Desde la denuncia por parte de la Comisión Provincial de la Memoria en contra de Fernández Garello por sus vínculos con la dictadura, la inacción de la justicia que terminó con uña niña muerta a manos de sus padres y los excesos del Juez Inchausti contra los arbolitos a cambio de un poco de exposición mediática, repasamos en esta edición especial algunas de las investigaciones más relevantes que este medio publicó en el último año.
EL PASADO MÁS OSCURO
Procesamiento a Fernández Garello | La Comisión Provincial por la Memoria denunció al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello. Se lo acusa de participar en delitos de lesa humanidad a finales de la dictadura, y de infiltrarse en reuniones para pasar información. Un amor el hombre.
Y se supo al fin. Cuando quizá el lector podía haber perdido las esperanzas de que los archivos más ocultos de los poderosos salieran a la luz, finalmente se supo. El fiscal general Fabián Fernández Garello fue denunciado por la Comisión por la Memoria de haber participado de operativos de secuestro de militantes del Partido Comunista, cuando ya se vivían los últimos años de la dictadura militar.
Él se ocupó de negar todo en la prensa local, por supuesto, y seguramente dirá que se trata de una operación política en su contra. Pero por lo que se ve hasta el momento, parece que la documentación custodiada de los archivos de la ex Central de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires lo involucra directamente.
Justamente para brindar más detalles de esa posible participación delictiva, el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano, habló en la 99.9. Decía: “El archivo de la Dirección de la Inteligencia de la Policía Bonaerense que la Comisión por la Memoria custodia desde el 98 es muy grande. Reúne espionaje de la década del 40 hasta 1998, incluyendo la dictadura. Se ha ido digitalizando, y nunca fue un archivo que se utilizara para hacer espionaje ni buscar antecedentes”.
Según explicó, se toparon con este tema de casualidad: “en el marco de información solicitada para un crimen de lesa humanidad, que es la muerte de Ana María Martínez, asesinada en el año 81, buscamos información de la DIPBA San Martín, y nos encontramos con que Fernández Garello era un agente que prestaba funciones ahí. Fue algo aleatorio, no lo salimos a buscar. Nos enteramos hace 15 días aproximadamente, lo chequeamos, lo informamos al juzgado y a partir de eso, hicimos la comunicación junto con la presentación en la Justicia Federal”.
La función que cumplía el actual fiscal general era infiltrarse y generar informes. Según explica el mismo Cipriano, “se llegó a infiltrar en una reunión de Madres de Plaza de Mayo con el Episcopado, además de reuniones en cooperadoras escolares y en distintas organizaciones sindicales, para después hacer informes”.
Desde allí, pudieron llegar a la relación que había tenido con distintos casos que terminaron en delitos: “hay informes suyos dentro de la delegación que integraba en el caso de Martínez, pero aparece claramente en el caso de otros tres militantes del Partido Comunista que está bajo investigación en el juzgado de San Isidro. Trabajaban de manera articulada con el Ejército, el Batallón 601”.
Lo concreto es que hay elementos que la CPM considera muy importantes para que no sólo sea investigado, sino que además pueda llegar a juicio: “Fernández Garello aparece siendo parte del secuestro y la detención de estos tres militantes que declararon luego que eran las mismas personas quienes lo torturaban reconociendo voces porque estaban encapuchados. Las pruebas que hay contra Garello son muy contundentes”.
La DIPBA
La entidad había sido creada en 1956, y luego jerarquizada por todos los gobiernos militares que se sucedieron hasta 1983. Era el organismo de inteligencia más importante que operaba en el territorio bonaerense.
Esta dependencia policial tenía 16 delegaciones esparcidas sobre la provincia y más de 1000 agentes que llegaron a elaborar, hasta su disolución en 1998, cerca de 460.000 fichas sobre la vida de ciudadanos, que eran vigilados por sus actividades políticas, sociales y gremiales.
