Estafas reiteradas. Al dueño del diario El Balcarceño, Juan José Seco, se le comprueban sucesivas estafas escandalosas, con interpretación de personajes apócrifos y documentos falsificados. Sin embargo sigue al frente de su multimedio como si tal cosa: a esto le llama “todo legal”.
Seco es un personaje de los medios en la ciudad de Balcarce. Hoy es responsable de Seco Multimedio, desde donde produce el diario El Balcarceño, que se imprime en Olavarría. Tiene también una radio FM, la Fox. Sin embargo, hoy lo llevan a juico por múltiples estafas que nos hacen pensar en el tópico titular del Cuento del tío.
Cuando tuvo ocasión de declarar ante la Fiscalía de Delitos Económicos, se negó. Aclaró sin embargo que sus ingresos de alrededor de $150.000 provienen de sus múltiples ocupaciones. Dice ser concesionario del patio de comidas de Carrefour de Balcarce -de donde partió dejando una deuda de $200.000-; del cine y teatro Hollywood I y II; de La Pulpería, en el cerro de la ciudad; de la mencionada radio del 101.7, más su multimedio que funciona a nombre de su hijo Octavio.
El proceso se inicia cuando es casi abrumador el listado testimonios en su contra, y se lo acusa de estafas reiteradas con uso de documento privado falso contra particulares de Mar del Plata.
Su proceder era sumamente complejo, y requirió indudablemente de muchas complicidades que se irán desenmarañando en el curso de esta investigación, aunque hasta el momento se ha podido probar que ha sido efectivamente él el protagonista, ya que los estafados lo han reconocido en todos los casos a través de un registro fotográfico.
Su estrategia comenzó en varios casos de la misma manera: Seco se hacía pasar por representante de un estudio jurídico de Puerto Madero, obviamente inexistente, que decía asesorar al expresidente Néstor Kirchner y a numerosos bancos privados. Se titulaba Martínez Arrechea y Cía, nombre que a las posibles víctimas les resultaría familiar, ya que en Mar del Plata existe una inmobiliaria con ese nombre, que jamás contrató a Seco ni supo de su existencia.
Afirmaba además que este estudio estaba en condiciones de vender propiedades inmuebles a un precio mucho menor al de plaza, ya que –y aquí invocaba la Ley 24.441- era posible caucionar la deuda mantenida con el banco por honorarios de los abogados. La deuda caucionada era absorbida en el expediente judicial y, vencido el plazo intimatorio para el deudor sin que éste abonara la deuda, se entregaba la posesión judicial del inmueble. Así lo vendía.
Así le funcionó con María Beatriz Isi en septiembre de 2009, que era pareja de un hombre a quien Seco conocía de la juventud: Luis Morello. Aprovechando este conocimiento, y que ambos buscaban una casa para mudarse, les ofreció una ganga: una casa recién reciclada en calle Roca al 800 de esta ciudad, que le costaría solamente u$s68.000.
Tras una primera reunión, Isi afirmó no tener ese dinero, tras lo cual Seco le propuso inmediatamente un plan: debería pagar un adelanto para reservar la operación, que serían u$s28.000, y los restantes 40.000 al concretarse la posesión. Le sugirió además que vendiera su automóvil Audi para aprovechar esta oportunidad, ya que obtendría no menos de u$s20.000. El resto, él mismo se lo gestionaría con un crédito hipotecario.
Así asesorada, Isi se entusiasmó, vio la casa y confió porque estaba allí una mujer con las llaves, que dijo ser empelada de la inmobiliaria. Y de hecho lo era, sí. Era empleada de una inmobiliaria, pero no de la que Seco decía ser parte: afirmaba que la inmobiliaria Martínez Arrechea dependía del estudio jurídico homónimo.
Los personajes
Así que en ese mes, la señora Isi pudo señar con u$s20.000, tras lo cual Seco le ofreció poner él mismo de su bolsillo los u$s8.000 restantes, y que ella se los devolviera cuando cobrara cierto juicio. Así sucedió: ella le entregó los 8.000 dólares de la seña que faltaban, en el mes siguiente.
Sin embargo, la hoy denunciante solicitó una reunión con los titulares del estudio jurídico, a lo que Seco accedió, y viajaron a Capital junto con su pareja, Luis Morello. Pero Seco puso una excusa para la suspensión repentina del encuentro: adujo que había muerto la suegra del mismísimo Martínez Arrechea.
De todas maneras, la señora Isi vendió un lote que poseía en la localidad de Santa Clara, y llamó para informar que ya tenía el dinero que se le pedía para la posesión, tras lo cual Seco le propone un nuevo plan: que le entregue solamente u$s27.000, y con los restantes u$s13.000 compre vehículos para revender, ya que de esa manera no se descapitalizaría: él podía financiar el pago en doce cuotas de u$s1.084.
Pero no se trataba de cualquier coche: los autos que Seco ofrecía constaban en una lista que él tenía en su poder, y decía provenían de las actividades del estudio jurídico, obviamente ficticio. Él afirmaba ante sus víctimas que el estudio trabajaba con una fiscalía, y que tenía la posibilidad de vender vehículos prendados que se iban a subastar por falta de pago. La única condición era pagar el monto que reclamaba el acreedor antes de que se concretara la subasta, es decir que los precios eran irrisorios.
