Asesinato de Lele Gatti | Andrea Gómez fue confirmada al frente de la investigación fiscal por el crimen del DJ. El intento de recusación en su contra no prosperó pero, sin embargo, la abogada del acusado Romito insiste en marcar las irregularidades.
Mar del Plata sigue siendo una ciudad violenta: hay desenlaces trágicos en todas las esquinas, y no sólo aumentan a causa de la criminalidad organizada. La fiscal Andrea Gómez ya había dicho en la 99.9: «la gente últimamente ante cualquier conflicto de cualquier índole, opta por el camino de la violencia. No hay conciliación, mediación, acercamiento, nada. Hemos advertido el incremento de la utilización de armas blancas. En un hecho entre vecinos puede ser que se tome lo que está a mano, pero cuando se utiliza para un homicidio o para ir a robar, incrementa la perversión del ser humano».
Gómez es quien se ocupa de investigar el homicidio de Leandro, el DJ que fue asesinado a la salida de un conocido boliche marplatense a manos de una banda de asaltantes. Hace algunas semanas, cuando la funcionaria relataba el curso de su gestión en la causa, mencionaba que estaba tras el llamado cuarto hombre, y que se iniciaban las pericias sobre el celular del jefe de seguridad de Mr. Jones. «Todavía no tenemos datos relevantes», decía. Ya en ese momento se mencionaba que la policía había ingresado violentamente a una casa equivocada, y la residente lo había denunciado, aunque nadie había dado respuestas sobre ese hecho.
Hoy sabemos que Garantías rechazó el pedido de recusación contra la fiscal: consideró que no existían criterios objetivos que justificaran apartarla de la causa. Quien había intentado el recurso era Paula Oviedo, la defensora de Fernando Romito, entonces jefe de seguridad de Mr. Jones, que está acusado de ser quien entregó a la víctima. La abogada había solicitado que la fiscal fuera apartada del expediente porque habría incurrido en diversas irregularidades en la tramitación de la causa. Dijo Oviedo: «se han omitido líneas de investigación, se han efectuado actos nulos de nulidad absoluta tales como detenciones ilegitimas, pruebas habidas de modo ilegal, trato cruel y degradante de la policía, allanamientos, pedidos de capturas tardíos». La abogada intentó probar que tanto la fiscal como los integrantes de la fuerza policial habían actuado en contra de los derechos de los imputados, y que habían generado un daño institucional irreversible. En el recorrido de su narración de los hechos reitera que son «demasiadas casualidades», y que los hallazgos de esta investigación son inventados. Todo esto le permitiría sostener que la necesaria imparcialidad de la justicia se hallaría comprometida, al menos en el juicio de la fiscal.
Resultados
La fiscal Gómez respondió, y aclaró que la investigación aún se encontraba en un estado inicial, ya que no se había esclarecido hasta ese momento la identidad del cuarto hombre, y que para sostener la imparcialidad había apartado de la investigación a la comisaría novena y además de solicitar que se investigara a esa dependencia. Además, explicó que todas las diligencias que ordenó dentro del expediente se llevaron a cabo con autorización de la jueza de garantías.
Como consecuencia directa, Lucrecia Bustos —la titular del juzgado de Garantías— descartó la solicitud, que fue sin embargo un buen intento de la abogada: el recorrido era detallado y dejaba en claro que había estudiado intensamente el suceder de los hechos. Bustos agregó que no existían elementos objetivos para presumir que la fiscal Gómez no haya actuado de acuerdo con sus obligaciones: «los temores, reservas o desconfianzas que (la abogada) pueda albergar sobre la actuación de la fiscal, no son suficientes para hacer lugar al apartamiento pretendido», expresó la jueza. Delegar facultades a la policía está dentro de los atributos de la fiscal.
Contrariamente a lo requerido, la jueza Bustos valoró positivamente la labor de Gómez en la investigación, ya que no sólo no tomó ninguna de las pruebas que la policía obtuvo en exceso de sus atribuciones, sino que separó a la comisaría novena del expediente.
