Una grave denuncia pone a los funcionarios Aiello y Artime como parte de la lista de quienes habrían usado sus influencias para sacar licencias de conducir. Si esto es cierto, les hicieron un carnet municipal en un formato que ya no existía. Como si esto fuera poco, las llamadas al celular de Belmonte hablan por sí solas.
Tras el papelón de la intervención de la Dirección de Tránsito, comienzan las salpicaduras previsibles. Como cualquiera podía calcular, más de un funcionario usufructuó su condición y cercanía del poder para no tener que sufrir las demoras habituales, ni recorrer los infinitos vericuetos que depara efectuar el trámite del registro, que además suele dejar al conductor fatalmente inhabilitado durante un enorme tiempo, aunque inicie el trámite antes de que se venza su carnet anterior.
Claro que los registros deberían ser rápidos, pero no lo son. Claro que cualquiera que realice su renovación en tiempo y forma, no debería quedarse ni un solo día sin el registro que le corresponde, pues en general afecta el desplazamiento laboral y además ha sido pagado por el contribuyente, que sale de la dependencia con las manos vacías. Pero es así. Al menos es así para los ciudadanos comunes y corrientes, porque según indica un estudio de abogados que se presentó ante el juez de garantías, los funcionarios Martín Aiello y Marcelo Artime no habrían tenido necesidad de esperar los plazos previstos, tan molestos para el común de la gente.
Los abogados afirman que los datos surgen de una denuncia anónima, e indican que a principios de 2012, el secretario de Gobierno Marcelo Artime concurrió a tramitar su licencia para conducir a la sede central, aunque no se ha podido verificar si la gestionó de manera legal o ilegal. Afirman que, concluido el trámite, se le indicó que el carnet demoraría de 7 a 10 días, y llegaría por Correo Argentino a su domicilio.
Estos plazos resultaban incómodos para el funcionario, debido a sus tareas. Por eso se le confeccionó un carnet municipal -la credencial de color amarillo que cualquiera recordará-, cuando de hecho ya no estaba en vigencia. El trámite, ya derogado desde noviembre de 2011, se habría realizado por orden de terceros, cuando el único carnet habilitado era el plástico nacional de color blanco y azul.
En la denuncia se indica además que una empleada le sacó la foto en ese momento con una cámara web, en un espacio de la Secretaría, cuya pared es de color blanco y beige, usualmente utilizado como cocina y archivo. Que se lo entregaron en el momento, y que habría sido factiblemente destruido o simplemente suprimido cuando el carnet nacional estuvo en sus manos.
Bastante similar es el recorrido que se narra para la obtención de renovación del carnet realizado por Martín Aiello, titular del área de Desarrollo Social, alrededor de un mes después.
Reuniendo ambos datos, los abogados solicitan que la Justicia actúe de oficio en la búsqueda de bases de datos correspondientes, con el fin de verificar lo antedicho. De comprobarse el accionar, podría considerarse que los nombrados han incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que –afirman- “faltaron a los deberes de probidad que tales cargos imponen”: serían acusados de favor o trato privilegiado, uso de documento público adulterado y supresión posterior de instrumento público.
La interna
“Decile al intendente que tengo muy anotados a todos los que me mandó él”, dijo Juan Carlos Belmonte, cuando vio que no se iba a poder fugar por una ventana de la dependencia donde fue detenido. Lo escuchaba Guillermo Iglesias, el director de Transporte y Tránsito, designado por Pulti como interventor del área.
Belmonte había llegado por la puerta grande, cuando a ninguno le importó que ya tuviera una causa previa por una cuestión similar que, se dice, data de 2004. Ni siquiera a Ariel Ciano, a quien se sostiene le consultaron antes de efectivizar el nombramiento de Belmonte como Jefe de la División Licencias de Conductor, Manejo Defensivo y Accidentología de la ciudad. Decían que así sería hasta que se llamara a concurso. Un concurso que nunca se hizo, a pesar de que el intendente Pulti defendió tantas veces que los cargos debían legitimarse de esa manera. Claro que lo hacía cuando era concejal. Lo cierto es que Belmonte permaneció en el cargo casi de forma vitalicia, y se dice que se lo debe a su participación en el Sindicato de Trabajadores municipales, con quien el intendente no puede ocultar los acuerdos. Belmonte fue procesado durante el gobierno del ex intendente Daniel Katz, pero cuando se desempeñaba como presidente de la Asociación de Fomento del barrio Las Avenidas, prestaba su edificio para las reuniones de Acción Marplatense. Todo se paga.
Hoy Belmonte es el principal sospechoso de las irregularidades en la entrega de licencias de conductor, y también de otorgar registros ilegales sin llevar adelante las pruebas médicas requeridas. Indican las denuncias que se salteaban las pruebas de manejo, aun en personas efectivamente imposibilitadas para conducir o que no sabían hacerlo.
