Desde la estatua que Aldrey Iglesias le compró a la Comuna, pero nunca le entregó; pasando por las pintadas nazis que Daniel Adler se niega a investigar de forma adecuada, o la revelación del atroz pasado del Fiscal General Fabián Uriel Fernández Garello, repasamos en esta edición especial algunas de las investigaciones más relevantes que este medio publicó en el último año.
Sin gloria
Las pintadas con esvásticas preocupan a la comunidad marplatense, pero aparentemente no a la justicia. Mientras los medios de comunicación de todo el país lo mencionan, el fiscal Adler no ha dedicado una especial atención al tema. ¿A quién beneficia este silencio?
Las pintadas con tufillo neonazi no son nuevas; de hecho, en las paredes de Mar del Plata se las ha visto desde siempre, para espanto de quienes se detienen a pensar en lo que significan. Pero también es verdad que desde octubre del año pasado recrudecieron las apariciones de frases de intolerancia, y todas las miradas se han dirigido al intendente, y su posición frente al nuevo florecimiento de semejante tendencia, difícilmente encasillable de ideología.
Hechos más violentos se repitieron uno tas otro: un joven golpeado en una plaza, aparentemente en repudio a su orientación sexual, agresiones al líder de AMADI, pintadas en las puertas de casas de militantes. Pero cuesta creer en la casualidad, y más aún cuesta pensar que el simple hecho de que un partido gane las elecciones alcance para habilitar a un sector social delictivo, que claramente realiza apología de un delito y remite a la peor página de la historia mundial.
Los observadores son muchos, pero la investigación es propiedad de la justicia. Lo que llamamos justicia no es un cartel, es un grupo de personas con DNI, en quienes la sociedad deposita la responsabilidad de evaluar si las leyes se han violentado, y, en tal caso, determinar el castigo que amerita la falta.Las pintadas neonazis son en sí mismas un delito, y no gesto de expresión, como piensa algún diletante: toda mención que defienda la comisión de un crimen es en sí misma un crimen; mucho más en este caso. Ni qué hablar de las agresiones físicas de cualquier persona contra otra, más aun si está enmarcada en un crimen de odio.
Pero en Mar del Plata el cuadro entero se enrareció. En lugar de salir a marcar posición el fiscal general, se le pidió la palabra al intendente. Y las afirmaciones no han sido felices, porque no conformaron a ningún sector político, menos que menos a los integrantes de la Unión Cívica Radical, un sector del espectro político que merecidamente ha sido considerado como defensor de la democracia y sus valores, aun en los tiempos en los que no era fácil hacerlo. El radicalismo desea pasar a la historia por la ética de Illia, por el juicio a las Juntas, por la entereza de Alfonsín, y no con el fondo de una esvástica de aerosol.
Por esa razón, después de que el intendente Carlos Arroyo declaró públicamente que los ataques de grupos denominados como “neonazis” eran para él un delito como cualquier otro, aun dentro de su propio espacio hubo quien marcó el desacuerdo.Tal es el caso de Daniel Núñez, que actualmente dirige al radicalismo en la ciudad. Fue él quien explicó su postura en la 99.9, y expresó: “Parece que esta situación hubiera nacido el 10 de diciembre, cuando venía sucediendo anteriormente. Creo que la expresión de Arroyo ha sido desafortunada, pero también veo actitudes del gobierno municipal interviniendo que no había tenido el gobierno anterior”.Núñez apuntó contra la justicia, y por supuesto explicó que el fiscal debe investigar el tema: “La mayor responsabilidad la tiene la justicia en cuanto a la investigación. Todos creemos saber medianamente quiénes son estos personajes, pero llama la atención cómo no hay implicados ni procesados. No sé si se trata de desinterés o pasa algo, porque no lo han investigado. Hasta ahora nadie sabe nada, sólo se ven hechos violentos, y detrás de ello pintadas con manifestaciones de odio”. Y agregó: “es un caso del ámbito federal y la mayor responsabilidad en la investigación de estos hechos es de Daniel Adler. No me extrañaría que la falta de investigación tuviera que ver con ensuciar a la gestión municipal”.
