Conflicto por Playa Grande | Luego de un acuerdo se dio fin al juicio que un concesionario le había iniciado a la Comuna. Algunos concejales se quejan del acuerdo. Así habla el dinero. “¿Tú también Bruto, hijo Mío?”, dijo Julio César.
El juzgado en primera instancia en lo contencioso administrativo n° 1 dictó resolución en torno a la querella que la empresa Playa Azul, como adjudicataria de la Unidad Turística Fiscal del Estacionamiento de Playa grande, había iniciado contra la Municipalidad de General Pueyrredon. En ella reclamaba que se dejara sin efecto lo determinado por una actuación del Secretario de Control de la gestión anterior, establecido en septiembre de 2013. Además, requería que fuera el mismo municipio quien se hiciera cargo de realizar la pavimentación de la superficie que oficia de techo de esa unidad turística, más una medida cautelar relativa a los plazos contractuales.
Ahora, las partes han arribado a un acuerdo que permite suspender el juicio ya que los motivos del conflicto han quedado superados, según indica la misma empresa querellante. Confirma el magistrado Simón Isacch que, establecido el acuerdo, se extinguen las razones de la discusión.
Sin embargo, mucho se ha hablado en las últimas semanas del emprendimiento gastronómico que el ejecutivo municipal habilitó en el mismo sitio donde funciona ese estacionamiento de Playa Grande. Algunos concejales y distintos actores políticos se manifestaron públicamente en contra de esta determinación, ya que —argumentan— se estarían realizando modificaciones no contempladas en el pliego original.
El abogado Osvaldo Vespa representa a la empresa que tiene la concesión en ese sector, Playa Azul SA, y brindó detalles en la 99.9: “es un contrato vigente otorgando una concesión a la que le restan 14 o 15 años de vigencia, cuyo cumplimiento se mantiene de forma estricta y correcta por parte de la concesionaria a la que represento. Hubo dificultades para terminar la obra comprometida que se debieron a circunstancias ajenas a la empresa: se plantearon ante el EMTUR y la Municipalidad. El paso de los vehículos pesados por la parte superior provoca derrumbes y rajaduras en el techo del estacionamiento”, comentaba.
Por todo lo expuesto, se hizo necesario establecer un nuevo acuerdo, que incluye ciertas obras complementarias como compensación para la comuna, de las cuáles debe hacerse cargo la empresa concesionaria: “las obras se cumplieron en más de un 90%, y hubo algunos aspectos de imposible cumplimiento por lo cual se conversó con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo que completa la inversión actualizada, imponiendo a mi representado contribuir con obra externa a la UTF en beneficio de la sociedad por 80 millones de pesos”. Es decir que se trata de un aporte de un valor importantísimo.
Los opositores
Aún sin tener en cuenta los términos económicos de este nuevo acuerdo, algunos sectores de la política comenzaron a oponerse, seguramente, en representación la población, de la cual forman parte también los dueños ciertos emprendimientos económicos de la zona, obviamente. Así se empezó a decir que no resultaba correcto que se emplazara un emprendimiento gastronómico en el lugar, algo que para el abogado es absolutamente falso: “queremos desarrollar el sector en los ejes de la licitación, lograr que tenga un desarrollo de todo el año, de día y de noche. También que tenga la reversibilidad, es decir que algo se pueda usar en invierno de una manera y en verano de otro”. Todas las declaraciones apuntan veladamente a algunos de los sectores opositores que defienden intereses económicos obviamente muy importantes. Específicamente, deja entrever a los adjudicatarios de la licitación por la que se explota una UTF cercana, aquella en la que funciona un boliche bailable llamado Bruto: “nos interesa competir lícitamente dentro de la UTF con las demás, con quienes tenemos un trato cordial. Existen algunas que se preocupan en que otros no desarrollen su actividad. Cuando buscamos un sinónimo de una organización que utiliza métodos ilícitos para el logro de sus objetivos y no deja participar a otros, se encuentra con la palabra mafia. Hay distintos actores operando en los medios amparados en operaciones ilícitas”, acusó Vespa.
Pero las acusaciones hacia los intereses de aquellos que —por ver amenazado su negocio— se oponen al nuevo acuerdo van más allá: el abogado señaló la ilegalidad de las acciones que realiza el propio licenciatario que encabeza las críticas más severas al acuerdo de Playa Grande. Es decir que aquel que está acusando al municipio de modificar las condiciones del pliego, realiza unas actividades que no están contempladas en el suyo propio. Dijo el letrado: “la UTF de la que se habla tiene como destino de explotación el de restaurant con show en vivo, no como discoteca. Ellos no podrían funcionar como lo están haciendo y además, no permiten la instalación de otro polo gastronómico que está autorizado. Pedimos permiso para hacerlo y ofrecimos pagar un sobre canon que está pendiente de determinación, algo que no han hecho otros licenciatarios. Estos señores insisten desde la ilegalidad en impedir la competencia legítima”, sentenció el abogado refiriéndose específicamente al dueño de Bruto.
En el Concejo
Por otro lado, los concejales de la UCR Coria y Rodríguez se oponen a lo establecido por el municipio, y reclaman que tal acuerdo excede las competencias del ejecutivo. Indican que es Turismo quien tiene que resolver al respecto, o algo así, ya que las declaraciones de la concejala Coria requerían un manual de instrucciones para comprender la idea central.
En declaraciones ante medios de prensa locales dijo: “hay un área que es la encargada para definir sobre esto, pero evidentemente el Intendente viene optando tomar algunas decisiones fuera de estos formatos, lo cual genera una cierta falta de transparencia acerca de en qué área se van las gestando las elecciones que se toman”. Entendimos, pero se trata del Intendente estableciendo un acuerdo para retirar al municipio de una querella con la justicia.
“En este caso se intentó avanzar en un acuerdo transaccional sin que el área que tiene competencia opine a priori, o sin siquiera mencionar en el mismo que esto debe ser convalidado por el Concejo Deliberante, cuando ya hay situaciones objetivas que fueron detectadas por el propio ejecutivo que indican que el camino es otro y es el de la caducidad”, concluyó la concejal en un párrafo oscuro.
Agregó algo así como un relato de los hechos diciendo que había quedado una oferta única, y que un funcionario “que se arroga poder” había decidido declararlo desierto y avanzar en otro sentido. Dio por sentado que así se originaba la situación, y dijo: “hace dos años que tenemos esa unidad y es la vergüenza de toda esa zona por el estado en que se encuentra. Mourelle es quien toma ese expediente y decide hacer otra cosa”.
De esta manera, la referente de Cambiemos acusó al ejecutivo, y agregó: “el Municipio ya es una institución lo suficientemente compleja como para agregarle estos procedimientos: cada área tiene sus incumbencias y las UTF son del Emtur”.
Es decir que Coria, en su muestra de enojo por el acuerdo, tuvo un sólo argumento: que no lo había establecido el área de Turismo. Se refirió a tal punto diciendo algo tan interesante como esto: “hay un área que es la encargada para definir sobre esto, pero evidentemente el Intendente viene optando tomar algunas decisiones fuera de estos formatos, lo cual genera una cierta falta de transparencia acerca de en qué área se van las gestando las elecciones que se toman”. Una maravilla.