Poder Judicial local | Una jueza de garantías firmó la orden de restricción que impide a Silvina Catera acercarse a la casa de sus familiares debido a un episodio de agresión violenta. Se trata de la cuestionada perito psicóloga del Poder Judicial que intervino en el caso Gianelli. Así nos va.
Los hechos sucedieron el 29 de diciembre último, cuando una mujer de 43 años se encontraba exhibiendo la casa de su pareja, Néstor Catera, a una presunta interesada. Se trata de una casa en la ciudad de Gonnet que se encontraba en alquiler, administrada por la Inmobiliaria MIjailoski de esa ciudad.
La denunciante explicó que en el momento en que conversaba con la visitante escuchó un ruido muy fuerte en el frente, como golpes en la puerta principal: ella se encontraba precisamente de espaldas a las ventanas. Cuando giró pudo observar cómo las hojas se abrían, e ingresaba por allí la denunciada Silvina Catera, que no hacía más que insultarla, agredirla y buscar denigrarla de todas las maneras posibles. No fue posible dialogar con ella ni intentar calmarla.
Al pasar los minutos, el episodio se complicaba porque la agresora cada vez se ponía más violenta e iba en contra de la denunciante, quien tenía autorización expresa de su pareja –el propietario de la casa- para mostrársela a una futura inquilina.
Por esa razón, y en virtud de los riesgos que implica para la familia semejante episodio violento es que se realizó la correspondiente denuncia penal, en el mismo día de acontecidos los hechos, lo cual dio lugar a que se instruyera la causa a cargo de la fiscal Betina Lacki, en la cual interviene la jueza de garantías nº 5 de aquella ciudad, magistrada Garmendia. Pocos días después, la misma jueza de garantías declinaba toda la investigación a favor del juzgado de familia correspondiente y en turno por tratarse de un caso de violencia familiar, e indicaba la orden de restricción de Silvina Catera respecto de Néstor Catera y su pareja, la cual tendrá un alcance de 500 metros, y abarcará también los lugares de esparcimiento que frecuenten, así como sus respectivos sitios de trabajo.
El ámbito
La perito psicóloga Silvina Catera fue cuestionada cuando intervino particularmente en uno de los casos más complejos que en este momento cursa trámite en la justicia marplatense. Se trata de aquel en el que la profesora de música Analía Schwart está imputada por seis casos de corrupción de menores y nueve de abuso sexual. Las presuntas víctimas son niños de entre 3 y 5 años de los jardines de infantes de los colegios Gianelli y Fleming.
El caso salió a la luz públicamente el lunes 9 de septiembre de 2013. En el fin de semana previo se habían registrado en la Comisaría de la Mujer unas 30 denuncias por abuso sexual contra la misma Analía Schwart. Según figura en esas denuncias, los chicos habrían relatado un “juego secreto” de características sexuales, llevado a cabo por la maestra de música del colegio Gianelli.
El caso sacudió a la ciudad por más de un año y todavía sigue en plena investigación.
La posible cronología de los hechos es la siguiente. Todo comenzó en septiembre de 2013, ya que ese sábado, unas 13 familias se acercaron a la Comisaría de la Mujer para denunciar que la maestra de música del colegio Gianelli, Analía Schwart, habría abusado sexualmente de nenes y nenas. Al día siguiente se acercaron más familias a la misma comisaría, y las denuncias contra Schwart por abuso sexual llegaron a alrededor de 30. Ese domingo a la noche, en el colegio Gianelli se realizó una reunión entre padres y directivos de la institución, donde uno a uno los padres tuvieron espacio para relatar un “juego” que sus hijos les habrían referido.
En aquel momento, el escándalo comenzó cuando una mujer irrumpió en la reunión con una denuncia por abuso sexual, también contra Schwart, que había sido fechada el 27 de agosto anterior. Allí los padres comenzaron a culpar a los responsables de la institución por no haber intervenido inmediatamente cuando se conocieron los hechos. Esto generó que se iniciara un episodio violento, golpes contra los directivos y algunos destrozos en el colegio, donde la policía tuvo intervenir para contener la situación.
Los rumores comenzaban a extenderse por toda la población. Por esa razón, el 9 de septiembre no hubo clases en el Gianelli. La situación era riesgosa e imposible de sostener porque padres, alumnos y ex alumnos se agrupaban en la puerta del colegio, cortaban la calle y quemaban gomas.
Como un aspecto más de la locura que comenzaba a generarse en este confuso hecho, se generaron peleas entre diferentes grupos de padres y vecinos identificados con la barra brava de Aldosivi.
Al mediodía de ese día, el abogado del colegio anunció que Analía Schwart sería removida de su cargo, al igual que la directora del jardín de infantes.