Desventajas
Por supuesto, no hace falta ser suspicaz para comprender que la falta de investigación sobre los hechos, en este caso como en cualquier otro delito resonante, pesa sobre el poder político y es una desventaja para la gestión actual.Sin embargo, Núñez sigue creyendo que no fueron acertadas las declaraciones del intendente Arroyo: “No es él quien puede decir que sea un hecho policial más, porque no creo que lo sea. No podemos minimizar, porque como políticos tenemos un rol social, y debemos prestarle atención a este tipo de temas”. Aclaró, además, que como sociedad hay que acostumbrarse a los distintos pensamientos entre los dirigentes de un mismo espacio: “Hay una utilización política de esta situación, pero lo que no puedo hacer es quedarme callado. En Cambiemos vamos a tener divergencias y discusiones, pero somos un gobierno de coalición y vamos a colaborar entre todos”.
Otro participante de la polémica actual es José Luis Zerillo, el ex secretario de Derechos Humanos de la comuna, quien recientemente nombró a una serie de personas a quienes etiquetó como neonazis. Una de ellas es Virginia Sosa, efectivo policial que llegó a tomar estado público por defender los derechos de los trabajadores policiales y que por esa razón fue alejada de la fuerza. En la 99.9, Sosa señaló: “Me veo envuelta en un hecho que espero sea un error de José Luis Zerillo y Silvina Elías, a quien no conozco pero sé que está en la Fundación La Alameda. Espero una disculpa para mi familia, no tengo porqué ventilar mi situación personal, pero mi pareja es judía y eso está perjudicando mi entorno familiar”.
Basta pensar en la triste gestión que Zerillo llevó adelante durante el gobierno de Pulti, y la fina selección que llevó a cabo respecto de cuáles eran los derechos humanos que estaba en condiciones de defender; la forma en que ignoró que vendedores senegaleses habían sido salvajemente golpeados por un grupo -entre los que estaban los inspectores municipales-, por ejemplo. Dijo que no podía investigar porque había municipales, cuando los extranjeros no contaban con ninguna otra defensa institucional, y estaban en franca desventaja.
Tampoco pudo intervenir cuando se denunciaban agresiones de personal de Tránsito municipal, que pudo golpear y amenazar sin que él interviniera, porque su defensa de los Derechos Humanos fue francamente corporativa. Ahora sale del cargo y comienza a señalar gente como si le cupiera el sitio del fiscal ausente. Al parecer, hay cuestiones viejas que Zerillo no ha solucionado respecto de la agente Sosa, y por eso decidió incluirla en la lista de las personas que están generando ataques en Mar del Plata: “La justificación es que fui parte del acuartelamiento del 2013, pero no sé qué tiene que ver este hecho, que fue un reclamo laboral que hoy se está confirmando, con la desidia que se denuncia (…) repudio el accionar de los nazis, pero no entiendo porqué me ponen dentro de ese grupo, y espero una disculpa”, explicó Sosa. También el exfuncionariomencionó a otra persona que falleció hace tres años.
Durante todos los reclamos que llevó adelante Sosa, nunca contó ni siquiera con el interés de Zerillo: “Se adjudica pelear por los derechos humanos en Mar del Plata, y en todas las protestas que hice en estos años, jamás se acercó a hablar conmigo. Pasó por adelante mío cuando estaba en el Paseo Aldrey encadenada, y lo tuve que encarar yo para preguntarle qué pensaba: me dijo que cuando se pelea por los derechos humanos siempre hay traspiés, y que se iba porque llegaba tarde. Nada más”, remarcó.
Cosas viejas
Los nazis utilizaron la esvástica negra dentro de un círculo blanco sobre fondo rojo, porque el negro, el blanco y el rojo eran los colores de la antigua bandera del Imperio alemán. Pero también usaron la esvástica desprovista de tales círculos y fondo. Hay dos versiones de la esvástica nazi: una de ellas es levógira y la otra es su imagen especular llamada dextrógira. Aunque los nazis no parecen haber atribuido distinciones simbólicas a ambas variedades, la última es de uso más común. En ambas, la cruz aparece girada 45°.
