Fraude previsional | En medio de la investigación de la estafa previsional por abogados locales, los verdaderos damnificados son los jubilados que efectivamente trabajaron en entidades hoy sospechadas de fraude. Son los que se quedan sin nada, sin comerla ni beberla.
Hace apenas dos meses, cuatro abogados reconocidos en gestiones previsionales quedaron detenidos en el marco de una investigación federal por defraudación al Estado. Tramitaban irregularmente jubilaciones, en casos que implicarían una suma estimada en 14 millones de pesos, pero que podría ser mayor. Se los acusa de defraudación contra la administración pública, cohecho, falsificaciones y asociación ilícita.
Los profesionales detenidos fueron Rubén David Cagni, Luis Miguel Iroz, Roberto Luis Balbuena y Luciano Conrado Diez Suárez, quienes compartían el estudio jurídico Organización Previsional SRL, de Avenida Paso al 2800. Allí se iniciaban gestiones de pensiones y retiros por invalidez sustentados en documentación y situaciones apócrifas. El Juzgado Federal N°3, a cargo de Santiago Inchausti, autorizó una docena de allanamientos que ejecutó personal de Prefectura Naval Argentina, medida que permitió hacerse de material probatorio. Además del estudio jurídico, se allanaron domicilios particulares de los detenidos y de médicos que podrían estar involucrados.
Los involucrados podrían ser muchos más, ya que para completar la documentación requerida para estos trámites se necesitó de la participación y complicidad de médicos y quizás algún empleado o funcionario público. La mayoría de estos trámites tenían que ver con aportantes al sistema que declaraban grados de incapacidad muy superiores a los que podrían padecer, lo que les permitía acceder a beneficios que no les correspondían, o a jubilaciones muy superiores a las que se les podrían haber otorgado con una verificación más eficaz de los datos. Pero, ¿cuáles serán ahora los costados por los que la investigación se abrirá para buscar los posibles implicados?
Perjudicados
La primera fuente puede ser la información aportada por jubilados estafados en su buena fe. Por ejemplo Marcela Susana Rodríguez, quien obtuvo un beneficio jubilatorio actualmente dado de baja por haber presentado posibles irregularidades.
La beneficiaria informa que trabajó en la Clínica Mitre, y que su abogada —Alejandra Habib— intimó a la empleadora para que efectúen los aportes. Los declararon en AFIP, y así pudo obtener la jubilación mínima, de la que se encuentra abonando moratoria aún.
Pero ahora se sabe que los aportes en la Clínica Mitre fueron fraguados ya que, hecho, la esposa del detenido Balbuena obtuvo su retiro por incapacidad declarando aportes de ese sitio.
Ahora bien, la señora Rodríguez efectivamente trabajó en la Clínica. Es decir que, en el caso de que haya habido una irregularidad, ella la desconocía por completo. Pero queda sumergida en la investigación por jubilaciones obtenidas a través de documentos fraudulentos. ¿Qué sucede en estos casos? Rodríguez no es clienta de ninguno de los abogados hasta ahora acusados del fraude, pero aparece un nombre nuevo: el estudio Habib de Serebrinsky, que podría ser ahora el centro de otra investigación.
Pero la Clínica Mitre está en el ojo de las dudas. Oscar Berra, por ejemplo, psicólogo y deportólogo, cobró el último haber en diciembre de 2017, pero ya el mensual de enero 2018 le fue retenido: cobraba más de $40.000. La sospechosa declaración jurada del Empleador Clínica Mitre data de febrero de 2018. Su expediente es uno de los sustraídos en la UDAI: su letrado es David Cagni y la maniobra aparece a simple vista para los investigadores.
Pero Marcela Rodríguez, que efectivamente sí trabajó en la misma institución, resulta ahora perjudicada por la investigación sobre un haber mínimo que no cobrará. No es cliente del estudio de Cagni, sino de la letrada Alejandra Habib, esposa de quien fuera Jefe de la UDAI, es decir Tato Serebrinsky. Se abre una nueva ruta de sospechas.
Todo huele muy raro, más si agregamos (por ejemplo) que Claudia Fabiana Abraham, abogada y esposa de otro de los acusados —Balbuena— resulta que también registra como empleadora a la Clínica Mitre, pero sin transferencias.
