Una fiscal justificó como defensa propia que alguien le dispare a un delincuente en ocasión de defender a su familia de un feroz ataque. Pero la decisión legal es discutida por la familia del delincuente, que aduce que hubo un exceso. Que los tenía que defender, pero con menos énfasis. El letrado argumenta que el joven víctima del asalto debería haber enfrentado a su atacante sin usar armas, porque igual habría podido reducirlo. ¿Será posible?
Hoy todo el mundo habla de una posible reforma del Código Penal, que es vista como la mayor de las amenazas a la seguridad, y ha venido a impactar de la peor manera en la opinión pública. La gente se enfurece, y hasta los políticos oficialistas prefieren correrse del tema, porque saben que puede generar más de una muerte política.
Comenzó a tomar firmeza cuando Cristina Kirchner, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el sábado 1 de marzo, anunció que enviaría la reforma penal sobre la base del anteproyecto de la comisión redactora, que estaba conformada por el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y representantes de los partidos mayoritarios: León Arslanián por el PJ, Ricardo Gil Lavedra por la UCR, Federico Pinedo del Pro, y María Elena Barbagelata de la FAP-socialismo.
Pero aun dentro del bloque del FPV, advirtieron inmediatamente que el proyecto se había instalado como una propuesta favorable para los delincuentes, justo cuando la prioridad social en las encuestas es solucionar la inseguridad y el narcotráfico. Mal negocio.
Por su parte, ha sido Sergio Massa quien ha ocupado las pantallas en su tarea de juntar firmas en oposición al proyecto de reforma del Código, tras lo cual Darío Giustozzi se hizo presente en una convocatoria telefónica, que solicitaba apoyo popular en la tarea de negar la reforma que se plantea, aún sin estado parlamentario.
Por supuesto que en la Casa Rosada preocupa que Massa se haya convertido en el dirigente de la oposición que logró captar oportunamente la atención del país en esta cuestión, y realizó un acto multitudinario que reunió a la ciudadanía, atemorizada por el anuncio. Todos temen que un ablandamiento de las penas y la discusión del concepto de reincidencia vengan a generar mayor inseguridad que la que hoy se vive.
Pero en semejante agitación, en semejante estado de cosas donde los ciudadanos no confían ya en nadie que los defienda de la amenaza inminente, ni siquiera la justicia aparece como garante de la legitimación de los derechos de las víctimas ni la protección de sus estados de vulnerabilidad. En tal panorama, hay paño para todos los excesos: tanto para los extremos garantistas -que no creen que poner en duda el estado de reincidencia venga a agravar los índices de criminalidad- como a los que se despachan pidiendo pena de muerte para cualquiera. El ministro Berni intentó poner cordura, y dijo públicamente que más que cambiar un código preferiría que se usara el que ya está.
La noticia reciente sirve como muestra de la falta de seriedad que prima a la hora de evaluar determinadas cuestiones en relación al delito penal, donde más allá de las figuras legales, parece faltar el sentido común en todas sus formas.
El hecho sucedió el 23 de octubre pasado, cuando el matrimonio integrado por Sergio Orozco y María Alejandra Requeijo salía de su casa con el propósito de iniciar su jornada laboral. Se trata de la vivienda familiar ubicada en la calle Pasaje Castagnino 514 de esta ciudad. En esos momentos apareció Maximiliano Rey, quien se dirigió a la mujer e intentó quitarle un maletín, a lo cual ella se opuso férreamente. Cuando esto sucedió, el hombre extrajo de su manga una herramienta contundente –una llave inglesa de unos 25 centímetros- y comenzó a golpearla en la cara con la intención de hacerla desistir, mientras la sostenía por el cuello. Requeijo, por su parte, declaró que en ese momento había creído que se trataba del caño de un arma de fuego.
A esas alturas, el agresor ya había ingresado al living de la vivienda, y comenzó la lucha con el marido, Sergio Orozco, que terminó tirado junto al alambre exterior; de esa manera, Rey pudo ingresar nuevamente a la casa.
En ese momento, y alentado por los gritos de sus padres, se hizo presente Nicolás Orozco, de 18 años, el hijo de la pareja, que había tomado una pistola 9 milímetros marca Glock que su padre guardaba en un cajón. En ese momento de tensión Nicolás disparó, e hirió a Rey en la zona abdominal, aunque el disparo no lo mató en el momento, sino que le dio unos segundos para huir hacia el exterior, tras lo cual se desplomó en la vereda. El impacto le produjo la muerte, ya que el disparo de abajo hacia arriba atravesó el páncreas y el flanco hepático.