En nuestros días, el simbolismo de la esvástica ha sido adoptado por los neonazis. Consecuentemente, el empleo de tal cruz fuera de un contexto histórico se considera tabú en casi todo el mundo. En la actualidad, la legislación alemana prohíbe y sanciona el uso en público de la cruz gamada y otros símbolos nazis.
Pero últimamente, muchas paredes de la ciudad han aparecido pintadas con símbolos y palabras agresivas, no sólo cruces de este tipo. Por ejemplo, autoridades del PRO local denunciaron que el local partidario, ubicado en la avenida Colón y Catamarca, fue objeto de un grafiti en las últimas horas.Sobre el ventanal de ingreso al local, se pudo ver la pintada que decía: “Basta de ajuste y represión. Votamos luchar”, a lo que se agrega una estrella de cinco puntas.Y no es la primera vez que este local sufre algún tipo de ataque, aunque la sede se encuentra en una zona céntrica, muy transitada e iluminada. ¿Podría investigarse si las letras y el trazo coinciden con otros ataques?
Y eso no fue todo. En la mañana del pasado jueves, en una bóveda del Cementerio La Loma apareció otra pintada de características neonazis. Empleados que allí se desempeñan detectaron que en el exterior de una bóveda había una pintada que decía “Muerte a los K” y el símbolo característico del nazismo.Arribó minutos después de ese hallazgo personal policial que dio derivación a la fiscalía de turno. Desde la justicia se procedió a pedir la limpieza de la bóveda, aunque hasta ahora ni siquiera pudieron saber a quién pertenece, lo cual debe ser un trámite de cinco minutos.
Quizá resulta oportuno pensar que pasar a la primera plana por grafitear un símbolo de la vergüenza histórica de la humanidad no trae la gloria para nadie. Ni para los que la hacen ni para los que la toleran. Ni para los funcionarios de la justicia que no investigan y le tiran la pelota al intendente. Porque si bien las paredes hablan, los silencios también dicen cosas. Muchas cosas.
Dueño de todo
Patrimonio municipal | Una costosa escultura fue donada a esta ciudad por parte de un empresario. La donó, pero no la entregó. La obra no está en la plaza en la que debería, sino en un predio privado. ¿La mentira sirvió para evitar tasas?
Las crónicas del 2 de noviembre de 2015 hablan de que la escultura “Mujer Reclinada”, de Fernando Botero, se convirtió en la vedette del entonces recientemente inaugurado Paseo Aldrey Cultural y Comercial. Y de la manera en la que los visitantes que llegaron hasta el predio –comprendido por las calles Alberti, Sarmiento, Garay y Las Heras- se sorprendieron al ver culminada la obra de restauración de la vieja terminal y los miles de metros cuadrados de la flamante construcción.
Claro que ninguno perdió la oportunidad de retratarse con la obra de arte ubicada en la plaza cívica, espacio que funciona, textualmente, “como una especie de conexión entre lo nuevo y lo histórico del sitio donde hace unos años funcionaba la terminal de ómnibus”. Qué bien. Pero el problema es que, ni entonces ni ahora, nadie se preguntó cómo es que la costosa obra había llegado allí.
Resulta que durante el 2015, se aprobó una ordenanza que daba forma legal al acuerdo establecido entre la municipalidad del Partido de general Pueyrredon y la empresa Editorial La Capital SA, por el cual, tras la presentación de los valores del artista Fernando Botero, “el municipio expresa su intención de aceptar la donación de una de sus obras”. Y establece además que el patrocinante -que así es como mencionan al empresario Florencio Aldrey Iglesias- la ofrece para ser emplazada en el espacio público llamado Plaza del Milenio, es decir el que se encuentra comprendido entre las calles Moreno, Belgrano, Buenos Aires y el Boulevard Patricio Peralta Ramos, “espacio público de carácter emblemático de la ciudad de Mar del Plata”, dice. ¿Usted la vio? No, porque Aldrey Iglesias la donó y se la quedó en su negocio. Es decir que “los beneficios para la promoción cultural, turística y social de la ciudad” que expresa el documento, se los quedó él, porque la obra no ha ingresado al patrimonio municipal. Y su precio es de 900.000 dólares, que pagó el donante -según queda establecido-, y que se hizo además cargo de los costos de traslado y seguro. Claramente, lo pagó porque era para él.
