Contra la comuna | Varias presentaciones judiciales que apuntaban a decisiones políticas de la nueva gestión municipal fueron desestimadas, sin que la prensa local diera espacio a la difusión de ese rechazo. Para los funcionarios políticos, tales omisiones buscan poner en duda la gestión local.
El juez en lo Contencioso Administrativo Simón Isacch rechazó la modificación de la tarifa del transporte. Una decisión más que se une a varias otras, que deja sin efecto sendas presentaciones que cuestionan las políticas implementadas por la gestión municipal actual. Desde Cambiemos, se habla de un intento directo de judicializar las acciones de la comuna, impedir la administración de los recursos públicos, obstaculizar la administración, finalmente, “minar la gobernabilidad del intendente Arroyo”, ya que lo consideran como una verdadera acción destituyente.
Quizá, la más resonante de estas cuestiones fue la presentación contra el aumento del boleto de colectivo. Argumentaba que la decisión del incremento no se había tomado con todas las condiciones legales, ya que en la reunión del Concejo Deliberante en que se trató no se encontraban la cantidad reglamentaria de miembros de la Comisión de Transporte.
El subsecretario de Legal y Técnica de la Municipalidad opinó respecto de una primera manda judicial, la que pretendía volver a regular el precio del boleto del colectivo, que fue dejada sin efecto por el mismo juez que la dictó: “será la Cámara de Apelaciones la que resuelva si se mantiene o no la cautelar, que por ahora está suspendida”. Respecto de la motivación sobre la que se basa la apelación que interpuso el municipio, sostuvo: “entendemos que no hay motivo ni argumento para dictar una medida cautelar, ya que no hay ningún elemento que justifique el dictado de la misma.” Además, sobre la legitimación de Leandro Laserna y Marcelo Artime para pedir la nulidad del aumento del boleto, Gil de Muro aclaró: “una de las medidas de prueba es solicitar a la SUBE los antecedentes de los viajes que efectuaron estos supuestos usuarios del transporte público de pasajeros.”
También Alejandro Vicente, secretario de Gobierno de la comuna, aseguró que la única razón detrás de muchas de las acciones legales es entorpecer la labor del Ejecutivo municipal. Esta misma semana, dos mandas judiciales dieron la razón a la administración municipal en tema de fotomultas y funcionamiento de la hemeroteca, con lo que, en palabras de Vicente, “no hacen más que confirmar que muchas veces se intenta hacer que el Gobierno municipal tenga algún tipo de traspié.” La falta completa de una correcta cobertura de prensa de los destinos que estas presentaciones judiciales plagadas de reveses han tenido, parece darle la razón.
Vicente, en diálogo con la 99.9, aseguró que estas acciones judiciales buscan afectar al Gobierno municipal de una manera poco habitual y utilizar la vía judicial para cubrir especulaciones políticas.
Fotomultas
El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani había presentado ante la Fiscalía General una denuncia penal por posible defraudación en perjuicio de la administración pública por parte del Gobierno municipal actual, en virtud del proyecto para implementar las fotomultas. En la presentación se establecía que, de imponerse esa modalidad, el perjuicio para la municipalidad “rondaría los 50 millones de pesos”.
Pero las pruebas planteadas por el fiscal eran únicamente notas periodísticas, que mencionan las diferencias entre la licitación pública que impulsaba la anterior gestión municipal, y la contratación directa que promovía el gobierno de Carlos Arroyo. Es decir, la primera preveía que el 66% de lo recaudado quedara para el municipio, el 20% para la provincia y el 14% para la empresa adjudicataria. En cambio, la nueva gestión desactivó ese proceso licitatorio, al que se habían presentado dos firmas, y propuso un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata, que encargaría las labores técnicas a la Cámara Empresaria de Control y Administración de Infracciones (Cecaitra). Finalmente, la misma Fiscalía 10 desestimó las acciones porque no encontraba que se incurriese en delito, pero ningún medio de prensa lo difundió.
Luego de esto, la Asociación Amigos de la Hemeroteca de la Municipalidad de General Pueyrredon inició un proceso con el objeto de solicitar que la Municipalidad de General Pueyrredón declarara patrimonio histórico cultural al conjunto de documentos que componen la Hemeroteca Pública, que es propiedad del municipio, para lograr así la correcta preservación. Solicitaba además la inmediata reapertura del establecimiento: se pedía que se arbitraran los medios necesarios, a los fines de que se restituyera el servicio de consulta de diarios que brinda la hemeroteca, con las condiciones de seguridad y formas que requiere.