El crimen de Gatti ocurrió el 26 de septiembre a las 6 de la mañana: el joven de 32 años y otras tres personas fueron interceptados por dos delincuentes en una moto. Lele se resistió a entregar un bolso y fue baleado en el pecho. A pesar de los intentos por salvarlo, falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), al que había sido trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME.
En el acto, los motochorros escapaban a toda velocidad hacia el barrio Pueyrredon, pero quedaron registrados por las cámaras de seguridad: se realizaron varios allanamientos, por lo que resultó identificado en primer lugar Itzcovich, que se entregó.
Romito fue detenido días después, y la fiscal considera que se desempeñó como un entregador del dato del dinero de la recaudación. El error fue creer que esa cantidad de dinero sería trasladada por Gatti. Mientras se tejían cientos de versiones sobre la serie de equívocos que rodearon la tragedia y la situación de la famosa mochila de Leandro, se determinó la orden de captura de otro de los responsables: Maximiliano Urra Zapata, quien permanece prófugo.
Javier Abrines también es DJ, y además amigo de Lele. En una entrevista con la 99.9 se refirió a la causa y dijo: «conformes estaremos cuando estén todos sentados en el banquillo y los estén juzgando. Los tiempos nuestros no son los mismos que los de la justicia». Mientras tanto, decidieron hacer un plenario entre personas que trabajan en la nocturnidad para seguir reclamando la necesidad de tener un sector más seguro en Playa Grande: «a partir de lo que pasó con Leandro, surgió la necesidad de expresar lo que nos pasa en la noche. Quedó en evidencia la inseguridad que vivimos constantemente, no sólo los trabajadores de la noche, sino el ciudadano de a pie».
Los responsables
Pero, recientemente, lograron identificar al presunto tirador que provocó la muerte de Leandro y, de acuerdo a lo informado por fuentes policiales y judiciales, se habría ordenado su captura. Se trata de Maximiliano Vergara, quien iba en la moto como acompañante y habría efectuado el disparo.
Mientras tanto, la abogada Oviedo insiste en remarcar las irregularidades del caso por lo que apelará la decisión de Bustos. En una entrevista con la 99.9 afirmó que tampoco hay demasiadas pruebas para que su defendido siga procesado: «mi cliente es inocente, fue el primero que le hizo RCP y lo curó a Gatti. Fue un testigo clave cuando fue a declarar y después lo imputaron. Se encuentra vinculado al proceso exclusivamente por la declaración del primer imputado detenido, que dice que nunca conoció a la persona que aportaba el dato, pero que cree que era un familiar de alguien que trabajaba en la seguridad de Mr. Jones». También agregó que la otra prueba que hay contra Romito es un testigo de identidad reservada: alguien vinculado a los otros imputados que reconoce ser amigo de otro partícipe del hecho, y busca desincriminarlo. Habla de características físicas de quien habría entregado el hecho, y da indicaciones que coinciden tanto con Romito como con los otros empleados del lugar.
En las últimas horas se confirmó que Romito tenía en su teléfono el contacto de las dos personas que están apuntadas como responsables del hecho, pero Oviedo aclaró que únicamente tiene un número: sólo el contacto que aparece entre otros 900. Lo conoce porque ya había trabajado en La Normandina, y el jefe del lugar cita a los empleados.
A pesar del resultado adverso, Oviedo reiteró que las irregularidades fueron muy graves y deberían reverse: «hubo cuatro allanamientos fallidos con información obtenida desde la madre de unos de los imputados, cuando hay una prohibición legal al respecto. Eso es grave. De las 10 actas, ninguna tiene hora, de determinada obtención de prueba no hay testigos con nombre ni DNI, y luego aparecen haciendo un allanamiento en la casa del imputado por más que no figure como tal».