Un veterinario municipal que había intervenido en una de las más resonantes operaciones de narcotráfico de la ciudad finalmente fue cesanteado de su cargo municipal. Por fin dejó también de ser representante sindical, porque parece que el intendente se convenció de que no era muy buena idea que siguiera al frente de la representación. Tarde pero seguro: la decisión demoró ocho años.
Sucedió en 2005, que dos empresarios ligados al negocio pesquero en Mar del Plata, más un veterinario empleado municipal –y delegado gremial- fueron acusados de ser los que acondicionaron y enviaron a Bélgica un cargamento de 520 kilos de cocaína, en un contenedor que transportaba pescado congelado.
Fue la llamada Operación Pez Blanco. En ese marco, las detenciones habían sido ordenadas por el juez federal de Mar del Plata Eduardo Guillermo Farah, en una causa que también investigaba la justicia holandesa. En Europa había otros detenidos, incluido el empresario de la ciudad holandesa de Groningen, que supuestamente encargó el envío del pescado. Unos 25 millones de euros en cocaína, que tenía como destino final Hungría, habían sido descubiertos en el puerto de Amberes, Bélgica, el 21 de junio de aquel año.
En aquel momento, la investigación se centró en dos empresas marplatenses, identificadas como Ardapez y Plancton. Se decía que una de ellas le pidió a la otra que le permitiera utilizar su permiso para exportar el pescado a la Comunidad Económica Europea. Por supuesto que se trataba de empresas fantasmas: al menos una de ellas fue creada exclusivamente para el transporte de la droga.
Los procedimientos realizados por la Policía Federal permitieron detener en un principio a varias personas, pero sólo tres quedaron presas con relación al caso. Entre los detenidos, además de los dos empresarios ligados a las compañías investigadas, se encontraba el empleado comunal que se desempeñaba además en el Departamento de Pesca de la Delegación Municipal Puerto. Y no sólo eso: Alberto Biesa era delegado gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales. Se trata del imprescindible médico veterinario que se necesita para firmar el análisis de lo que albergan los contenedores: Biesa trabajaba en el ámbito público y también en la empresa privada.
En efecto, el veterinario quedó entonces ligado a la investigación, porque era la persona que debía verificar la carga de pescado que se cerraba en los precintos del congelado. Aparentemente, este funcionario habría asentado en los registros que el envío de pescado no tenía inconveniente, y que se había cargado en el contenedor en un depósito, pero en realidad se había hecho en otro lugar: un sitio vacío donde fue acondicionada la droga.
La vieja causa
En aquel momento se reveló que la cocaína pudo haber llegado a la Argentina desde Colombia, y el nombre del abogado César Sivo comenzó a resonar alrededor de las investigaciones, cuando se dijo que era él el contacto con los colombianos. El envío de cocaína a Europa mediante cargas ocultas en contenedores desde puertos argentinos es una constante ya en las operaciones de narcotráfico; Estados Unidos lo advirtió específicamente en su último informe anual.
Si bien se probó casi inmediatamente que los autores habían sido los empresarios Darío Favia Pessina y Alberto Coluccia, asistidos por el veterinario Alberto Biesa, este último fue recientemente cesanteado de la comuna. Es de destacar que fueron procesados por el juez federal Guillermo Farah el 7 de setiembre de 2.005. Pero el intendente Pulti – como puede verse- cayó en la cuenta con cierta demora de que era necesario apartar al veterinario del cargo. La cuestión es por qué, y aquí comienzan a verse los contactos.
Sucedió que el abogado de los dos narcotraficantes más comprometidos, Dario Favio Pessina y Alberto Edgardo Coluccia, era Facundo Caparelli, ex secretario del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que integran los Roberto Falcone, Mario Alberto Portela y Néstor Parra. Según se supo en aquel momento, el abogado del veterinario era el ex juez jubilado por discapacidad Enrique Ferraris, a su vez integrante del círculo de amigos tanto de Caparelli como de Falcone. Facundo Caparelli es el mismo que se vio obligado a renunciar a su cargo de secretario del Tribunal Oral Federal por estar comprometido en la desaparición de una importante cantidad de droga secuestrada en diversos procedimientos, de la bóveda del mismo tribunal. Según se probó, la cocaína luego era reintegrada al comercio ilegal de los estupefacientes principalmente en el ambiente de los travestis y prostitutas.