La posición fiscal
En su declaración ante la fiscalía, Nicolás dijo que había recurrido a buscar el arma cuando vio a su madre ensangrentada, que clamaba por ayuda, y que al enfrentar a Rey, vio que él hacía el ademán de sacar algo de su manga.
Por estas razones, la fiscal Andrea Gómez dio por probado que el joven actuó en ejercicio de la legítima defensa, tanto de él como de sus padres, y que su conducta se encuadraba perfectamente, con todos los requerimientos que impone el Código para que tal figura legal sea considerada: la agresión recibida por los Orozco era en efecto ilegítima, el instrumento de defensa fue adecuado debido a la situación, y no se había registrado ninguna forma previa de provocación.
Pero también se adelanta la fiscal, en el sentido de avisar que no se trata de comparar los instrumentos, y equiparar una llave inglesa con una pistola, sino de comparar la actitud de cada uno. Tales las especificaciones de la ley ante tales casos. Al respecto, dice Gómez: “¿Qué hubiera debido hacer Nicolás?; ¿esperar que Rey extrajera un arma, o tal como hizo, responder prematuramente a la agresión? (…) Nicolás no hizo otra cosa que eso, defenderse y defender a los que seguramente más aprecia”.
Agregó la fiscal que se vive en un momento como nunca antes, en el que se ha pedido el valor de la vida humana, y que el Estado no actúa en defensa de las personas. Que a su criterio, esto es lo que se ve obligada a hacer la gente honrada: defenderse sola. Cabe agregar que Nicolás utilizó un arma legal registrada a nombre de su padre, y con permiso para su tenencia.
Sin embargo, por más claro que parezca para cualquiera que aplique el mismo sentido común que esgrime el Ministerio Público, la madre del delincuente se presentó con su abogado a pedir que la Fiscalía General intervenga, con el fin de que la fiscal Gómez tenga que rever su medida. La familia no acepta la decisión, si bien entiende que la agresión que Rey estaba llevando a cabo contra el matrimonio era ilegítima, su madre considera que la defensa que ejerció el joven Nicolás fue desmedida.
Un argumento
El abogado que representa a la familia de Rey es Mauricio Gabriel Varela, y él se ocupa de argumentar que, si bien la legítima defensa está decodificada, en este caso ha sido desmedida, porque el joven Orozco practicaba tiro de manera deportiva, es decir que sabía de qué manera detener a la persona sin matarla.
Cualquiera quisiera contestarle, y decir que Nicolás practica tiro, no es médico. Ni siquiera policía, que como profesional tendría la obligación de cumplir protocolos de detención antes de disparar con el riesgo de matar. Nicolás es un chico de 18 años, a cuya madre le están pegando en la cara con una llave inglesa. Quién sabe qué tuvo tiempo de pensar, más allá de que la vida lo puso en un lugar horrible, donde un chico de esa edad definitivamente no tendría que estar.
Pero Varela tampoco se contenta con esto, y dice que en realidad Nicolás podría haber enfrentado a Rey mano a mano, que no tendría que haber usado el arma, porque seguramente él lo hubiera reducido, ya que los Orozco estaban en superioridad numérica. Así como se lee: el abogado considera que el chico debería haber defendido a su madre a mano limpia, y no con el arma que tenía y sabía usar. La superioridad numérica que aduce olvida que los señores Orozco habían sido golpeados salvajemente con una herramienta de hierro, y que son dos personas grandes que no están en condiciones de enfrentar al agresor como si estuvieran en un ring de combate.
Por todo lo expuesto, Varela se tira el lance de probar que el joven se ha excedido en el uso de su legítima defensa, y que por esa razón debería ser considerada tal figura –la del exceso-, y que merecería una condena, aunque fuera en suspenso.
Es de destacar entonces que lleva razón la fiscal Gómez cuando afirma que “se ha perdido el respeto, se han perdido los códigos, hoy cualquiera mata y a cualquiera le puede tocar morir, pero lo más desgraciado es que casi siempre alguien muere por nada, por unas zapatillas, por un celular, por una moto o por un maletín con documentación”.
Guarda razón la fiscal, que comprende que no pudo pasar otra cosa por la cabeza del joven que salvar a sus padres, cuando los vio tirados mientras alguien les pegaba con una llave inglesa. Nada más. Y si finalmente lo acusaran de haber tenido como propósito la muerte de Rey, porque no salió a defender a sus padres “mano a mano”, cabría decir ¿qué busca quien golpea personas con una llave inglesa, si no es causarles la muerte?