Para el inicio del nuevo año, repasamos algunas de las investigaciones más relevantes del 2021: la deficitaria atención del PAMI a sus afiliados en tiempos de pandemia, la increíble historia de impunidad que rodea al asesinato del policía Cristian Agusti y la interminable saga de decisiones pésimas por parte de la jueza a cargo del Juzgado de Familia Nº 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata, Clara Alejandra Obligado.
Irreparable mal
Atención a afiliados de PAMI | La entidad en el centro de la mira. Tratan mal a los adultos mayores en pos de una modernización aparente, pero inútil. Los afiliados no pueden hacer trámites digitales porque no saben cómo, y nadie los ayuda.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con la firma de los jueces Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel, acaba de revocar la sentencia de grado anterior, y de ordenar a la ANSES que restituya un beneficio jubilatorio suspendido a Mirta Evangelista, que tiene 66 años y carece de otros ingresos con los que hacer frente a varias enfermedades. La decisión se funda en la consideración de que el daño infligido a un adulto mayor tiene carácter de irreparable, es decir, que no habrá tiempo ni posibilidades de compensar el daño que generaría una decisión arbitraria e injustificada sobre su salud.
“En relación con el peligro en la demora consideramos, sin incurrir en prejuzgamiento, que el supuesto perjuicio es inminente y responde a una necesidad efectiva y actual (la actora posee 66 años de edad, padece graves afecciones de salud y el beneficio suspendido era su único sustento económico), y ante la posibilidad de que el accionante triunfe en su reclamo, entendemos que denegar la medida cautelar le ocasionaría un perjuicio que se tornaría irreparable o al menos de difícil solución ulterior, ya que resultaría imposible subsanar una circunstancia que deviene agotada por el transcurso del tiempo”, indica la sentencia. Porque cuando se maltrata a un anciano, cuando se le quitan los derechos y se le ocasiona sufrimiento, no hay tiempo para volver las cosas a su cauce natural. Y no hay perdón.
Puede verse cada mañana, en PAMI, cómo los abuelos o sus familiares se encuentran con todos los obstáculos posibles para realizar un trámite. Sacar un turno u obtener una medicación que se necesita urgentemente puede ser un verdadero infierno para quien no sabe hacerlo. Ese destrato despertó la empatía en un grupo de mujeres que decidieron concurrir por las mañanas con el fin de ayudar a los abuelos en la puerta de la entidad.
Una de ellas es Claudia, quien contó a través de la 99.9 el proceso de conflicto que se inició en la UGL Mar del Plata: “el miércoles pasado pasé caminando por la vereda y escuché gritos. Subí por la escalera y me senté, saqué fotos y filmé el maltrato hacia los adultos mayores. Me revelé y puse un comentario en un grupo de Whatsapp, y entonces la señora Marilyn me contestó que vendría al otro día a las 7 de la mañana”.
Desde ese momento se organizaron para concurrir todos los días, porque se propusieron intervenir ya, y dar ayuda a los afiliados que no sabían cómo hacer los trámites digitales. Las mujeres se habían puesto de acuerdo para ayudar a personas que no tiene idea de cómo hacer una gestión por la página web, y menos aún desde un teléfono celular con letras minúsculas. Pero, inmediatamente, empezaron a sufrir distintos tipos de intimidaciones por parte de los encargados de brindar seguridad en la sede: “tres veces el personal de seguridad nos ha amenazado diciendo que si no nos retiramos del hall nos envían un móvil policial para llevarnos a la comisaría. Le pregunté qué estábamos haciendo que fuera delictivo, y me dijo que teníamos que irnos. El Sr. Alejandro Lavandeira se presentó y me dijo que era del área jurídica, y que no podíamos estar ahí porque éramos gestoras, cuando no es así. Soy una maestra acompañada por un grupo de señoras solidarias que —al ver esta situación— tuvimos empatía. Porque alguien tenía que hacerse eco de esto”.
Solidaridad
Ellas llevan apenas una semana tratando de ayudar y ya se han encontrado con miles de situaciones increíbles. Desde el martes pasado, sin embargo, algo comenzó a modificarse: hubo empleados que tomaron conciencia de la situación, y con sus propios celulares empezaron a ofrecerse para sacar turnos en la puerta de entrada, que era precisamente los que estaban haciendo las voluntarias. Mejor.