La historia
Esta historia comenzó el 14 de abril de 2015, cuando Sergio Gustavo Fenzel —apoderado de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo— formuló la denuncia contralos abogados Luis Miguel Irós, Roberto Luis Balbuena, Rubén David Cagni y Luciano Conrado Diez Suárez. Todos ellos resultaban integrantes de la sociedad Organización Jurídico Previsional S.R.L. También figuraba en la lista José Ricardo Caliyuri, y los delitos previstos eran filtración de información, cohecho, falsificación de documentos y asociación ilícita.
Se relata en la denuncia que se intervinieron la Comisión Médica n° 12 A y B y la Secretaría Técnica Sur, por resolución del Superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan Horacio González Gaviola. Se recibió declaración testimonial a siete médicos y tres administrativos de la referida Comisión Médica, y todos coincidieron en manifestar algo similar: quien resultaría responsable de filtrar información técnica sensible para las resoluciones de cuestiones que hacen al funcionamiento de la Comisión Médica, o bien para la resolución de ciertos expedientes laborales o previsionales, es José Ricardo Caliyuri. Era él quien se encargaba de hacer circular esa información a través del abogado Irós. Todos dicen haber visto que el médico le otorgaba siempre trato preferencial a dicho abogado,y que lo hacía ingresar a su consultorio asiduamente a dialogar a puertas cerradas.
Existe también una declaración con reserva de identidad, en la que se relatan los pormenores de cómo se observó al médico Caliyuri trabajar en el domicilio particular del coimputado Balbuena: allí habría manipulado información y documentación relacionada con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Dos médicos más relatan haber recibido ofrecimientos de dinero a cambio de tener ciertas actitudes beneficiosas en los dictámenes de expedientes: “… Hace tres años recibí en mi estudio un paquete. Cuando lo abro había un libro y dentro de él había plata, $4.000. Me lo mandaba Irós. Yo lo hice llamar por mi secretaria del consultorio privado y lo cité. Irós fue y le devolví el libro y el dinero. Iros me dijo me haces sentir mal a lo que yo le respondí yo me siento peor, nunca me ensucié y menos ahora de grande, me lo mandaba porque según el trataba bien a la gente a lo que le respondí que yo trataba bien a todo el mundo”, declaraba la doctora María Beatriz Suárez.
Otro médico, Lima Quintana, dice: “… y un día se presenta nuevamente esa persona manifestando ser el doctor Irós, que trabajaba en un estudio jurídico, invitándome a cenar… En la cena me pide apagar los celulares y me dice que tenía varios casos en la CM y que ofrecía seis mil pesos por expedientes dictaminados a su favor, me dijo que se pagaba eso, otros expedientes tenían otro precio…”
Pero no solamente hay profesionales declarando para, lógicamente, deslindar responsabilidades y mantenerse lejos de las maniobras delictivas de los detenidos. También una clienta —Clemencia Catalina Vera— relató que comenzó los trámites jubilatorios en el estudio Cagni, y que hubo allí un certificado médico falso firmado por el Dr. Coelho, que también trabajaría en ese estudio. Declaró que ese médico nunca la atendió, y que también es falsa la firma que está en el Registro Público de Comercio. A esto se suma la declaración del profesional Fernando César Auad, quien afirmó que el negocio de Cagni son las jubilaciones truchas, ya que tiene un psiquiatra que firma informes falsos, un tal doctor Jones.
En cuanto a la Asociación Ilícita, la confirmación se encuentra en los datos de la misma denuncia: “… los aquí imputados han actuado de manera conjunta, direccionada, premeditada y dolosamente en la comisión de los ilícitos denunciados, siendo el Dr. Luis Miguel Irós quien en el reparto de asignaciones sería quien se encarga de encarar las relaciones personales con el personal médico de la Comisión Médica N° 12… sin dejar de mencionar que el Dr. Rubén David Cagni podría revestir el carácter de jefe de dicha asociación”.
Ya no nos falta nada. Cuando los sectores pasivos se encuentran en mayor grado de fragilidad por el deterioro de sus haberes, ahora resulta que los delitos cometidos por los que más ganan obstruyen el cobro de quienes han trabajado efectivamente con los mismos empleadores. Los que saquean las cajas de los viejos, con haberes fraudulentos de más de $40.000. Esto es un robo que no conserva ni siquiera pudor.