Interrupción voluntaria del embarazo | La aplicación de la ley del IVE aún tendrá muchos inconvenientes en su reglamentación, y las experiencias de otros países deben ser útiles. No todo es tan sencillo, en ninguna parte.
Más allá de la posición del Vaticano, de la iglesia católica inflexible, de las presiones públicas y privadas, la ley se terminó aprobando, lo cual no significa más que eso. Un trámite. Resta saber si este desgaste servirá para completar los procesos necesarios en la aplicación, que no será fácil.
Luego de un debate en Senadores que implicó 12 horas, se aprobó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, luego de años de lucha de agrupaciones feministas y políticas. La ley establece el derecho a decidir la interrupción del embarazo, acceder a la atención en los servicios del sistema de salud, recibir atención postaborto, prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces. El derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el sólo requerimiento de la mujer o persona gestante regirá hasta la semana 14, inclusive.
En Italia, una ley similar fue aprobada en 1978, pero cuatro décadas más tarde, los derechos de las mujeres italianas se encuentran hoy sobre un terreno tembloroso. La ley 194 es cuestionada por un ruidoso movimiento anti-elección, al cual pertenece el actual ministro de la Familia, sumado a la incontrolada expansión de un movimiento de médicos “objetores de conciencia”.
Italia fue uno de los últimos países de Europa en legislar los derechos sobre el aborto: era un país extremadamente conservador en cuanto a temas sexuales y reproductivos, sumamente influido por la iglesia católica. Pero los años setenta fueron testigos de una transformación del país, y de una vanguardia feminista que emergía.Hasta 1978, bajo la legislación fascista aún vigente, el aborto fue etiquetado como un “crimen contra la integridad y la salud del linaje” y castigado con prisión. En ese momento, las Naciones Unidas estimaron que en Italia se practicaban un millón de abortos ilegales cada año.
Lo interesante de la reflexión sobre lo acontecido en aquel momento es ver que ya entonces los políticos fueron forzados a ocuparse de algo —el cuerpo femenino— y de alguien —la mujer como sujeto político— que nunca habían tomado seriamente en consideración. Los partidos políticos se vieron forzados a elaborar un discurso en torno a un tema para el cual no tenían inicialmente un lenguaje o conceptos específicos, o una terminología para describirlo, y cuyas implicaciones no entendían realmente. Lo mismo pasó en el Congreso argentino.
La versión final de la Ley 194 italiana se titula “Reglas para la protección social de la maternidad y la interrupción voluntaria del embarazo”. Pone al mismo nivel el embarazo y la IVE: las mujeres que deciden interrumpir su embarazo son llevadas obligatoriamente a las salas de maternidad junto con las nuevas madres, para que vean.
De acuerdo con la Ley 194, las mujeres pueden recurrir a la interrupción voluntaria antes de 90 días solo cuando “la continuidad del embarazo, del parto o de la maternidad pudieran generar graves peligros para su salud física o mental”. En otras palabras, la ley italiana no garantiza a las mujeres el derecho a la autodeterminación. A una mujer no se le permite abortar simplemente porque no quiera ser madre. Además, la ley 194 permite la objeción de conciencia de los profesionales médicos. En el 60% de los hospitales italianos, el personal médico completo es objetor, y en todo el país sólo el 30% de los ginecólogos practica interrupciones voluntarias. A menos que la vida de la mujer esté en peligro, ginecólogos, anestesistas y enfermeros pueden negarse a practicar un aborto por razones éticas o de creencias religiosas. Pero por otro lado, la LAIGA —una asociación de ginecólogos que se oponen a la objeción de conciencia— denuncia que los no-objetores en el sistema italiano de salud sufren a menudo acoso laboral, además de ser discriminados y aislados.
Es decir que tampoco es tan fácil la cuestión en Italia. Si bien los hospitales están obligados por ley a ofrecer esta práctica, puede suceder que todo el personal médico sea objetor,y deberá ponerse a disposiciónde la mujer un médico de otro servicio. Pero esto ocurre raramente ya que a menudo, las mujeres son forzadas a dejar su provincia, su región o incluso el país para poder abortar.
Complejidad
Cuarenta años después, en algunas regiones de Italia interrumpir un embarazo puede ser tan difícil como si fuese ilegal. Hoy día, en toda Italia tan solo 1.408 ginecólogos realizan el procedimiento completo. Por este motivo, los abortos ilegales van en aumento, especialmente entre mujeres migrantes que no tienen acceso a los servicios públicos de salud, y son muchísimas.
