En su éxtasis reformista —y avalado por una sociedad que ve el cambio con buenos ojos— el gobierno avanza convencido de que es preferible romper y después arreglar, a dejar las cosas como están. Les viene funcionando en casi todos los ámbitos. Desde la pesca aseguran que lo de ellos es distinto y que, si se quiebra el régimen de CITC de merluza hubbsi, el perjuicio puede ser irreparable.
Ya hace once meses que se vienen escuchando comentarios desacertados por parte de diferentes actores relevantes del gobierno nacional hablando sobre la pesca. En su momento, Diana Mondino dijo: «no seamos hipócritas, ustedes saben perfectamente que los que pescan no son argentinos»; aparentemente confundiendo a la actividad extractiva e industrial que se realiza dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina —la cual genera 47.000 puestos de trabajo genuino en nuestro país y u$s1.700 millones en exportaciones anuales— con lo que pasa más allá de dicha jurisdicción, en lo que comúnmente se conoce como la «milla 201». Federico Sturzenegger, hace poco, los trató a todos de ladrones, diciendo que «en la Argentina es como que el robo es legal». El ministro de Desregulación y Transformación del Estado lanzó esa frase mientras estaba hablando de unos tributos imaginarios que él cree que pagan los que se dedican a la pesca; aunque esto es difícil entender porque, los valores que Sturzenegger ha expresado una y otra vez con absoluta convicción, no se corresponden con ninguno de los aranceles reales. Lo que uno puede suponer, es que se refiere a los Derechos Únicos de Extracción, pero ni una sola vez logró expresar cifras que estuvieran en línea con lo que de verdad se paga.
En medio de todo ese desconocimiento, se asoma una figura menor que —se supone— maneja el tema algo más de cerca: se trata de Juan Antonio López Cazorla, el veterinario que terminó un día sentado en el sillón más importante del Consejo Federal Pesquero. Desde su rol de subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Cazorla parece decidido a que su infame lugar en la historia de nuestro país sea el de haber sido quien dio por tierra con el régimen de cuotas individuales transferibles de captura para la especie merluza hubbsi, el sistema que a lo largo de los últimos 15 años ha ordenado a dicha pesquería, la más importante de nuestro país.
Un poco de historia
Recordemos que la pesquería de merluza hubbsi estuvo, hace relativamente poco, a punto de colapsar. Fue luego de que, durante la década de 1990, se permitiera la sobreexplotación indiscriminada del recurso, lo que provocó, muy pocos años más tarde, una fuerte crisis cuya principal consecuencia fue el despido masivo de miles de trabajadores. El punto más álgido de aquella saga en nuestra ciudad se dio el 30 de mayo de 1999, cuando el entonces intendente Blas Aurelio Primo Aprile, acompañado de unos cien mil marplatenses, despidió a una flota de cien barcos que pusieron rumbo a la ciudad de La Plata, donde se iba a tratar una ley de emergencia pesquera.
Hoy, según datos del propio INIDEP, la merluza hubbsi es un recurso que se encuentra en niveles óptimos de explotación. Esta situación se da luego de 15 años de operar bajo lo que se denomina el régimen de cuotas individuales transferibles de captura. Este mismo régimen, además de para la merluza hubbsi, impera para otras tres especies: la polaca, la merluza negra y la merluza de cola. En el caso de estas últimas, la renovación de las cuotas se realizó sin problemas, extendiendo el mismo sistema por los próximos 15 años. Sobre la merluza hubbsi, al día de hoy —a un mes de que se venza el actual régimen—, no hay definiciones.
Desde hacía un tiempo que se venían publicando rumores de pasillo asegurando que la intención del gobierno nacional era cambiar dicho régimen sin que exista, al menos por ahora, una propuesta concreta para reemplazarlo. En la última sesión del Consejo Federal Pesquero, finalmente, se puso en negro sobre blanco: «Asignación o prórroga por un año de CITC de merluza común». Es la primera vez que, en un documento oficial, queda plasmada la propuesta que Juan Antonio López Cazorla venía deslizando en privado hacía semanas: prorrogar el actual régimen sólo por un año, para así abrir la puerta a la posibilidad de imponer un sistema distinto, seguramente basado en licitaciones. Va a ser interesante ver cómo hace Cazorla para justificar, luego de la renovación de las CITC para las otras tres especies, que para la merluza hubbsi el sistema cambie de manera caprichosa y si ningún respaldo jurídico.
Oídos sordos y llantos tardíos
La propuesta del subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de renovar las CITC de Merluza Hubbsi sólo por un año deja en claro que, a pesar de los numerosos esfuerzos que se hicieron desde todo el sector pesquero para manifestarse y explicar las desastrosas consecuencias que podría tener esta decisión, no han sido escuchados. Muy por el contrario, Cazorla propone también el aumento de los Derechos Únicos de Extracción en niveles que harían insostenible una actividad que ya viene atravesando una fuerte crisis.
El que se subió tarde al barco —quizás, porque no tiene mucho para aportar en el tema— fue Guillermo Montenegro, quien esta semana recibió a diferentes representantes del sector pesquero y naval. Está bien, la foto había que sacársela. ¿Servirá de algo? Probablemente no. Las gestiones que pueda llegar a hacer Montenegro se perciben igual de fútiles que las presentaciones realizadas por la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Buenos Aires, Carla Seain, quien parece haberse despertado por fin luego de hacer la plancha por años. En la última sesión del Consejo Federal Pesquero, la representante de los bonaerenses ante el organismo elevó una serie de requerimientos que apuntan a un fuerte cuestionamiento por la falta de definiciones al respecto de la principal pesquería del país. La actitud un poco más beligerante es acertada y bienvenida, pero tardía: queda menos de un mes y el daño ya está hecho. Así lo dejó muy en claro el presidente de Estrella Patagónica S.A., Buenaventura Lafuente Matos, quien aseguró que «la indefinición de la cuotificación está frenando inversiones».
Tal vez la única ventaja de que el actual régimen se prorrogue por sólo un año, es que le da más tiempo a los actores del sector para repensar las estrategias: quizás no sea necesario volver a juntar a toda la flota y partir hacia el norte en señal de protesta como a fines de «los noventas» pero evidentemente el mensaje, hoy por hoy, no estaría llegando.
El olfato de la Justicia
Desde este medio siempre hemos insistido que no hay animal con mejor olfato político que la Justicia, que siempre parece adelantarse a los cambios que la sociedad va proponiendo. En ese contexto, la información que trascendió en las últimas horas, de que un matrimonio vinculado con las inspecciones en el sector pesquero está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, y que —casi de manera simultánea— se realizaron allanamientos que buscan probar supuestas maniobras fraudulentas por parte de la empresa pesquera Saori SA —ambas investigaciones, bajo la órbita del juez Santiago Inchausti— resulta reveladora.
Sin embargo, la denuncia que dio génesis a la investigación por enriquecimiento ilícito fue radicada por el entonces jefe Distrito Mar del Plata de la subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Juan Carlos Nicolau, en el año 2017. Que recién siete años más tarde esta pesquisa se haga pública, en sincronía con otros catorce allanamientos en Mar del Plata, la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos por la causa de Saori SA, y justo en el momento en que la normativa más relevante al respecto de la actividad pesquera en el país se pone en cuestionamiento, es toda una señal.
Parece que el cambio llegó no más a la pesca… pero quizás no sea el tipo de cambio que más de uno estaba esperando.