Justicia federal | Peores noticias sobre la Justicia federal en Mar del Plata, que sigue fuera de control. Nadie está seguro de no terminar envuelto en una causa sin asidero. El operativo de normalización llegará a la ciudad, pero aún hay que esperar.
Los abusos del juez Santiago Inchausti en cuestiones que tienen que ver con integrantes de comunidades étnicas diversa, se siguen acumulando. En esta ocasión es otra vez uno de los integrantes de la comunidad gitana, Ariel Marcos, quien brindó su testimonio sobre lo que sucedió cuando se puso en marcha el operativo que han dado en llamar “Lavado Total”: “El 9 de septiembre de 2016 a las 7 de la mañana, un montón de policías reventó el portón de mi casa, y nos tiraron todos al piso. Revolvieron toda la casa y no nos dijeron cuál era el problema”, explicaba. Luego abundó: “yo sufro de presión y me descompensé, ahí le dijeron a mi señora que era por el caso de un tal Mariscal y un Coco Esteban que son de la comunidad gitana. Estaban buscando autos vinculados a ellos. No encontraron nada, y lo único que tenía en mi casa era una escopeta que era de mi abuelo y la había guardado como recuerdo, pero no teníamos los papeles”.
Procedieron entonces al secuestro de algunos autos con la ayuda del propio Marcos: “secuestraron autos y en algunos casos los ayudé a llevarlos, porque no arrancaban. Me fui con la policía, tranquilo, porque me dijeron que me llevaban para declarar y en media hora me dejaban. Doce días me dejaron adentro de la comisaría, y por más que el abogado Martín Ferrá pidió la excarcelación, se la negaron porque yo tenía una escopeta”.
Una vez más parece llevarse a cabo la misma modalidad a la que el juez federal del Tribunal N°3 Santiago Inchausti nos tiene acostumbrados: la prisión preventiva bajo sospecha. El juez primero detiene a las personas, y luego comienza a buscar elementos para el sostenimiento de una causa federal. En este caso, el hombre permanecía preso por una escopeta vieja sin papeles.
Pero su injusta detención no terminó allí. Ahora el damnificado puede brindar testimonio sobre lo que le tocó vivir, y la causa prosiguió con el traslado a un penal: “después me mandaron a Buenos Aires encadenado, acusado de estar en una banda donde no conozco a ninguna persona. Estuve siete días durmiendo en el piso de la comisaría 28 y después me trasladaron a Devoto donde estuve dos meses. No tengo antecedentes penales y nunca estuve preso”, aclaró.
Ahora que terminó la pesadilla, y el hombre recuperó su libertad, comienza el camino de reclamar los autos que le sustrajeron en el operativo de su detención, pero no obtiene respuesta: “para mí lo que ellos querían eran los vehículos que ahora los tienen ahí, pudriéndose. Tengo una nena con discapacidad, y usaba un BMW 2007 para llevar a mi hija al Garrahan, pero ahora no tengo cómo llevarla. El auto ahora no aparece, se lo pedimos al juzgado y no saben dónde está. Ayer nos indicaron que el vehículo fue chocado, y le generaron un daño muy grave. Nadie sabe quién se hará cargo”, comentó.
Otra vez, una estrategia parecida a la que ya le hemos visto poner en marcha al famoso juez marplatense, el que nos pone en el mapa de la historia judicial más inoperante y arbitraria: detiene por las dudas. “Me siento abusado, sin tener nada que ver con esto. He tenido que atravesar todo esto simplemente por ser gitano”, concluyó Ariel Marcos. Documentos y fotos dan cuenta de que de verdad su coche está chocado, y se da la orden de su reparación y custodia, aunque nadie comprende quién estaba utilizando un vehículo que está secuestrado por el Poder Judicial.
Una vez más
Los problemas que atraviesa la Justicia federal en Mar del Plata no son nuevos, y se vienen arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Este departamento judicial hace agua por todos lados, y no es más que un muestrario de abusos, mafias y connivencias que muchos han tomado como un hecho ya imposible de mejorar, porque forma parte del paisaje mismo de la ciudad costera.
¿Será posible que uno no pueda más que acostumbrarse a un sistema judicial que detiene, libera y secuestra bienes a criterio propio, bienes de los cuales hasta puede hacer uso, y abuso?
Ya hace unos meses, un abogado local presentó una denuncia por presunto delito de acción pública contra el mismo juez, y solicitó la nulidad de todo lo actuado, ya que el magistrado no había respondido en tiempo y forma ninguna de sus solicitudes. Cada vez que el abogado solicitaba que se liberara a su defendido injustamente encarcelado por una figura legal que no lo ameritaba, el juez no le contestaba nada, por lo cual lo acusó de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.
El abogado Ferrá decía que no sabía las razones que llevaban a Inchausti a actuar de esta manera, pero suponía que debía existir una encubierta animosidad en contra de los integrantes de la comunidad zíngara, toda vez que no había respondido las solicitudes, y así había violado el derecho a la legítima defensa de sus clientes. Al haberle impedido defenderlos, consideraba que era oportuno solicitar la nulidad de todo lo actuado.