Durante la última dictadura cívico militar, el entonces coronel Ramón Camps, jefe de la Policía bonaerense, le dio a la DIPBA estatuto de dirección general, y la colocó directamente bajo su órbita. Según consta en la denuncia, el oficial Fernández Garello, se desempeñó en la Delegación DIPBA San Martín desde el año 1978. Afirman que así surge de la documentación relevada. Más precisamente, la denuncia confirma que su actividad ha quedado registrada en la documentación, en tres formatos diferentes. Por un lado, mediante el registro de su nombre y apellidos completos en un informe de inteligencia, como parte de un operativo en el que intervino de forma personal. Además, incluyó su apellido en diversos partes de inteligencia -tanto en formato teletipo, como transcripción de comunicación telefónica- en los que transmitió información concerniente a situaciones gremiales y políticas que consideraba como ”subversivas”. También en el denominado sello en escalera, que es aquel con el que funcionarios policiales colocaban las iniciales de su nombre y apellido, así como las correspondientes a su jerarquía. En el caso de Fernández Garello fue oficial ayudante entre los años 1978 y 1980, y oficial subinspector en 1981.
La denuncia indica además que la mayor parte de las intervenciones del oficial Fernández Garello estuvieron abocadas al espionaje político y gremial. Esto es parte del proceder, y de la historia misma de la ex DIPBA, que cumplió el rol de una suerte de policía política, en estrecha conexión con el Estado autoritario que la creó y forjó a lo largo del tiempo.
Como se puede observar en el expediente caratulado Reclamos de las Madres de Desaparecidos en la Conferencia Episcopal en la localidad de San Miguel, Fernández Garello interviene en el informe porque se infiltró en una organización de familiares de detenidos-desaparecidos. Esto no constituye un hecho aislado, sino que fue una metodología común implementada por el personal de la dependencia. Las Madres solicitaban que la Iglesia se plegara a la huelga de hambre que llevaban adelante por la aparición de sus hijos, y la respuesta negativa de del obispo consta en el informe de resultado.
Implicados
Corresponde ahora investigar las cuantiosas tareas de inteligencia como actos preparatorios, y el posterior operativo conjunto, ambos efectuados por el personal de la Brigada de Investigaciones III de San Martín, con el oficial principal Marcos José Sztemberg, el oficial inspector Ricardo Luis Degastaldi, el suboficial mayor Roberto Abel Marcel, el cabo 1º Daniel Cammarota, y personal de la Delegación DIPBA San Martín: oficial subinspector Eduardo Daniel Ríos, y el oficial subinspector Fabián Uriel Fernández Garello.
Consta con nombre y apellido. Y por supuesto, nada de esto pudo ocurrir sin el conocimiento ni las órdenes emanadas de las autoridades que constituían la cadena de mandos de la DIPBA ni de la Dirección General de Investigaciones, que efectuaban tareas en la Zona de Defensa IV, dentro de la división territorial.
En virtud de la estructura de esta organización, los agentes se vinculaban en forma permanente con las estructuras militares, entre otras las del Destacamento 201, dirigido por Jorge Norberto Apa.
Además, los oficiales Ríos y Fernández Garello eran parte integrante y recibían órdenes de los oficiales jerárquicos, como eslabón dentro de la cadena de mandos de la región que actuaba en la Zona IV. También coordinaron estos mismos oficiales los preparativos previos al operativo, con la coordinación y solicitud inicial, de Jorge Norberto Apa, a cargo del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo.
Las circunstancias probadas permiten afirmar que tanto los ya condenados como los ahora procesados, junto con los jefes y oficiales de las delegaciones, conocían la información -no sólo personal, de militancia, sus movimientos- sino también las dirigidas a conseguir y formalizar en forma segura la consecuente privación de la libertad y aplicación de tormentos de las víctimas de los operativos. La denuncia afirma que el fiscal no pudo ser ajeno a esto.Estos actos preparatorios no pudieron efectuarse sino bajo la dirección del jefe de la delegación de la DIPBA, Edgardo Walter Buzzi, en coordinación con las áreas militares de Campo de Mayo, y el Destacamento de Inteligencia del Ejército de la Jurisdicción militar.
Es por eso que esta denuncia se vincula necesariamente con la resolución de procesamiento del Jefe del Destacamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo, Jorge Norberto Apa, que enuncia la vinculación metódica del área del Destacamento 201 y la DIPBA.
