Dos adolescentes murieron al caer al vacío en una cantera que nadie cuidaba. Debió haber un vallado y personal de seguridad que les impidiera la entrada. La comuna es responsable de una ordenanza que no se ha reglamentado, y por lo tanto no se cumple.
Lucas y Ramiro eran dos chicos de 13 y 16 años, que un día 20 de agosto paseaban en cuatriciclo por el camino de la zona de canteras de Batán. Estaban a unos 15 kilómetros de Mar del Plata, cuando murieron tras caer desde un barranco de 50 metros.
Las causas que provocaron el accidente no requieren de una investigación tan compleja: obviamente se divertían con el vehículo en una zona de taludes, sin prever que encontrarían el peligro mortal. Eran las dos y media de la tarde. Bomberos y otros equipos de rescate trabajaron para recuperar los cuerpos durante mucho tiempo, ya que las alturas de las montañas de tierra son enormes.
Obviamente, se vivieron horas de espanto para las familias, ya que los cuerpos se visualizaban, pero no había forma de acceder a su rescate, que requirió de personal idóneo y del uso de un gomón. Fue una verdadera tragedia.
No hubo testigos de la caída porque el sitio no es muy transitado, pero dos chicas que pasaron en la tarde por el camino descubrieron los cuerpos de los menores al fondo de la cantera, y avisaron a la policía de Estación Chapadmalal.
El hueco es tan grande que se formó un espejo de agua estancada como consecuencia de las lluvias: allí cayó el cuatriciclo. Los cuerpos de los chicos quedaron sobre las rocas, por lo cual resultaron visibles a simple vista, pero inaccesibles.
Transcurrida la tarde, familiares y vecinos se agolparon en el lugar, en el acceso al predio de las canteras, con las consecuentes escenas de dolor y tensión, cuando los equipos de rescate trabajaban asistidos con lámparas y generadores de energía.
Se supo que en el momento del accidente el cuatriciclo era conducido por el mayor de los chicos por un camino pedregoso que bordea la cantera. Su familia es de Estación Chapadmalal; se dice que el otro chico era un amigo que estaba de visita en su casa.
Los riesgos
El circuito de canteras se encuentra al sur, entre Mar del Plata y Batán, tras el cinturón frutihortícola. La más pequeña de las cavas tiene 35 metros de profundidad.
Pero en particular, esa cantera en la que cayeron los chicos es conocida como Don Mariano, y tiene por los menos 50 metros de fondo. Se trata de estribaciones rocosas del macizo de Tandilia: de allí se extrae la cuarcita, llamada popularmente piedra Mar del Plata.
Pero no es solamente ése el sector comprometido en la explotación minera de la zona que carece de control. Hay tosqueras dedicadas a la extracción de material para elaborar ladrillos en Parque Palermo, Valle Hermoso, Chapadmalal, inmediaciones de La Florida, El Coyunco y demás. Han proliferado de manera indiscriminada a partir del auge de la construcción de la década de los sesenta, y se multiplicaron en los ochenta.
El mecanismo es el de la explotación, abandono y migración; es decir que las empresas que extraen tales minerales del suelo trabajan de manera provisoria hasta que se agota determinado sector, en general se trasladan a otros terrenos y abandonan las cavas, que ya no representan una fuente de ganancias.
Por esa razón, desde el 2005 existe una ordenanza municipal que obliga a los propietarios a tomar medidas que eviten el peligro inminente. Según se indica en el documento, los explotadores deberán ocuparse de cercar ellos mismos el perímetro de la excavación con el fin de evitar el ingreso de personas ajenas a la tarea, y una vez finalizada la explotación deberán iniciar un proceso de recuperación o rehabilitación de los predios, que debería ser aprobado por el Poder Ejecutivo. Es decir que la alternativa debería ser restablecer las condiciones originales de ese paisaje, o bien reponer otras formas reutilizables del terreno que no presenten peligrosidad. Se trata de la ordenanza 16.734, que lamentablemente jamás fue reglamentada, a pesar de los numerosos pedidos realizados por concejales y otros funcionarios que vieron venir los riesgos que implicaba la falta de todo cuidado en la actividad económica mencionada.
Además, un estudio realizado en colaboración con la Universidad Nacional de Mar del Plata arrojó resultados que debieron sumar alarma: muchos de los explotadores no son propietarios del terreno en cuestión, sino inquilinos, que al momento de la realización del estudio no pudieron demostrar la legalidad del arrendamiento o se negaron a ofrecer mayores datos. Otros son okupas de un terreno que hallaron sin explotar, y simplemente introdujeron maquinaria para servirse de los recursos que ese suelo proporcionaba, con el fin de hacer un negocio redondo. Es decir que, mal podrían hacerse cargo de restablecer las condiciones originales del terreno, y menos aun de vallarlo.
Un rápido recorrido por las acciones que ciertos funcionarios del Estado han realizado durante estos años para verificar la situación de legalidad de la actividad, o la manera en que los explotadores se han acogido a las normas, demuestra la completa falta de recursos de los inspectores municipales y provinciales que realizaron las tareas.
