Cooperadoras escolares | Denuncian que una exdirectora de escuela habría falseado documentación correspondiente a la Asociación Cooperadora, al punto de hacer figurar como revisora de cuentas a una docente que nunca cumplió tal función. La documentación pertinente no aparece, y se borran las huellas.
Un abogado local denunció de oficio a quien hoy se desempeña como Inspectora de área en la Rama Técnico Profesional en el Distrito de General Pueyrredon, pues la considera responsable de delitos de acción pública y contra la administración, que se habrían cometido mientras ella oficiaba como directora de la Escuela de Educación Secundaria Técnica n°4, sita en avenida Jara y Maipú de esta ciudad.
El denunciante es Sergio Sosa Ortega,quien asegura que Gladys Susana Romero no sólo habría falseado documentación atinente a la Asociación Cooperadora de aquella escuela, sino que además habría intentado evitar la acción de la justicia entorpeciendo la investigación, ya que a su criterio habría ejercido presión sobre sus subalternos y dependientes. Funda lo dicho en que toda la documentación respaldatoria para llevar adelante las acciones previstas por la justicia en este caso se encontrarían bajo su exclusiva custodia, o bajo el área de Inspección Distrital, ambas en la sede del Consejo Escolar de Colón 6040, en el caso de que aquellos papeles aún existan.
El abogado asegura que los hechos le llegaron por suma casualidad, en oportunidad de que se encontraba en el edificio citado realizando trámites de su incumbencia, y que le fueron referidos por una testigo anónima, por lo cual habría iniciado su propia investigación. Supo en la oportunidad que la cuestión implicaba a la anterior directora de la Escuela Técnica 4, Romero, acerca de quien la testigo habría referido lo siguiente: “falseó actas de designación de la Asociación Cooperadora de la entidad, haciendo figurar como revisora de cuentas a una docente que no sabía que la habían puesto en dicho cargo, y que además le falsificaron la firma en una serie de actas de dicha asociación cooperadora, y aparentemente en la rendición de cuentas de una suma cercana a los 64.000 o 65.000 pesos, y que los ´habría tragado´ junto su hermana que era parte de la comisión directiva en el período 2013/2014”. Asimismo, agregaba que se estaba tratando de disimular todo lo sucedido por medio de influencias y favores.
Conflicto de intereses
La Asociación Cooperadora de una escuela está formada por los padres de los alumnos, y el rol del director es el de asesor de su funcionamiento. En este caso, la directora Romero habría permitido que se incluyera en la comisión a su hermana Silvia, lo cual está expresamente prohibido en el Decreto 4767 que reglamenta su funcionamiento: “En una misma institución, los cargos de presidente y tesorero serán incompatibles entre sí y con los de miembros de la comisión revisora de cuentas y/o asesor, para cónyuges y parientes de hasta segundo grado de consanguinidad”, como lo indica el artículo 16.
Los datos falsos se habrían cargado en los formularios PIA de Cooperadora -Planilla de Información Anual- también en el libro de actas obrante en la Escuela Técnica 4, y en documentación que se entrega al Consejo Escolar para rendir cuentas de lo actuado.
La maniobra irregular incluye la designación falsa de una docente de esa institución, Lorena Iannone, como miembro de esa asociación en carácter de revisora de cuentas, cuando en realidad la profesora -quien ejerce el cargo concursado de Jefa de Área- no reconoce haber ejercido funciones en la cooperadora, y desconoce todas las firmas apócrifas que se encuentran en las actas.
Al enterarse de la irregularidad, la misma Iannone se presentó ante la Dirección de Inspección Distrital, donde dejó constancia expresa en acta de que nunca había resultado electa como autoridad de la asociación, ni había estado presente en la elección, ni rubricado ningún libro de actas ni documentos volantes equivalentes. La calificación provisoria que sugiere el profesional acerca de los hechos acaecidos es la de falsedad ideológica de instrumento público en forma continuada o reiterada, y uso de instrumento público falso o adulterado, que consiste en: falseado del libro de actas de cooperadora en cuanto a la designación de Lorena Ianonne como revisora de cuentas de la Cooperadora y de cada una de las actas de reuniones en donde figure firmando como presente, agravada por ser funcionario público para el caso de la directora y los docentes directivos que estuviesen en funciones en ese momento; falsedad ideológica de la rendición de cuentas o aprobación de gastos parciales en su rol de revisora de cuentas, falsificación de actas volantes remitidas al superior, falsificación de rendición, y aprobación de gastos y formularios por una suma cercana a los $64000. Además de la malversación de caudales públicos, que habrían sido reintegrados en las cuentas con posterioridad.