Porque el procedimiento de atención de los empleados, que seguramente recibieron órdenes, es el siguiente: cuando los adultos mayores quieren sacar un turno, les dan una fotocopia para que entren por la página de Internet, un procedimiento incomprensible para muchos. Claudia, luego, agregó: “las personas que quieren comenzar los trámites no vienen una vez, sino dos o tres en la semana. Porque les dicen que vengan en 24, 48 o 72 horas, y luego les dan la fotocopia en vez de dársela de entrada. Hay gente con capacidad reducida que llega y la hacen esperar en la fila: les cierran la puerta en la cara y les dicen que espere”, refiere dando ejemplo de la pésima atención a la que se somete a los ancianos.
Pero como no pudieron persuadirlas con las amenazas, Claudia refiere que desde adentro comenzaron a filmarlas para amedrentarlas: “somos intimidados por los empleados, siempre uno de arriba los manda. Da miedo ser filmado de la forma intimidatoria como lo están haciendo. Todo por hacer un bien, agarrar el celular y tratar de conseguirle la medicación”, agregaba.
Pero ellas siguen con la convicción de que tienen que hacer eso, porque el maltrato es injusto. Son trámites de enorme urgencia, de gente enferma que necesita medicación o atención, o hisopados de COVID. Pero nadie les resuelve y, por el contrario, agravan los problemas.
Claro que era necesario hacer una prueba, y es por eso que personalmente nos dispusimos a ingresar a la página de PAMI y realizar una gestión a través de la web. Por ejemplo, un cambio de médico de cabecera. Hay un elegante instructivo que indica cómo hacerlo, hasta el momento en que el afiliado debe sacar una foto de su DNI y de su carnet de afiliado, y subirla a la página, para lo cual deberá realizar una serie de procedimientos complejos que dejan definitivamente afuera a la mayor parte de los ancianos.
Pero la cuestión es que el nuevo director, el tal Fernando Mogni —que se ocupa de decir que trabaja en la entidad desde 2013 para que no se piense que está allí por ser familiar de Fernanda Raverta— llegó con la firme convicción de que iba a modernizar la entidad. Que iba a dejar de ser una oficina con trámites de papel e iba a arribar a la era de la digitalización. Mirá vos.
Y se ocupó de decirlo en las notas de prensa que le realizaron apenas asumió. Hasta agregó que los médicos que no se modernizaran iban a tener que dejar de ser prestadores de PAMI.
Una vez más, la conclusión es la misma: la capacitación a los funcionarios cuya tarea implica a otras personas debe de ser generar la sensibilización, la empatía, la implicación ética. ¿Comenzamos la modernización del Estado por los adultos mayores que todavía no han podido acceder al uso completo del teléfono celular? ¿Por los que aún no comprendieron cómo cortar la videollamada? ¿Por quienes no saben usar Whatsapp? Ese es el sitio en el que cabe la modernización para ellos: el de la exclusión.
O, más aún: ¿qué sucede con los ancianos analfabetos? Con aquellos que nunca en su vida estuvieron cerca de un teléfono celular ni de una computadora. ¿En qué planeta vive el funcionario que cree que su misión es este proceso inhumano de modernización excluyente hecho únicamente para afiliados que cuenten con la ayuda de hijos alfabetizados informáticos dispuestos a hacerles los trámites? ¿De dónde ha salido semejante crueldad?
El PAMI no hace más que acumular acusaciones, pero la pantalla te invita a que dejes tu denuncia si tuviste problemas con algún médico para que descargues la disconformidad en otro canal digital que le es perfectamente inútil. Claro que es una crueldad descontrolada la que se ejerce con los adultos mayores apilados en el Hospital Interzonal o en clínicas de malísima atención, que a su vez acumulan más denuncias. Pero el director Mogni cree que la modernización comienza por el uso exhaustivo de la página web para realizar trámites.
¿No se le habrá ocurrido la peregrina idea de modernizar clínicas? ¿Aparatos? ¿Tratamientos? ¿Programas de atención a enfermedades crónicas? ¿La página web es su proyecto de modernización? ¿De verdad? ¿La receta digital?
La construcción del Hospital Houssay —ex EMHSA— había sido una esperanza para todos los viejos que creyeron que esta vez les tocaba a ellos. Que iban aser atendidos en un sitio limpio, moderno, digno y preparado para ellos. Poco duró la esperanza: la mayoría de quienes tenían cápita en el antiguo EHMSA la perdieron con el pase al Houssay, pero claro que alguien se quedó con su sitio. Quizá un jubilado con hijos más poderosos.
