Arbolitos | Graves irregularidades se registraron en el megaoperativo que terminó con las detenciones de todo el personal de entidades cambiarias, y de los vendedores informales que operan en las veredas. El juez Inchausti los imputa por lavado de activos.
Esta no es la primera del juez Santiago Inchausti, ni de la fiscal Laura Mazzaferri. Ya han tenido una trayectoria de anécdotas que hace que uno no sepa si mandarlos a evaluar profesionalmente, o limitarles el acceso a AXN y TNT en el servicio de cable. Ni siquiera se puede decir que estén afectados por la ficción como el Quijote, porque el personaje literario tenía un fin noble. Y esto no se entiende más allá de la ignorancia o la voluntad autoritaria que suele estar ligada al ejercicio del poder.
Hablamos de la espectacularidad del operativo que se registró hace pocos días en la ciudad: personal de Gendarmería aprehendió al menos a quince personas que comercializaban dólares en el microcentro de la ciudad. Los “arbolitos” estaban –como es habitual- sobre la vereda, o directamente en la avenida Luro entre Catamarca e Independencia. Pero no solamente detuvieron arbolitos: fueron contra todos y cada uno de aquellos que se desempeñaban en las casas de cambio, gerentes o empleados de mostrador. Todos presos, y después vemos.
Esa parece ser la frase favorita del juez Inchausti, “todos presos”. Los efectivos de Gendarmería ubicaron un par de móviles en ambas esquinas para evitar que los arbolitos pudieran escapar, y hasta persiguieron a personas que intentaron esconderse en algunos comercios. ¿Estarán abusando de las maratones de capítulos de El Patrón del Mal?
Estos operativos en casas de cambio tienen muchas irregularidades, e incluso todavía hay personas detenidas a las cuales se les han imputado delitos graves, aunque ni siquiera los abogados saben en qué se basan esas acusaciones. El letrado Cristian Peláez, defensor de dos de los imputados, explicó para la 99.9 la inconsistencia de la acusación que enfrenta: “están detenidas por una complejidad de delitos gravísimos que, a mi modo de ver y por la prueba recolectada, sólo existen en la cabeza del juez y de la fiscal”. Agrega: “hay una situación formal: diez personas en la actualidad están imputadas por delitos gravísimos como lavado de activos, asociación ilícita, intermediación financiera y portación de arma, en algunos casos”. Pero muchos de ellos ni se conocen, y hasta hay uno que no tenía en los bolsillos dinero alguno. El letrado es claro al explicar que, sin duda, la fiscal y el juez construyen una imputación porque hay una multiplicidad de personas que en connivencia hacen operaciones al margen de la regulación del Banco Central. Bien, lo da por aceptado, pero de vender dólares sin autorización a un delito complejísimo como el lavado de activos, parece haber un universo.
Los excesos, sin embargo, no quedaron allí: “en el operativo del día lunes no solamente se detuvo a personas que no tenían nada que ver ni remotamente, sino que se realizaron requisas personales con gente que está lejos de tener una cuenta corriente bancaria. Hay personas acusadas de delitos gravísimos sin pruebas objetivas que puedan sostener esa imputación”. Algunos detenidos expusieron que fueron desnudados por orden judicial de requisa, y les fueron secuestrados sus teléfonos particulares sin autorización.
Las razones
Peláez criticó los motivos por los cuales rechazaron las excarcelaciones a sus defendidos: “el juez las ha rechazado con argumentos dogmáticos, circulares”. Es algo así como determinar que el juez da por sentado que él tiene razón y que no otorga la libertad hasta que no pueda probar que él tiene razón.
En cuanto al endeble criterio con el cual el juez Inchausti decide negar las excarcelaciones, basta exponer la argumentación que el abogado Martín Ferrá expuso en ocasión de apelar la negativa de excarcelación del mismo magistrado respecto de sus defendidos de la comunidad gitana, que habían sido encarcelados por tener en su poder unas escopetas de caza. Y no hace falta decir que se trata de un delito que no corresponde a la órbita del fuero federal. En este caso, Inchausti niega las libertades diciendo que aún no se ha podido merituar la prueba. El abogado Ferrá se dirige a él diciendo que está invirtiendo los procedimientos, que debió sopesar la prueba antes de ordenar una detención, y no evaluar la prueba para decidir si otorga la libertad. La prisión preventiva se debe indicar cuando no hay otra manera de garantizar el proceso.
Pero en la cuestión del operativo en las casas de cambio, la locura comenzó a escalar hasta los ribetes de la ficción. Llegaron a Jonestur, Transcambio y Transacciones Crediticias, arrancaron los cables de las computadoras, cortaron la luz, detuvieron a todo el mundo presente, confiscaron todos los teléfonos y obligaron a los detenidos a quitarse la ropa. Sí, como si fuera una película. Pero en el mismo marco comenzaron a allanar las casas de cada uno de los detenidos, en muchos casos las de sus padres, como el caso de una señora de 74 años, mamá de un empleado, a quien Gendarmería le dio vuelta la casa cuando factiblemente ella ni siquiera sepa qué quiere decir lavado de activos.