El pacto
“Queda aclarado que el beneficiario de la donación es el Municipio”, reza el acuerdo, por lo cual esta municipalidad se comprometió a “entregar toda la documentación necesaria para favorecer su importación definitiva y despacho de aduana”; es decir que esta obra llegaba con todas las facilidades, y no pagaba impuestos porque era un regalo. Firmó el ex intendente Pulti, y la ordenanza subsiguiente se registró en noviembre de 2013 bajo el número 0-15 884.
La señora de bronce tiene más de tres metros de largo, y es una obra del artista colombiano de fama mundial Fernando Botero. Fue instalada allí gracias a la donación del diario La Capital, que se la regaló a sí mismo, porque está en el paseo del dueño. En el país sólo existe otro trabajo de Botero: “Torso Masculino”, instalado en el Parque Thays de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Claro que se trata de uno de los artistas más famosos en la escultura. El colombiano Botero nació y fue criado en Medellín, y actualmente es uno de los nombres más importantes en el mundo del arte gracias a su estilo particularísimo. Abstractas pero detalladas, las pinturas modernas y más populares de Botero describen nuestro mundo en proporciones distorsionadas, o en un estilo “gordo”. Sus pinturas también suelen ser muy ricas en color. Pero aun sin ser un experto, cualquiera que ve hoy una de las esculturas de enormes mujeres de cuerpos redondeados sabe que está ante una obra del autor, o inspirada en su original estilo.
Ahora bien. No es esta la única “Mujer reclinada” que Botero ha realizado. Pero sí esta es la que aparece boca abajo. De hecho, no queda claro si se trata de un original o una réplica. Aunque, si la maniobra hubiera permitido pagar esta cifra descomunal por una copia, estaríamos frente a otra clase de figura legal.
Hay muchos lugares del mundo en donde se puede ver el arte de Botero, incluyendo la Plaza Botero en Medellín, donde 23 esculturas del autor dominan el espacio público visitado por cientos de turistas. En la misma plaza se encuentra el Museo de Antioquía, que alberga una gran cantidad de obras de Botero. En Bogotá se pueden visitar el Museo Botero y el Museo Nacional. En este último se encuentran algunas de las primeras obras del escultor. El tratamiento exagerado en sus proporciones de la figura humana es hoy una de las características inconfundibles de su obra, que ha sufrido pocas variaciones desde sus comienzos.
En la actualidad, Botero vive entre París, Nueva York y Bogotá. Precisamente por esa razón, por tratarse de un autor contemporáneo, la importación de sus obras se encontraría normada por lo establecido por la Ley de importación y exportación de obras de arte, la 24.633. La misma establece que el único beneficio de obtener la autorización de la importación es el beneficio impositivo: “comprende obras de arte contemporáneas, o de artistas fallecidos en los últimos cincuenta años”.
Pero además indica: “Para gozar del beneficio establecido por el Dto 279/97, (reducción del 50 % del Impuesto al Valor Agregado) y de la exclusión del pago de la Percepción del IVA y del Impuestos a las Ganancias, determinado por la Res. AFIP Nº 234/98, los importadores de obras de arte deberán presentar la Declaración Jurada de Aplicación de Franquicia – Dto Nº 279/97. Este beneficio se aplica únicamente a las mercaderías clasificadas en las partidas 9701, 9702 y 9703, estén o no comprendidas en la Ley 24.633. (Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; artículos manufacturados decorados a mano “collage” y cuadros similares; grabados, estampas y litografías originales; obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia)”.
