El Ejecutivo municipal. El secretario de Seguridad de la municipalidad se arroga funciones en operativos contra el narcotráfico, que efectivamente no le corresponden. El fiscal Marcelo Blanco adelantó que podría llegar a causar la nulidad en una causa, si no se calla pronto. Gracias a la ineptitud de los funcionarios, hay un vendedor de éxtasis más en la calle.
Como un eslabón más de los hechos que protagonizan los funcionarios del Ejecutivo municipal, esos que no hacen más que extralimitarse en sus funciones, pegando groseros manotazos al interés público y los derechos de los funcionarios, una vez más, el secretario de Seguridad local, Adrián Alveolite, es noticia no por sus logros sino por sus errores.
El funcionario ya está imputado por los delitos de abuso de autoridad y falsedad de instrumento público, según lo resolvió la Fiscalía de Delitos Económicos Nº 10, aunque al ser consultado optó por mantener silencio y sólo dijo: “Soy respetuoso de la decisión de la Justicia”. Como se recordará, el 10 de julio de 2013, Alveolite y los empleados municipales Mónica Bargas y Gustavo Tonello clausuraron un comercio denominado Carolina, ubicado en Garay 1219. La excusa fue que el comercio carecía de habilitación, cuando en realidad se podía observar, pegada en la vidriera, la oblea de habilitación vigente hasta el año 2015. El motivo real era una falsa denuncia que los actuantes no habían chequeado antes de proceder.
Pero la cuestión fue que luego de la colocación de franjas de clausura, Alveolite ingresó violentando el acceso al domicilio particular, es decir pateando la puerta de la vivienda que se encuentra en el mismo lote que el local, sin tener ninguna orden judicial que autorizara tal accionar. El funcionario ha visto demasiadas series de televisión, y efectivamente está haciendo realidad alguna fantasía oculta, pero la propietaria señaló que estas personas fueron sorprendidas por el personal policial, cuando estaban revisando el interior de la vivienda. En este contexto se radicó una denuncia en la fiscalía de delitos económicos, y Alveolite ya se presentó para prestar declaración indagatoria.
Pero no conforme con esto, Alveolite no cesó de cometer perfectas barbaridades en el ejercicio de sus funciones, porque se ve que tenía más fantasías ocultas. Hasta tal punto llega, que recientemente ha realizado declaraciones ante numerosos medios de prensa locales y nacionales, hablando de su intervención en operativos antidrogas, allanamientos, y las acciones de inteligencia que les dieron lugar.
Alveolite lo hace como si realmente no conociera las diferencias que hacen a la independencia de los tres poderes del Estado, y menos aun tuviera ninguna conciencia acerca de a cuál de ellos pertenece. Es decir como si no supiera que el Poder Ejecutivo no puede jamás arrogarse funciones del judicial. Hay dos posibilidades: necesita un límite judicial o un psiquiatra.
A tanto llegó, que el fiscal Marcelo Blanco, de la Fiscalía de Estupefacientes, debió salir al cruce para explicar que lo que afirma Alveolite es a todas luces imposible, que la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad no tiene ninguna injerencia en el ámbito de la justicia antidrogas, y que estas afirmaciones como mínimo le han llamado poderosamente la atención. Dijo el fiscal: “(Alveolite) va a tener que explicarlo, y se le va a pedir que se abstenga de realizar cualquier tipo de declaración sobre las causas, al menos de las causas de la fiscalía mi cargo”, aunque luego dio por descontado que la opinión de sus colegas, es decir de los demás fiscales, sería más o menos similar: a no ser que el secretario mañana diga que tiene algo que ver con la investigación de un homicidio, agregó irónicamente.
Abuso de poder
Dijo el fiscal que las afirmaciones de Alveolite eran improcedentes y autoritarias, y un verdadero riesgo para la investigación, porque estaba a un paso de generar la nulidad. Obviamente que buscó una explicación para el extraño accionar del funcionario, y agregó: “como quien se sube al tren sin pagar boleto, Alveolite ha capitalizado algunas tareas de la fiscalía antidrogas, para ver si obtenía algún premio político. Pero yo no voy a participar de eso, ni voy a avalar que un funcionario se meta en lo que no le compete”.
Además, el fiscal adelantó que Alveolite será llamado como testigo en el marco de las causas, porque deberá aclarar allí efectivamente qué fue lo que él hizo: “a no ser que yo me haya distraído, y no haya visto que él trabajó en las tarea de inteligencia”.
Afirmó el fiscal que solamente la fiscalía tiene la posibilidad de informar a la prensa lo que se considera pertinente en el curso de una investigación antidrogas, que también puede delegar esta función en la policía, ya que la fuerza cuenta con personal entrenado para ser muy prudente con sus afirmaciones. Nadie más.
La única función que puede tener la municipalidad es a través de Inspección General, que puede ser convocada en el final de un procedimiento antidrogas, para que una vez realizado, se verifique el estado de la documentación de habilitación, si se trata de un comercio; es decir, una función puramente administrativa y muy menor.