La presentación legal planteaba que la Hemeroteca de la Municipalidad de General Pueyrredón había sido creada para integrar, ordenar, custodiar, preservar y disponer para consulta al público los ejemplares de periódicos, diarios y revistas editados a nivel local y nacional. Pero que luego de varias mudanzas -y atendiendo al aumento de volumen de las colecciones y la falta de una construcción edilicia apropiada-, el acervo de la hemeroteca había sido depositado en el Archivo Museo Histórico Municipal Robero T. Barili. Sostenía que existen disposiciones constitucionales, internacionales y legales que se incumplen al estar interrumpido el servicio de la hemeroteca, porque se estaría vedando el acceso a la información y a la historia de todos los ciudadanos.
Pero resulta que el juez comprueba que, más allá de un mejor o peor servicio, la hemeroteca se encontraba funcionando, lo cual invalidaba todo el resto de la petición: “las circunstancias de hecho que alega la actora para la petición cautelar han quedado controvertidas con el informe producido por la accionada, razón por la cual ha quedado morigerado el motivo que generaba el perjuicio que se quería evitar con la medida cautelar requerida”.
La discusión respecto del porcentaje de material a disposición del público o la falta de alguna obra no parecen merecer la atención cautelar requerida, sino más bien una cuestión a dilucidar en la sentencia. Dice el juez: “Si bien la actora se mostró insatisfecha con el modo en que se está brindando actualmente el servicio, no puede desconocerse que la hemeroteca está funcionando”. Y lo desestimó.
Pasajes
Pero quizá lo más resonante de las pretensiones judiciales en contra de la actual gestión han sido las quejas por el aumento del boleto de colectivo, que muchos han considerado ilegal. La cuestión llegó incluso a revolver el seno de otros partidos, como por ejemplo el cuestionamiento a Lucas Fiorini en el Frente Renovador, que muchos vinculan con esta votación reñida.
La causa se inicia por una demanda promovida por la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (ACUBA), que buscaba la anulación de la Ordenanza 20.153, publicada el 15 de febrero de 2011, que habría aumentado de manera ilegal el precio del boleto de transporte público de pasajeros. Los accionantes argumentaron que, ya en aquella oportunidad, no se cumplieron los pasos legales necesarios para darle validez a una norma de carácter general que impacta directamente en todos los usuarios. Refirieron en dicha presentación que la pretensión no se encuentra enfocada exclusivamente en defensa de la legalidad, sino que persigue además la regresión del precio al anterior a la puesta en vigencia de la norma cuestionada: según ellos, debía ordenarse a las empresas prestatarias del mencionado servicio que cesaran en el cobro del incremento respecto de todos los usuarios del mismo en el ámbito de este distrito. Hasta plantea una pretensión colectiva dirigida a que se le restituya a la ciudadanía las sumas de dinero que hubieran pagado, por haberse aplicado durante todo un año una tarifa inválida.
Pero el juez en lo contencioso administrativo Simón Isacch respondió que la asociación no ha traído al pleito elemento alguno que permita establecer quiénes son sus asociados. No ha aportado pruebas que justifiquen la representación ni la necesidad de actuar en defensa de la ciudadanía y, conforme ya lo anticipara, tampoco otorgó a la ciudadanía -que en forma global dice representar- la opción de participar o ser excluida de este proceso. Por esa razón, rechazó la demanda promovida.
Ante esta situación, el subsecretario de Legal y Técnica de la Municipalidad Gil de Muro habló con la 99.9 y explicó la motivación sobre la que se basa la apelación que interpuso el Municipio que niega la cautelar y duda de las motivaciones de Artime y Laserna, a quienes vincula a los intentos políticos de desestabilización. El funcionario explicó que, a su criterio, esta medida generó perjuicios: “se genera un desprestigio y una subestimación hacia las instituciones del Estado, porque hubo sanción de una ordenanza, y 4 meses después se pretende generar un estado de incertidumbre, generando una confusión en la justicia y en la población.”
Pero una vez más, profundo silencio en las primeras planas de los medios gráficos: nadie dice que, por más que insisten, no cuelan una sola presentación en los mostradores de tribunales.