En un primer momento, el veterinario había resultado absuelto por el delito de falsedad ideológica, lo cual era prácticamente esperable por todo lo expuesto, pero la causa se apeló ante el Tribunal de Casación, y ya en 2011, la Sala II revocó aquella absolución, y condenó a Alberto Biesa a la pena de dos años en suspenso más el pago de las costas del proceso, por considerar que se trataba de un autor penalmente responsable del delito de falsedad ideológica. Es decir que esta sentencia ya debe de haber obrado en poder de la Dirección de Sumarios de la Municipalidad de General Pueyrredon desde esa fecha.
Obviamente que Biesa respondió a su empleador evitando ser cesanteado, y dijo que apelaría la sentencia ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, es decir que el dictamen aún no se encontraría firme y consentida como para que él pudiera ser apartado de su cargo como profesional funcionario público.
Intervino entonces el Director Coordinador Jurídico de la Procuración Municipal, Eduardo Furundarena, quien dijo que la sentencia sí puede ser considerada firme, y que está acreditada la materialidad de los hechos. Por supuesto: el veterinario volvió a reclamar su absolución haciendo de su situación materia sumamente controversial. Afirmaba que, más allá de su situación procesal, la falta que él podría haber cometido no guardaba relación con su función municipal, y por lo tanto no había cometido una falta administrativa sancionable.
Macondo
En una reunión citada en 2012 se debía decidir o no la cesantía del representante gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales, es decir no de un empleado cualquiera, sino uno que gozaba de una representación colectiva, y que además en cierto momento realizó tareas en la comisión directiva de ese sindicato. Pero para que esa reunión fuera legitimada, era necesario que estuvieran presentes los sindicatos, es decir los representantes que se supone están allí como veedores de los derechos laborales.
Pero como vivimos en una aldea que parece Macondo, comenzaron las estrategias: primero pidieron que se aplazara el caso de la cesantía de Biesa, ya que los gremialistas no habían podido estudiar el expediente en profundidad. Se otorgó un aplazamiento, aun cuando ya estaban en marzo de 2012, y el condenado seguía no sólo trabajando sino cobrando un sueldo del Estado por el ejercicio de su profesión. El día de la reunión aplazada tampoco hubo manera de sesionar, porque no hubo quórum: los representantes gremiales no se presentaron.
La junta de disciplina cursó una cédula al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales para indicarle que era perentorio reunirse al día siguiente para el tratamiento del orden del día, que incluía la cesantía del veterinario Biesa. Los esperaron el tiempo prudencial que indica la reglamentación de las reuniones, pero obviamente tampoco acudieron.
La junta de disciplina consultó nuevamente al tribunal acerca de la condición de condena firme, y la respuesta fue positiva: Biesa era culpable para la justicia, es decir estaba implicado como profesional en una de las causas de narcotráfico más importantes de la ciudad. Por esa razón se elevó el expediente al Ejecutivo, y hubo un decreto del intendente que determinaba primero la suspensión de la tutela sindical de Biesa, y también su cesantía.
Pero si bien el decreto data del 2012, indican las fuentes que las influencias del veterinario y sus amigos en todos los poderes habría primado: la sanción solamente se hizo efectiva ahora, a mediados del 2013. ¿Por qué razón?
No es arriesgado pensar que el ambiente ha vuelto a caldearse. Sobre todo ahora que en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, se ha interceptado un cargamento de langostinos llenos de cocaína. La droga estaba escondida entre unos 4.000 kilos de mariscos. Fuentes ligadas a la investigación confirmaron que el cargamento de langostinos provenía de Mar del Plata, y fueron los propios trabajadores que manipulaban la carga quienes descubrieron lo que sospecharon se trataba de droga, y avisaron.
El langostino transportado desde Mar del Plata tenía por destino España, y la cantidad finalmente de droga secuestrada fue de 150 kilos de máxima pureza. Los hechos datan del 10 de junio pasado: justamente ahora se hace efectiva la pospuesta cesantía de Biesa, antes de que ningún nombre de los exportadores salga a la luz. Tamaña casualidad.
Como puede verse, son muchos los nombres de funcionarios de poder que aparecen en las distintas partes de la red del narcotráfico, que a veces es interceptada, y busca hacer efectivas sus garantías de impunidad. Muchos, pero muchos nombres. Por esa razón no parece arriesgado considerar que no es casual que el condenado sea apartado de su cargo en una fecha tan precisa. Por lo pronto, esta ciudad sigue siendo nombrada en los informes internacionales como crucial en las vías de salida de cargamentos de drogas prohibidas hacia las capitales europeas. Famosos somos, no como quisiéramos.