Estafas a jubilados | Detuvieron al empleado de ANSES que desde 2015 cobraba por hacer trámites. Amenazaba con una pistola para que no lo denunciaran e intimidaba a cualquiera. Así y todo, estuvo al borde de quedar impune.
Se llama Guillermo Alcaraz, le dicen El Negro y es el exempleado de la ANSES acusado de engañar a potenciales jubilados o pensionados con el cobro de un falso arancel por realizar trámites previsionales que, por supuesto, son gratuitos. Recientemente fue —por fin— detenido en un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en la sucursal de ANSES en Mar del Plata de Avenida Luro al 4900. Sí, como se lee, aunque tenía orden de captura y de no permitir su ingreso a la oficina del Estado, el señor estaba allí. Impune, añorando sus épocas de poder mafioso.
Alcaraz permanecía prófugo desde el pasado mes de octubre, cuando la Justicia Federal había ordenado su detención con abrumadoras pruebas en su contra y, pese a que se creía que podía estar fuera de Mar del Plata, resulta que lo encontraron en la que era su oficina de trabajo, de donde —parece— no podía desprenderse. Un nostálgico que quedó detenido por orden del juez Santiago Inchausti, que había revertido la falta de mérito antes dictada por la Cámara de Apelaciones.
Los hechos que se le atribuyen a Alcaraz son al menos tres, e interviene en su investigación la fiscal federal Laura Mazzaferri. Se trata de cobrar dinero a los futuros jubilados o pensionados para realizar trámites, lo que se califica como el delito de extracción. Pero no sólo ha estafado, al menos, desde 2015; sino que —gracias a su naturaleza violenta, según lo califican los testigos— había llegado a intimidar con un arma de fuego a una de las damnificadas para que guardara silencio.
La justicia ya había avanzado en la investigación en su contra, pero la Cámara de Apelaciones entendió que no había prueba suficiente y dictó la falta de mérito, al tiempo que ordenó seguir investigando. Alcaraz se escudó en su condición de delegado gremial, y argumentó que todo se reducíaa una persecución de carácter político. Como integrante de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Alcaraz parecía haber ganado la batalla contra la justicia federal, hasta que comenzaron a multiplicarse denunciantes y efectivas pruebas en su contra que dieron elementos a la fiscal Mazzaferri para seguir adelante.
Doña Rosa
El hecho más difundido sucedió en septiembre de 2015, cuando el hoy detenido acompañó a un jubilado de apellido Chávez hasta el banco para asegurarse de cobrar la mitad del haber inicial, que era lo que había convenido a cambio de realizar un trámite previsional. La maniobra quedó registrada por la cámara de seguridad del Banco Industrial, y es la prueba que se invoca con todo detalle en la documentación que desvincula a Alcaraz con la UDAI en la que se desempeñaba, e incluso en el telegrama de despido que le impediría —en teoría— volver a ingresar a las oficinas de Luro al 4900.
En ese mismo sitio Alcaraz había recibido a otra de las denunciantes, Rosa Jaureguiberry, quien concurrió allí buscando información acerca de las posibilidades de viabilizar un trámite de cobro de pensión tras la muerte de su compañero, ya que no estaba legalmente casada. Parece que entonces también corría el 2015: Alcaraz la había llevado a su box, y le había solicitado un monto de dinero para iniciar las gestiones, diciéndole que debía “arreglar” a varias personas. Mencionó a los abogados y a un tal Gonzalo, quien se ocupaba del inicio de trámites en atención al público. Hasta el momento, la denunciante no lo conocía.
Rosa no tenía dinero, pero vendió su coche, que era hasta entonces su único modo de vida, ya que se ocupaba de transportar a los vecinos de Lomas del Golf a cambio de algo de dinero para su subsistencia. Ya era enero del 2016 y, cuando le llevó los $3000 acordados, Alcaraz le enseñó un bolso con varios regalos del Club Alvarado, y una pistola 9 milímetros: le dijo que no le trajera problemas ni hablara con nadie más porque le podía ir mal.
