Obra pública nacional | Hay carreteras que matan más personas que un terremoto, porque también hay funcionarios que se robaron los materiales que debían usarse en su construcción. Faltan kilómetros de banquina y de asfalto, por culpa de… ¿asesinos?
¿Cuántas muertes ocasiona cada año el estado nefasto de las rutas y calles de este país? En el caso de Mar del Plata y sus carreteras de acceso, el número podría llevarnos hasta el escándalo.
En medio de un estado de desprotección que lleva años, el gobierno municipal local impulsa una auditoría que tendrá por fin controlar el asfaltado de la ciudad de Mar del Plata, precisamente las obras realizadas en los últimos 4 años. La medida procura evaluar qué tipo de materiales son los que figuraban en los pliegos de licitación, y cuáles son los que finalmente se utilizaron en cada obra.
Iván Geminiani, funcionario de la Secretaría Legal y Técnica de la comuna, explicó en entrevista en la 99.9 que el intendente Arroyo observó que hay destrucción y deterioro de materiales utilizados en la ejecución de obras viales llevadas a cabo por la gestión anterior. Más precisamente, durante los años que van entre 2011 y 2015. El primer paso ya se dio, con la presentación oficial de esta evaluación: “Me he puesto en contacto con el EMVIAL para tener la lectura de todas las licitaciones entre 2011 y 2015”, aclaró Geminiani. Luego explicó cuál será la segunda etapa prevista, que será la toma de muestras para verificar si la calidad de los materiales efectivamente utilizados en esas obras responde a las especificadas en el pliego de licitación. Geminiani detalló que el aspecto más complejo del proceso que hoy encara será la toma de muestras, pero señaló además: “El plazo está fijado en 60 días y espero cumplimentarlo en esa fecha, o antes incluso”.
Al momento de elegir el grupo de profesionales que realizarán las pruebas pertinentes, adelantó que es probable que opte por laboratorios privados. De todas formas no descartó la participación del laboratorio del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Rutas argentinas
En el ámbito nacional, una nueva causa penal complica al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a dos de sus ex subordinados: quien fuera titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, y el exdirector ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales, Gustavo Gentili. Todos ellos resultaron imputados por presunta violación de los deberes de funcionario público a partir de las peligrosas fallas en las rutas nacionales 8, 35 y 36.
La lista de irregularidades detectadas por la Policía Caminera de Córdoba en varios tramos de las rutas nacionales incluye grietas y baches, así como ausencia de banquinas, señalización despintada y hasta presencia de animales en las rutas. El fiscal Delgado, que interviene en la causa, señaló que entre 2008 y 2012 se registró un “estado calamitoso” de los caminos, obviamente responsable de numerosos accidentes mortales. Entre otras, solicitó revisar una concesión otorgada a Epelco SA, y a Austral Construcciones SA, dos de las firmas del emporio de Lázaro Báez. La investigación también pone su foco en la empresa Corredor Cordobés SA, que ganó los contratos de concesión por el peaje, la construcción y el mantenimiento de esa vía.
En la provincia de Buenos Aires, las investigaciones apuntan a la pésima gestión de la obra pública llevada a cabo por el exgobernador Daniel Scioli. Una de las denuncias fue impulsada por el abogado marplatense Julio Razona, y está relacionada con el fraude cometido en la ruta 88. En declaraciones a la 99.9, Razona explicó: “Se conformó una investigación penal en la Unidad Fiscal 10 de Mar del Plata en marzo de 2015, cuando denuncié la desobediencia del gobernador Scioli al no acatar las medidas cautelares en el amparo que inicié”. Respecto de esa denuncia, indica que Scioli realizó una serie de maniobras para desviar la investigación, que no hicieron más que acumular delitos: “Se robaron parte del asfalto, básicamente. Luego amplié la denuncia a fraude procesal contra Scioli, porque pretendió dar por terminado el juicio diciendo que había hecho una ruta nueva entre Mar del Plata y Necochea”. Es decir que el entonces gobernador mintió. Detuvo una investigación diciendo que había realizado una obra que no hizo. Ahora se realizó una verificación ocular en el sitio, los funcionarios tuvieron que ir al lugar preciso y comprobar que se estaba mintiendo. ¿Es posible?
“En los últimos días me presenté como particular damnificado y logré que tome un ímpetu inusitado. Se lo llamó a declarar al juez del amparo, que ratificó todos los hechos denunciados, y dijo que Scioli había tratado de engañarlo. Eso tipifica dentro del delito de fraude procesal, y tiene una pena de hasta 6 años de prisión”, graficó Razona. Quiere decir que los funcionarios habían declarado como realizada una obra que no estuvo nunca, y esto generó muertes en accidentes: “En el tramo del kilómetro 50 al 75, se han robado un metro y medio de banquina. Es una defraudación de 35 millones de pesos, y es el sector de la ruta donde más accidentes han sucedido. Los camiones tienen que tener dos ruedas en la banquina porque si no se chocan los espejos. Estos accidentes tienen un origen, que es la corrupción del gobierno de Daniel Scioli”, precisó.