Se indica además que es necesario acompañar el original de la licencia de exportación o la declaración jurada de aplicación de franquicia emitida por la Dirección de Artes Visuales (antecedentes del autor, fotos, planilla anexa con detalle de las obras) debidamente consignado al peticionante, y además factura comercial original o copia autenticada ante escribano público. Pero, “de tratarse de una donación u obsequio se deberá presentar Declaración Jurada con los datos (Apellido, Nombres, Domicilio, etc.) del donante u obsequiante”, lo cual seguramente facilita mucho las cosas: no se trata de un coleccionista que se compra una obra monumental de tres metros y toneladas de bronce porque está alimentando su colección personal, sobre la cual obviamente debería pagar una caterva de impuestos, sino de un benefactor que se la va a regalar a un pequeño municipio de Sudamérica.
Sin tributos
Reza la ley: “Las franquicias para el ingreso de obras de arte por la vía del equipaje acompañado será de 300 U$S (vía marítima o aérea) y 150 U$S (vía terrestre o fluvial). Estas franquicias no rigen para el equipaje no acompañado. Si la obra de arte supera dichos importes, deberá pagarse un tributo único del 50% sobre el excedente. De optarse por no abonar el tributo único, y en caso de tratarse de mercadería alcanzada por la Ley N° 24.633, se gozarán de las exenciones de esta última, pero deberán abonarse los demás tributos no contemplados en ella. De hacer uso de la reducción del 50 % del IVA y de la exclusión de los regímenes de percepción de las Resoluciones Generales (DGI) Nros. 3431/91 y 3543/92, y sus modificatorias, tendrá que tramitarse la Declaración de Aplicación de Franquicia ante la Dirección de Artes Visuales. Si la obra de arte no está alcanzada por la Ley N° 24.633, no gozará de las exenciones que en la misma se prevén. De no contar con la Declaración de Aplicación 5 de Franquicia, el interesado deberá ingresar la mercadería a Depósito completando el Formulario OM-1629/A”.
Pero Aldrey se la compró él solito. Y lo hizo en un momento en el que regía el cepo sobre el dólar, que no valió para él porque pudo pagar casi un millón de dólares por la “Mujer reclinada”. Eso sí, para comprarla tuvo que sacar un crédito de BAPRO.
Según parece, la entidad crediticia mandó a un empleado al Hotel Provincial con la papelería de un crédito pyme, promocionado a tasas del 18% anual para la firma Emprendimientos Terminal SA. Nadie entendía bien cómo a semejante empresa se le concedería un crédito pensado para pymes y micropymes. Pero bueno, cuando las órdenes son esas, nadie pregunta nada.
El pobre empleado le tuvo que advertir a Florencio Aldrey Iglesias acerca de que debía describir detalladamente propiedades, créditos en curso, deudas bancarias en los espacios del formulario, y luego firmar la aceptación de adhesión. La indicación no fue demasiado bien recibida por el empresario ahora devenido importador de obras de arte que regala y se queda, porque dicen los testigos que primero le gritó, y luego cruzó las páginas, en las que no puso un solo dato. Solamente exigió que se le evitara la molestia, y estampó una gigantesca firma señalando que “él y sólo el” es el dueño de todo.
Pero el crédito era, en pleno cepo, por un millón y medio de dólares a sola firma con papelería irregular. ¿Le sobraron 600.000? Negocio redondo.
Es decir que Aldrey tendría entre sus bienes una obra muy costosa, que funciona como atractivo de su espacio comercial privado, por la cual pagó una cifra enorme con un crédito del Estado a a sola firma pensado para Pymes. Pero encima dijo que la donaba para una plaza, es decir que desde el 2013 no paga impuesto a los bienes personales por la propiedad de la escultura, porque teóricamente no es suya. No figura en su patrimonio, pero tampoco en el patrimonio público.
Un negocio redondo. Porque –como gritaba el empresario ante el pobre mandadero del BAPRO-, él es el dueño de todo. Pero de todo en serio.
Vestigios del mal
Denuncia contra Fernández Garello | El Fiscal General de Mar del Plata quedó en la mira, luego de que se hiciera pública la denuncia en su contra por su supuesta participación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Y no se es único fiscal al que le tiembla el piso.
El Fiscal General se defendió blandamente de las acusaciones en su contra. Lo hizo diciendo que los documentos tenían “vestigios de falsedad”. No dijo que era un disparate. No dijo que a quién se le podía ocurrir semejante barbaridad. Dijo que el nivel de falsedad de esta denuncia se reducía a un vestigio. Y un vestigio es una huella, un rastro. Es decir que – sólo con esto- reconoce que casi todo es cierto.