En ese entonces, la profesora dio una entrevista de prensa en la que dijo literalmente que le habían arruinado la vida. Pero al día siguiente, integrantes de la comunidad educativa del Instituto Fleming también presentaron denuncias contra Analía Schwart: allí también daba clases. Para ese entonces, un grupo de padres estaba representado por el abogado César Sivo, mientras que otros eran clientes de Eduardo Toscano.
Una vez conocida esta información, el fiscal Fernando Castro se excusó del caso, ya que alegó una enemistad manifiesta con el mencionado Sivo. Precisamente, esa semana los psicólogos empezaron a entrevistar a los chicos para ver con cuáles se podía avanzar, para que dieran testimonio en cámara Gesell.
Pero la comunidad se implicaba cada vez más. El 20 de septiembre los docentes marchaban en defensa de Analía Schwart, y pedían terminar con la violencia en las aulas.
La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido del fiscal Fernando Castro de dejar el caso: en este momento ya había 56 denuncias por abuso sexual contra Analía Schwart. Ese 1 de noviembre, los docentes volvían a marchar en defensa suya: pedían que la maestra de música volviera a dar clases.
La causa
Pasó menos de un año antes de que imputaran por seis casos de corrupción de menores, y nueve de abuso sexual a Analía Schwart. Dos de los casos habían ocurrido entre marzo y diciembre de 2012 en el jardín de infantes Maminas del Instituto Alejandro Fleming, y el resto entre marzo y septiembre de 2013 en el jardín del colegio Gianelli.
El fiscal tomaba en cuenta los resultados arrojados en los casi 60 testimonios de los que habían pasado por la Cámara Gesell. La docente fue llamada a indagatoria, pero no se presentó a declarar: acusó una enfermedad, y presentó un certificado médico que le otorgaba reposo por 72 horas.
Luego de esto, la jueza de garantías Lucrecia Bustos intervino, y decidió no hacer lugar al pedido de la defensa de desestimar los testimonios recogidos en cámara Gesell, pero anuló el llamado a indagatoria porque estaba mal formulado. Así que un año después de los hechos, el fiscal Fernando Castro reformulaba el pedido de llamado a indagatoria para Schwart detallando los motivos en cada caso, que fue nuevamente suspendido porque la defensa pidió que estuviera presente la jueza de garantías.
Una vez cumplido el trámite, la abogada defensora analizaba la declaración de la docente y del rol de la justicia en este proceso: “El balance de la declaración es altamente positivo (…) la docente explicó cómo se daban las clases de música, en qué ámbitos, y quiénes estaban presentes, y verdaderamente es imposible lo que dicen las denuncias. Yo creo que la justicia tiene que pensar en la posibilidad material de que los hechos ocurrieran, y esa posibilidad es absolutamente nula”. Al ser consultada por el rol de la justicia, indicó: “me decepcionó el fiscal, porque realizó una inspección del jardín y de la escuela, y creo que él se dio cuenta que era imposible (…) Los niños se interrogaron de manera inapropiada, lo que hicieron los padres es un estrago. No se ha respetado a los menores, se los ha instigado para que digan cosas por una psicosis colectiva de todos los padres”.
En el desarrollo de la instrucción, la primera perito oficial no habló de abuso, entonces trajeron una perito de afuera de la ciudad: Silvina Catera, cuya labor resultó cuestionada por la defensa. Precisamente se puso en cuestión la designación de la perito psicóloga, cuyos antecedentes la defensa considera que no aseguran ni preservan las garantías necesarias en la delicada causa. Dijo la defensora: “La perito no tiene experiencia en niños, perteneció hasta hace poco al Servicio Penitenciario Bonaerense y entrevistaba criminales de graves delitos. Ella fue la que con su pericia liberó al tirador de Belgrano, que mató a un joven de la ciudad de Necochea”. La letrada agregó: “La ley es clarísima al decir que el que debe hacer las entrevistas a los niños tiene que ser un experto en el tema, no una mujer que pertenece al Servicio Penitenciario. Viendo cómo era el interrogatorio a los niños, me doy cuenta que era una persona más propensa a un interrogatorio policial”.
Como si esto fuera poco, la misma perito que entrevistó a los niños, la que firmó los estudios en pequeños posiblemente abusados es ahora denunciada por un caso de violencia familiar con orden de restricción y todo. Ella entró en una casa de su familiar a la fuerza, allanó la morada y agredió físicamente a quien encontró allí.
¿En qué manos estamos? ¿Cómo hace la justicia para verificar los pergaminos más adecuados a la hora de opinar sobre causas de las más delicadas que puedan verificarse en la órbita de la justicia penal? ¿Cómo es que un agente penitenciario termina interrogando niños, días previos a meterse en la casa de su familiar y agredir a quien encuentra a su paso?
Concretamente: una justicia que da miedo, que asusta, que hace pensar que nadie nos defenderá de ellos. Que la vida de la gente está en manos de unos tipos raros. Y violentos.