Del informe aportado por la Comisión Provincial por la Memoria se desprende que la policía y el Ejército trabajaron en conjunto para detener a Ana María Martínez: ”puedo observar que las órdenes emanadas de las autoridades del Comando de Institutos Militares, su Estado Mayor, áreas y Destacamento de Inteligencia, en connivencia con la actuación del personal policial, fueron esenciales para llevar a cabo la detención de Ana María Martínez en las circunstancias de tiempo, lugar y modo en las que el hecho sucedió y su posterior asesinato”.
De todo lo expuesto, ya no caben dudas sobre el indudable vínculo sistemático existente entre las fuerzas militares y policiales respecto de las tareas de inteligencia previas a los posteriores operativos. Partían de la recolección y distribución de información por medio de infiltración de agentes, para elaborar informes que luego iban a ser analizados. Con estos insumos, se llevaba a cabo el diseño de las estrategias de los operativos de secuestros, torturas y asesinatos de las víctimas del proceso.
Triste, muy triste. Se verá ahora si, una vez pasado el baldazo de agua fría de aceptar que la justicia de la democracia estuvo en manos de la misma persona que se infiltraba en la dictadura, el Poder Judicial está en condiciones de reaccionar. Quizá semejante golpe sea demasiado para ellos.
SIN PALABRAS
Impericia judicial | La muerte de una pequeña bebé maltratada y abusada pone a la sociedad en verdadero colapso. El juez Dominoni responsabiliza a otros actores del sistema judicial de que no atendieron las alertas previas. Los chicos no querían volver con estos padres, y lloraban cuando los veían.
Las muertes violentas de menores acontecidas en las últimas semanas han sido tan atroces que cuesta encontrar palabras ajustadas para nombrarlas. La ciudad entera quedó sin habla al enterarse del daño atroz que había padecido Lucía Pérez antes de morir de dolor, y nadie estaba en condiciones de traducir semejante espanto a párrafos racionales. Es la nota que no se quiere escribir.
Pero en el mismo momento en que la ciudad entera estaba manifestándose en repudio de los hechos, cuando todos creían que no podía suceder algo peor, sí, podía. Podía morir una bebé de once meses en condiciones bastante parecidas: golpeada, quemada y sí, prácticamente empalada, aunque resulte tan difícil escribir lo que indica el informe de la autopsia.
Las alertas comienzan en el Hospital Materno Infantil, cuando el personal recibió a la pequeña Yasmín, hija de Lucía Sosa y Javier Picart, con signos de maltrato evidente y abuso sexual, hechos que se habrían producido en el domicilio familiar. Todas apuntaban a los padres, que ahora resultan imputados por el magistrado actuante como presuntos autores del abuso sexual agravado y gravemente ultrajante seguido de muerte contra su pequeña hijita. No hay palabras, decimos, pero si las buscáramos, la primera cuestión sería preguntar cómo es posible que dos asesinos tuvieran la custodia de su hija sin que nadie lo hubiera evitado.
Las advertencias, incluso judiciales, no fueron respondidas en tiempo y forma, algo que terminó en una muerte. Pero el juez de familia Facundo Dominoni fue quien oportunamente había decidido que dos de los hijos de esta misma pareja no estuvieran bajo la custodia paterna. En la 99.9, el magistrado contó las razones: “es una familia disfuncional desde los orígenes. Se empezaron a advertir indicadores de ausencia de responsabilidad, de negativa ante ciertas cuestiones que se les indicaban, no comprendían la intervención de la justicia de familia”. Para el magistrado, estas cuestiones fueron suficientes para tomar una decisión: “en relación a dos de los niños, dispuse por sentencia la no restitución a la familia, y fue confirmado por la Cámara Civil de Mar del Plata y luego en la Corte este mismo año”. La pareja ya había protagonizado hechos confusos en ocasión de la muerte de otra bebé, Candela, aunque ellos negaban toda responsabilidad. Para el juez, había situaciones dudosas que justificaban su resolución.
Sin embargo, aparecieron algunos actores en escena que buscaban que los niños siguieran bajo la tutela de ambos: “no se pueden tolerar situaciones en perjuicio de los chicos y no sólo desde la familia había inconvenientes, sino de ciertos operadores del mecanismo implementado por el Poder Ejecutivo en el tema niñez”, anticipó Dominoni. Luego abundó sobre estos intercambios: “era un juego de poder, una lucha innecesaria donde había desde percepciones filosóficas individuales hasta el pedido de ciertas tareas o acompañamientos que son para Suiza, no para Argentina. Por eso, nunca dudamos la decisión a tomar, a pesar de ciertos reproches de una ONG”.