Pero la verdadera razón de este escándalo no es únicamente un celo de funciones, sino el rasgo de autoritarismo que esconde, y de avasallamiento de los derechos de los particulares. Porque solamente los estamentos del Estado autorizados para hacer cumplir la ley pueden realizar tareas de inteligencia sobre otro ciudadano, y no cualquier funcionario político. No es así, en resguardo de los derechos particulares: podríamos terminar siendo investigados en lo personal por un funcionario de economía o de cualquier área, como en plena dictadura.
Por eso el fiscal dice que no ha podido dejar de asombrarse por el desparpajo de Alveolite, que no tiene límites. “Hay que comprarle una Constitución nacional, una provincial y un Código de Procedimientos” dijo el fiscal, en su afán de sugerirle algunas lecturas formativas al secretario, para ilustrarlo sobre sus límites civiles. Y afirmó que se está adjudicando tareas que están explícitamente prohibidas, aun al presidente de la Nación, en la propia Constitución Nacional, como por ejemplo “arrogarse causas judiciales”. “Es como si yo me parara frente a la municipalidad, llamara a los medios de prensa y dijera que vamos a asfaltar el barrio Florentino Ameghino, o el Autódromo, o el Belgrano”, agregó. Consideró que las acciones de Alveolite son una barbaridad.
Para finalizar, aclaró que el tan mentado Protocolo de Consenso que se habría acordado entre la municipalidad local, la justicia federal y la provincial, apunta únicamente a regular la intervención ante casos de consumo personal de drogas, y no de narcotráfico. Es decir que se buscó la manera de establecer un acuerdo por el cual, ante el caso de que un consumidor de drogas sea aprehendido en la vía pública haciendo un consumo ostentoso de sustancias, sea derivado a un centro de salud municipal y no a una dependencia policial, para evitar criminalizar al consumidor. Pero nada de esto tiene que ver con la venta de drogas, en la cual el Poder Ejecutivo no tiene ninguna intervención, como tampoco en la fuerza con capacidad de intervención ante ningún otro delito. De hecho, la municipalidad controla faltas, no crímenes.
Un ejemplo
Para ilustrar la manera en la que la intervención municipal genera más daño que provecho, vaya el relato de lo acontecido en enero de este año en la finca llamada Obssesions, en la zona de la avenida Antártida Argentina.
Allí se presentó personal municipal apoyado por numerarios de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, ya que estaban en condiciones de afirmar que en el lugar se realizaban fiestas ilegales.
Pero lejos de proceder preventivamente, llegaron a las 11 de la mañana y realizaron un allanamiento sin orden judicial, como resultado del cual se secuestraron numerosas dosis de pastillas de éxtasis y una suma importante de dinero, que por alguna razón estarían en condiciones de determinar que era de naturaleza ilegal.
La cuestión es que luego de que el fiscal solicitó la detención del titular de la finca, Alberto Daniel Navarro, el magistrado no tuvo más remedio que hacer notar que la irregularidad de todo el procedimiento no le permitía seguir adelante con la causa, y prácticamente lo obligaba a determinar la nulidad de todo lo actuado.
La razón es que la prueba fue obtenida de manera ilegal, porque el personal municipal se arrogó el derecho de ingresar en una casa particular, acción totalmente fuera de su incumbencia, y el personal policial que lo acompañaba ingresó a la morada sin una orden del juez que lo avalara. De esta manera, al ser considerada nula la prueba obtenida, no hay ninguna manera de procesar al presunto culpable.
“No es posible convalidar el procedimiento”, dice el juez, ya que atenta contra los derechos constitucionales básicos. Pero para tratar de entender, el juez tomó en cuenta la declaración del jefe del área de Inspección General, Eduardo Bruzzeta, que dijo que ellos ya se habían enterado de que allí se llevaban a cabo fiestas ilegales, no sólo por las redes sociales sino también por denuncias efectuadas por los mismos vecinos de lugar. Por esa razón decidieron intervenir con la fuerza policial de apoyo.
Pero el juez no puede comprender por qué no hicieron aquello que deben hacer, es decir realizar una tarea preventiva, y llegar antes de que la fiesta se realice para evitarla. ¿Por qué razón esperaron a la mañana siguiente y fueron a las 11? ¿Esperaban que hubiera qué cosa? El juez comparte el fin loable, y dice saber que estas fiestas son de concurrencia masiva, y que se realizan en lugares muy alejados para evitar cumplir con la reglamentación vigente, por ejemplo sobre la venta de alcohol. Pero también afirma que eso no significa que pueda llegar el personal municipal y hacer cualquier cosa.
Tampoco que hay que olvidar que los moradores de la casa denunciaron que en realidad en el allanamiento se habían llevado $12.500 y habían hecho figurar $9.000, y que Navarro había denunciado un encuentro anterior con Bruzzeta en una finca cercana a Rumencó, y un aparente pedido de coimas por una suma fija de $30.000.
Pero la cuestión es que gracias a una macana más de los municipales, otra causa nula y más droga en la calle. No pueden hacer una bien. Ahora sí, para pedir cámara y micrófono, y hacerse pasar un rato por los muchachos de CSI son mandados a hacer.