¿Presos premiados?

Los controles de ANSES | El asesino del taxista Severians pidió un permiso especial para salir del penal con el fin de cobrar el IFE. El decreto dice que no debería cobrarlo, pero se lo depositaron. ¿Con qué certeza reparten la plata? ¿Con una piñata?

A fines de 2020, un hecho despertó el alerta del juez Ricardo Perdichizzi, titular  del juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata. Desde el penal de Paraná se estaba solicitando autorización para que un homicida condenado a 13 años de prisión por un delito cometido en esta ciudad concurriera hasta el edificio del correo a cobrar el IFE. Se trataba más precisamente de Milton Danilo Luna, quien fuera encontrado penalmente responsable del asesinato en ocasión de robo cuya víctima fue el taxista Luis Severians, ocurrido en 2008.

Inmediatamente el juez cursó la respuesta que incluía un oficio al ANSES, donde pedía informes acerca de las posibilidades legales de que una persona en esta situación se hiciera acreedora del cobro del IFE. Claro que, para este entonces, ya había pasado también la feria judicial de enero. Recientemente, la respuesta institucional llegaba con la firma de la abogada Verónica Cambiaso, desde la Coordinación de Asuntos Penales del ANSES.

La letrada explicaba que las personas privadas de su libertad no reúnen las condiciones necesarias para ser beneficiarias de un Ingreso Familiar de Emergencia, es decir, que no debería haberlo cobrado. Aclarado esto, agrega que sí se ha podido verificar que depositaron el IFE a Luna, que lo había solicitado en marzo pasado, y que, visto el error, inmediatamente se pondrán en marcha los mecanismos necesarios para recuperar los montos cobrados de manera indebida. ¿Recuperar? Nos preguntamos ¿cómo va a hacer?¿Qué le va a embargar a un condenado a trece años de prisión? En todo caso, la pregunta que se hace el juez es ¿cómo llegó Milton Luna a hacerse merecedor de un IFE?

El caso

En abril de 2015, Rubén Legler, el abogado de la familia de la víctima, relataba la manera en la que el otro primo, César Luna, había sido detenido en Entre Ríos por ser uno de los presuntos autores del crimen de Luis Severians en 2008. Se comunicaba con la 99.9 para dar detalles del caso y precisar que se trataba de dos familiares con el mismo apellido, Milton y César Luna, que eran intensamente buscados en ese momento. Uno de ellos, además, era personal de la policía del Servicio Penitenciario, aunque al momento de matar a Severians se encontraba tramitando la baja de esa fuerza.

Relataba que esta era, después de muchos errores, una segunda línea de investigación que estaba siguiendo la justicia en el caso, y que afortunadamente estaba empezando a dar sus primeros resultados positivos.
Como abogado de la familia Severians, explicaba que, después de 5 años de espera, se había logrado esta detención, y que se esperaba que el entonces acusado fuera trasladado la semana siguiente a Mar del Plata para que prestara declaración indagatoria.  Mientras tanto, continuaba la búsqueda del otro prófugo: Milton Danilo.
El letrado daba detalles acerca de la enorme dificultad que implicaba el rastreo de estas personas, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que había transcurrido desde que se planteó esta posibilidad, a la cual, afirma,  la fiscalía nunca le dio la importancia necesaria: “se perdió mucho tiempo; esta línea de investigación estaba hace 5 años en poder de la fiscalía, pero nunca se investigó. Lamentablemente hoy, a 7 años del homicidio, estamos dando aleluyas por haber detenido a uno de los presuntos autores”, decía.

Todos estos pormenores no hacían más que revelar una vez más la ineficiencia que se puso de manifiesto a la hora de investigar el homicidio de un trabajador local que fue asesinado porque sí, cuando ni siquiera podía ofrecer resistencia al asalto. Estaban buscando al segundo, que les llevaba años de ventaja, pero esperaban que César diera datos sobre el paradero de su primo.

