El juez de garantías Daniel Alejandro De Marco confirmó la elevación a juicio en la causa donde se investiga al ex jefe departamental José Luis Segovia por ser la cabeza de una asociación ilícita mixta.
Respaldando la extensa investigación encabezada por el fiscal general adjunto Dr. Marcos Roberto Pagella, el titular del Juzgado de Garantías Nº1, el juez Daniel Alejandro De Marco confirmó la elevación a juicio de la IPP seguida respecto de Claudio David Alaniz, Javier Rubén Collova, Leonardo Sebastián Di Biase, Christian Alfredo Gari, Javier Martín González, Christian Adalberto Holtkamp, Iván Pablo Medigovich, Gastón Daniel Moraña, Mauricio Bernardo Ramírez Armani, Lautaro Hernán Resúa, Nicolás Rivademar, José Luis Segovia, Jonathan Carlos Sonzogni, Sabino Héctor Sosa, Jorge Javier Toletti y Juan Pablo Velázquez.
La acusación
Según el fiscal Pagella, «Sin que se pueda establecer la fecha exacta, pero al menos entre los primeros días del mes de diciembre del año 2019 y el 8 de mayo de 2024, un grupo determinado de personas, integrado por funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en actividad y otros retirados, agentes de la Policía Federal argentina, sujetos con antecedentes penales y demás individuos, se asociaron criminalmente para la comisión de delitos, todo ello con la finalidad de obtener un indebido provecho económico.»
Continúa: «Esta organización criminal se conformó por distintos grupos de personas que actuaron en la modalidad de células— sin que necesariamente todos ellos tuvieran relación o conocimiento entre sí e incluso alguno de ellos no individualizados a la fecha— con distintos grados de participación y responsabilidad criminal, pero respondiendo todos a un mando claro ejercido por el entonces Jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones —Titular de la Jefatura Departamental hasta su detención en estos actuados—, Comisario Mayor José Luis Segovia quien, en definitiva, tomaba las decisiones y asignaba los roles […] Conformaban esta organización delictiva, estable y perdurable a lo largo del tiempo, el policía de la provincia de Buenos Aires Gastón Moraña, los ex oficiales de la misma fuerza Javier Martín González, Héctor Sabino Sosa (alias «Chiqui») —este último quien actualmente se encuentra en retiro activo—, el integrante de la Policía Federal Argentina Nicolás Rivademar, el agente retirado de la policía provincial Christian Adalberto Holtkamp, el ex comisario exonerado de la fuerza Juan Pablo Velázquez, el abogado Lautaro Resúa, los ciudadanos Jorge Javier Toletti y Claudio Alaniz, todos éstos, como veremos seguidamente, brazos ejecutores directos de las maniobras delictivas dirigidas por Segovia […] También componían la misma asociación criminal otro grupo de personas que, con menor grado de importancia en el escalafón de la banda, realizaban tareas secundarias y participaron, en menor medida, de sus beneficios económicos. Entre ellos se encontraba el policía Javier Rubén Collova.»
Esta organización criminal cometió diferentes delitos: «Son múltiples los hechos delictivos cometidos por este grupo organizado de personas en torno a la figura del Jefe Departamental […] En primer lugar, se encuentra prima facie acreditado que esta banda mixta, o al menos algunos de sus integrantes bajo la directa conducción de Segovia, tomaron conocimiento de que se perpetrarían distintos delitos contra la propiedad, en los que se suponía se encontrarían importantes sumas de dinero en efectivo y moneda extranjera, y no sólo no denunciaron ni previnieron la efectiva comisión de los mismos, sino que por el contrario, exigieron a quienes serían sus autores materiales una parte importante del producto de tales ilícitos, prometiéndoles su impunidad […]En segundo término, se ha probado también que los integrantes de la banda utilizaban la información a la que accedían en el ejercicio propio de sus funciones como policías como “moneda de cambio”, filtrando la misma a otros participante del grupo ilícito o a terceras personas, tanto los datos vinculados con el inicio y direccionamiento de pesquisas, como de sus avances, y ello con la finalidad de obtener provecho económico por parte de los presuntos investigados […]También se encuentra probado que los miembros de la organización, siempre con la dirección directa de Segovia y con el brazo ejecutor del entonces funcionario policial Héctor Sabino «Chiqui» Sosa, llegaron a desviar una investigación judicial, sembrando a sabiendas un “chivo expiatorio” mediante la utilización de pruebas falsas, y exigiendo, tanto a éste como al presunto verdadero culpable del hecho, dinero a cambio de dirigir en uno u otro sentido la pesquisa […] También ha sido probado […] que algunos integrantes de este grupo delictivo (Holtkamp, Toletti y Collova), con el auxilio de terceros que ocasionalmente prestaban distintos servicios a la organización delictiva, acometieron contra quien sabían autor de un grave ilícito, privándolo de su libertad y exigiéndole dinero a cambio de ocultar las pruebas en su contra […]Finalmente, se ha logrado acreditar que esta asociación criminal tenía participación activa en la compraventa ilegal de moneda extranjera, en la intermediación financiera no autorizada, en la expedición y puesta en circulación de moneda apócrifa, en el lavado de activos y la explotación de juegos de azar no autorizados, permitiendo a los autores directos de tales maniobras ilícitas el ejercicio de las mismas, a cambio de exigirles periódicamente el pago de importantes sumas de dinero».
