El ministro de Seguridad Sergio Berni acusó a una persona de ser la autora del homicidio de Blaquier… porque le parecía a él. Y acusó a los jueces de no detenerlo por órdenes suyas. El juego democrático se le escapa de las manos.
Tras la detención del nuevo sospechoso de ser el autor material del disparo que mató al empresario Andrés Blaquier, la gestión de Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires quedó en el foco de la tormenta. Treinta y seis horas después del homicidio ocurrido en la autopista Panamericana a la altura de Pilar, el funcionario convocó a una conferencia de prensa para mostrar el rostro del detenido, Luciano Jesús González —alias «Lucianito»—, y lo presentó como el presunto tirador que acabó con la vida del empresario: un sospechoso a medida. También se difundieron videos con la captura de Lucianito mezcladas con imágenes del hallazgo de un arsenal enterrado en el fondo de una casa que, en realidad, correspondían a un allanamiento de una investigación por un homicidio ocurrido en General Rodríguez.
Pero, tras 12 días, quedó demostrado que Lucianito en realidad, si bien es un delincuente juvenil, sólo había sido capturado de apuro para calmar los ánimos de los vecinos que reclamaban seguridad: se demostró que, la tarde del asesinato, estaba a 15 kilómetros del lugar del crimen, tal como lo demostraron las pruebas que presentó su abogada, Silvina Fernández Rosarno. A pesar de la movida mediática de Berni, «Lucianito» no tuvo ninguna vinculación con el homicidio de Blaquier.
Un testigo llegó a la fiscalía con los nombres de los tripulantes de la moto desde la que le dispararon a Blaquier, y poco después, el fiscal Gonzalo Agüero de Pilar, recibió el informe del peritaje antropométrico donde se indicaba que el sospechoso que ocupaba el asiento del acompañante no coincidía con la fisonomía de Luciano Jesús González: el sospechoso que, 36 horas antes, fue grabado por las cámaras de seguridad a bordo de la moto BMW que le robaron a Blaquier, tenía el pelo platinado, pero no era Lucianito teñido, como dijo Berni.
La reacción
El 31 de octubre el ministro responsabilizó al supuesto Juez de Garantías N° 6 de Escobar de haber rechazado el pedido de captura de Lucas Molina. Dijo: «el juez se negó a firmar la orden. La policía hizo su trabajo, pero la Justicia falló».
Pero la información aportada por Berni era errónea: no existe el juzgado de Garantías N° 6 de Escobar, sino el juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Zárate-Campana, y había rechazado la solicitud de captura contra González por robos cometidos en septiembre pasado. La declaración de un policía indicaba que el sospechoso había participado en el asalto a una heladería, atraco ocurrido el 19 de octubre pasado en la localidad de Loma Verde, en Escobar. Encima, González y Molina no son la misma persona, como creyó Beni.
La abogada de Lucianito es Silvina Fernández Rosarno, quien dio detalles de lo sucedido en una entrevista brindada a la FM 99.9: «estamos observando que, en una actitud irresponsable del Ministro de Seguridad, acusó y mostró fotos de mi cliente indicando a la justicia que no actuó como corresponde cuando él había dado la orden de capturarlo».
Profundizó aún más en su perfilamiento del ministro Berni, diciendo que no es la primera vez que hace algo similar, y que ha quedado más en evidencia: «todo sucede porque el ministro quiso —dentro de su personalidad de macho alfa— salir a defenestrar a los fiscales que trabajan muy bien, además de los jueces de garantías a quienes conozco. Que haya una persona prófuga, no quiere decir que sea el autor material del ilícito. Mi cliente no tuvo nada que ver».
Fernández Rosarno fue avanzando en demostrar que no era su cliente quien estaba implicado, y refirió que desde el ministerio montaron un esquema con las fotos que mostraron de armas encontradas en un allanamiento en General Rodríguez, cuando en realidad Luciano vive a kilómetros de ese lugar. Dijo la letrada: «No nos podemos acostumbrar a que el ministro es así y lo tenemos que aguantar. Mínimamente debe pedir disculpas. Debemos tener respeto por las investiduras que lleva, no puede ser que se sume a semejante escenario armado sólo para sacarse de encima un caso que generó controversia».
La respuesta de la Red de Jueces Penales a las serias acusaciones que había hecho públicas el Ministro de Seguridad no se hizo esperar. Su presidente, Juan Galarreta, se expresó al respecto en la 99.9, e indicó: «respondimos porque esto de trasladar la responsabilidad de la seguridad al Poder Judicial es un error, depende de las políticas criminales que lleva adelante el gobierno de turno y sobre todo con la prevención del delito. Es importante decir que la justicia actúa sobre el hecho consumado y, por otra parte, los datos estadísticos indican que los órganos jurisdiccionales actuamos sobre un 5% de los casos. No podemos atar la inseguridad a ese universo».
Lo que piden los magistrados es que no haya culpas repartidas de un sector hacia el otro, como hizo Berni, sino una tarea mancomunada, porque la justicia actúa sobre las consecuencias, pero nadie se ocupa de las causas, la prevención, que deben ser políticas públicas, responsabilidad de los otros poderes.
Además, hay otro punto en las declaraciones de Berni que no es menor: el ministro mintió, porque mostró fotos de una persona que no era la que consumó el delito. Hay que decir que, si el juez de garantías no tenía pruebas suficientes para disponer de la detención, no puede hacerlo. Galarreta explicaba que es un imperativo constitucional básico de una sociedad que se precie de vivir en un estado de derecho. Y que, las dos personas que indicó, además, no tenían que ver con el hecho. La investigación de la fiscalía junto con la policía es la que terminó dilucidando quienes eran los verdaderos autores, según remarcó el juez de Ejecución de Sentencia.
La conclusión de Galarreta es: «nos eligen como chivo expiatorio de algo que debe ser responsabilidad de todos los poderes. Creo que lo manifestado es simplista, superficial y no responde a la complejidad del fenómeno delictual. Hay que empezar a fijar políticas públicas, ponernos de acuerdo para dar la mejor respuesta para darle mayor tranquilidad a la comunidad»”.
Necesidad enfermiza
El fiscal de La Plata, Marcelo Romero, señaló en la 99.9 que se podría avanzar para generar una causa contra el funcionario: «lamentablemente nos tiene acostumbrados el Ministro de Seguridad a perjudicar las investigaciones. La inseguridad sensibiliza en extremo a la sociedad con toda razón, y los fiscales debemos ser muy prudentes sobre todo en mostrar resultados ante la prensa o con las propias víctimas que depositan en el Ministerio Público la fe de que se haga justicia. Es una necesidad enfermiza que hay de hacer marketing con la seguridad». Incluso señaló que, en el hecho de exhibir constantemente las nuevas adquisiciones para las fuerzas de seguridad, lo que se está haciendo es advertir a los delincuentes sobre lo que utilizarán para atraparlos.
En el caso de Blaquier, Romero agregó: «en la investigación, la información debe ser exclusivamente resorte del Ministerio Público porque no sólo se puede exponer información falsa, sino que se puede comprometer la investigación aunque la información sea veraz. Se lo dijimos en reiteradas ocasiones a Berni, pero no escucha a nadie y cree que se las sabe todas. Es militar, médico, bombero y buzo a la vez».
A partir de lo sucedido, los fiscales actuantes podrían abrir una causa contra el ministro. Y agrega: «los fiscales deben evaluar si las declaraciones públicas del ministro perjudicaron la investigación, pueden presentar una investigación penal preparatoria. El policía tiene la obligación de respetar el secreto de las mismas, hasta que el fiscal autorice la divulgación», aclaró.