Imputan a Vera | Gustavo Vera procesado. Fue depositario de máquinas de coser secuestradas en un taller, y a la hora de devolverlas, llevó otras. Dijo que era un cambio de motor, pero estas nuevas ya no sirven como pruebas en la causa que dio lugar al operativo. Metió la pata, y Bonadío lo vio.
El tribunal en lo Criminal N°11 procesó al legislador Gustavo Vera, titular de la fundación La Alameda, por el delito de peculado, y lo embargó por la suma de $20.000. Lo acusa de no haber devuelto apropiadamente unas máquinas de coser secuestradas en un allanamiento. Es decir, las devolvió, pero eran otras, al menos sus motores tenían otra numeración.
Tanto Vera como Julio Piumato – secretario de Derechos Humanos de la CGT-habían sido designados depositarios judiciales de una gran cantidad de máquinas de coser incautadas, y no cumplió con su deber de restituirlas debidamente cuando se le indicó, tal como consta en la causa que obra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, actualmente en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8. Esas máquinas se encontraban originalmente en el taller textil de la calle Martiniano Leguizamón 3451 de CABA, propiedad de quienes hoy lo querellan, quienes a su vez están imputados por presunto trabajo esclavo.
El juez Marcelo Martínez De Giorgi, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8, había ordenado la devolución de los bienes en cuestión el 19 de abril de 2016. Pero la orden no se cumplió; en su lugar se entregaron otras máquinas de coser de las mismas marcas, al menos dos de ellas tenían motores con otros números de serie. El 5 de octubre siguiente, su propietario, Mamani Chinche, declaró que las máquinas no eran las mismas. Entonces, Vera, para justificar su accionar, presentó una orden de trabajo número 324/16 de Casa Kira, en la que se menciona la reparación del cabezal y del cambio de motor completo. El juez afirmó que esa orden es falsa.
La declaración
Al momento de efectuar su descargo, Vera comenzó por dar precisiones sobre la Fundación Alameda y su “lucha contra el trabajo esclavo”. Habló de la labor social de aquella organización de la que es fundador, y especificó que en varias ocasiones, y en otras causas del fuero federal, fue designado depositario judicial de maquinarias que provenían de allanamientos, las cuales siempre eran reutilizadas. Expuso que de esta manera, los bienes venían a cumplir una función social y económica, ya que se favorecía a los empleados que antes habían sido explotados, proporcionándoseles una nueva fuente de trabajo.
Destacó además que Julio Piumato fue designado para llevar adelante una campaña en tal sentido, y que fue él quien solicitó el acompañamiento de La Alameda para “garantizar que los bienes que les sean entregados sean destinados a una organización de bien público que lo necesite”, siempre con el pensamiento de que debía ser el Estado nacional quien, a través de una política pública, tomara tamaña responsabilidad. Pero lo cierto es que –dice- a la hora de ir a retirar las cosas, no fueron ellos en persona, sino que designaron a otros voluntarios de la organización. Es decir que no fue Vera en persona el encargado de verificar los números de serie de las máquinas incautadas.
Por orden del juez, la totalidad de los bienes en cuestión debían ser destinados para su reutilización social. Pero explicó que dos de las máquinas -precisamente las que ahora se encuentran cuestionadas- no funcionaban, razón por la cual indicó que se hicieran los arreglos correspondientes. También afirmó que las máquinas habían quedado en resguardo en un espacio cedido por la Cooperativa de Trabajo Soho, que integra la misma red voluntaria de organizaciones sociales que La Alameda. Y cierra: “una vez que la requisitoria llegó a mis oídos, procuré la pronta devolución de los elementos reclamados”.
Sin embargo, a la hora de hablar de la orden del trabajo de reparación en Casa Kira, dijo que Ezequiel Conde, de la cooperativa Soho, habría sido engañado por una persona que dijo ser técnico reparador de máquinas, quien luego de efectuar el arreglo y llevarse los motores que no funcionaban, entregó como constancia del servicio la orden de trabajo 324/16 de Casa Kira. Dijo que servía como garantía, pero nunca más vieron a ese empleado. Es decir que no tienen a quién reclamarle por el cambio de numeración de los motores.
Bonadío
Para el juez, la explicación no alcanza. Le pregunta por qué no abrió la cuenta en el Banco Nación, como se le había indicado. Por qué no hizo tasar las máquinas, y por qué terminó dejándolas en Soho. La respuesta de Vera es que no hubo tiempo, que todo sucedió muy rápido.
Así, el magistrado lo hace responsable de peculado, ya que considera que tenía la obligación de proteger los bienes puestos bajo su custodia, y equipara a los depositarios judiciales al mismo nivel que los funcionarios públicos, en cuanto a la fidelidad que deben por los objetos que les son entregados en custodia: “De esta forma, el suscripto considera que el imputado resulta responsable, con la provisoriedad pertinente, por la faltante de las máquinas de coser aludidas que no fueron debidamente restituidas”. Según expresara Mamani Chinche, las máquinas se encontraban con sus números de serie eliminados y en dudoso estado de funcionamiento.
El juez habló del “desapego” con que actuó Vera frente a los bienes que le fueran entregados en custodia, y que en definitiva eso es lo que lo lleva a dictar su procesamiento: afirma que fue “infiel” con la misión que se le había asignado. Pero además, la cuestión se agrava si se toma en cuenta que esas máquinas que hoy se consideran sustraídas, son pruebas en una causa penal cuya investigación aún se encuentra en trámite. Agrega: “no tan sólo dos máquinas no fueron presentadas, sino que luego fueron acompañadas otras dos diferentes, justificando que tenían partes cambiadas en razón de un arreglo que se justificó con un comprobante de obra falso”. Esas máquinas ya no servirían como pruebas de la causa de presunto trabajo esclavo, porque el propietario del taller las desconoce, obviamente. Es decir que con esta acción se obstruye la justicia en un procedimiento anterior a este.
Por todo lo expuesto, el juez Bonadío termina procesando a Gustavo Vera por el delito ya mencionado, y agregando un embargo que asciende a $20.000, muy mesurado considerando que habrá que pagar costas y honorarios, que quedarán a cargo del legislador. Mal negocio para todos, menos para aquel que podría haber sido condenado por trabajo esclavo, si hubiera pruebas.