Pasó el tiempo, y la denunciante volvió a entregar dinero, pero también insistía en averiguar sobre los avances de su trámite ya que no veía ninguna novedad que implicara un adelanto. Cuando inquirió sobre los resultados, Alcaraz la tomó del brazo y la llevó hasta la vereda. Allí volvió a amenazarla con la pistola gris, y le dijo que terminaría en un zanjón. Dice la denunciante que, cuando esto sucedió, estaba a su lado el patrullero con todos sus ocupantes, pero nadie pareció alertarse con lo ocurrido. Declaró además que —a partir de ese momento— el timbre de su casa sonaba a cualquier hora, y que tuvo la sensación de que la seguían en un auto. Por eso, cuando supo que Alcaraz no estaba en la oficina, concurrió solicitando hablar con quien —le habían dicho— era una autoridad en la oficina: Adelina Martorella.
Claro que el alboroto en la UDAI fue inmediato. Algunos empleados hablaron con ella, que terminó siendo atendida por Mónica Guastello, la Coordinadora que se identificó como madre del mencionado Gonzalo. Ella le prometió que iniciaría el trámite, y le pidió a cambio que no hablara con nadie más porque su hijo podía perder el trabajo.
Amenazada
Pasó el tiempo, y Rosa se encontró con Alcaraz en las cercanías de su domicilio. Ella consideró que se dirigía a un sitio cercano donde se venderían sustancias ilegales, y lo vio acompañado por otros dos hombres que la amenazaron con golpearla. Rosa ya estaba más que asustada, y desesperanzada con cualquier posibilidad de cobrar su beneficio; por eso se dirigió nuevamente a la oficina y habló esta vez con el empleado Gonzalo Tacchini. Le dijo que realizaría la denuncia penal, y que no iba a esperar más para hablar con Martorella.
Ante el inminente escándalo, Gonzalo se vio acorralado y se apuró para ingresar él en el despacho antes de que lo hiciera la víctima de la estafa. Pero Rosa finalmente fue recibida, explicó su situación, e inmediatamente fue acompañada por la gerenta hasta la comisaría para realizar la correspondiente denuncia.
Alcaraz le había dicho que toda la gestión le costaría $50.000: la cuenta consideraba diez mil pesos por cabeza para él, para Gonzalo Tacchini y para cada uno de los abogados que estarían implicados en la misma estafa. Hasta ahora, sólo se ha detenido a la cara visible de esta estructura.
Pero María Adelina Martorella también declaró sobre lo acontecido en ese día 1 de marzo de 2017. Contó que fue Tacchini el que primero entró a su despacho “angustiado, casi llorando”. Y se apuró a decirle que no quería tener problemas por culpa del Negro Alcaraz, que afuera estaba la titular de un trámite que él había iniciado por su indicación pero que le parecía que la situación era irregular.
Por supuesto que, problemas, ya tenía. Las dos mujeres hablaron con presencia de dos testigos, y de allí fue que se inició la denuncia. No sólo Alcaraz la había obligado a hacer silencio: la coordinadora Mónica Guastello había hecho lo mismo para proteger a su hijo, así como también el empleado iniciador Gonzalo Tacchini. El mismo que, según declaró Martorella ante la UFI Nº10 de Delitos Económicos, justamente figuraba como iniciador en otros trámites en los que Alcaraz también había pedido dinero.
Tras la denuncia citada, Tacchini se presentó a trabajar sólo un par de días más, y luego comenzó a recurrir a las licencias médicas. Alertadas, las autoridades solicitaron que fuera presentado el caso ante una junta médica que determinara la patología que le impedía concurrir a su trabajo. Cuando esto sucedió, simplemente envió el telegrama de renuncia. En cuanto su madre, Guastello, fue trasladada a otra dependencia sin mayores consecuencias.
Como se ve, la eficiente justicia del fuero federal va a paso de tortuga y se ocupa de lo que quiere. Una evidente estructura clandestina que obtiene dinero de los más vulnerables, aprovechando su condición de poco avezados en el funcionamiento burocrático del Estado. Una banda de facinerosos que les cobran a los que necesitan una pensión que no saben gestionar. Constan allí con nombre y apellido. Pueden entrar a trabajar armados y cobrar comisiones ilegales en su box de trabajo, porque ni siquiera hay cámaras de vigilancia. Pero el juez tarda cuatro años en detener al más mentado. Los demás, ya trabajan en otro lado.