Luego de una muy intensa investigación, el Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General de Cámaras del departamento judicial Mar del Plata, Marcos Pagella, finalmente formuló el pedido de elevación a juicio contra el ex jefe departamental José Luis Segovia.
En un extenso documento de 435 páginas, el fiscal Pagella le resume al Juez de Garantías Daniel De Marco meses de intensa investigación en la que se está intentando demostrar los delitos de asociación Ilícita, encubrimiento agravado, falsificación ideológica de instrumentos públicos, etc. contra los imputados Claudio David Alaniz, Javier Rubén Collova, Leonardo Sebastián Di Biase, Christian Alfredo Gari, Javier Martín González, Christian Adalberto Holtkamp, Iván Pablo Medigovich, Gastón Daniel Moraña, Mauricio Bernardo Ramírez Armani, Lautaro Hernán Resúa, Nicolás Rivademar, Jonathan Carlos Sonzogni, Sabino Héctor Sosa, Jorge Javier Toletti, Juan Pablo Velázquez y al líder de esta banda, el ex director departamental, José Luis Segovia.
La encuesta se centra principalmente en dos ejes: por un lado, el encubrimiento y tráfico de información privilegiada en torno a un resonante robo ocurrido en el edificio Cabo Corrientes y, por el otro, las actividades ilícitas que se suscitaban en torno a la compra y venta de divisas extranjeras en la zona de Luro e Independencia.
Al respecto del primer suceso, en su extensa investigación, el fiscal general adjunto Marcos Pagella no sólo pudo reconstruir con enorme precisión la sucesión de hechos que se dieron en torno al robo sufrido por María Ana Romano y Antonio Aloe, a quienes les sustrajeron por medio de la violencia —oficialmente, aunque hay dudas al respecto de los montos— USD 228.000 y $400.000 sino que, lo que es aún más importante, cuál fue exactamente el rol del ex jefe departamental José Luis Segovia relacionado al mismo.
Los preparativos
Para comprender esta sucesión de hechos, en la primera persona que debemos hacer foco es en uno de los entregadores, Claudio David Alaniz, quien tenía una amistad con Carlos Enrique Buenaventura, quien era a su vez la persona en la que Romano y Aloe confiaban cuando tenían que hacer alguna operación de cambio de divisas. Valiéndose de esa relación, fue que —con la excusa de estar interesado en la compra de un departamento— Alaniz visitó, en compañía de Buenaventura, el departamento en donde luego se efectuaría el atraco, pudiendo así brindarle a los delincuentes, entre otras cosas, información al respecto de la disposición del inmueble.
Enterado de que Romano y Aloe guardaban grandes sumas de dinero en su vivienda —se creía que el botín podía ascender hasta el millón de dólares—, Alaniz fue a Capital Federal a reunirse con Sevan «el turco» Arslan, quien poseía un departamento en el mismo edificio que las víctimas. En la joyería de Arslan trabajaba Alejandro Juárez, a quien reclutaron para que sea uno de los autores materiales del robo junto a su novia de ese momento, Julieta Palermo.
Los detalles del robo se terminaron de pulir en una reunión en un café de la calle Güemez, según cuenta Juárez: «Claudio a la reunión ya había ido con casi todo el hecho planificado. Recuerdo que me dijo que era conveniente que al hecho vaya una mujer porque en la puerta del departamento había una mirilla y si le tocaba el timbre una mujer Antonio iba a mirar por esa mirilla y era seguro que habrá la puerta. Nos sugirió que la mujer le toqué el timbre y le diga Antonio soy la vecina de abajo y tengo una filtración en el departamento. Que Antonio cuando escuchara su nombre de pila se iba a confiar a más. Me dijo también que Antonio era un hombre de avanzada edad y que también estaba enfermo. Antes de irse Claudio me dijo que si ese trabajo salía bien tenía para darme otros trabajos».
Siguiendo las indicaciones de Alaniz, y luego de reducir violentamente a Romano y Aloe, lograron hacerse con el botín. Mientras transitaban por el edificio, sin embargo, una cámara de seguridad logró captarlos. Allí se desencadena otra secuencia de hechos que tienen que ver con el encubrimiento, la desviación de la investigación, y la extorsión a quien fue elegido en primera instancia como el chivo expiatorio de este crimen.
Los allanamientos
A pesar de que, quienes aparecían —cubiertos por barbijos, con la cara casi completamente tapada— en las imágenes de las cámaras de seguridad, eran Juárez y Palermo, desde el entorno directo de José Luis Segovia surgió la versión de que la persona que aparecía en esas imágenes era Mauricio Di Norcia, uno de los «arbolitos» que solían operar en la zona de Luro e Independencia.
