Panorama judicial | Hace un año ya desde que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense rechazaba por amplia mayoría la acusación contra el juez Hooft y dejaba sin efecto el jury. Los documentos evidencian que se trató de una causa armada.
“No incurrió en delitos de lesa humanidad”, dijo el tribunal. Así ordenó que Pedro Federico Hooft fuera reincorporado en su cargo en el Juzgado n° 4 de Mar del Plata, y se levantara el embargo sobre sus bienes. Así cerraron el proceso político que se había iniciado bajo la acusación de archivar hábeas corpus sin tener la respuesta de las Fuerzas Armadas.
En la jornada final del jury fue escuchado el testimonio de Irene María Cecilia Hooft, hija del juez, quien aseguró que su padre “ha sido un juez con aciertos y errores como todo ser humano, pero siempre inculcó diversos valores con sensibilidad humana en nuestras vidas”. La acusación pretendía sustentarse en que Marta García de Candeloro, esposa de un abogado víctima del terrorismo de Estado, había declarado que cuando estuvo ilegalmente encerrada en la comisaría 4ª de Mar del Plata, Hooft recorrió los calabozos y no atendió su pedido de auxilio.
Por su parte, Lidia Lupo Schweizer atestiguó en el proceso, y sostuvo: “hay cosas que no pudimos hacer; en dictadura nadie pudo hacer todo lo que quiso, pero Pedro es incorruptible”. Finalmente, Liliana Elvira Pérez, ex consejera del Colegio de Abogados de Mar del Plata, expuso: “Según las actas del Consejo Directivo durante estos hechos [la Noche de las Corbatas], surge que el único juez que había defendido las causas contra la dictadura había sido Hooft”.
El testigo Federico Gastón Lhomme –quizá el menos reseñado por la prensa- señaló: “El concepto que me pude formar de la persona del doctor Hooft fue excelente porque fue un magistrado excepcional (…) Puedo señalar un aspecto que es notorio, que fue la forma que él tenía de investigar todos los hechos que tenían que ver con apremios y tormentos. En eso, no tenía referencia que en general todos los juzgados tenían el procedimiento de, eventualmente, tomar la denuncia si no existía y derivarla a los funcionarios policiales. Eso motivaba que normalmente los resultados fueran negativos, porque, obviamente, las personas omitían la denuncia o, si se investigaba, después no llegaban a buen puerto. El doctor Hooft desde un primer momento tuvo la valentía, por llamarlo de alguna manera, además de cumplir con el derecho de asumir la instrucción –recordemos que estamos hablando de un juez de sentencia en aquel entonces-, por lo cual la mayoría de los procedimientos eran dirigidos y ejecutados por personal del Juzgado”.
Sobre las visitas a las comisarías de Mar del Plata, el testigo explicó que había cierto temor de las rispideces que se pudieran generar, por lo cual se decidió que las primeras se hicieran en conjunto con los otros juzgados, y que así ocurrió: “Recuerdo algunas comunicaciones que se hicieron a la Corte, referidas a la mala condición de alojamiento de los detenidos”. Refirió que esas circunstancias se comunicaban a la Corte, y se solicitaba al Poder Ejecutivo que se corrigieran esas anormalidades. Dijo que esas notas estaban firmadas por los cuatro jueces penales titulares en aquél momento.
En relación al clima de la época, precisó que el hecho de que la policía en muchos casos tuviera relación con las fuerzas militares, hacía que ellos tuvieran un miedo adicional, sobre todo a la hora de procesar y condenar por tormentos y apremios. Agregó: “Se trataba de tener fuerza y en esto mucho tenía que ver el juez, porque él tenía una prestancia y un coraje a toda prueba y nos transmitía tranquilidad para sobrellevar el tema (…) pero en ocasiones de motines, como el que sucedió en la Unidad Penal de Batán de Mar del Plata, donde los detenidos se quejaban (…) habían pedido que fueran miembros del Poder Judicial, específicamente, el doctor Hooft, porque les daba una cierta garantía de cumplimiento de lo que luego pudieran convenir para el futuro. Me tocó estar tras los muros con los presos, y sí, el temor existió”.
El testigo Lhomme había sido muy preciso al hablar sobre la seccional cuarta de policía, en la cual Marta García dijo haber visto a Hooft sin ser tenida en cuenta. Explicó que había un cartel que decía “área militar”: “Supongo que nos lo habrán informado en la primera visita que hicimos y así lo pudimos constatar una vez que accedimos a los calabozos. Creo que era un sector donde los policías no entraban, como así tampoco los jueces y secretarios. Sabíamos que era un área restringida. No estaba dentro del área de nuestra competencia, porque la legislación vigente de ese momento preveía que todas las actuaciones militares no pertenecían al fuero provincial”.
Fresneda
En ocasión de realizarse en Mar del Plata el homenaje a los abogados laboralistas secuestrados y desaparecidos durante la denominada Noche de las Corbatas, se hizo presente Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación. El funcionario es además hijo de Tomás Fresneda y Mercedes Argarañaz, dos de las víctimas de aquel trágico episodio. El secretario dijo a la prensa: “La Justicia resuelve cosas que a nosotros, desde nuestra perspectiva, no nos resultan justas, pero tenemos los recursos jurídicos para reprocharlos”. Dijo que sería respetuoso de las decisiones de la Justicia, pero admitió que realmente consideraba desafortunada la actuación de quienes valoraron la prueba y evaluaron las conductas. Expuso además: “Estas son las reglas del sistema, y yo, por mi parte, voy a hacer uso de todos los instrumentos que estén al alcance para que se determine la verdad. Ahora, si la verdad es que Hooft no ha participado, pues, me alegro, porque para nosotros lo mejor es saber que la Justicia no estuvo en contra”.