En esta movida, la señora Isi invirtió $46.900 a cambio de unos coches que nunca se le entregaron, pero sí recibió por el dinero recibos falsos y órdenes de reserva de los vehículos, que tenían membrete del mentado estudio.
Claro que cuando empezó a pasar el tiempo, Morello llamó a Seco y hubo un encuentro en una hamburguesería de la ciudad, en la cual se produjo un forcejeo, porque las víctimas ya sospechaban la estafa. Tras esto, y de una promesa de devolver el dinero, Seco les hizo llegar u$s10.000 a través de su hijo Octavio.
Pero la casa de calle Roca existía, y efectivamente estaba a la venta: pertenecía a la familia Conde, que finalmente concretó la operación en 2010. Una de las inmobiliarias que la había tenido en oferta era Ordieres, donde había una empelada, Virginia Del Río, la mujer que dijo haber visto Isi con las llaves de la propiedad. Del Río también declaró, y explicó que efectivamente conocía a Seco porque había sido compañero de colegio de su hermana. Con su habilidad manifiesta, había pasado por el local diciéndole que él conocía gente, y que muchas veces le pedían propiedades para comprar.
Así resulta que Seco llegaba con sus propios clientes, aunque a Virginia no dejaba de llamarle la atención la manera en la que las personas hablaban como si se fueran a mudar al día siguiente, y hasta planeaban la manera en la que distribuirían sus muebles, aunque en ningún caso volvieron ni le hicieron una oferta concreta. Pero Seco se volvía difícil de rastrear, cambiaba de celulares y siempre usaba números con ID protegida.
Es que el tal Seco no es ningún improvisado. Ha firmado recibos a troche y moche, muchos de ellos a nombre de un tal Juan Ignacio Martínez Arrechea, como aparente apoderado de la firma, que por supuesto jamás existió ni figura en el Colegio de Abogados nadie con ese nombre. Las pericias caligráficas dicen que las firmas le pertenecen a Seco.
La concesionaria
Por supuesto que éste no es el único caso. Actualmente se le imputan siete casos similares, aunque quizá el más impactante sea el que perjudicó a un posible comprador de coches: Miguel Angel Maviglia. El damnificado conoció, en la compañía de seguros Federación Patronal, a un tal Marcelo Lagui, que decía vender coches de la fiscalía de calle 1 y 60 de La Plata, siempre y cuando se pagara su deuda antes de la subasta pública.
A partir de allí hubo una reunión en el restaurant Piazza de la costa con el tal Lagui, a la que se sumaron un tal Marcos y Maximiliano, hoy identificado como Maciel, quienes dijeron ser policía custodio y chofer de la fiscalía respectivamente. Allí le explicaron al cliente que esto era “todo legal”, y le exhibieron una lista de autos que él podría comprar a un precio muy inferior al de plaza, ya que la ley así lo permitía: es suficiente con pagar la deuda que reclama el acreedor antes del remate. En la reunión siguiente, en Nautical, al pobre Maviglia le presentaron un supuesto fiscal, el papel interpretado por Seco, para darle más veracidad al asunto.
Maviglia estaba interesado en una camioneta 4×4 Toyota Hilux y un Chevrolet Astra modelo 2007. Pagó por adelantado $18.000 en su domicilio particular, y recibió a cambio un recibo impreso en hoja oficial del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, con estampa del sello medalla de la UFI de flagrancia, firma y sello de un fiscal: Juan Manuel Cubas.
Pero el fiscal real se llama Paulo Cubas, y en plena feria judicial del 2009 recibió en su despacho el aviso de que un tal Maviglia lo esperaba con un oficio firmado por él, que quería retirar sus coches porque estaba harto de esperar. Obviamente despertó una señal de alarma: el funcionario sabía que jamás había firmado un documento así. Por esa razón, citó al reclamante directamente en la DDI, donde se le tomó declaración.
Enterado del ardid, Maviglia llamó a su contacto con el grupo, Maximiliano Maciel, y lo citó en el bar de Hipólito Yrigoyen y San Martín, donde el estafador fue aprehendido por la policía provincial. Luego se allanó su domicilio de Belgrano al 6000, donde se incautaron las hojas en blanco con membrete del Poder Judicial, idénticas a las que se habían usado para la estafa, y una computadora personal en cuyo rígido constaba el documento con el listado de coches que se había ofrecido al denunciante. Seco, el supuesto fiscal, fue identificado otra vez desde el registro fotográfico.
Así y todo, el tal Juan Seco se da el gusto de no declarar, y la AFSCA le sigue permitiendo ser titular de un multimedio, con semejante prontuario. Una empresa que incluye un diario de distribución gratuita, que a todas luces sería imposible de mantener en términos legales, es decir sosteniéndose con la publicidad que vende. Un medio que sirve para el verdadero apriete mafioso hacia una comunidad que lo padece, porque su dueño parece no tener escrúpulos. Seco hace así las cosas: “todo legal”.