Las decisiones emanadas de un Poder Judicial despegado de la realidad siguen causando dolores irreparables en nuestra sociedad.
Cada vez es más notoria la manera en que los actores del Poder Judicial se han encerrado en una burbuja en la que sólo escuchan el eco de sus propias voces, alejados de lo que la sociedad necesita y reclama, quizás reconfortados por sus abultados sueldos y sus privilegios, e incapaces de bajar de sus castillos de marfil y enfrentarse con la realidad que vivimos los ciudadanos de a pie, todos los días. La insensibilidad y la falta de sentido común que demuestran estos funcionarios una y otra vez no deja de horrorizar a una sociedad que clama por algo que no podría ser más simple: que los más vulnerables sean protegidos de quienes pueden causarles daño.
Aralí
Esta semana el país entero se espantó cuando se conocieron los detalles que rodearon a la muerte de Aralí Vivas, una pequeña de sólo ocho años que fue asesinada —supone la justicia— para ocultar el hecho de que había sido abusada sexualmente. Su cuerpo lo encontraron los bomberos que entraron a combatir un incendio en la casa donde ella vivía junto a su madre, sus dos hermanos, y su padrastro, a quien se señala como uno de los posibles autores del crimen. El otro sospechoso, es un amigo de este hombre. Más tarde se determinó que Aralí no había muerto en el incendio y, según pudo reconstruir la investigación, ya hacía unos días que la habían asesinado. Sus hermanitos convivieron unos días con el cadáver y hasta uno de ellos intentó despertarla, pensando que la niña sólo estaba dormida.
Durante la investigación, uno de los acusados aseguró que «era costumbre» que abusaran de la nena.
Quien ahora está en el ojo de la tormenta es Julia Reartes, la titular de la Secretaría de la Niñez y la Familia de Córdoba y los funcionarios judiciales que intervinieron en el caso de estos chiquitos que fueron dejados a merced de un ambiente claramente hostil. En octubre del año pasado, hubo un allanamiento en la misma vivienda en donde se encontró el cuerpo de Aralí. En esa oportunidad, se encontró allí a una persona que estaba prófuga por violencia familiar y estaba en posesión de un arma de fuego. ¿Quién en su sano juicio pudo pensar que ese lugar era adecuado para que allí vivieran tres niños en situación de extrema vulnerabilidad?
La «Aralí» marplatense
A veces el horror se replica, de maneras incomprensibles. Esta semana se dio a conocer un espantoso suceso en la ciudad de Mar del Plata que mantiene muchas reminiscencias con el doloroso caso de Aralí.
La aberrante escena sucedió en el barrio Belisario Roldán. Los vecinos se alarmaron porque vieron que salía humo de una vivienda y fueron a ayudar. Al ingresar, se encontraron con una situación monstruosa: un hombre abusaba de una niña de ocho años frente a su madre —que estaba en un estado de enajenación ausente— mientras cerca se incendiaba un colchón. Al individuo de 20 años casi lo apalean a muerte los vecinos, pero lo salvó la policía. Sobre el incendio intencional del colchón, una fuente de la investigación dijo: «Creemos que lo hizo para morir todos allí adentro».
Al respecto de la niña, aseguraron: «Quedó al cuidado de la abuela con la que había estado viviendo hasta hace un par de semanas, cuando la madre la retiró de esa casa».
¿La Justicia, que debería haber intervenido para que la nena no quede a merced de estos salvajes? Bien, gracias.
El Profe
Otro caso que conmociona a la opinión pública, es el del entrenador Víctor Figueroa, quien se desempeñaba como profesor de básquet en la Sociedad Italiana de Villa Mercedes, en San Luis. Este hombre confesó haber abusado, manoseado, amenazado, y haberle mostrado material pornográfico a una nena de 5 años. A pesar de ello, la justicia le permitió acceder a la presión domiciliaria sin custodia policial ni pulsera electrónica, con lo que, en la práctica, está libre. Vive a sólo cinco cuadras de la casa de su víctima.
La historia esconde aún más espantos: Figueroa confesó también haberle mandado material pornográfico a otras niñas de entre 14 y 15 años, a las que les pedía que le envíen fotos desnudas.
A pesar de todo ello, la jueza Sandra Ehrlinch argumentó que, como había pasado el plazo de dos años de la prisión preventiva y el año de prórroga, Figueroa podía continuar esperando el juicio en su casa.