Pero para los familiares del juez, el secretario de Derechos Humanos de la Nación distorsionó hechos para difamar y calumniar públicamente a Pedro Hooft. Por eso lo acusan de violar la ley de Ética Pública. Citan a Fresneda cuando afirmó que su abuela materna, Otilia Lescano de Argañaraz, había presentado en julio de 1977 un hábeas corpus a favor de su hija, María de las Mercedes Argañaráz, y de Tomás Fresneda, los padres del funcionario. Y que lo había hecho en el juzgado a cargo del juez Pedro Hooft. Sobre esa base el funcionario dijo: “Si no se hubiera cajoneado el hábeas corpus, tal vez mis padres estuvieran vivos.”
Pero resulta que Otilia Lescano de Argañaraz jamás presentó un hábeas corpus ante el juzgado penal a cargo de Hooft. Fue un familiar directo de Carlos Bozzi quien interpuso un hábeas corpus ante ese juzgado: la causa se registró con el número 17.077 y se presentó a favor del ya citado Carlos Bozzi, de Tomás Fresneda y María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda. Bozzi es un abogado que sobrevivió a la Noche de las Corbatas, a la vez socio y amigo de Fresneda padre. Según consta, el recurso fue tramitado con la mayor celeridad y corrección. El abogado que intervino en el hábeas corpus presentado ante Hooft, el de Carlos Bozzi y su familia, y de un amigo íntimo del Fresneda que además fue testigo del secuestro, fue Alberto Bolgeri. Este último subrayó la solidaria disposición del magistrado para orientarlo en la denuncia del secuestro ante la policía, y en la presentación del hábeas corpus correspondiente.
Lo que Fresneda no dice es que existieron otros recursos que sí fueron presentados personalmente por su abuela, pero ante otros juzgados de la ciudad. Es el caso del que tramitó en el Juzgado Penal N° 4, Secretaría 8, causa 5252, a cargo de otro juez provincial de Mar del Plata. O varios recursos y denuncias presentadas ante la Justicia Federal de Mar del Plata y ante la Justicia Federal de Córdoba. La documentación de respaldo está en poder de la justicia y parece imposible que el propio Fresneda lo ignore.
Sucede que Juan Martín Fresneda, antes de ser funcionario de la Nación, se había presentado como querellante en la causa que se le sigue al juez Hooft, pero con el patrocinio del abogado César Sivo. Pero en abril pasado, el juez marplatense y sus defensores presentaron una grave denuncia por corrupción en la Justicia federal para que se investigue el posible armado de la causa contra él: el abogado de Fresneda es uno de los denunciados como miembro de la asociación ilícita.
Las pruebas
La causa contra Hooft se apoyó sobre dos declaraciones: por un lado la del policía Blaustein, comprendido en las generalidades de la ley porque había sido condenado por Hooft por apremios ilegales, y factiblemente haya estado muy propenso a devolverle el favor. Por otro, el testimonio prestado por Marta García de Candeloro.
Varios miembros del tribunal del jury coincidieron en estimar sospechosos y con poca credibilidad estos dichos, debido a que los testimonios han ido mutando a través del tiempo y en relación con los procesos en que ha prestado diferentes declaraciones.
Ella dijo que estando detenida en la Comisaría Cuarta de esta ciudad, pudo oír a otros presos decir que iba a venir el juez Hooft, que los jueces inspeccionaban los calabozos y hablaban con los presos, salvo los que estaban a disposición del PEN. Aseguró que en una ocasión escuchó decir a sus carceleros “viene el Juez”, y que en su recorrida Hooft pregunto “quién está acá” y el guardia contestó: “una señora que está a disposición de las Fuerzas Armadas”. Dijo que ella reconoció la voz del juez Hooft, y se animó a decir: “Soy la esposa del doctor Candeloro”, pero que el magistrado se alejó desoyendo su pedido. De ello se desprende que en ningún momento afirma haberlo visto, y resulta también poco creíble que reconociera su voz, cuando jamás había hablado con Hooft.
Indica uno de los miembros del tribunal a propósito de la contradicción: ”No puedo dejar de expresar mi perplejidad ante una nueva mutación en la declaración de la testigo, cuando ahora en su demacración incorpora la visión directa y la identificación del acusado en su recorrida por los pasillos de la Comisaría 4ta en estos términos: “… que cuando escucha decir que viene el juez Hooft se asoma por la mirilla de su celda y ve al acusado, que no recuerda si se subió a su camastro o se puso en puntas de pie para asomarse por la mirilla. Resulta este dato de una importancia fundamental, que la testigo hasta ahora había omitido manifestar”. Se refiere así a la evidencia de que las mirillas de las puertas ciegas de las celdas se encuentran del lado de afuera. Están de ese modo para ser abiertas y cerradas por los carceleros, es como si dijéramos que los cerrojos de las mismas celdas están del lado de adentro para que la pueda abrir el detenido y no el guardia.
Además, el magistrado hizo notar que en su declaración en el Juicio a las Juntas Militares, la esposa de Candeloro no hizo mención a ninguna de las situaciones expuestas durante el jury, por lo cual resulta llamativo que con el correr de los años los hechos se hayan vuelto más vívidos en su memoria, y no al revés, como resultaría esperable. No se puede dar crédito a que treinta años después recuerde cosas que no recordó ante la CONADEP, ni en el Juicio a las Juntas, ni el los Juicios por la Verdad.
Un año después, el tristemente célebre intento de juicio político contra el juez Pedro Federico Hooft es un recuerdo, pero los nombres de quienes intervinieron en él siguen vigentes, así como las posibles faltas a la verdad que se ubicaron en un nicho especialmente sensible a la comunidad, como son los crímenes del terrorismo de Estado durante la dictadura militar. Nada más triste que usar el dolor ajeno para sacar ventaja.