Pesca en Mar del Plata | El juez Inchausti impidió que dos buques aptos participaran de la zafra del langostino. Siguió una denuncia caprichosa que aseguraba que ninguno de ellos reunía las condiciones de seguridad, pero los controles de Prefectura estaban hechos. Las pérdidas serían cuantiosas.
Recientemente el juzgado federal n°3 de Mar del Plata comunicó a la Prefectura Naval Argentina, delegación local, que se había dispuesto la interdicción de los buques Pucará y Juan Pablo II. La prohibición de navegar se mantendría hasta tanto fuera controlada su aptitud y su seguridad para navegar, control que sería llevado a cabo por personal competente de la autoridad marítima. Para tal fin sería necesario autorizar los planos de las modificaciones necesarias.
La medida era firmada por el juez que nos tiene acostumbrados a la permanente arbitrariedad: Santiago Inchausti, en dueto inolvidable con la fiscal Laura Mazzaferri. ¿Por qué? Bueno, porque a alguien que se llama Roberto Maturana le pareció oportuno radicar una denuncia sobre sus impresiones personales, y decir que quizá no estaban dadas las condiciones de que ciertos buques que llevan a cabo pesca por temporadas con fines de exportación, como por ejemplo la zafra del langostino, se hicieran a la mar con el fin de sostener no solamente la industria pesquera sino además la fuente laboral de una enorme cantidad de personas a bordo y en tierra.
Maturana lleva adelante desde hace años diversas denuncias que pretenden hablar de una mafia enquistada en el puerto local, pero además de una depredación de los recursos naturales que estarían llevando a cabo los buques que explotan el langostino en el sur, y que —afirma él— irán tras la merluza hasta diezmar la población. Es decir que esta no es su primera denuncia ni será la última.
Tiempo perdido
La cuestión es que, ni lerdos ni perezosos, los responsables del fuero federal le dieron la derecha de manera inmediata, y sin que mediara el más mínimo recaudo de veracidad de los hechos, determinaron la medida cautelar que llevó a la interdicción de los barcos mencionados, a pocos días del inicio de la brevísima zafra del langostino. Suena sospechoso que no haya sido en otro momento del año.
La cuestión central es que el anuncio no cayó sobre la nada. Este año el langostino ha sido tema de discusión resonante en medios locales y nacionales, ya que —merced a ciertos anuncios del INIDEP— se decidió modificar las fechas de la zafra, porque la población no había alcanzado el tamaño requerido. Y mientras esto sucedía, se inició una polémica acerca de la participación de los barcos fresqueros en la breve zafra, ya que ellos pescan sin observadores a bordo. Se trata de unos pocos días fatales de los cuales depende una enorme parte de la economía del sector, por lo cual las autoridades provinciales de Chubut salieron a tranquilizar a la población respecto de la sustentabilidad del recurso.
Ajeno a la mayor parte del problema, el magistrado federal se limitó a dictar que los barcos permanecerían interdictos, es decir no participarían de la temporada, lo cual fue comunicado por las autoridades marítimas a los apoderados de la firma, Sudamérica Palangre S.A., propietaria del Juan Pablo II.
Los abogados designados por la empresa, Oscar Gerez y Rubén Legler, se dirigieron inmediatamente a la autoridad judicial mediante una presentación, por medio de la cual solicitaron el levantamiento de la medida cautelar que consideraron injustificada, en virtud de las razones que exponen.
Explican allí que la firma que ellos representan no sólo tiene el buque Juan Pablo II sino otros de similar función, más una planta de elaboración en Vivoratá, desde la cual se exportan sus productos al exterior. Entre esa planta y la flota pesquera los empresarios emplean a más de un centenar de personas.
Los controles
Los abogados explicaron claramente que la firma, como se avecinaba la zafra del langostino, procedió a acondicionar el barco para tal fin, e hizo colocar las artes de pesca que resultan apropiadas para ese tipo de captura, es decir tangones. Para eso, el buque permaneció casi tres meses en el astillero naval Federico Contessi, y todo ese proceso fue controlado por la autoridad marítima, que es la única autorizada para tal fin, y responsable de la seguridad de la navegación en aguas nacionales y provinciales.
Es decir que las modificaciones que el juez reclama ya fueron aprobadas por la Prefectura Naval Argentina, y la Dirección Nacional de Coordinación de Pesca. Es decir, ¿quién más va a venir a controlar el barco? ¿El juez Inchausti?
Pero este trámite no es todo. Una vez que la modificación se autorizó, se abrió un expediente ante la División Técnica Naval de la Prefectura Naval Argentina. Así se verificaron los planos requeridos para ese tipo de modificación, y se solicitó la aprobación de ese expediente. Así se obtuvo el nuevo manual de carga y estabilidad para prensa convencional de arrastre y tangones. Explica: “la aprobación del expediente ante la División Técnica Naval y la verificación de inspecciones extraordinarias propuestas por la máxima autoridad de control para todos los buques que realizarán tareas extractivas sobre la especie langostino con resultado satisfactorio y sin pendientes, generan un argumento técnico y legal suficiente para determinar que las condiciones de seguridad de la embarcación se encuentran acordes al marco legal que lo regula en todo concepto”.
Las copias certificadas por la Prefectura incluyen plano de lucha contra incidencia, dispositivo salvavidas y medios de evacuación, plano de pórtico y tangones, planos de arreglo general y gestión técnica. También hay copias de las certificaciones de las inspecciones realizadas por la Prefectura Naval desde marzo a junio, con un oficial designado.
Por todo lo expuesto, la firma puede dar cuenta de haber cumplido con todo lo establecido por la normativa naviera vigente: “ha cumplido con las exigencias que permiten al buque iniciar sus operaciones”. Es decir que mantener el barco como interdicto pasa a ser una medida arbitraria que genera un perjuicio económico enorme, sobre todo cuando se tiene en cuenta que se trata de una temporada sumamente breve. De esta manera, los abogados exponen el posible lucro cesante, y piden que se habilite al barco a navegar.
Mientras tanto, la conclusión que la opinión pública puede extraer de una cuestión técnica sumamente específica es que la justicia federal local continúa en manos de quien ha fallado durante años de manera arbitraria, y ha tomado decisiones caprichosas en casi todos los temas. De esta forma, la presencia del Estado en el cumplimiento de la ley sigue pareciendo más un hecho eventual que depende de los pareceres particulares y de los intereses creados. ¿O usted ve que cambie algo?