Parece que mientras los organismos de Derechos Humanos convocaban a una concentración a nivel nacional para reclamar por el juicio político al funcionario en el Congreso de la Nación, más precisamente los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, APDH nacional, el Serpaj, la Liga por los derechos del hombre y Asociación de familiares de detenidos-desaparecidos por razones políticas, la diputada Victoria Donda, la presidenta de la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, y el diputado Leonardo Grosso, él –el Fiscal General- reconocía ante una extraña reunión con los fiscales su participación en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante los años de plomo.
No tuvo más remedio que hacerlo, porque como ya se ha dado a conocer, la CPM presentó ante la justicia documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que involucran al funcionario judicial en dos causas por delitos de lesa humanidad: el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez, y el secuestro y tortura de tres militantes comunistas
Según consta en los documentos del archivo de la Dippba, durante la dictadura cívico-militar el ahora Fiscal General de Mar del Plata se desempeñó primero como oficial ayudante, y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dippba. Según aseguran desde la CPM, “entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos; todos estos actos de inteligencia fueron realizados en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado”.
Un muerto en el armario
Apenas puede el Fiscal General Fernandez Garello negar las acciones por las cuales ahora lo denuncian, y solo atinó a decir: “las circunstancias referidas por la Comisión Provincial por la Memoria evidencian serios y preocupantes vestigios de falsedad”. Además dijo estar “a entera disposición de la Justicia para aclarar cada uno de los puntos mencionados en la documentación presentada en la denuncia”.
Por supuesto, desde el gobierno provincial deben haber comenzado los movimientos para separarlo del cargo. Sobre todo ahora, que su relación con la DIPPBA y los informes que la denuncia ha presentado, lo ligan cada vez más con los mencionados casos de secuestro y asesinato.
El abogado de Derechos Humanos y Periodista, Pablo Llonto, brindó detalles en la 99.9 sobre el caso más emblemático sobre el que se basa la investigación, el del asesinato de Ana María Martínez: “era militante del PST y fue secuestrada en la zona norte del Gran Buenos Aires una noche que salía hacia el almacén. En febrero del 82 fue metida dentro de un Falcón, y para esa época se pensaba que la cantidad de secuestros era menor. Este caso conmovió al país porque fue enseguida asesinato. Encontraron su cuerpo tirado en el límite entre las localidades de Tigre y Escobar”, recordó.
Comentó además que durante las investigaciones que se han llevado a cabo en los últimos años, se pudo comprobar la fuerte participación de la inteligencia de la Policía de la Provincia al momento de llevar adelante los posteriores secuestros. Entre otros centenares de personajes, allí estaba Fernández Garello.
Incluso, la DIPPBA había generado hasta material fotográfico, al cuál se ha podido acceder recientemente, y que permite avanzar en el caso Martínez: “estos documentos indican que hubo infiltración de la DIPPBA, y un seguimiento de Ana María antes de su secuestro, incluso con fotos. La documentación tiene fotos de Ana María ingresando a un bar, seguimientos, es un informe que ahora se debe profundizar para saber quiénes fueron los responsables y los superiores que ordenaron ese seguimiento”.
En cuanto a la participación de Fernández Garello en el tema, para todos termina siendo demasiado evidente como para negarlo: “aparece como integrante de la DIPPBA haciendo seguimientos. Tanto él como otros estaban en la DIPPBA y cumplían un rol gravísimo. Como todo tema relacionado con la actuación de policías y militares haciendo inteligencia, tiene dos partes. Una es la penal y la otra el aspecto político, pero deben responder por ambas”, finalizó Llonto, “Su rol no era precisamente hacer recortes de diarios”.
El abogado expuso que, a su criterio, todas las personas que tuvieron un rol en la dictadura y hoy son funcionarios de la gestión democrática, deben dar un paso al costado. En cuanto al Fiscal general, se han encontrado documentos del seguimiento con su nombre. Ahora, resta determinar si la infiltración culmina con esa información -que le era entregada a otro agente- lo cual implicaría un delito de participación, o si su acción fue más allá en los hechos que pusieron fin a la vida de los militantes.