Ya en aquel momento, la familia padecía este maltrato: ver de cerca la manera en la que, ni uniendo todos los funcionarios del tribunal, eran capaces de tomar las medidas necesarias para atrapar a los culpables de haber cometido el crimen aquel 1 de noviembre de 2008.
Ya en aquel momento se decía: “La justicia también tiene estas cosas increíbles en nuestro país. Los familiares de aquellos que son asesinados no cuentan con ningún tipo de respaldo y por las impericias de los investigadores terminan pasando por situaciones muy angustiantes muchas veces”. Imaginemos que ahora, además, verán la manera en la que el asesino condenado sale del penal para cobrar el IFE. Parece una broma, pero la realidad es que tal es la ineficiencia de nuestros estamentos estatales que no hay supervisión cruzada para saber a quién le están concediendo un beneficio.

Como si supiera lo que pasaría después, Legler se quejaba diciendo: “Es una constante en todos los procesos, y es porque el foco se pone sobre el victimario, se lo trata de contener y se cuidan sus derechos, pero la víctima no se considera de la misma forma: en el proceso del homicidio culposo, la participación de la víctima es muy poca. Hay una justicia para quienes tengan el dinero para pagar un abogado que se encargue de la defensa técnica propicia y los comunes tenemos que estar sumergidos en este sistema”.

Asesinos

Esa madrugada del 1 de noviembre de 2008, los primos Luna ascendieron al taxi de la víctima en la esquina de La Pampa y Luro y pidieron que los trasladara hasta 214 y Magallanes. Una vez allí, le quitaron el celular y la recaudación mientras lo golpeaban. César Luna le disparó, y se fue corriendo a su casa, ubicada en inmediaciones del lugar.

Durante el proceso, hubo testigos que dieron detalles sobre los hechos y sobre los pasos que siguieron ambos delincuentes los días siguientes al crimen, así como el camino que siguió el revólver calibre 38 con el que mataron a la víctima. De hecho, fue ofrecido a la venta en el barrio. Según se relata, otros malvivientes lo rechazaron diciendo que “habían matado a un taxista”. Según se supo, María Espinoza —la pareja de uno de los condenados— tomó el arma con un repasador, lo rompió, lo quemó, y luego lo enterró en un baldío ubicado en la calle 214.

La resolución del asesinato del taxista Severians llegó tras un juicio oral, durante el cual se completó un análisis de ADN que finalmente ubicó a los sospechosos detenidos en la escena del crimen. En su momento, se habían encontrado tales muestras en las prendas con manchas de sangre que se habían secuestrado.
Para ese entonces, se trataba de una causa que llevaba 7 años en desarrollo, y que había estado envuelta en muchos vaivenes. Como indicaba el abogado: “había un perfil genético, pero sin el otro respaldo no era posible este resultado. Gracias a la muestra hemática se lo pudo ubicar en esa escena. Esperamos ahora que se pueda tener el juicio oral cuanto antes porque las pruebas son más contundentes”.
Pero nada de esto había sido casual: desde el principio de los hechos la causa había estado plagada de imprecisiones e irregularidades, que hasta habían llevado a que se detuviera a un inocente que permaneció detenido por más de un año. ¿Qué misterio rodea a los Luna para que obtengan tantas ventajas y cueste tanto mantenerlos presos por un crimen que cometieron? ¿Qué contacto tienen los Luna que hasta pueden cobrar un beneficio que no ha sido pensado para darle dinero a un delincuente?

Ya en aquel momento, el letrado daba por sentado que el caso se había extendido mucho más de lo necesario por inoperancia de la fiscalía: “en este caso en particular, el ministerio público fue condenado por las costas debido a la deficiente investigación. Apelaron esa resolución y así fue que tuvimos que esperar casi 5 años para que una sentencia que tenía fallo absolutorio en primera instancia, pudiera quedar firme en dos instancias superiores”.

No tienen las destrezas necesarias para los mecanismos más simples de la administración, y siempre se equivocan para el mismo lado.