Candela
La gravedad de los hechos que ya habían sido denunciados con la muerte de una primera bebé, incluían la suposición de que tenía cocaína en su sangre, fruto de que la persona que la cuidaba podría haber consumido: “no se pudo acreditar que tuviera cocaína, pero sí el testimonio de los padres que la dejaban al cuidado de una persona desconocida que podría haber consumido (…) pueden ser excelentes personas, pero como padres no sirven. Pedimos que se pusiera un ojo mayor en esta familia, porque se podían prevenir daños como el que sucedió ahora. Era una muerte evitable”, sentenció el magistrado.
Dominoni pidió que haya una mayor interacción en búsqueda de la prevención de casos de este tipo: “la justicia de familia de Mar del Plata lleva una actuación permanente hacia adelante. Uno hace, hace y hace, pero la intervención llega cuando la familia está casi explotada. Habría que pensar a futuro con una actuación eficiente de todos los poderes”. Apelando a su responsabilidad en un cargo importante, el propio magistrado pidió imperiosamente un trabajo articulado: “no se puede jugar con la niñez, no pueden llenarse la boca hablando de ello y después no moverse por cuestiones filosóficas. Este caso debe ser un llamado de atención importante. Debe existir un trabajo amalgamado entre la niñez en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, con el servicio zonal, para que no sucedan nuevamente estas cuestiones”.
Es evidente que la muerte de Yasmín a manos de sus propios padres reavivó el debate sobre la actuación de la justicia en este tipo de casos, sobre todo con los antecedentes que tenía esta familia, que ejercía constantemente violencia contra sus hijos.
El impactante testimonio de Agnes Hooft es una muestra clara de la manera en la que se mueven las autoridades que deben prevenir este tipo de hechos. Como asistente legal de los hogares de Belén, tiene a cargo el cuidado de Lucas, uno de los hermanos de Yasmín. Ella afirmó de manera contundente -en entrevista con la 99.9– que las dos muertes se podrían haber evitado, refiriéndose a Yazmín y a la Candela, hija de la pareja, muerta a los tres meses. “Hace 5 años me fueron a buscar pidiendo protección para un chico que estaba a cuidado de los Hogares desde los 10 días, derivado del Materno, donde ingresó con signos de maltrato. Hubo reclamos desde la Justicia y distintas organizaciones, para que volviera con Lucía y con Javier”, recordó.
Los profesionales dejaron asentado, ante la reiteración de internaciones de los integrantes de esa familia, que los hijos corrían riesgo al convivir con esos padres: “escuchamos a la gente del Materno y estaban desesperados, porque veían cómo Lucas y sus hermanos entraban y salían constantemente. Esto lo denunció el Materno en la justicia junto con el HIEMI, pero no los escucharon nunca”. Mientras tanto, cuando estaban luchando para que efectivamente los chicos salieran de esa casa, se repitieron visitas de los padres, que se daban en el juzgado: “había una insistencia constante de reintegro y siempre se respetaron las visitas. Eran tres veces por semana, llegábamos siempre con los nenes llorando y en algunos casos orinados por el miedo que tenían de ver a los padres. Nosotros denunciamos siempre que iba a haber otros maltratos y muertes”, remarcó nuevamente Hooft.
Incluso contó una de esas visitas: “En una de las insistencias de la justicia para que Lucas viera a su familia, nos dijeron que se había tomado la decisión de devolverlo a la familia y de a poco las visitas serían más frecuentes. El día que cumplió 4 años entregamos al niño en el juzgado el viernes y la familia lo debía reintegrar el lunes. Lo devolvieron todo moreteado y en estado de shock. Les contó a todos como lo maltrataron el fin de semana, todos lloraron, pero después nadie hizo nada”, dijo duramente.
