Sería el colmo. Después del despliegue mediático, las prisiones preventivas eternas y —en algunos casos— injustificadas y las personas que se vieron caprichosamente privadas de sus beneficios previsionales, parece que la «Megacausa ANSÉS» va quedar en la nada.
Hace más de seis años que la Justicia investiga los delitos supuestamente cometidos por quienes integraban la Organización Jurídico Previsional. Y en el medio, ha pasado de todo, menos que se condene a alguien.
En este medio nos hemos ocupado, por ejemplo, del caso de A. C. A., una señora a la que le quitaron el acceso a su jubilación sólo porque la había tramitado a través del estudio investigado y, cuando le hicieron un par de preguntas —a una persona mayor y discapacitada, que se sometió al cuestionario sin estar asistida por nadie— dio respuestas no del todo claras.
O el caso de F. D. F., un perito médico cuya única vinculación con la causa es que, cuando allanaron su domicilio, encontraron un expediente que no era suyo, sino que le había sido remitido por un colega a fin de evacuar una consulta. Este hombre terminó en el penal de Carlos Paz, lugar del que salió con un par de costillas rotas y su vida completamente arruinada.
Y ahora parece que todo queda en la nada. ¿Por qué? Bueno, en esta causa había grandes posibilidades de arribar a ese mismo resultado ya que la investigación venía complicada desde el primer momento. Pero ahora, se suma otra circunstancia que resulta increíble: nadie se avivó de que uno de los jueces —el Dr. José Mario Tripputi— estaba próximo a jubilarse y que, para que el proceso entero no se caiga, su reemplazante debía asistir —aunque sea, vía Zoom— a las audiencias del juicio.
La Justicia dice que así fue, y que la Dra. Karina Mabel Yabor —designada como reemplazante— se conectó a las audiencias de manera remota. ¿El problema? Que en esas mismas fechas —según las sentencias que ella misma firma—, la jueza estaba presente en las audiencias de debate de otras dos causas.
Repasando
En la llamada «Megacausa ANSÉS» fueron imputados Luis Miguel Irós, Rubén Cagni, Roberto Luis Balbuena y Luciano Diez Suarez, todos miembros de la sociedad Organización Jurídico Previsional SRL, un estudio jurídico dedicado a realizar trámites previsionales. También se menciona la participación de María Gabriela Iros, Daniel Alberto Nicolás, Rosana Arata, José Ricardo Caliyuri, Miguel Norberto Coelho, Fernando Daniel Fernández, Daniela Andrea Livi, Ariel José Fati, Luis Alberto Funes, Néstor Rodrigo Jones, Alejandro De la Torre Kriskovich, Ramón Gerardo Tula, Marcos Bravo, Ángel Matías Nicoló, Eduardo Moyano, Juan Miguel Martínez Campoy, Marcelo Eiras, Ricardo Scalise, Juan Carlos Soria, Gustavo Domínguez, Nazareno Di Giovanni, Gabriela Biribin, Rodolfo Barone, Miguel Ángel Marcello, Fernando Biesa y el abogado Seri.
Según la causa, esta organización se habría dedicado a gestionar beneficios previsionales —jubilaciones o retiro por invalidez— pero ilegítimos, lo cual ha generado un perjuicio en el patrimonio estatal por —en su momento, recordemos que estamos hablando de hace seis años— noventa millones de pesos.
La hipótesis es que en el estudio jurídico de Paso 2882 de Mar del Plata funcionaba una organización delictiva denominada Organización Jurídico Previsional, integrada por los abogados acusados. En el curso de tales ilícitos, habrían prestado colaboración —según la Justicia— los imputados José Ricardo Caliyuri, Miguel Norberto Coelho, Fernando Daniel Fernández y Daniela Andrea Livi, que se ocuparían de fraguar incapacidades psíquicas o físicas.
Según el fiscal Nicolás Czizik, esta asociación ilícita tramitaba beneficios jubilatorios falsos: utilizaban empleadores también falsos o sin actividad comercial activa, y simulaban vínculos laborales con supuestos empleados, citando períodos de prestación laboral sobre los cuales nunca se habían realizado los aportes.
El problema es que desde el inicio se hizo todo mal, al punto que la investigación se terminó extendiendo más allá de todo plazo razonable. Tanto esa así, que no sorprendería para nada que esta maniobra —la de designar como reemplazo a una jueza que no estuvo en las audiencias— se haya fraguado precisamente para tapar el escándalo que se venía por el nivel de desprolijidad que tuvo toda la investigación desde el primer momento.
Recusada
En el pedido de recusación que presentó el abogado de uno de los imputados en la llamada «Megacausa ANSÉS» contra la magistrada reemplazante, lo que se plantea básicamente, es que no es materialmente posible que la jueza haya estado presente en dos audiencias al mismo tiempo.
Según lo que informa la Justicia, los días 4 y 11 de marzo, y el día 6 de mayo del presente año, la Dra. Karina Mabel Yabor asistió por Zoom a las audiencias del juicio que nos ocupa. Sin embargo, de acuerdo a una sentencia firmada por esta misma jueza, en las primeras dos fechas ella estaba atenta a otro juicio. Dice la sentencia: «todo lo relevado se encuentra documentado en las actas de debate […] 4 y 11 de marzo; y, 5 de abril, correspondientes al año 2024.». Por otro lado, el día 6 de mayo, se celebró la audiencia de escucha de la última palabra de los imputados y el dictado del veredicto en otra de las causas que se tramitan en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata, en donde Yabor inverviene como jueza unipersonal.
Dice, de manera muy clara, el pedido de recusación: «Estas circunstancias hacen materialmente imposible que haya asistido por zoom a las audiencias de debate de esta causa».
De esta manera, todo el proceso judicial pareciera insalvable, ya que queda claro que, ante la renuncia del Dr. José Mario Tripputi, no hay nadie que pueda reemplazarlo.
¿Será este el final de esta triste historia? ¿Terminará todo en la nada? Pareciera que sí. Vidas arruinadas, personas absolutamente vulneradas en sus derechos más básicos, acusaciones caprichosas y delitos gravísimos contra el erario público que no sólo quedarán sin condena, sino que además implicaron un gasto enorme para sostener seis años de investigaciones, de prisiones preventivas y domiciliarias, con un estipendio de recursos infernal, para terminar arribando a un resultado completamente nulo.
¿Lo más triste? Que los funcionarios judiciales que intervinieron en todo este desastre no van a afrontar consecuencia alguna. A diferencia de los médicos a los que metieron presos —en algunos casos, de forma caprichosa— a ellos nadie los va a arruinar en un juicio por mala praxis.
Porque parece que en la Argentina, para la Justicia, equivocarse siempre es gratis.