Fraude previsional | Varios abogados acusados de obtener jubilaciones por incapacidad con documentos adulterados. La investigación indaga en qué medida obtuvieron información y apoyo de parte de empleados del Estado. Algunos de los cómplices deben ser necesariamente médicos.
Tal como este semanario ha venido informando, continúa la investigación por el fraude al Estado, a cargo del Tribunal Federal 3, de Santiago Inchausti. Como se recordará, se investiga la forma en la que varios abogados locales gestionaron beneficios previsionales indebidos en los que se presentaban certificados de falsos desempeños laborales en varios sitios, los cuales fueron probanzas falsas necesarias para la adjudicación de beneficios jubilatorios a quienes no habían hecho los aportes para merecerlo. De la misma manera, se habrían conseguido beneficios por invalidez a personas que no presentaban incapacidad o un cuadro de salud que pudiera significar el grado de incapacidad que se hacía figurar en el beneficio otorgado.
Una de las protagonistas de la investigación es la médica Beatriz Suárez, quien declaró recientemente, y ante el tribunal ratificó los términos de una denuncia ya efectuada oportunamente. La profesional afirmó haberse desempeñado en su cargo en la Comisión Médica n° 12 hasta 2016, y que actualmente trabaja como médica de cabecera de PAMI ya que obtuvo beneficio jubilatorio respecto de su cargo institucional.
Dijo además que ella gestionaba expedientes por accidentes de trabajo, jubilaciones por invalidez o minusvalía. Por eso, le correspondía estar en contacto con las personas lesionadas que realizaban las gestiones, y también hacerles ciertos estudios que se sumaban a los que ellos aportaban de sus médicos particulares. En algún momento fue ella la coordinadora de la comisión médica, y por esa razón muchos abogados le realizaban preguntas acerca del curso de un expediente: más exactamente, acerca de la fecha en la cual estaría listo un dictamen, pero no sobre su resultado porque –aclara— no correspondía.
De esa manera recibió, como a otros profesionales, al hoy imputado Luis Irós. Cuando el abogado llegaba, la puerta del despacho permanecía abierta, de manera tal que no había conversación privada entre ambos, y la médica lo destaca. Pero narra también que una vez Irós fue a su consultorio particular, de Catamarca y Rawson, y le dijo: “Vengo a agradecerte por lo bien que tratás a la gente. Tomá, acá te dejo”, y apoyó un libro sobre el escritorio. Era muy tarde, y la doctora estaba ocupada con pacientes, por lo cual no miró el presente en ese momento. Cuando abrió el paquete, encontró un libro de viajes, con muchas fotos, dentro del cual había $4.000. Inmediatamente lo llamó por teléfono y le dijo que viniera a buscar eso, porque no se lo iba a aceptar. Irós demoró tres días en volver al lugar y llevarse en fallido regalo. “Me hacés sentir mal”, fue la frase con la que Irós apuntó a Beatriz Suárez cuando fue a retirar su dinero. La médica afirma que le pidió que no hiciera nunca más algo así, que ella le respondía sólo preguntas simples que le hubiera contestado a cualquiera, abogado o beneficiario. Por ejemplo, acerca de las razones por las cuales un expediente estaría demorado.
Irós retiró su dinero y dejó el libro sobre el escritorio. Nunca más volvió. Si bien no hubo una denuncia inmediata, Suárez narró lo sucedido a la Gerencia de Buenos Aires, y a partir de esto se produjo una intervención en la Comisión Médica 12. Relata, además, que sabe que fue echado el médico Fernando Fernández, quien fue acusado de falsificar la firma del psiquiatra Guevara.
El despacho
Pero claro que esto no fue todo. El juez aprovechó a preguntar sobre todos los aspectos del procedimiento acostumbrado, en pos de los avances de la investigación. Inquirió entonces, sobre cuál de los médicos consideraba ella que tuviera una relación diferente con los abogados en cuestión. Suárez dijo un nombre: Irós entraba siempre al consultorio del médico Caliyuri, y hasta lo había visto usando su teléfono. Pero agregó sin embargo que los abogados hoy imputados siempre adjuntaban certificaciones de los mismos médicos: Eiras y Martínez Campoy.
Citado a prestar declaración indagatoria, el médico José Ricardo Caliyuri se defendió con uñas y dientes de las acusaciones de posibles arreglos. Debía explicar las razones por las cuales Irós lo visitaba asiduamente, y así lo hizo.
El tribunal le informó que se lo acusaba de formar parte de la Organización Jurídico Previsional SRL, una firma que se dedicaba a obtener beneficios previsionales ilegítimos, junto con los abogados Roberto Balbuena, Miguel Cagni, Luis Irós y Luciano Diez Suárez, quienes perjudicaron al Estado en un daño patrimonial de más de 90 millones. A partir de la voluntad de un cliente, la firma simularía una vinculación laboral mediante la presentación de denuncias falsas o de la carga de declaraciones juradas apócrifas, para lo cual se utilizaba documentación también falsa.
En los casos de los retiros por invalidez, la Organización habría encontrado la forma de influir en las decisiones de la Comisión Médica 12, para lo cual habrían debido obtener información reservada para los integrantes de la institución. De hecho, Irós habría ofrecido dinero concretamente a los médicos Suárez y Lima Quintana, quienes lo denunciaron oportunamente. Con ellos buscaban obtener un dictamen favorable a sus pretensiones de las gestiones médicas.
El médico explicó extensamente la forma en la que accedió a su cargo, y el cuidadoso método que se utilizaba para dar curso a los expedientes en el interior de la comisión, de manera tal que ninguna firma por sí sola hubiera sido definitiva para la resolución positiva de un expediente.
De todas maneras, Caliyuri relató lo sucedido en la auditoría del 2013, instancia en la que ya se dio a entender que él compartía información sensible con Irós. Allí, él explicó que no era cierto que el abogado en cuestión tuviera asiduidad con su consultorio, sino con el de todos: “Irós tenía mucha familiaridad dentro de la comisión, saludaba a dos o tres dentro de la administración que siempre eran los mismos, pasaba por el consultorio del doctor Slavin, pasaba por el consultorio de ‘cajita’ Fernández, de allí iba al fondo al despacho del doctor Martinelli y le regalaba lapiceras, de ahí subía al consultorio de la doctora Suárez.” Así le devolvía ojo por ojo el favor a la médica declarante.
El bar
Agregó que, tal como lo había denunciado en 2013, la conexión con Irós no era él sino el doctor Lima Quintana, con quien se reunía en el bar Georgia, detrás de una columna. Y que los otros implicados eran Semensi y el doctor Lucena, que les decía a los pacientes a qué abogado ir.
Agregó: “mi relación es mala con Irós, porque quiso seducir a mi esposa”, pero no niega conocer a los otros acusados: haber actuado como médico, concurrir a tomarles la presión o acompañarlos a caminar como parte de su tratamiento. Dijo no saber quién más estaba implicado en el cobro de dinero para sacar expedientes positivos, aunque explicó claramente que a Fernández le decían “cajita” porque cobraba para todo.
Caliyuri expuso además sus dudas sobre la participación o no de Beatriz Suárez en las maniobras delictivas de la comisión. Es decir que el médico parece haber dicho: “si abrimos la tapa, la abrimos para todos”. Desparramó dudas sobre casi todo el personal con el que compartía tareas, y dio datos precisos sobre quienes fueron testigos del intercambio de sobres que se llevaba a cabo en el bar Georgia. Típico caso del que, si se hunde, se lleva medio barco con tripulación y todo.