Situación en los penales | Conmutación de penas para evitar contagios masivos en el penal. Una medida grosera y peligrosa que arriesga a toda la sociedad, aún más de lo que ya está. ¿Deben mejorar las condiciones de detención? Sí, seguramente.
Nunca mejor dicho. La opinión pública ha recibido el impacto de las protestas de presos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, en medio de la pandemia del coronavirus, que vino a complicar la ya conflictiva convivencia en los penales. A esto se sumó un motín de los detenidos alojados en el complejo penitenciario de Villa Devoto: muchos internos se subieron a los techos, y exigieron que se efectivizaran las excarcelaciones y arrestos domiciliarios. “Nos negamos a morir en la cárcel”, se lee en la pancarta que sostienen algunos reclusos.
La protesta se había originado en el módulo 1, en el Complejo Penitenciario Federal de la ciudad de Buenos Aires, donde hay 1694 presos. A esos reclamos se sumó el 70 por ciento de la población carcelaria, de la que es más conocida por el nombre de Cárcel de Devoto. Las imágenes que recorren las pantallas de los noticieros de televisión son impactantes, pero obviamente no son las primeras. Los vecinos recuerdan que no veían gente correr por los techos desde los famosos motines de la década del ‘90, cuando el humo de los colchones quemados ya daba a conocer este residuo tóxico.
Todos saben que la justicia avanza en un planteo ideológico que la pandemia le permitió acelerar: la liberación de presos. Por supuesto que los detenidos también lo saben, y lo piensan usar.
La organización Usina de Justicia —por su parte— procura activar los derechos humanos de las víctimas, y como tal emitió un comunicado respecto del pedido que fuera realizado ante el gobernador Axel Kicillof.
Uno de sus integrantes es el abogado Fernando Soto, que explicó en la 99.9: “hay toda una movida de la justicia que hace un desequilibrio en los derechos de las personas. Les da derechos a los imputados en detrimento de las víctimas”.
Las medidas en esta dirección fueron avanzando y no cesan. Primero fue el uso de celulares en los penales, que pretendía atenuar la falta de visitas de familiares por el confinamiento. Dice el abogado que nunca estuvo de acuerdo: “les dijimos que iban a amenazar a las víctimas y organizarse para hacer motines. Eso fue lo que pasó. Peor que peor, otorgaron miles de prisiones domiciliarias sin cumplir con la ley de víctimas y ahora un grupo de defensores oficiales están pidiendo a Kicillof que le conmuten la pena a los condenados”.
La Usina
Los integrantes de Usina consideran que aquellos que van a sus casas a completar las penas no suelen hacer aislamiento. Participarán de otros ilícitos: “estamos presos de los delincuentes antes de la cuarentena… lo que falta es decisión política”, remarcó Soto.
Según afirman, la excusa del COVID-19 no es suficiente para las liberaciones porque hasta ahora no hay casos en penales: “aunque los hubiera, es lo mismo que pasa en un geriátrico… Si hay casos, los pueden mandar a los hospitales correspondientes. La ley dice una cosa y los jueces hacen exactamente lo contrario”, afirma el letrado.
Con estos argumentos, el pedido de la conmutación de penas efectuada por los Defensores Oficiales de la Provincia fue objetado por la Asociación Civil Usina de Justicia. Se trata de un pedido que se funda en la crisis humanitaria dada por la sobrepoblación carcelaria, y por el posible peligro para la vida e integridad física que la enfermedad implicaría para los detenidos, ante una eventual extensión de la pandemia al interior de las prisiones.
El pedido de Usina de Justicia señala que el deber del Estado de dar cumplimiento de las condenas dictadas por la Justicia y el derecho a la salud de todos los habitantes no son cuestiones antagónicas. Es por eso que propone extremar los cuidados y controles en todos los establecimientos carcelarios para evitar los riesgos, como en cualquier otra institución. Afirman que la supuesta medida de prevención del contagio no es tal, ya que los detenidos podrían perfectamente contagiarse en libertad, y seguramente con más chances que estando en prisión.