El abogado destacó que los detenidos pueden ser acusados de otros delitos menores, pero lejos están de formar parte de una asociación ilícita, como quiere el juez: “podrían haber encontrado dinero que no estaba declarado… puede ser, pero es un delito muy distinto al lavado de activos, que es por lo que han imputado a estas personas. El que hace este tipo de intermediación financiera o compraventa de dólares, asume la posibilidad de que le impongan una multa o una pena mínima. En ningún momento se imaginó que lo iban a trasladar de noche, le iban a allanar el domicilio y que lo iban a tener en una cárcel sin posibilidad de visita o aseo durante 8 días, que son los que llevamos hasta ahora”. Los detenidos fueron destinados a tres unidades penales diferentes, fuera de Mar del Plata.
El abogado Alejandro Borawski representa a personas detenidas de Transcambio y Transacciones Crediticias, y en la 99.9 se refirió a la metodología del procedimiento. Incluso destacó que en el origen de los allanamientos, todavía no había una explicación sobre los motivos para llevarlos adelante: “la orden escrita llegó a las 17.30 y se dejó constancia en un acta notarial”.
Entre todas las medidas que se desarrollaron hay fuertes irregularidades que serán denunciadas e investigadas ante la justicia. “Ha habido no menos que una privación de ciertas libertades civiles de terceros que no están vinculados al proceso ni procesados. Si se desnudó a las personas, que es algo que no me consta aún, y hay registros, estaríamos hablando de un tema muy preocupante”, destacó el letrado.
Hasta el momento, lo que se ha secuestrado no tendría que ver específicamente con el origen de la causa: “se han secuestrado elementos personales que no están vinculados a la causa. Si se va a una entidad financiera y se encuentra dinero, no estamos demasiado alejados de la circunstancia de que se presta dinero o se hacen transacciones de dinero”, concluyó. Obviamente, había plata porque a eso se dedica la entidad.
Los verdes
No hace demasiado tiempo, la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Jorge Ferro, Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, se expidió frente al recurso presentado contra el fallo del juez de primera instancia Alejandro Castellanos. Él se había opuesto a los allanamientos solicitados por la fiscal federal Laura Mazzaferri, y había puesto un límite a la investigación considerando que era más un tema administrativo que criminal, y que no cuadraba que la fiscalía fuera más allá.
El caso había comenzado con la presentación que el fiscal general de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) le envió al fiscal general. Allí, la Gerencia de Control del Banco Central pedía que se realizara una investigación, dentro de las averiguaciones que ese organismo llevara a cabo por la posible comisión de infracciones al Régimen Penal Cambiario. También se procuraba establecer si existía una intermediación financiera no autorizada, a partir de la sospecha de los inspectores en sus tareas diarias.
Tratándose de locales no autorizados para el cambio de divisa extranjera, es decir comprar y vender dólares, habría que requerir el allanamiento y registro de las oficinas, así como la revisión de las líneas telefónicas. Pero a medida que esta investigación avanzaba, se dejaba en claro que el tema no era solamente que estuvieran vendiendo dólares, sino investigar el origen de los fondos que se estaban utilizando en las operaciones cambiarias, como así también averiguar si existía captación de fondos de terceros para llevar adelante esta actividad.
Por esa razón, el fiscal federal solicitó al juez el allanamiento de dos locales de la galería Eves, ya que existían datos suficientes para considerar que allí se infringía el Régimen Penal Cambiario, y se llevaba a cabo una operatoria de cambio clandestina, al margen de las agencias de control del Estado. Pero la cuestión era saber, además, si quienes operan allí logran obtener divisas a partir de activos ilegales, es decir de dinero obtenido en infracciones fiscales o bien en delitos.
El ascenso de Alejandro Castellanos a la Cámara federal de Salta dejó en manos de Santiago Inchausti la subrogancia del Juzgado Federal 1. Esto marcó el destino de muchos vecinos de la ciudad, hoy prisionizados por la justicia federal. Con Inchausti a la firma, la fiscal Laura Mazzaferri, asistida desde las sombras por el fiscal de Cámaras Daniel Adler, pergeñó el “operativo anti lavado” con el que cayeron sobre la comunidad zíngara y casas de cambio y “arbolitos”, todo ello sin respetar la ley en lo más mínimo y utilizando recursos del Estado en articulaciones sin destino procesal alguno.
Si la Cámara federal logra superar el impacto que implica la situación del camarista Jorge Ferro -por la relación que la denuncia de cinco fiscales le atribuye con procesados en la causa Madaho’s-, todas las acciones incoadas por la troika Adler/Inchausti/Mazzaferri deberían caer como un castillo de naipes. Nadie podrá, de ningún modo, pagar a todos los hoy prisionizados el mal que se les ha infligido, a ellos personalmente y a sus familias. Una advertencia para indiferentes y distraídos en general: estamos todos en libertad condicional.