Floja defensa
En el documento de elevación a juicio, el magistrado contesta los planteos formulados por la defensa de José Luis Segovia, que ejerce el abogado Martín Bernat. Plantea el letrado: «se declare la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio por indeterminación y el sobreseimiento definitivo de su asistido por los hechos que se le endilgan. Subsidiariamente plantea el cambio de calificación […]solicitando se desplace la figura de José Luis SEGOVIA, de jefe a partícipe de la asociación, lo que tendría impacto directo —interpreta— en la situación de detención, habilitando al cese de la cautelar que viene sufriendo».
Efectivamente, la Justicia terminó decidiendo que Segovia puede esperar el juicio —del cual todavía no se ha fijado fecha— en arresto domiciliario, utilizando una tobillera electrónica. Para ello, el ex jefe departamental fijó domicilio en un departamento en la zona céntrica de Mar del Plata.
Ahora bien, con respecto al pedido de sobreseimiento, el juez es muy claro a la hora de responder los argumentos de la defensa: «Sostiene el Dr. Bernat que la acusación a Segovia se basa en rumores, inferencias y presunciones sin base objetiva. No suscribo esa afirmación. Como sostuviera al dictar la medida de coerción, la construcción de la materialidad de los hechos y participación en los mismos que se le endilga a José Luis Segovia, se construyó de forma coral. La opacidad en la que se desenvuelve el autor de un injusto como el que nos convoca, dificulta la investigación y hace que las técnicas clásicas de pesquisa no resulten exitosas. A los efectos de la valoración probatoria, con frecuencia nos movemos en el terreno de los principios. […] (El Dr. Bernat) argumenta la inocencia de su defendido construyendo una hipótesis alternativa a partir de noticias de portales y extractos de conversaciones obtenidas del teléfono de Gonzalez. Aquí si valen las mismas consideración que ya se realizaron respecto al coimputado Resúa, y si bien no se configuran los elementos requeridos por los tipos de intermediación, expendio, puesta en circulación, compraventa de divisas de moneda extranjera apócrifa, explotación, administración u operación de juegos de azar sin autorización emanada de autoridad competente, sí subsiste justamente el encubrimiento que se le endilga a José Luis Segovia, como también los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales.»
En resumen, lo que dice el juez de garantías es que, las numerosas y probadas conexiones de José Luis Segovia y su entorno más cercano con los delitos investigados no pueden ser desestimadas como simples coincidencias: es claro que Segovia tuvo contacto con los entregadores del robo en el edificio Cabo Corrientes, que tuvo contacto directo con los policías que acusaron a Di Norcia de ser quien aparecía en las imágenes de las cámaras de seguridad, y que fueron personas allegadas a él quienes luego secuestraron al autor material de dicho robo para tratar de extorsionarlo y sacarle más plata. También Segovia aparece mencionado en los mensajes y testimonios que reconstruyeron la manera en que, a través de aprietes y operativos policiales estériles, se fue presionando a quienes se dedicaban a la compraventa de moneda extranjera en Luro e Independencia para que abandonaran el negocio, el cual quedó en mano, justamente, de quienes participaron del secuestro antes mencionado.
A pesar de los esfuerzos de la defensa, José Luis Segovia llega a juicio acusado de ser el líder de una banda que se dedicaba a encubrir crímenes, extorsionar delincuentes y pedir coimas a cambio de permitir la operatoria de compraventa de divisas.
¿Será justicia?