesión de Consejo Superior para resolver, en base a lo informado por la Comisión.”
Pero resulta que no lo hicieron. Es más, tampoco le iniciaron un sumario. ¿Será sólo porque es varón, o además porque es amigo del rector? La ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales debería ampararla, pero por más que Bergel ha denunciado y solicitado el acompañamiento del gremio APU y del cuerpo de delegados, no parece que le vayan dar mayor importancia.
Entre tanto, Román González reactivó un llamado a concurso del cargo al cual se postula la misma Bergel, instancia de selección que se concretará el próximo 6 de noviembre. Si los superiores continúan amparándolo, el hombre podrá tranquilamente atropellarla. Porque no permitirá que ella gane el concurso ni que vuelva a su lugar de trabajo. ¿Y el protocolo de género? ¿No lo excluye de intervenir en el concurso de cargo? Parece que las autoridades están entretenidas en una simple cuestión de lenguaje.