Mogni tiene que iniciar el proceso de modernización por ahí. Porque la atención a los adultos mayores no nos haga sentir que estamos en la Edad Media. Las computadoras deben ser operadas por los empleados de la entidad cuyo único sentido debe ser allanarles el camino a los mayores que no tiene ninguna obligación de aprender a efectuar sus propios trámites. Y si no, a plagar el hall de voluntarios que lo hagan: eso es un hecho.
El protegido
Crimen de Agusti | Un homicida detenido cuando se iba a vacunar había vivido 15 años con otro nombre. Ahora se investiga si hubo protección policial, porque en este tiempo cometió otros delitos bajo un alias. Nadie lo buscó demasiado.
Alejandro Salaberry se había convertido en uno de los prófugos más buscados de Mar del Plata. Se lo acusaba del homicidio del policía Cristian Agusti ocurrido en 2003, pero en junio de 2019 el crimen prescribió. Así de simple, aunque no podamos creerlo: parece más fácil quitarse de encima una acusación por homicidio que una deuda en el registro del Banco Central.
Acompañado de un abogado, el criminal se presentó en con toda tranquilidad en tribunales para firmar la notificación. Llegó caminando y sin ninguna medida para esconder su identidad, porque sabía que nadie lo iba a detener: su culpa se había extinguido. Ahora bien: ¿era legal? ¿Correspondía?
Un grupo de detectives de la DDI lo detuvieron hace un mes como único prófugo por el homicidio del Cabo Primero Cristian Agusti, delito en el que fue condenado en ausencia. La cuestión es que, si bien había permanecido en la clandestinidad durante los quince años que necesitaba, y ahora había ido lo más campante al museo MAR a aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el Covid, había otros delitos de los que acusarlo.
Salaberry iba a estar allí, y por esa razón se ordenó un amplio operativo dentro y fuera del lugar, con personal discretamente vestido de enfermeros como así también haciendo la fila para vacunarse. Una de película, organizada indudablemente con muchos recursos y esfuerzo. Los detectives observaron el ingreso del hombre y aguardaron hasta que le tocó el turno. Una vez que estuvo sentado para vacunarse, se procedió a la detención de quien se llama Alejandro Salaberry aunque en los últimos años no utilizó ese nombre. No pudo resistirse por la rapidez del personal policial que procedió a neutralizarlo.
Sucede que, si bien la prescripción del homicidio ya había sido notificada, el asesino no había estado tranquilo durante los últimos 15 años. En 2018, en la ciudad de Merlo —donde residía bajo otro nombre—, lesionó gravemente a un vecino tras una discusión: simplemente le asestó varios golpes en la cabeza con un machete y ocasionó varios cortes además de una fisura de cráneo. Pero este tampoco es el único delito que habría cometido.
Pasos legales
Adelina Martorella es la abogada que representa a la familia Agusti, y contó los detalles en la 99.9. Especificó que la familia presentó un escrito ante la jueza de garantías para solicitar la nulidad de la resolución que estableció que el homicidio de Cristian había prescripto porque lo primero que había que hacer, era averiguar si no había razones que interrumpieran el plazo reglamentario que tiene que pasar para que un delito caduque. Es decir, la comisión de otro delito. Porque, si una persona delinque, pierde el derecho de que prescriba el delito que ha cometido antes.
Consideremos que Salaberry utiliza una identidad falsa desde el año 2009, lo cual en sí mismo es un delito, pero además, la doctora Frende y el fiscal pudieron corroborar que bajo ese alias se encontraba imputado por otros dos crímenes. Es decir, que el sobreseimiento dictado el 31 de mayo del 2019 tuvo un error sustancial que generó una injusticia extrema: que quede impune el homicidio de Cristian Agusti.
Martorella pone en foco las acciones que Salaberry ejecutó con la intencionalidad expresa de eludir la justicia, es decir, de escapar y de cometer más delitos: “la falsa identidad que asumió el imputado tuvo como objeto burlarse de la justicia de Mar del Plata, para que no pueda ser ubicado y para que no pueda proseguir la investigación del homicidio de Cristian. Ese nombre le permitió continuar con el derrotero de delitos. En el año 2010 cometió el delito de amenazas calificadas contra una señora poniéndole un arma en su cabeza y días antes a que se cumpla el plazo de prescripción cometió el delito de homicidio en grado de tentativa contra un vecino partiéndole un machete en la cabeza. Estas circunstancias formaron investigaciones pero obviamente la juez y el fiscal jamás pudieron certificarlas porque él utilizaba la identidad de Lucas Lamas”.