La familia de la nena está aterrada: «Es desesperante la situación en la que estamos, estoy igual que cuando hice la denuncia. No estoy con seguridad ni guardia en la puerta de mi casa. Tengo miedo a todo, no duermo desde el viernes». Luego agregó: «No tengo miedo de que se escape, pero puede llegar a la puerta de casa y matarnos a todos. No tiene nada que perder, lo dejaron libre, como si nada. No preservaron el bienestar de la nena».
Amedrentados
En esta semana, la ex jueza e integrante de Usina de Justicia, Raquel Slotolow, brindó una entrevista para la FM 99.9 en donde expresó de manera clara el sentir de la sociedad al respecto de estos casos: «Hemos dejado olvidada en el proceso judicial a las víctimas de los delitos».
Pareciera que nuestra Justicia, espantada aún por los horrores del Proceso, sólo es capaz de mirar a los delincuentes, y nunca a los miembros honestos o inocentes de la sociedad que sufren por su accionar.
Usina de Justicia se presentó como Amicus Curiae en la causa que investiga el crimen de Lara Fernández: “el miércoles empezó el juicio oral en los tribunales de Lomas de Zamora. Usina de Justicia que acompaña a familiares de víctimas de homicidio y femicidio está junto a la mamá de Lara Fernández, que fue asesinada, en un hecho tremendo. También acompaño a la hija de la otra víctima, que está siendo ventilado en ese mismo juicio, porque son los mismos involucrados. Le pegaron un tiro y estuvo 11 meses agonizando de una manera brutal, hasta que falleció. Yo soy exjuez y trabajé 43 años en la justicia, y es duro volver a Tribunales a escuchar día a día los testimonios desgarradores de los familiares de cada uno de ellos, que perdieron un ser querido en manos de otras personas, que cometen delitos indiscriminadamente”.
En el marco de dicho juicio, explicó que «autorizaron que los imputados estuvieran en una sala contigua, que pudieran escuchar, pero no autorizó que los familiares de las víctimas que estaban sentados en el público, se ausentaran de la sala. Lo basamentaron en el principio de la publicidad de los actos, que se entienda los juicios son orales y públicos, el público puede estar pero en realidad, si nosotros pensamos hoy en día con una justicia con perspectiva en las víctimas, los jueces no tomaron en cuenta en este caso que los testigos son los que tienen que ser resguardados. Las víctimas, porque en este caso eran los chicos que acompañaban a Lara Fernández, estaban en una plaza festejando el 1 de enero del 2022, les robaron celulares, los amenazaron, les pusieron cuchillos y había dos armados, por lo menos eso fue lo que escuché. Y como Lara Fernández no entregó el celular y trató de defenderse, simplemente le pegaron un tiro. Así de fácil. Eso es lo que vale la vida para esta gente, pero el tribunal creo que se olvidó que el valor fundamental es proteger a los testigos y que los testigos se sientan lo más libres posibles para poder prestar declaración».
Concluyó: «fuimos capacitados, y lo hablo de manera personal, fuimos capacitados y enseñados solamente para ver al imputado, sus derechos y garantías, cosas que nadie discute, obviamente, y hemos dejado a la víctima de los delitos olvidada, que como siempre repito, era un objeto de prueba y no un sujeto de derechos. Por eso entiendo que es absolutamente necesario, y hago un llamado a las autoridades judiciales, a los fiscales generales, al procurador, a los procuradores del país, en capacitar a los operadores del sistema. Estamos hablando de la policía, de los peritos y fundamentalmente de los operadores del sistema judicial. Si esta gente hubiese tenido perspectiva en las víctimas, hubiera priorizado que el testigo se sienta cómodo para poder declarar y si tiene que señalar a los imputados, lo pueda hacer libremente, sin presiones porque si están los familiares es exactamente la misma presión pero evidentemente priorizaron en este caso la publicidad de los actos, que realmente no estaba cuestionada, porque estaban los defensores de los imputados y estaba el público en general».
Da espanto vernos obligados a decirlo de manera tan clara, pero pareciera que no queda otra: la función principal del sistema de Justicia debe ser proteger a las víctimas de quienes buscan hacerles daño.
¿Tan difícil es de comprender?