A pesar de que todos estos hechos estaban en conocimiento de la justicia, Hooft también denunció una puja de poderes entre el Judicial y el Ejecutivo: “las medidas de protección las toma el Ejecutivo a través de Servicio Social, y estas organizaciones, como ECO y En Red, trabajan conjuntamente con ellos. Por otro lado está el Poder Judicial, pero no tiene injerencia uno con el otro. Se van pasando la pelota y los niños quedan en el medio”.
La asistente legal recordó el maltrato que había sufrido la primera víctima de esta pareja: “Candela entró al Hospital Materno Infantil 40 veces por agresiones en su corta vida. Mientras tanto, nosotros mandábamos denuncias de la situación porque no sabíamos que hacer”.
Ruidos y trata
Por estas situaciones y otras sospechas que aún están latentes, pidieron que se investigue a ambos por posibles delitos: “pedimos que investiguen trata de personas. Javier y Lucía tenían menores en la casa, eran muy pobres y no podían pagar niñeras. Javier había puesto cartelitos de puño y letra dejando datos y teléfonos por el barrio, que decían que buscaban menores de edad para trabajar de niñeras con cama adentro. Estos carteles fueron exhibidos ante la justicia”, indicó Agnes Hooft, y agregó: “hubo una presentación judicial de la dueña de la casa de Picard y dijo que escuchaba ruidos raros y entraban y salían chicas. La señora pensaba que prostituían chicas. Lo mínimo que tenían que hacer era investigar”.
Otro de los aspectos que es importante en la posible vinculación con el tráfico de drogas: “puedo decir que Lucía es una persona de Formosa que fue abusada de muy chiquita. Hizo muchos viajes Mar del Plata-Formosa con sus bebés y cada vez que internaba a uno de los nenes decía no sólo que se ahogaba con la leche, sino que tenía diarrea con sangre. Cuando fallece Candela surge que la nena tenía cocaína en sangre, en dosis bajas que no le provocaron la muerte. Pero ahí dejan entrever en las pericias que deben investigar el Munchausen que puede padecer la mamá”, indicó respecto del síndrome donde las personas generan síntomas físicos en sus hijos para luego recibir atención médica.
Incluso las dudas de Hooft van más allá de lo que puede haber pasado en Mar del Plata: “otra cosa muy importante es que Lucía empezó a tener hijos a los 23 años y hoy tiene 33. En 10 años tuvo 7 hijos. Fue abusada a los 5 años y estuvo siempre en Formosa. Debemos preguntarnos si no tuvo otros hijos antes para saber si en esa provincia hacía lo mismo”, indicó cerrando su impactante testimonio.
Un espanto. Nos deja sin palabras la locura y la desidia de quienes no escucharon el clamor de aquellos que atendían a los chicos, y curaban sus heridas. La pregunta será, ¿nadie en la justicia pagará por sus actos?
LIBERTAD CONDICIONAL
Arbolitos | Graves irregularidades se registraron en el megaoperativo que terminó con las detenciones de todo el personal de entidades cambiarias, y de los vendedores informales que operan en las veredas. El juez Inchausti los imputa por lavado de activos.
Esta no es la primera del juez Santiago Inchausti, ni de la fiscal Laura Mazzaferri. Ya han tenido una trayectoria de anécdotas que hace que uno no sepa si mandarlos a evaluar profesionalmente, o limitarles el acceso a AXN y TNT en el servicio de cable. Ni siquiera se puede decir que estén afectados por la ficción como el Quijote, porque el personaje literario tenía un fin noble. Y esto no se entiende más allá de la ignorancia o la voluntad autoritaria que suele estar ligada al ejercicio del poder.
Hablamos de la espectacularidad del operativo que se registró hace pocos días en la ciudad: personal de Gendarmería aprehendió al menos a quince personas que comercializaban dólares en el microcentro de la ciudad. Los “arbolitos” estaban –como es habitual- sobre la vereda, o directamente en la avenida Luro entre Catamarca e Independencia. Pero no solamente detuvieron arbolitos: fueron contra todos y cada uno de aquellos que se desempeñaban en las casas de cambio, gerentes o empleados de mostrador. Todos presos, y después vemos.
Esa parece ser la frase favorita del juez Inchausti, “todos presos”. Los efectivos de Gendarmería ubicaron un par de móviles en ambas esquinas para evitar que los arbolitos pudieran escapar, y hasta persiguieron a personas que intentaron esconderse en algunos comercios. ¿Estarán abusando de las maratones de capítulos de El Patrón del Mal?