Para comenzar, se verificaban las irregularidades, pero la falta de reglamentación de la ordenanza hizo que no se pudieran prever exactamente las sanciones que cabrían ante el incumplimiento: por ejemplo, no hay manera de clausurar la actividad de un predio de explotación abierto y sin vallar, por más irregular que se lo encuentre.
Hay constataciones de cavas sin habilitar, sin permiso de ningún tipo, sin condiciones de seguridad mínima, basurales a cielo abierto, reincidentes de todas las clases, aparentes propietarios que no presentan ninguna documentación de la propiedad, etc. Simplemente, estos negociantes elaboran un descargo que dice que cuando se termine la explotación van a proceder a tapar los huecos, lo cual es ciertamente imposible de verificar, ya que nadie sabe cuándo han terminado. Para concluir el trámite, sus domicilios legales jamás son visitados, ya que siempre hay tareas más urgentes.
Según las normas, las cavas resultantes de la explotación minera de este sector deberían rellenarse únicamente con material inerte y restos de poda, y la tierra negra extraída durante la excavación debería mantenerse a resguardo para ser restablecida en su sitio, una vez finalizada la extracción de material, ya sea piedra o materia prima para la elaboración de ladrillos. Lo cierto es que a nadie le consta que esto se realice, y en la mayoría de los casos los rellenos incluyen basura domiciliaria que luego se cubre con cualquier cosa. En otros, los enormes huecos amenazan detrás de taludes de hasta 50 metros de altura.
La autoridad
El delegado municipal de Batán, Abel Cristóbal, se refirió al tema a través de la 99.9 En principio, puntualizó: “En la ordenanza se habla de la utilización de alambrados perimetrales y hay un gran problema que ha llevado, en alguna medida, a ser parte de esta situación. La norma establece eso, pero se da usualmente el robo de esos cercos para luego cercar lotes que son tomados”.
Sin duda, hay algunas empresas que cumplen: “hay una cantera que tiene un equipo de personas reponiendo el alambrado, pero en algunas otras eso no se hace, y terminan con este tipo de hechos. Hay sólo tres canteras funcionando y muchas cavas que deberían cumplir la normativa; en muchos casos, ni siquiera encontramos a sus dueños”.
Entre las alternativas habituales para evitar problemas, se suele recurrir a la instalación de un alambrado al estilo campo, que no es el más adecuado: “la única alternativa es utilizar el alambre tipo olímpico, pero constantemente son robados. Nosotros hicimos las intimaciones en tiempo y forma bajo todas las circunstancias para que se diera cumplimiento”.
Por otra parte, las usurpaciones son una constante en distintos puntos del partido de General Pueyrredon, y el Estado parece no tener ningún recurso contra esto. En este sentido, Cristóbal señaló: “en los barrios de la periferia hay mucha usurpación de lotes, hemos sido impulsores de las charlas en el Municipio para tratar de ordenarlo. Nos pedían el certificado de domicilio, pero dejamos de hacerlo porque lo usaban para bajar la luz y pedir el agua; pero han obtenido otras vías y siguen tomando terrenos”. Luego ejemplificó: “en pleno centro de Batán, hay media manzana tomada por una familia que se instaló ahí. En la periferia se ve cotidianamente el ingreso de gente que quiere tomar los lotes y piden cualquier tipo de papel que los habilite”.
Ahora bien, el delegado municipal se refirió a las víctimas diciendo: “ojalá esa criatura nunca hubiera estado ahí, o el padre no le hubiera dado el cuatriciclo, pero ahora ya está, el dolor es inexplicable. Durante muchas horas, saber que estaba el chiquito ahí y no poder sacarlo fue terrible. Había que ir a buscar un bote, hacer una vuelta especial y se tornó todo muy truculento. No había peor situación para la familia”.
Quizá la perspectiva de observación que surge en lo inmediato sea al menos cuestionable: no podemos hacer pasar la responsabilidad de la muerte por la compra del cuatriciclo. Tampoco es posible que quienes tuvieron a su cargo el rescate de los cuerpos hagan hincapié en el dolor que implicó su tarea. El Estado debió estar presente en la custodia de los menores, debió impedir que accedieran a un predio de altísima peligrosidad. Debió ser garante absoluto de que ese vallado olímpico estuviera intacto.
El delegado municipal se refiere al posible relleno de las cavas como un proceso muy largo y difícil: “esas canteras tienen 80 metros de profundidad, con 400 metros por otros 400 de ancho. Si se hace una multiplicación, se saca fácilmente una cuenta de lo que se necesita para rellenar esos lugares. Se tardaría años”. Pues bien, que los tarden. Si no, deberían haber impedido una explotación tan intensiva: todos los negocios tienen costos que se deben afrontar. De lo contrario se cae en un franco absurdo, como si el propietario de un hipermercado dijera que no puede limpiar su local porque es muy grande.
El Estado está matando gente por simple omisión. No hay recuerdos de una gestión local más inoperante, que ésta que se apoya en su propia incapacidad para morigerar las tragedias. A la vista, todos los funcionarios que no trabajaron son penalmente responsables de la muerte de dos chicos que paseaban en cuatriciclo, porque nadie – ni el ENVISUR ni el Ejecutivo en su conjunto- reglamentó la ordenanza que obligaba a vallar. Por más que no les guste, porque es más fácil tirar la pelota afuera.