Es decir, que el homicida en el 2003 huyó y adoptó la identidad de Lucas Lamas, que es un gendarme. Aparentemente, obtuvo la información necesaria para fraguar esta identidad falsa de una boleta de servicios que encontró tirada en el patio del vecino. Con ese nombre hasta puso un negocio clandestino en Merlo.
Con esa misma identidad cometió delitos de amenazas con arma de fuego contra una mujer en 2010, y en 2018 agredió severamente a un vecino a machetazos, también bajo el nombre de Lamas. La justicia marplatense lo premió firmándole la prescripción del homicidio sin verificar que venía cometiendo delitos bajo un alias.
Los apoyos
De todas maneras, parece haber un trasfondo dentro de la fuerza policial que todavía no se ha aclarado. Indica la abogada: “a mí me llamó poderosamente la atención que Salaberry fue detenido por personal nuevo de la DDI Departamental, y no fuera ubicado por quienes en definitiva fueron compañeros de Cristian Agusti. Alguna protección policial tuvo que tener para mantenerse tanto tiempo prófugo, para usar otra identidad y para que el mismo día que le hagan el allanamiento en el marco de la causa de Morón, haya desvalijado su casa. También es cierto que la mamá nunca se sintió apoyada por los compañeros de Cristian Agusti: sé que hubo algún letrado que se comunicó con algún funcionario policial perteneciente a la DDI diciendo que estaba Salaverry en Tandil y que este funcionario policial jamás se lo comunicó a mi cliente, es decir, al padre de la víctima”.
Si bien aún no se ha probado, lo que la letrada deja entrever es que podría haber sucedido que uno de los jefes de la DDI por aquel momento pudo haber tenido alguna participación en los mecanismos de fuga y ocultamiento de Salaberry: “Que hubo protección policial no tengo la menor duda”, cierra Martorella.
Pero por supuesto, la detención de Alejandro Javier Salaberry Gabarain reabrió una herida en la familia del policía Cristian Agusti que fuera asesinado durante un robo allá por 2003. La madre de la víctima, Graciela Panebianco, habló en la 99.9 y recordó: “lo tuve a 20 centímetros mío y lo único que pude decirle fue ‘hola Alejandro, como estas?’. Él agachó la cabeza, pero lo tuve a 20 centímetros, me quería morir”.
Además, detalla el camino por el que bregará su familia, que es probar que, cuando el asesino vino a Mar del Plata, estaba prófugo de otra causa, lo cual debe hacer caer la prescripción del crimen de Cristian.
En cuanto a la falta de apoyo brindado por los propios compañeros de su hijo durante todos estos años, Graciela denunció una complicidad en el encubrimiento: “cuando yo entraba a la DDI desaparecía todo el mundo. Hay traidores ahí adentro. Yo nunca fui agresiva, pero vivía más en Tribunales que en mi casa”.
Según el relato de la madre, además de padecer el dolor de la pérdida de un hijo, sufrió ella misma un atentado que relató en la 99.9: “me han hecho la vida roja, me desangraron. Este señor me cortó los brazos y las piernas. Tuve un atentado, me quisieron secuestrar, me querían meter adentro de un coche y me arrastraron 80 metros por el asfalto. Ese mismo día, cuando estaba en mi casa me llamó una persona del penal y me dijo ‘la felicito pero fue un vuelto de acá adentro, ordenado desde acá’. El juez me dijo si quería hacer la denuncia, pero si me pasó eso sin hacer denuncia, ¿qué me pasaría después? Además, ¿cómo compruebo que fueron ellos?”.
Ahora Graciela espera. Primero, porque reabran la investigación y lo vuelvan a sentar en el banquillo de los acusados, pero también porque cuente todo lo que sabe, ya que se rumorea que alguna vez lo detuvieron y negoció una salida con la propia policía. “Hubo complicidad de ex compañeros y si ellos dicen que no, que me lo digan en la cara”, dice la madre de la víctima. Quizá esta sea la oportunidad de que Salaberry diga de una vez todo lo que tiene para decir. Esperemos que tenga custodia.
