Fiscales insolventes | Un juez tuvo que sobreseer a los acusados de los saqueos del 2013, porque el fiscal había cometido muchos errores en el proceso de acusación. Es De Marco, que no pegó una. Seguro que lo ascienden.
En un fallo reciente, el juez Aldo Carnevale no tuvo más remedio que dictar la nulidad de la acusación fiscal, y en consecuencia absolver libremente a los enjuiciados. Eran los acusados del delito de robo agravado, porque lo cometieron aprovechando un estado de conmoción pública, y con la participación de menores de edad en grado de tentativa.
El hecho se había cometido en Mar del Plata, el 9 de diciembre de 2013, en la Feria Comunitaria ubicada en Fortunato de la Plaza y Heguilor. De hecho, con ese dato nomás se empiezan a enumerar los yerros, porque en un primer momento, se inscribió como damnificada del robo a la propia feria, hasta que se aclaró que esa firma en realidad alquila los locales a particulares, que son los pequeños comerciantes los que estuvieron expuestos al saqueo.
Dice Carnevale que la acusación fiscal violó el principio de congruencia, y, en consecuencia, el derecho de defensa en juicio. Las razones son varias, y preocupa pensar que alguien cometa tantos errores sin querer. Para comenzar, el fiscal basó su convicción en los dichos del policía Cristian Federico Marcozzi, que fue quien dijo que aquel día, cuando llegó a la feria de Heguilor, vio gente que entraba y salía con mercadería, y que por eso puso un patrullero obstruyendo la entrada. Luego, refirió, con su compañero comenzaron a detener a todos los que salían con mercaderías en la mano. Refirió que eran más de 30 personas, y hasta relató que uno de ellos salía corriendo con un insignificante adorno para tortas. Cuando se le preguntó por qué no aparecían los registros de mercaderías que hubieran sido secuestradas en el procedimiento, indicó que en ese momento la gente estaba “enardecida” y les tiraba piedras. Por la misma razón, dijeron, no pudieron conseguir un testigo que confirmara los hechos.
Pero, afirma el juez, el tema es que el fiscal De Marco tomó como ciertas estas palabras “para justificar su apartamiento de las formas legales”. Es decir que metió la pata desde el arranque nomás.
Las cosas se complican cuando da testimonio Pablo Averza, el otro policía, y ahora ya las personas que salen con mercaderías son más de cien. El tercero es Tomás Antúnez, que los complicó a todos: dijo que había visto mercadería secuestrada por la policía. Pero esta mercadería presuntamente robada por los protagonistas del saqueo, y luego presuntamente secuestrada por la policía, no apareció nunca. Es decir que el fiscal inició el proceso acusatorio solamente con algunos dichos, porque no hay ningún objeto fehacientemente secuestrado en la oportunidad, para dar cuenta de que el saqueo ocurrió. Aunque fuera en grado de tentativa.
Dice Carnevale: “Realmente, en este contexto habría que hacer un gran esfuerzo para sostener la petición del fiscal, porque la falta de secuestro de los objetos presuntamente sustraídos se la pretendió soslayar con los dichos de estos funcionarios policiales, los que no sólo han sido contradictorios entre ellos sino que incluso el titular de la dependencia (Marcozzi) faltó a la verdad”.
El mentiroso
Marcozzi había dicho que no secuestraron las cosas sustraídas porque el barrio estaba enardecido y les tiraban piedras. Y que por la misma razón no se habían registrado testigos de los hechos. Pero sus dichos fueron desmentidos por varios testigos, sobre todo por Pedro Puig, el dueño de la fiambrería, que señaló que cuando la horda de personas entró gritando y tirando piedras -más de 200-, él se retiró junto con otras personas por una puerta lateral. Que cuando escucharon las sirenas policiales volvieron a la feria. Entonces, encontraron un montón de gente tirada en el piso, alrededor de 30 o 40 personas, y que ellos les dijeron que no los miraran.
Dice el juez: “del mencionado testimonio surge claramente que la versión de Marcozzi sobre la hostilidad del barrio no es cierta, porque al momento de la presencia de Puig, la situación estaba controlada”. Pero además, explica que lo dicho evidencia no sólo la falsedad del policía, sino además la irregularidad de la acción policial completa, porque Puig claramente fue testigo del secuestro de la mercadería que nunca apareció. Antúnez dijo que cuando se llevaron a los aprehendidos, el personal policial se quedó con las cosas secuestradas.
Según la testigo Andrea Celeste Do Prado, los patrulleros estaban a más de treinta metros del lugar donde los había ubicado el policía en su relato. Por eso, Wenceslao Méndez, el defensor de Carolina Vera, cuando comenzó su alegato final, señaló que el hecho de que el fiscal hubiera propiciado este debate con las irregularidades señaladas no era un buen mensaje para la sociedad, y que exponía directamente a la administración de justicia.