La causa
El expediente tramita en la Unidad de Delitos Económicos n°10, con intervención del fiscal Roberto Javier Pizzo, quien recibió la denuncia en diciembre pasado y ordenó se arbitren los medios para recibir la declaración pormenorizada de la damnificada Ianonne. La nombrada se presentó en enero del presente año, y expuso que oportunamente había tomado contacto con el libro de actas de la Cooperadora de manera accidental, y allí había visto actas en las cuales constaba su nombre, pero con una firma apócrifa, ya que ella nunca había participado de una asamblea de cooperadora y menos aún había sido notificada de ser revisora de cuentas de esa asociación. Sorprendida, había realizado en la escuela el acta de descargo correspondiente, y había expuesto lo acontecido en la oficina de Cooperación Escolar del Consejo Escolar, aunque la persona que la atendió minimizó lo sucedido.
Sin embargo, esa oficina de Cooperación Escolar convocó a la docente en cuestión recién en noviembre de 2016, para decirle que efectivamente su nombre figuraba en las dichosas planillas. Por esto, Ianonne notificó lo sucedido a la consejera escolar Eva Fernández, quien es la presidenta de la Comisión de Entidades Coescolares, ante quien firmó una nueva acta de descargo el 4 de diciembre de 2016: “Nunca presencié ninguna asamblea ni reunión de Cooperadora, no sé quiénes formaban parte de dicha Cooperadora, y tampoco firmé nada relacionado con la Cooperadora, ni tuve contacto con dinero de la misma”.
El abogado en cuestión arremete nuevamente. Asegura ahora que ha analizado la prueba y ha encontrado nuevas irregularidades que hacen que las cuestiones administrativas aparezcan aún más complicadas en la asociación civil que regula los montos para la mantención del edificio escolar. Dice que averiguó que aquel acto de la asamblea en cuestión no fue publicado, que se realizó en silencio como recurso para lograr la designación de una lista única. Tampoco se habría respetado la calidad de socios activos para la elección de las autoridades, según indica el reglamento. Así se designó como secretaria a Silvia Romero, hermana de la denunciada, con un número de documento falso. La misma adulteración de los números de documento puede verificarse en la designación de varios de los vocales de la comisión. Como revisora de cuentas consta la elección de la mencionada Lorena Ianonne, quien no se encontraba presente en la asamblea, y como suplente de este cargo, la entonces Jefa de Preceptores de la institución, cuyo número de documentos tampoco es el que consta en el acta.
Por todo lo expuesto, el denunciante solicita al fiscal ordene la inmediata acción de allanamiento y secuestro, con los fines de resguardar el libro de actas de Cooperadora de la Escuela Técnica 4, los originales de formularios PIA obrantes en el Consejo escolar, y las rendiciones de cuentas de los años 2013, 2014 y 2015, así como las actas redactadas y rubricadas por la inspectora distrital con la docente Lorena Ianonne, en donde desconoce la pertenencia a la Asociación Cooperadora de esa entidad, y las firmas allí insertas. También solicita toda documentación que justifique el movimiento de fondos equivalente a los $64.000, así como las facturas que la respalden, o los depósitos bancarios realizados en la cuenta de la cooperadora ex tempore.
Pero más allá de la acción penal, la denuncia administrativa fue realizada por el abogado Sosa ante las autoridades del Consejo Escolar durante el pasado mes de abril y también ante el Director General de Cultura y Educación, por lo cual agrega lo siguiente: según información por él recolectada, los formularios de rendición desde el 2012 al 2015 “fueron irregularmente devueltos irregularmente por la consejera escolar Eva Fernández a los sospechados para que emprolijen la documentación, y no le habrían sido devueltos (los destruyó), y a su vez, se habría pretendido presentar un nuevo juego de declaraciones juradas sin firmas de ninguno de los integrantes de la comisión directiva de la Asociación Cooperadora escolar”…
¿Es esto posible? Por supuesto. Suena feo, y cada vez que se lee, resulta peor. Sobre todo porque no hay ninguna forma posible de revisión institucional ni verdadero contralor, ya que la actual inspectora Romero tiene bajo su supervisión la misma institución que gestionó durante tanto tiempo, es decir la Técnica 4. La misma escuela en la que ella misma estudió, y ocupó diversos cargos jerárquicos durante toda su carrera docente. Una simple cuestión ética que implica un conflicto de intereses. ¿Avanzará la justicia esta vez?