Confiando en los testimonios del personal de la DDI, el fiscal y el juez de garantías autorizaron cuatro allanamientos en domicilios vinculados con esta persona, que nada tenía que ver con el robo en cuestión. En uno de esos allanamientos, se secuestra el celular de la pareja de Di Norcia y, cuando se revisa el mismo, se encuentran evidencias claras de que el sospechoso tenía perfecto conocimiento de la investigación, sabía que estaban por allanarlo, y que por eso los cuatro operativos fueron infructuosos.
Quien dio la voz de alarma en este sentido, fue la teniente Jesica Busto Liberatore quien —bajo una presión constante por parte de José Luis Segovia, en ese momento director de la DDI—, elaboró tras 12 horas de arduo trabajo un informe al respecto de los contenidos del celular en cuestión y advirtió la filtración de información. Como resultado, tanto Liberatore como su pareja y el resto de su equipo de trabajo fueron humillados por Segovia obligándolos a empedrar el piso del depósito que se encuentra frente al edificio de la DDI antes de trasladarlos a todos a cualquier parte.
Di Norcia estaba al tanto de todo, según pudieron reconstruir Pagella y su equipo, gracias a su abogado, Lautaro Resúa, quien recibía la información a través de Christian Adalberto Holtkamp, un ex policía con quien Di Norcia había tenido algunos encontronazos en el pasado. Resúa, un personaje muy particular, tenía vínculos con Alaniz, uno de los entregadores del robo. Holtkamp por su parte, fue compañero de Segovia y es señalado como una de las personas que, gracias a su vínculo con el ex jefe departamental, terminó monopolizando el negocio de la compraventa de divisas en Luro e Independencia.
El secuestro
Sin embargo, la idea de que en el departamento del edificio Cabo Corrientes tenía que haber más plata que la que se encontró —Alaniz había hablado de un millón de dólares— llevó a que, eventualmente, este robo tuviera más repercusiones. Así es que, en un acto absolutamente temerario, Holtkamp y quien terminaría siendo su socio en el monopolio de la compraventa de divisas en Luro e Independencia, Jorge Javier «el ruso» Toletti —asistidos por un funcionario policial de apellido Collova y otro hombre de apellido Arbizu— fueron, vestidos como policías y muñidos de una carpeta que, se presume, fue armada por Resúa, a buscar a Juárez, a quien por unas horas privaron de su libertad exigiéndole que entregara parte del botín. En una maniobra absolutamente inesperada, Juárez, al ser liberado, llamó y denunció el suceso en el 911, lo que permitió luego a la Justicia desentrañar toda esta trama.
Luego de varios intentos más de sacarle plata a Juárez, Toletti y Holtkamp finalmente se presentaron ante la Justicia y, falseando los hechos y las fuentes de la información, señalaron a Juárez y a Palermo como los autores del robo.
Para que quede claro: desde el entorno de Segovia, por un lado, se desvió la investigación implicando a Di Norcia, que no tenía nada que ver con el hecho, de esta forma protegiendo a Juárez y sus cómplices, quienes eran los verdaderos autores del mismo. Por otro lado, se le filtraba información —la cual nunca es gratis— a Di Norcia, para que éste pudiera evadir a la justicia. Y, finalmente, luego de varios intentos infructuosos por extorsionar a Juárez y sacarle aún más dinero del que ya había entregado, agotado así el pacto de impunidad, se permite que la investigación llegue a los verdaderos culpables.
El asado
Ahora bien, ¿qué tiene que ver José Luis Segovia con todo esto? En primer lugar, quien instaló la versión de que, quien aparecía en las fotos, era Di Norcia, fue el Mayor Héctor Sabino Sosa, una de las personas de mayor confianza de Segovia. Esto sucedió luego de una reunión en la DDI de la que participó Segovia directamente. Por otro lado, el ex jefe departamental también tenía un vínculo, tanto con Resúa, como con Holtkamp, que son quienes le filtraron —y seguramente, le cobraron por ello— la información a Di Norcia para que éste pudiera evadir a la justicia.
Pero el dato más interesante que revela la investigación de Pagella es que, el día 23 de diciembre del 2020, apenas cuatro días después del robo en el edificio Cabo Corrientes, Segovia participó de un asado en la casa de Carlos Buenaventura, la persona en la que las víctimas confiaban para realizar sus operaciones de cambios de divisas. Según la elevación a juicio elaborada por el fiscal Pagella: «Ya identificado y sindicado oficialmente Mauricio Di Norcia, en las circunstancias vistas, como uno de los presuntos autores del robo de “Cabo Corrientes” y encontrándose el personal de Gabinete de Robos Calificados a Viviendas realizando las certificaciones de sus domicilios a fin de requerirse las respectivas órdenes de allanamientos, mientras todo ello ocurría, el Director de la DDI José Luis Segovia compartía un asado en la casa de Sierra de los Padres de un cambista, con altos funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y —casualmente y nada más y nada menos— que con Claudio “el Negro” Alaniz, el verdadero entregador del hecho y garante del pacto de impunidad».
El pedido de elevación a juicio de la causa contra Segovia revela mucha más información. Esta saga recién empieza.