Estos operativos en casas de cambio tienen muchas irregularidades, e incluso todavía hay personas detenidas a las cuales se les han imputado delitos graves, aunque ni siquiera los abogados saben en qué se basan esas acusaciones. El letrado Cristian Peláez, defensor de dos de los imputados, explicó para la 99.9 la inconsistencia de la acusación que enfrenta: “están detenidas por una complejidad de delitos gravísimos que, a mi modo de ver y por la prueba recolectada, sólo existen en la cabeza del juez y de la fiscal”. Agrega: “hay una situación formal: diez personas en la actualidad están imputadas por delitos gravísimos como lavado de activos, asociación ilícita, intermediación financiera y portación de arma, en algunos casos”. Pero muchos de ellos ni se conocen, y hasta hay uno que no tenía en los bolsillos dinero alguno. El letrado es claro al explicar que, sin duda, la fiscal y el juez construyen una imputación porque hay una multiplicidad de personas que en connivencia hacen operaciones al margen de la regulación del Banco Central. Bien, lo da por aceptado, pero de vender dólares sin autorización a un delito complejísimo como el lavado de activos, parece haber un universo.
Los excesos, sin embargo, no quedaron allí: “en el operativo del día lunes no solamente se detuvo a personas que no tenían nada que ver ni remotamente, sino que se realizaron requisas personales con gente que está lejos de tener una cuenta corriente bancaria. Hay personas acusadas de delitos gravísimos sin pruebas objetivas que puedan sostener esa imputación”. Algunos detenidos expusieron que fueron desnudados por orden judicial de requisa, y les fueron secuestrados sus teléfonos particulares sin autorización.
Las razones
Peláez criticó los motivos por los cuales rechazaron las excarcelaciones a sus defendidos: “el juez las ha rechazado con argumentos dogmáticos, circulares”. Es algo así como determinar que el juez da por sentado que él tiene razón y que no otorga la libertad hasta que no pueda probar que él tiene razón.
En cuanto al endeble criterio con el cual el juez Inchausti decide negar las excarcelaciones, basta exponer la argumentación que el abogado Martín Ferrá expuso en ocasión de apelar la negativa de excarcelación del mismo magistrado respecto de sus defendidos de la comunidad gitana, que habían sido encarcelados por tener en su poder unas escopetas de caza. Y no hace falta decir que se trata de un delito que no corresponde a la órbita del fuero federal. En este caso, Inchausti niega las libertades diciendo que aún no se ha podido merituar la prueba. El abogado Ferrá se dirige a él diciendo que está invirtiendo los procedimientos, que debió sopesar la prueba antes de ordenar una detención, y no evaluar la prueba para decidir si otorga la libertad. La prisión preventiva se debe indicar cuando no hay otra manera de garantizar el proceso.
Pero en la cuestión del operativo en las casas de cambio, la locura comenzó a escalar hasta los ribetes de la ficción. Llegaron a Jonestur, Transcambio y Transacciones Crediticias, arrancaron los cables de las computadoras, cortaron la luz, detuvieron a todo el mundo presente, confiscaron todos los teléfonos y obligaron a los detenidos a quitarse la ropa. Sí, como si fuera una película. Pero en el mismo marco comenzaron a allanar las casas de cada uno de los detenidos, en muchos casos las de sus padres, como el caso de una señora de 74 años, mamá de un empleado, a quien Gendarmería le dio vuelta la casa cuando factiblemente ella ni siquiera sepa qué quiere decir lavado de activos.
El abogado destacó que los detenidos pueden ser acusados de otros delitos menores, pero lejos están de formar parte de una asociación ilícita, como quiere el juez: “podrían haber encontrado dinero que no estaba declarado… puede ser, pero es un delito muy distinto al lavado de activos, que es por lo que han imputado a estas personas. El que hace este tipo de intermediación financiera o compraventa de dólares, asume la posibilidad de que le impongan una multa o una pena mínima. En ningún momento se imaginó que lo iban a trasladar de noche, le iban a allanar el domicilio y que lo iban a tener en una cárcel sin posibilidad de visita o aseo durante 8 días, que son los que llevamos hasta ahora”. Los detenidos fueron destinados a tres unidades penales diferentes, fuera de Mar del Plata.
