Investigación central de la semana
Estafa a jubilados | Un jubilado analfabeto denunció que tuvo que entregar casi la mitad de su retroactivo a un agente de la ANSES. El hombre le habría exigido “su parte” por haberlo ayudado con el trámite. ¿Se puede imaginar una bajeza mayor? Un juez federal dictó el procesamiento correspondiente.
La muerte de Lucía Pérez | Tras el informe del cuerpo forense de la Suprema Corte de Justicia, la defensa solicita la absolución de los tres acusados del crimen de la joven marplatense. La fiscal había afirmado detalles que no tenían sustento en las pericias, en una conferencia de prensa prematura. Hoy se afirma que la causa de muerte es indeterminada.
Denuncias contra el Estado | Fue desestimada la denuncia de Claudia Rodríguez contra la actual administración comunal. Se dice que esta forma parte de una oleada de presentaciones judiciales con escaso asidero, que generan pérdida de dinero y tiempo en tribunales. Los funcionarios amenazan con acusar a los denunciadores seriales por temeridad.
Lesa humanidad | El integrante del Tribunal Oral Federal que puso tanto ahínco en investigar el curso de los hábeas corpus infructuosos que procuraban liberar a los abogados de «la noche de las corbatas», resulta ser el mismo que firmó la denegatoria. Portela, el juez que pregunta lo que bien sabe.
Causa UOCRA | Luego de la detención de Pablo Medina, líder sindical de la construcción, las denuncias en contra de los hermanos Trujillo –de la UOCRA local- siguen durmiendo en los tribunales. Ya casi los premian con más plata para construir casas que jamás harán.
Predio de disposición final | La toma del acceso al basural dejó secuelas en el ámbito político. La fiscal pedía que se diera la orden de desalojar el acceso y el juez dijo que no, porque el costo político sería para él. Algunos no creen que los manifestantes sean verdaderamente recicladores urbanos.