Según su argumentación, si se conceden libertades masivas no se impedirán contagios: la situación empeorará. Lógicamente: si las miles de personas detenidas fueron condenadas por romper la ley, nada indica que vayan a cumplir con una cuarentena obligatoria. Consideran que lo más probable es que muchos de ellos vuelvan a cometer delitos.
Por eso, Usina de Justicia dice que —en caso de conceder la conmutación de penas— habría dos notorias violaciones a la ley. No se realizaría el informe previo de la Suprema Corte de Justicia sobre la oportunidad y conveniencia de la conmutación, y el conocimiento también previo que deberá tener la Asamblea Legislativa de las razones que hayan motivado una hipotética conmutación de penas. También se cometería una violación a la Ley de Derechos y Garantías de Personas Víctimas de Delitos, que deben ser escuchadas antes una extinción o suspensión de la acción penal.
En la cárcel de Villa Devoto no hubo internos que hayan dado positivo de COVID-19. Sí hubo un agente penitenciario infectado con el virus, pero inmediatamente se realizó el aislamiento preventivo del personal que prestó servicios junto al agente. Además, se reforzaron los controles y la supervisión médica a la población penal y la desinfección del sector donde se encontraba cumpliendo tareas el agente. Desde que comenzó el brote de Coronavirus se creó un comité de crisis para coordinar prevención, detección y asistencia con el fin de evitar el ingreso, la transmisión y la propagación del virus en y desde los establecimientos penitenciarios. Los profesionales de la salud deben detectar en forma temprana casos sintomáticos respiratorios y febriles para su aislamiento preventivo. A partir de allí se realiza un pronto diagnóstico temprano diferencial para un tratamiento preciso y oportuno según los resultados obtenidos.
Las personas que deban realizar el aislamiento deberán ser informadas de las razones de la medida. Cuando se trate de personas trans, serán alojadas con los debidos cuidados en los espacios determinados según su género autopercibido.
En EEUU
Las experiencias del resto del mundo deben ser capital e insumo a la hora de tomar decisiones. Consideremos que en Nueva York, al menos 50 reclusos recién liberados de las cárceles de la ciudad han sumado nuevos crímenes a su historial, y aun así han vuelto a ser beneficiados. A propósito, el alcalde Bill de Blasio dijo durante su sesión informativa del lunes: “Creo que es inconcebible a nivel humano que a la gente se le muestre misericordia y algunos de ellos hagan esto”.
Al menos 50 de los 1.500 reclusos liberados en medio de los temores de la propagación de COVID-19 ya han vuelto a la cárcel, y en algunos casos fueron liberados nuevamente. La Sociedad de Asistencia Legal y el grupo The Bronx Defenders han estado argumentando ante tribunales de los cinco condados que los reclusos, particularmente aquellos que son mayores o tienen condiciones médicas, son más vulnerables a COVID-19 dentro de los confines de las cárceles. Últimamente, Legal Aid presentó nuevas peticiones para liberar a 20 reclusos más de las prisiones estatales, por las mismas preocupaciones de coronavirus.
Dentro de las prisiones, algunos reos también están presionado con acciones tan básicas como escupir, estornudar o toser, gritando que padecen COVID-19, para ser liberados. Otros están usando la misma estrategia para doblegar a sus víctimas en las calles.
“Debido a que el coronavirus parece cumplir con la definición legal de un ‘agente biológico’, tales actos podrían implicar los estatutos relacionados con el terrorismo de la Nación”, escribió el subsecretario de Justicia, Jeffrey Rosen en una carta reciente dirigida a agentes de la ley y fiscales en todo el país. “No se tolerarán las amenazas o los intentos de usar COVID-19 como arma contra los estadounidenses”, afirmó.
Mientras todo esto sucede, seguimos viendo a los detenidos de Devoto correr sobre el techo del penal, y desprender chapas del techo que arrojan sobre quienes observan desde abajo. Hacen gestos y gritan, arengados por otros que observan fuera del plano televisado, y parecen esperar que suceda algo de forma inminente.
Nueva York se equivocó también en eso: no previó, no pensó, no supo resolver. No es posible que la única medida que se nos ocurra para que los reos no se contagien sea mandarlos a la calle indiscriminadamente. No queremos pensar en una medida así de inconcebible, peor que enfermarse, que pusiera a la población en riesgo.