El abogado Alejandro Borawski representa a personas detenidas de Transcambio y Transacciones Crediticias, y en la 99.9 se refirió a la metodología del procedimiento. Incluso destacó que en el origen de los allanamientos, todavía no había una explicación sobre los motivos para llevarlos adelante: “la orden escrita llegó a las 17.30 y se dejó constancia en un acta notarial”.
Entre todas las medidas que se desarrollaron hay fuertes irregularidades que serán denunciadas e investigadas ante la justicia. “Ha habido no menos que una privación de ciertas libertades civiles de terceros que no están vinculados al proceso ni procesados. Si se desnudó a las personas, que es algo que no me consta aún, y hay registros, estaríamos hablando de un tema muy preocupante”, destacó el letrado.
Hasta el momento, lo que se ha secuestrado no tendría que ver específicamente con el origen de la causa: “se han secuestrado elementos personales que no están vinculados a la causa. Si se va a una entidad financiera y se encuentra dinero, no estamos demasiado alejados de la circunstancia de que se presta dinero o se hacen transacciones de dinero”, concluyó. Obviamente, había plata porque a eso se dedica la entidad.
Los verdes
No hace demasiado tiempo, la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Jorge Ferro, Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, se expidió frente al recurso presentado contra el fallo del juez de primera instancia Alejandro Castellanos. Él se había opuesto a los allanamientos solicitados por la fiscal federal Laura Mazzaferri, y había puesto un límite a la investigación considerando que era más un tema administrativo que criminal, y que no cuadraba que la fiscalía fuera más allá.
El caso había comenzado con la presentación que el fiscal general de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) le envió al fiscal general. Allí, la Gerencia de Control del Banco Central pedía que se realizara una investigación, dentro de las averiguaciones que ese organismo llevara a cabo por la posible comisión de infracciones al Régimen Penal Cambiario. También se procuraba establecer si existía una intermediación financiera no autorizada, a partir de la sospecha de los inspectores en sus tareas diarias.
Tratándose de locales no autorizados para el cambio de divisa extranjera, es decir comprar y vender dólares, habría que requerir el allanamiento y registro de las oficinas, así como la revisión de las líneas telefónicas. Pero a medida que esta investigación avanzaba, se dejaba en claro que el tema no era solamente que estuvieran vendiendo dólares, sino investigar el origen de los fondos que se estaban utilizando en las operaciones cambiarias, como así también averiguar si existía captación de fondos de terceros para llevar adelante esta actividad.
Por esa razón, el fiscal federal solicitó al juez el allanamiento de dos locales de la galería Eves, ya que existían datos suficientes para considerar que allí se infringía el Régimen Penal Cambiario, y se llevaba a cabo una operatoria de cambio clandestina, al margen de las agencias de control del Estado. Pero la cuestión era saber, además, si quienes operan allí logran obtener divisas a partir de activos ilegales, es decir de dinero obtenido en infracciones fiscales o bien en delitos.
El ascenso de Alejandro Castellanos a la Cámara federal de Salta dejó en manos de Santiago Inchausti la subrogancia del Juzgado Federal 1. Esto marcó el destino de muchos vecinos de la ciudad, hoy prisionizados por la justicia federal. Con Inchausti a la firma, la fiscal Laura Mazzaferri, asistida desde las sombras por el fiscal de Cámaras Daniel Adler, pergeñó el “operativo anti lavado” con el que cayeron sobre la comunidad zíngara y casas de cambio y “arbolitos”, todo ello sin respetar la ley en lo más mínimo y utilizando recursos del Estado en articulaciones sin destino procesal alguno.
Si la Cámara federal logra superar el impacto que implica la situación del camarista Jorge Ferro -por la relación que la denuncia de cinco fiscales le atribuye con procesados en la causa Madaho’s-, todas las acciones incoadas por la troika Adler/Inchausti/Mazzaferri deberían caer como un castillo de naipes. Nadie podrá, de ningún modo, pagar a todos los hoy prisionizados el mal que se les ha infligido, a ellos personalmente y a sus familias. Una advertencia para indiferentes y distraídos en general: estamos todos en libertad condicional.