Pero lo peor es que en Italia, el aborto farmacológico está permitido solo en las siete primeras semanas de embarazo (contra las nueve semanas previstas en cualquier otro lugar de Europa) y requiere tres días de hospitalización, mientras que el aborto quirúrgico es un procedimiento ambulatorio. Como resultado, aunque el aborto farmacológico es menos invasivo que el aborto quirúrgico, el primero se utiliza únicamente en el 16% de las IVEs. ¿Suena a complejidad intencional?
Por todo esto, hay un Comité Europeo de Derechos Sociales que ha condenado a Italia por violar los derechos de las mujeres: las restricciones que la objeción de conciencia impone al acceso al aborto. La situación está empeorando, pero también ganando atención a nivel mundial gracias a los movimientos feministas que categorizan esta situación como una forma de violencia basada en el género. El colectivo de voluntarias está creando un mapa de los hospitales y las farmacias a nivel estatal para ilustrar la negación institucional de los derechos reproductivos.
La información es pertinente porque en Argentina, los protocolos para la objeción de conciencia se discuten, y hoy día es aún posible para los médicos declararse objetores parciales, o ser objetores de conciencia en los hospitales públicos, mientras que practican IVEs en sus clínicas privadas.
Los íconos
El mundo actual permite cuestionarlo todo bajo nuevas luces. Norma McCorveyfue la demandante anónima en el histórico caso Roe vs. Wade, que marcó la historia americana y también influyó tanto en los cambios legales de Italia. Ella comenzó siendo el ícono de la justicia injusta con la mujer, y luego hizo un cambio radical en su posición, hasta terminar militando en contra del aborto en 1995. Su cambio representó una gran victoria simbólica para los opositores. Ahora se sabe que el cambio en realidad fue falso: McCorvey, en un documental filmado en los meses previos a su muerte en 2017, alegó que solo lo hizo porque le pagaron grupos antiaborto, incluida la Operación Rescate.
Aunque ayudó a legalizar el aborto, McCorvey nunca tuvo uno. Estaba embarazada de su tercer hijo cuando, en 1970, firmó una declaración jurada contra las leyes de Texas. Como era una mujer pobre y sin educación, carecía de los medios para viajar fuera del estado u obtener un procedimiento ilegal. Pero pasarían tres años antes de que la Corte Suprema emitiera un veredicto: la niña había nacido y dada en adopción, igual que su otro hijo. El hijo mayor era criado por la madre de Norma.El caso recorrió el mundo, tanto en la lucha que asistieron sus abogadas, como cuando se convirtió al evangelismo y se opuso al aborto con arrepentimiento falso.
España, en cambio, desde 2010 cuenta con una nueva ley titulada “de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, la que libera la práctica del aborto hasta la semana 14 de gestación, a petición de la embarazada. Su aprobación también fue resultado de largos años de debates, luchas y transformaciones ya que allí también el catolicismo tiene una presencia muy fuerte.
La ley autoriza también la práctica hasta la semana 22, en caso de grave riesgo para la vida o la salud de la mujer, o ante graves anomalías en el feto. También se establece la posibilidad de recurrir al aborto, sin límite tiempo, cuando se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida o cuando el feto tenga una malformación extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico.
En los casos de interrupción por causas médicas se solicitan dictámenes emitidos con anterioridad por dos médicos que no sean aquel que practique el aborto, salvo en casos de urgencia para la salud o la vida de la mujer. Sin embargo, en el último caso, el de una malformación fetal, se solicita que la confirmación provenga de un comité clínico. La nueva ley también otorga a las jóvenes de 16 y 17 años la posibilidad de decidir sobre la interrupción de un embarazo, que deben informar al menos a uno de los padres, salvo en los casos en los que corran riesgo de violencia.
En España, las reacciones fueron fuertes, a favor y en contra, pero la nueva ley representó avances en el respeto del derecho de las mujeres a decidir. Pero su aplicación es mucho más burocrática que lo previsto por el paradigma anterior, y el espacio para los objetores de conciencia parece ser el punto flaco, ya que continúa dando espacio para propender a la privatización de la práctica y retirarla del hospital público. Se exigen más documentos y pasos en la etapa previa.
Todas estas experiencias deben servir a la Argentina para no repetir errores en cuestiones vinculadas con la reglamentación de un aparato legal, que sin una bajada útil es solamente un aparato vacío. Porque los hospitales son los mismos que hasta la semana pasada, y las estructuras también. Y el acceso a los medios farmacológicos estará limitado por el laboratorio en cuestión, y sus ganas de venderle al Estado las cantidades necesarias. ¿Se verá el mundo desde la mirada de la mujer?