El detalle es exhaustivo. Ya antes, el abogado había cursado una solicitud de informes acerca del destino dado y del lugar de conservación de otro lote de rodados secuestrados, así como el informe antisiniestral del cuerpo de bomberos. Y en diciembre pasado, una nueva solicitud de pronto despacho: ni una palabra. Hace un año, dos de los integrantes de la tradicional familia Demetrio solicitaban que de una vez por todas les devolvieran los coches que se habían llevado en un operativo, ya que hasta el momento la causa no explicaba las razones por las cuales el Estado debía seguir privándolos de los bienes que se habían secuestrado de manera preventiva. Más allá de los coches, y considerando las personas, los pedidos de sobreseimiento databan de enero de 2016, e incluían la solicitud de restitución de dinero secuestrado, cheques y teléfonos celulares incautados, a lo cual el juez tampoco contestó ni por sí ni por no.
Porque la Justicia federal en Mar del Plata es una locura peligrosa, que parece tener particular inquina con los integrantes de comunidades étnicas diferentes. ¿Qué pasa con Inchausti?
A propósito de ciertas acciones contra las mafias instaladas en Quilmes, este medio dialogó con la abogada Mónica Frade, quien tomara notoriedad al desempeñarse como letrada representante de Elisa Carrió. El tema en cuestión fue el operativo que se llevó a cabo en el predio denominado como La Salada, pero a propósito del tema, se habló de la preocupación que a nivel nacional generan las desprolijidades que muestra la Justicia en este departamento.
Frade dijo que a su criterio se está viviendo un “momento interesante”, aunque dificultoso, a propósito de la necesidad de generar algunas transformaciones: “la fuerza de la presión está actuando, nunca debió dejar de hacerlo, pero se está haciendo lo que se debió hacer en estos años”.
La abogada especificó cuáles son -a su criterio- las necesidades del proceso de transformación del servicio de justicia que requiere la verdadera democracia, y especificó que ellos no buscan generar una justicia adepta al gobierno, sino eficiente y ecuánime: “No queremos una justicia adicta al gobierno de tuno. Una justicia que no es independiente nos perjudica más tarde o más temprano”.
A criterio de la abogada, la clave de la posible transformación está determinada por el cambio de la procuración en la provincia de Buenos Aires, lo cual ha generado confianza, y muchas nuevas denuncias que se están investigando.“Hay una avalancha de trabajo generado por la confianza que representa Carrió. Recibimos información permanentemente que tenemos que cruzar e investigar. Pero tenemos prioridades. Estamos teniendo información de la justicia de Mar del Plata; es un tema que nos preocupa y que hay que resolver”, dijo, dejando en claro que el proceso de desarticulación de acciones mafiosas en puestos de poder está en la agenda de los funcionarios.
Todos en peligro
La cuestión es que la provincia de Buenos Aires es muy extensa, y tiene referentes de corrupción de muchos años, con mucho poder económico y territorial, que se insertan tanto en las fuerzas de seguridad como en la justicia. Decía la abogada: “Cuando abordamos un tema, lo tratamos con profundidad. Mar del Plata es un tema que tenemos muy en cuenta. Pronto vamos a volver a comunicarnos”.
A propósito de los allanamientos en La Salada que hacían hincapié en la cuestión de las marcas, la abogada explicaba que no es cierto que las cosas no se puedan normalizar, que es necesario realizar un trabajo intenso para que se termine con todas las formas de comercio ilegal en el país: “Lo de estos días es resultado de muchos años de trabajo en conjunto con la justicia, que ha tenido que ver con el procurador de la provincia de Buenos Aires y con una denuncia de Carrió, acerca de cuáles eran los sectores de la policía y la política que promovían que La Salada siguiera siendo La Salada. Tiene que ver con la justicia federal, que también es un problema en Mar del Plata. Por eso, va a ser vital quién sea el próximo procurador de la nación”, agregaba.
“Muchos de los jueces que han sido cómplices del delito van a tener que dar un paso al costado”, dijo la abogada, lo cual generó que se volviera al tema de la justica federal de Mar del Plata, donde –como lo han demostrado las investigaciones periodísticas- se arman causas, se encarcelan inocentes, y se detiene a personas a las que después se le buscarán pruebas para intentar armar el proceso sobre su detención. Podemos decir que estamos todos en libertad condicional, y esa es la realidad del ciudadano de este partido.
“Tenemos información que nos preocupó muchísimo”, dijo la abogada Frade. “Hemos votado por una vuelta de hoja. Algunos resisten los cambios, pero hay que actuar sin perder la autocrítica interna. Lo que está mal, está mal para todos, de modo que esto lo tomamos como una máxima para no caer donde otros gobiernos han caído”, declaraba: “estamos saliendo de un Estado fallido en manos de más mafias”.