Caprichosamente
Tribunales de familia | Denuncian penalmente a otra jueza de familia. Esta vez, por privar a una madre de todo contacto con su pequeña hija. El capricho puede más que toda norma internacional. Es hora de mirar qué pasa en los juzgados que deciden sobre la vida de padres e hijos.
María Cecilia Fraga Errecart denuncia penalmente a la jueza a cargo del Juzgado de Familia Nº 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata, Clara Alejandra Obligado. Relata que la magistrada ha tomado decisiones extrañas y arbitrarias en relación con el contacto de una conflictiva familiar de larga data.
La pequeña A tiene cinco años y por supuesto siempre había vivido con su mamá. Tras varias denuncias por episodios de violencia que implicaron al padre y la posterior separación, el proceso de revinculación se estaba llevando a cabo de forma paulatina, con intermediación de los diferentes actores (juzgado, equipo técnico, asesoría de menores). Sin embargo, la jueza decidió atender los reclamos del padre, y por lo tanto desoyó las regulaciones internacionales de protección de derechos del niño: apartó a la hija de su madre, sus abuelos, su casa y su entorno más cercano. Lo peor es que no permitió que volvieran a verse ni a hablar.
Ordenó Obligado: “Disponer el cambio inmediato de guarda en forma cautelar, provisoria y legal de la niña A… a favor de su progenitor, Darío Javier Pérez, por un plazo de seis (6) meses”.
Ahora la madre relata la violenta forma en la que se llevó a cabo el operativo judicial: se apersonaron a su domicilio, violentaron el portón de entrada, e ingresaron efectivos de la policía y personal de organismos estatales. Cuenta que traían una orden de allanamiento, sin contemplar que se trataba de una pequeña niña de cinco años, que presenció estas acciones. Se ejerció sobre ella un grave daño moral, físico, y psíquico.
La pequeña A no sabe por qué, pero debió irse con su padre. Está obligada a generar un vínculo parental donde no lo había, y a destruir el vínculo con la madre, a pesar del proceso de revinculación que se estaba ejerciendo de forma paulatina. Tal como se aporta, fueron desesperantes los gritos y llantos de la niña que era apartada de su madre por la fuerza el día de la ejecución de la medida. Pero no importó.
El progenitor
El padre sí fue denunciado en los años 2016, 2017 y 2019 por violencia familiar, de género y lesiones leves agravadas, pero a pesar de eso, hoy es el único que tiene contacto con la niña. Dice la madre en su denuncia: “Han pasado casi dos meses en los cuales no pude mantener siquiera una llamada telefónica. Se nos está privando sin fundamentos y argumentos del contacto madre-hija”.
Desde el pasado 2 de junio, la madre ha perdido todo tipo de contacto con su hija A pero, además, la niña ha desaparecido de la vida de todas las personas que la conocen. Drásticamente se la separó de su centro de vida. La pequeña se debió adaptar de forma abrupta a un nuevo ambiente, con personas que no conocía,y que nunca había visto.
Pero como la justicia argentina es claramente esquizofrénica, y los tribunales no circulan la información, las causas contra el padre violento siguen su curso sin que afecten el fuero de familia: el 13 de agosto, la fiscal Graciela Trill ha solicitado la elevación a juicio penal del padre, Darío Javier Pérez, hoy imputado por los hechos violentos contra su entorno.
Este es el grave escenario que viven las dos, y no hay ningún organismo judicial ni administrativo que realice un seguimiento sobre el estado de la niña. Dice la mamá: “Mi hija se encuentra a la deriva y a la merced de una persona violenta, capaz de ejercerle cualquier tipo de daño. No se le ha escuchado la voz a mi hija, no se ha practicado ningún informe socioambiental en la casa del progenitor, no se realizó ningún relevamiento sobre las personas responsables de sus cuidados”.