Dice el fallo del juez: “Debo señalar que, desde el inicio del debate, advertí que los lineamientos del fiscal no cumplían las condiciones necesarias para ser consideradas como una imputación válida, ya que no existió una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho, pero así llegó a juicio la causa y en el mismo contexto la continuó el acusador”. No sólo no se describió cuáles eran las cosas que se habían sustraído, sino tampoco quién era el damnificado de esas sustracciones, extremo este que pretendió develar en el debate, pero tampoco lo logró.
Tampoco quedó del todo claro cuál había sido la intervención de los supuestos menores en el hecho, aunque así pretendió determinarse. A esto se suma que los 14 acusados que efectivamente fueron llevados a juicio por el fiscal fueron sorprendidos con que, al momento de los alegatos, el acusador modificaba la materia de su tarea, y cambiaba las figuras legale,s toda vez que agregaba información no contemplada. Errores que no puede cometer un estudiante de Derecho.
La pobre gente
La credibilidad del Poder Judicial está en uno de sus peores momentos. El 77% de los argentinos no confía en el sistema de justicia. Sólo el 3,1% tiene mucha confianza en el Poder Judicial, el 15,1% apenas mantiene algo de confianza, un 41,1% le tiene poca confianza, y un 35,9% no le tiene nada de confianza. Los menores de 40 años son quienes menos confían en los jueces.
La credibilidad del Poder Judicial es inversamente proporcional a la mayor preocupación que hoy tiene, según esta encuesta, la ciudadanía: la inseguridad. Con el 34,5%, es el tema que más inquieta a los argentinos. La cifra impresiona, pero más aún el crecimiento respecto al mes anterior, el 16,1%, casi el doble. El ranking de preocupaciones lo completan la desocupación (14%); la inflación (13,1%) y la corrupción (12,2%).
La crisis del sistema judicial da lugar a una cifra más escalofriante: el 50,5% aprueba la justicia por mano propia. El 24,5% lo aprueba por completo y el 26%, parcialmente. Sólo el 18,4% la rechaza por completo. El 31,7% de los consultados cree que esos casos ocurren por la ausencia del Estado, mientras que el 27,4% cree que es por la desconfianza en la Justicia. El agotamiento de la gente (23%) completa el ránking de justificaciones, pero es el primero en la provincia de Buenos Aires.
Dos casos que conmocionaron a la ciudadanía volvieron a instalar el tema: el del médico Lino Villar Cataldo, que mató de un disparo a un ladrón que irrumpió en su vivienda, y el del carnicero Daniel Oyarzún, que persiguió y atropelló a un delincuente que le había robado 5 mil pesos.
Y¿cómo va a confiar la gente si, como en el caso aquí referido, a casi tres años de los hechos, no quedó claro ni siquiera cuántos fueron los comerciantes damnificados? Se habló de 10 o 20, y en el debate declararon los propietarios de 15 comercios, aunque ninguno de ellos pudo precisar cuáles fueron las cosas que les habían sustraído. Incluso algunos afirmaron que habían logrado sacar su mercadería, y sufrieron sólo daños. Ninguno de estos posibles damnificados aportó documentación que respaldara la posesión de mercadería alguna, lo que impidió que las autoridades municipales les brindaran la ayuda requerida.
Es decir que si no existieron elementos de cargo para arribar a un fallo condenatorio en contra de los acusados, es por la deficiente investigación que se le brindó a este caso. Así lo indica el juez, cuando detalla: “El Dr. De Marco trajo a juicio a 14 personas (2 de ellas ausentes) imputándoles la sustracción de distintos elementos ajenos, pero no sólo no pudo precisar qué era lo que se llevaba cada uno de los imputados, sino siquiera que ello fuera cierto”. Fundamentalmente porque no existió secuestro de ninguna de las cosas que supuestamente estaban siendo sustraídas por los imputados.
El abogado Agustín Robbio definió este debate como una especie de terapia de grupo, y Carnevale le dio la razón. El defensor agregó que la detención de los imputados fue un modo de alimentar las estadísticas después del aumento que había logrado la policía. Dice el fallo: “Debo coincidir con el letrado en que al menos resulta sospechoso que, habiéndose resuelto el conflicto salarial a las 20 horas, una hora después se produjeran las aprehensiones que culminaran en esta paupérrima investigación y consecuente debate”.
Y hasta acá llegamos. Un fiscal que se manda una macana tras otra, y un juez que absuelve porque no le trajeron ni una prueba del robo. Para terminar, queda abrir la pregunta sobre el posible falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionario público del policía Marcozzi. El juez lo dejó planteado. Muchachos, ¿no era que no habían secuestrado nada?