Ana María
Los medios de la época son unívocos: se preguntan qué sucedió con ella, en un momento en el cual ya los crímenes de Estado habían mermado, y el periodismo no sabía si cabía conectar a la militante del PTS con la entonces llamada “cuestión de los desaparecidos”. Sobre todo porque ya estaba en claro que el PTS no era una organización armada.
Llonto relata – a propósito de esto- que hubo otro caso de cinco jóvenes que se reunían a leer política en una biblioteca, y la DIPPBA informó que en realidad estaban planeando un enfrentamiento. Por esa razón los jóvenes fueron secuestrados: “Acá se informó que el PST se estaba entrenando para desarmar policías, lo cual culminó con el secuestro y asesinato de Ana María”, dato sugerente a la hora de evaluar cuánto tuvieron que ver los informes de esa división de inteligencia con los crímenes posteriores, es decir si sus integrantes fueron o no partícipes necesarios.
En las revistas del 82, los titulares preguntan qué pasó con Ana María, mientras Benjamín Menéndez afirma que a los desaparecidos hay que olvidarlos, porque deben estar en otro país.
La situación general del país no es solamente un contexto para la raigambre de la denuncia. María del Carmen Falbo anunció su retiro, y todos se preguntan cuál será ahora el destino de los fiscales generales, que deberían seguir en sus cargos sin contar con su protección. Son su legado, pero ahora, una multitud de denuncias parece afectar aquel poder, que hasta ahora permaneció intacto.
En San Isidro, por ejemplo, reinaba Julio Novo, quien hoy está suspendido, aunque formalmente sigue en su puesto de Fiscal General. El 25 de octubre pasado, la Justicia lo procesó por encubrir a narcotraficantes: la sospecha es que obstaculizó la investigación del doble crimen de los colombianos en Unicenter en el 2008, para evitar que la causa llegara hasta los hermanos Juliá, los pilotos presos en España por traficar una tonelada de cocaína.
Antes de este escándalo, en 2009 un grupo de 13 fiscales de San Isidro había presentado una denuncia penal inédita contra Novo, por someterlos a maltratos y arbitrariedades. En la causa que se abrió se presentaron testigos que declararon que Falbo lo estaba protegiendo, y que una de las maniobras que habría hecho para hacerlo era enviar este expediente a Mar del Plata y cerrarlo.
¿Por qué a Mar del Plata? Porque el Fiscal General de este distrito es otro de sus allegados: Fabián Fernández Garello, a quien ahora la Comisión Provincial por la Memoria denunció en dos causas por delitos de lesa humanidad.
Según los documentos presentados, durante la dictadura el ahora jefe de todos los fiscales marplatenses era un espía. Se habría infiltrado en reuniones de las Madres de Plaza de Mayo con la Conferencia Episcopal, y también lo vinculan con torturas y detenciones ilegales de militantes comunistas. Todo un adalid de la justicia.
No es el único fiscal general que deja Falbo, al que le están saliendo los muertos del armario. El de Morón -Federico Nieva Woodgate- tiene abierto un jury por su propio rol durante la dictadura, cuando era juez de Lomas de Zamora. Además de rechazar 140 habeas corpus de familiares de desaparecidos, en 1977 autorizó al Ejército a trasladar a un preso político -Angel Georgiadis- para un “interrogatorio” en un regimiento. Varias sesiones de tortura después, el detenido apareció suicidado. El fiscal no se dio por enterado.
El denunciante en esa causa fue el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien recientemente también confrontó a otro de los legados de Falbo, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo. El titular del Servicio de Paz y Justicia quería verlo para transmitirle su preocupación por una gran cantidad de casos de malas praxis médicas en Malvinas Argentinas, que se estaban investigando con una lentitud muy favorable al intendente Jesús Cariglino. El jefe de los fiscales, ex subsecretario de Política Penitenciaria de Solá, se negó a recibirlo. Porque ellos fueron los reyes y señores de la justicia durante tantos años, que no pierden sus costumbres.