La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo le puso un freno a las pretensiones del Colegio de Martilleros de sancionar a una corredora pública por trabajar utilizando los servicios que ofrece RE/MAX
Una y otra vez, la tecnología plantea la necesidad de reconvertir viejas profesiones. Sucedió con este medio, que nació en el papel y desde hace ya varios años se volcó por completo a una versión digital. Los cines abandonaron las latas de fílmico e incorporaron los DCP. Las radios FM arrancaron pasando música en vinilo, luego el casete, más tarde el mp3 y ahora muchas se manejan directamente con Spotify. Los servicios de transporte se están replanteando en todo el mundo y en nuestra propia ciudad son cada vez más los taxistas o remiseros que tienen instalado en su teléfono Cabify o Uber y aceptan viajes a través de esas plataformas.
Algo similar está sucediendo en el negocio de los bienes raíces, con cada vez más inmobiliarias que deciden adoptar los servicios de alguna de las franquicias que existen para ese tipo de negocios y la resistencia por parte de los Colegios de Martilleros de toda la provincia, que se niegan a aceptar que estamos frente a un cambio de época.
Y tan desesperados están, que terminan intentando sancionar a cualquiera por cualquier cosa.
La acusación
Esta historia comenzó el 20 de febrero del 2020. Dice la sentencia: «Se inicia a partir de una alocución, a tono de denuncia, del Presidente del Colegio Departamental Miguel Angel Donsini en los siguientes términos: que de comentarios surgidos en el seno de los colegiados se habría detectado la eventualidad de un accionar irregular por parte de la colegiada GILDA F. CLAUSO». A partir de estos “comentarios”, se inicia una especie de investigación «por cuanto podría llegar a esclarecerse la existencia de un incumplimiento por parte de la colegiada en relación a la prohibición que la misma tiene de permitir que otras personas, amparándose en su nombre, realicen operaciones reservadas a martilleros y/o corredores».
¿Cuál era el problema? Que la martillera Clauso un buen día decidió mejorar los servicios que le ofrecía a sus clientes y recurrir a una de las muchas herramientas que están disponibles hoy en día. En este caso, los servicios de RE/MAX. Lo que comprobó el Colegio de Martilleros es que una de las franquicias de RE/MAX —más específicamente, RE/MAX Arena— funcionaba en el mismo lugar donde la señora Clauso había constituido su domicilio legal. También, que en todas las publicaciones vinculadas con RE/MAX Arena en Internet, aparecía la leyenda: «Todas las propiedades que figuran en el perfil se encuentran a cargo del profesional matriculado de la oficina, la intermediación y la conclusión de las operaciones serán llevadas exclusivamente por él. Martillera Gilda Clauso Reg. 3350».
La defensa
Ahora bien, la actitud del Colegio de Martilleros es de una hipocresía absoluta: todas las inmobiliarias operan con personas que son las que se encargan de abrir la oficina todos los días, de responder alguna que otra consulta y hasta de ir a mostrar las propiedades. Luego, es el martillero el que “pone el gancho”, como se dice habitualmente y listo. Lo que ofrecen estas plataformas, son herramientas que permiten llevar adelante el negocio de una manera mucho más eficiente y nada más. Lo que se disfraza continuamente de una crisis institucional, en realidad no es otra cosa que una disputa comercial.
Y, de hecho, esos son los argumentos que Clauso expuso en su defensa: «Esgrime que el trámite no fue generado a partir de una actuación irregular de su parte, sino con el exclusivo objetivo de imponerle una de las más graves sanciones, en el marco de una decisión que califica de “política” y formulada a partir de alzar falsas banderas y acusaciones por demás vagas e imprecisas, que carecen de sustento fáctico y jurídico que las avale».
Continúa: «Remarca que se le reprochan conductas que realizan todas las inmobiliarias y profesionales del país, lo que denota clara discriminación en el trato hacia su persona, con una condena dictada “de antemano”, con afán persecutorio, por cuanto se fiscalizan a determinados profesionales y no a otros, lo que denota acoso y hostigamiento aparte de disfrazar como acción disciplinaria una mera disputa comercial».
Concluye: «Niega que preste o facilite la matrícula a personas no autorizadas para ejercer la actividad de corretaje o que haya actuado bajo un nombre de fantasía, por cuanto la participación de colaboradores o agentes que con hipocresía se le cuestiona es utilizada por todo el mercado inmobiliario y en nada modifica su responsabilidad profesional como matriculada ya que la asume frente a cualquier operación concertada».
Finalmente, la Justicia le dio la razón. Dice el juez: «No puedo dejar de brindar razón a la sancionada cuando, con énfasis, cuestiona los actos colegiales que la perjudican, al denunciar que no median pruebas del ejercicio del corretaje por aquellas personas individualizadas en las actuaciones sumariales».
Es decir, el Colegio de Martilleros no pudo probar nada, porque Clauso no actuó de forma distinta a como lo hacen la mayoría de las inmobiliarias.
Batalla perdida
Esta actitud por parte del Colegio de Martilleros local se repite en todos los departamentos judiciales, incluso en contra de los pedidos de muchos profesionales que buscan poder mejorar su actividad comercial accediendo a este tipo de herramientas.
En una publicación sesgada y pretenciosa, el Colegio de Martilleros de PBA se jactaba recientemente de que hubo 300 sentencias judiciales en contra de las franquicias inmobiliarias, sin dar detalles al respecto. Esas 300 operaciones inmobiliarias cuestionadas, ¿a qué universo pertenecen? ¿Cuál es el total de las operaciones concretadas a través de las franquicias? ¿Cuál es la proporción de operaciones que resultan cuestionadas? ¿Es una proporción mayor, menor o igual a las que también son cuestionadas, pero se cierran sin el uso de estas herramientas?
La sociedad está pidiendo a gritos que el mercado inmobiliario se modernice. La gente ya no aguanta más las viejas formas. En todas las zonas de la ciudad, los carteles de venta se multiplican, esperando proactividad por parte de un conjunto de profesionales anticuados que están esperando sentados a que los clientes vayan en su búsqueda, y no al revés.
Mientras tanto, hay muchos que se dieron cuenta que la modernidad va por otro lado y que esperar que lluevan clientes sólo porque uno colgó un cartel en el frente de una vivienda, es tan anacrónico como mandar cartas por correo postal en vez de enviar un mensaje por WhatsApp.