En la Dirección de Vialidad provincial figura que la ruta 88 ya fue reparada en su totalidad. Por esa razón, tuvieron que hacer un anexo para iniciar las obras que mejorarán el pésimo estado en el que se encuentra desde hace 30 años. Relata además el denunciante que en abril de 2015 hubo una reunión en Batán, donde estuvieron el exintendente Pulti, el exgobernador Scioli y otras autoridades nacionales. Allí se anunció la inversión de 300 millones de pesos para la ruta 88, que es evidente de toda evidencia que no se cumplió: “no pusieron un solo peso”, explicó.
Los culpables
La cuestión detonó a partir de una denuncia realizada en Córdoba, y ha llegado a los tribunales federales con la imputación contra el exministro de Planificación Julio De Vido. El autor fue el exdiputado Roberto Birri, que habló en la 99.9 al respecto: “La denuncia se promueve por la violación de los deberes de funcionario público de De Vido, del titular de Vialidad y el OCCOVI (Órgano de Control de Concesiones Viales), que es el encargado del control”, dijo. Y se refiere a la falta de realización de obras de mantenimiento y señalización de lo que se denomina el corredor cordobés: las rutas nacionales que atraviesan la provincia. Después de innumerables reclamos nunca hubo reacción del Gobierno, y por eso fueron ante la justicia: “Las rutas son trampas mortales con una alto fluido vehicular. Están en un estado calamitoso, con baches, carpetas hundidas, ondulaciones y demás”.
Los delitos son múltiples, y mientras llevaban adelante la investigación se encontraron con otros detalles que profundizan la cuestión: “Hemos conocido a varios ingenieros que renunciaron a su trabajo porque los querían obligar a aprobar obras que no habían sido realizadas. Hay una cadena de hechos delictivos que ahora se empezaron a investigar. Pronto tendríamos que tener la elevación a juicio, para definir las responsabilidades que han tenido”, adelantó.
El titular del Observatorio Vial Latinoamericano (OVILAM), Fabián Pons, se refirió a los índices de siniestralidad en la 99.9: “Era un secreto a voces desde hacía mucho tiempo que los números no eran los reales. Las cifras no eran exactas y tenían muchísimas falencias, las provincias no aportaban los datos, faltaban algunos o no eran coherentes con lo que pasaba en cada una de ellas. De todas maneras, se publicaban los datos sin hacer las salvedades correspondientes”, explicó. Incluso agregó: “se recibieron premios por datos que no eran correctos”.
El funcionario explicó que aquellos que estaban en el tema sabían cómo se movía la información, pero recién ahora se tomó la decisión de darlo a conocer: “había datos de las provincias que eran parciales, eso estaba en conocimiento de la Agencia. Había datos que mandaba la Agencia Provincial, y cuando la publicaba la Agencia Nacional eran distintos, menores, como el caso de Santa Fe. Todo eso era conocido, y la excusa siempre fue que eran datos que venían de la provincia”, remarcó Pons.
Ahora se busca mejorar, y las obras en las rutas son un punto particularmente sensible e importante. Como cree que esto se puede realizar, también pidió medidas complementarias para que ayuden a que lo hecho no se pierda nuevamente: “El peso de los camiones en la ruta genera un alto costo y hay que controlarlo. Es necesario que haya carteles inteligentes o detectores de niebla para evitar los accidentes que hay por año a raíz de ese motivo. Serán aportes importantes para la reducción de la siniestralidad”.
Por todo ello se puede decir que no se trata de un solo delito, sino posiblemente de dos, tal vez más. Porque el incumplimiento de los deberes de funcionario público no alcanza para calificar la estafa, porque hay metros y metros cúbicos de asfalto que o están en la ruta o están en otro sitio, porque se pagaron. Y hasta ahí lo material, el delito de índole económica. Luego viene la gente: gente que se muere en rutas que alguien dijo haber arreglado. Muertes que no se evitaron porque simplemente un funcionario se llevó kilómetros de banquina a su casa.
En Paraná también se destapó una olla con la denuncia de intendentes, presidentes de juntas de gobierno y de muchos productores ante el estado de las rutas y caminos rurales, ante la inacción de la Dirección Provincial de Vialidad y la destrucción que sufren las rutas por los camiones pesados que circulan sin control estatal. Parece que hubo un negocio millonario con los controles y las balanzas en las rutas entrerrianas. El vicepresidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Argentina de Entre Ríos, Jorge Chemes, afirmaba: “Hay que repensar un sistema vial agropecuario diferente. Tenemos caminos de hace 50 años y una realidad productiva diferente, es decir, nunca se actualizaron las rutas”. Si bien hay un promedio de 200 multas mensuales por sobrecarga en los camiones, los expedientes por cobro indican que sólo el 5% de esos cobros ingresa al organismo. Surgen varias preguntas que apuntan al destino de esas cifras millonarias faltantes: ¿qué pasa con el resto?
Resulta que a los empresarios transportistas se les advierte dónde van a ubicar la balanza y los controles, para que ellos puedan evitarlos. Las empresas también le avisan a Vialidad por dónde van a pasar y en qué horario, para que se cambie de lugar la balanza. La destrucción de las rutas se convierte así en un negocio millonario y personal.
Entonces, ¿cuántos son los responsables de las muertes en las rutas argentinas? ¿Cuántos Cromañones representan las víctimas? Alguien debe hacerse cargo de este estrago que ha demostrado ser doloso.