El costo oscilaba entre los 500 y 800 pesos, y la trama mafiosa del recurso involucró a 25 personas, de los cuales 17 son empleados municipales. Una vez detenidos, los implicados fueron trasladados por personal de Prefectura Naval en el marco de una causa que los imputa por asociación Ilícita, falsificación de instrumentos públicos, defraudación de la administración pública e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Son Daniel Mostaza, Eduardo Caccivilliani, Sabrina Soria, Brenda Burgos, Leda Araya, Sabrina Morel, Verónica Benedetti, Raúl Hernández, Viviana Beatriz Pared, Fernando Eduardo Peña, Guillermo Castellanos, Carlos Cobos, Carlos Bosch, Daniel Celano, Esther Bonfini, Alberto Zelaschi, Esther Machín, Marcelo Beliz, Jorge Rubilar, Luis Belmonte y Juan Carlos Belmonte.
Con semejante estado de cosas, es evidente que ha sido necesaria la anuencia de estamentos superiores de la comuna para que esta organización fuera posible. No se habla aquí de un hecho aislado, sino de que es posible que hasta los mismos funcionarios políticos hicieran uso de los favores especiales para obtener sus carnets de manera ventajosa.
Contactos
Lo más interesante de las últimas horas parece ser la primera lectura de las transcripciones de las llamadas que se hicieron a los celulares de los hoy detenidos. De no creer las sorpresas que generan los nombres que allí aparecen. ¿O no tanto?
Para comenzar, considerando solamente las llamadas de principios de marzo de este año al celular de Daniel Eduardo Celano, puede verificarse que se piden registros automáticos como si se tratara de un delivery. El funcionario cita a la gente en Juan B. Justo y Francia, y agrega que el precio lo conversarán personalmente. Cuando el cliente pregunta si le entregarán un comprobante que le permita circular, Celano agrega que si lo intercepta un operativo de Tránsito, tiene que pedir que lo llamen a él. Es decir, todo el mundo en la Dirección estaba enterado.
Pero quizá más curiosa aún es la llamada de Bruzzeta. Sí, el jefe de Inspección General, asiduamente presente en estas páginas porque las denuncias en su contra jamás se agotan. El caballero de las inspecciones violentas llamó a Celano, y le dijo textualmente que le mandaba un muchacho “para hacer la VTV”. Es decir que Celano no solamente vendía registros, sino que además, entre los productos de su carta, parece haber obleas de verificación aunque todavía no queda claro cómo llegaban a sus mandos. Para complementar los datos, cabe agregar que recientemente fueron despedidos ocho empleados de la planta de VTV de Batán, y no es descabellado pensar que pueda estar saltando una punta del sitio del cual provenían los trámites evidentemente ilegales.
En cuanto al teléfono móvil de Juan Carlos Belmonte, consta una llamada de Cirone, titular del Sindicato de Peones de Taxi. Durante la conversación, se deja entrever que una persona ha venido a hablar con el funcionario nombrando al sindicalista para tramitar una licencia ilegal, se supone que de tipo profesional, pero Belmonte no accedió porque no estaba seguro de que Cirone efectivamente lo hubiera enviado, y no quiso ponerse en evidencia. Catalogan al visitante como “algún pícaro”. Textualmente dice Belmonte: “hay muchos que saben de esto”, “algún tachero ha corrido el rumor”. Por eso deciden que cuando Cirone mande a otra persona debe hacerlo con la “tarjetita”, para que así -con este salvoconducto- sea atendido por Belmonte. O de lo contrario, lo llamará. En cuanto al cliente que tiene en este momento, Belmonte le pide que lo mande a Colón y Santa Fe, e indica que “las chicas lo llaman”. Otras más que estaban enteradas de la asociación ilícita.
El siguiente que llama para “mandar un muchacho” se llama Claudio, y tiene un celular que termina en 392. No ha de ser muy difícil buscarlo en la nómina de la comuna. Es decir que, si todos los amigos del intendente saben de los negocios de los muchachos de Tránsito, ¿habrá sido posible que él no lo supiera? Recordemos que el líder sindicalista ha estado muy cerca de Pulti en varias situaciones.
Pero además, si es cierto que nadie –pero nadie- que trabaje en el Poder Judicial ha ido jamás a sacar un registro de conducir sino que solamente mandan el dinero y les envían las credenciales a sus despachos, ¿cuál será el juez que firme la causa de Belmonte sin excusarse? ¿Cuál el fiscal que lo acuse sin que Belmonte diga más cosas de las que ya ha dicho?
A estas alturas, la causa es una papa caliente con la cual nadie debe querer quedarse. Habrá que seguirle los pasos, hasta que quede en el despacho de un fiscal que se maneje en remise. Ése la firma. Una más para Tránsito, y salpicaduras para todos los funcionarios de la comuna. Pero claro, los pícaros son los otros.