Gracias al capricho de la jueza, desde hace tres meses la madre no sabe nada de su hija, A. Desconoce su paradero, no sabe dónde vive ni con quiénes con vive. Desconoce su estado de salud y a qué división escolar asiste. Pérez arbitrariamente decidió cambiar a A de institución educativa y de actividades extracurriculares. Es decir, que no sólo ha decidido cambiarla de jardín, sino también alejarla de su familia materna, padrinos y madrinas, sus amiguitos y maestras. Pero, como si fuera poco, recientemente la madre supo que persona que convive con Pérez está divulgando en su ambiente que ella es la madre, y que por lo tanto la responsable de la niña. De tal manera, que a Cecilia le impidieron acceder a los grupos de WhatsApp de padres del jardín, con el argumento de que “la madre ya forma parte”. También han efectuado cambios en la apariencia de la nena, le cortaron el pelo y la tiñeron.
Arbitrariamente también, el padre ha dispuesto que la chiquita inicie una terapia psicológica con la Lic. Tiritilli, con lo que la madre no concuerda, ya que la nena tenía otra terapeuta. En fin, no les quedó nada por hacer.
Una más
Pero, por lo que sabemos, si hay un sitio donde las denuncias están teñidas por el tono caprichoso de las decisiones que se toman, es el fuero de familia. Siempre las acusaciones se dirigen a la inconsistencia en las decisiones de sus jueces. A la impericia manifiesta de sus funcionarios. A la falta de rigurosidad en el cumplimiento de la norma en las notificaciones fehacientes. A esta manera de trabajar en un mundo patas arriba que siempre perjudica a los más débiles. Porque los tribunales de familia dirimen en cuestiones de alta sensibilidad: el bienestar de los menores de edad, las medidas de cuidado y guarda, las necesidades especiales de las familias más vulnerables, las mujeres que intentan sacar un manotazo fuera del agua cuando son víctimas de violencia de género. Es decir, las cuestiones más difíciles, las que requieren más racionalidad.
Hace un tiempo este semanario dedicó su investigación a la misma jueza, y a su accionar en otro caso: el de Facundo Nalpatián, que denunciaba que en el Tribunal de Familia n° 5 —a cargo de la jueza Clara Alejandra Obligado— no lo trataban como deberían. Y en la Asesoría de Incapaces n° 3, tampoco. No sólo lo estaban perjudicando en lo psicológico y en lo económico, sino que estaban obstruyendo su vinculación con su pequeña hija de 4 años, LN. Nuestros lectores se impactaron, pero las autoridades de supervisión parece que no.
Ahora, es la familia Errecartla que está sufriendo el accionar de la Jueza Clara Obligado que está actuando de una forma incomprensible.
El padre de Cecilia, Jorge Fraga Errecart, se expresó en la 99.9 ante el bozal legal que le impusieron a su hija para impedirle dar a conocer su verdad: “entre otras cosas, esta jueza parece que no deja trabajar al periodismo o se quedó en la época de la dictadura, porque no deja hablar a la gente”.
Refiriéndose al origen del conflicto, Errecart calificó al padre de la pequeña como “una persona adicta, alcohólica y golpeadora”. Explicó que les costó mucho trabajo hacerle entender a su hija el papel de víctima que estaba cumpliendo, pero que con apoyo familiar logró separarse.
Pero Pérez insistió, y según relata, hasta intentó atropellarla con un auto, hechos que han quedado grabados.
A pesar de sus antecedentes violentos, el hombre comenzó a insistir con las visitas: es un médico reconocido que ejerce funciones en un instituto de Mar del Plata, y —dice el denunciante—: “intenta disfrazarse de buen padre. A fuerza del dinero encontró un juzgado que se lo permitiera”.
La jueza Obligado tiene una argumentación bastante particular para prohibirle a la madre ver a su hija de 5 años: habla del tan difuso Síndrome de Alienación Parental. Lo cual es algo así como decir que la madre inventa la situación de víctima y violencia, y que esa invención es trasladada a la pequeña por lo que la niña no querría ver al padre. Por eso, decide hacer una vinculación forzada, pero priva a la madre de todo contacto. Claramente, es demencial.
Como conclusión, la madre no puede estar con su hija mientras que el padre, imputado, tiene más derechos. Dice Errecart: “Me parece que, como la jueza tiene el proyecto peregrino de la familia sustituta y quiere ser famosa académicamente, quiere hacer las vinculaciones forzadas para tener el plafón y separar a los niños de las familias para dárselas a otras, a las que se les paga para tenerlos”. Un delirio si se considera que para construir un vínculo, destruye otro. Dice la familia denunciante: “Pedimos la recusación y la denunciamos penalmente. La Cámara nos respondió que no era el momento, pero no se expidió sobre la cuestión de fondo”. Así nos va.