José Luis Segovia y el curioso caso de un Auto de Imputación Administrativo que desapareció de su legajo porque —según lo que cuenta un testigo de identidad reservada, y lo que las pruebas acumuladas hasta el momento parecieran constatar— éste pagó para que dicha actuación se cajoneara.
Esta historia comienza el 17 de mayo del 2023, cuando se realizaron inspecciones integrales en la División Comando de Patrullas Mar del Plata y en la Comisaría Distrital Primera de Mar del Plata. Lo que se encontró, fue un servicio de seguridad en estado calamitoso.
En el Comando de Patrullas se constató que, de las 70 zonas que posee el ámbito de la Estación de Policial Departamental de Seguridad Mar del Plata, se registraban 38 zonas en rojo, 20 en amarillo y sólo 12 en verde. Además, la última visita de control y funcionamiento por parte de los mandos superiores había sido el día 23 de enero del 2021, es decir, un plazo mayor a dos años. A esto se suman varias faltas administrativas: los papeles no estaban para nada en regla.
La situación en la Comisaría Primera era igual de patética: a pesar de que en la comisaría había cuatro detenidos, el funcionario policial que tenía que ocuparse de controlarlos, no estaba en su puesto; a una puerta, la habían cerrado usando un par de esposas; los libros de registro estaban incompletos; había unas motos tiradas en el patio en estado calamitoso; partes de la dependencia estaban infestadas de palomas y cubiertas de sus excrementos. La última visita de control, en este caso, había sido el 16 de agosto de 2022, nueve meses antes.
Sobresaliente
Tras constatar todas estas irregularidades, el 31 de julio de 2023 el Superintendente de Seguridad de la Región Atlántica II, el Comisario Mayor José Miguel Ojeda emite un Auto de Imputación Administrativo. Uno de los implicados, es Segovia: «(…) Es dable destacar que, al momento de la constatación de las irregularidades, los involucrados Comisario Mayor (CDO.) legajo nº 23321 Segovia José Luis y (…) revestían funciones trascendentales para la prestación del servicio de seguridad para la comunidad en general, incumpliendo con su conducta las obligaciones referentes a ejercer el debido control sobre los recursos operativos a su cargo, advirtiéndose una deficiente tarea de patrullaje en el terreno jurisdicción bajo su órbita, entre otras irregularidades relacionadas al cumplimiento del servicio de seguridad que a continuación se describirán (…)».
Continúa: «La actitud precedentemente reseñada, respecto de los funcionarios mencionados, afecta gravemente la legalidad y racionalidad en la actuación policial, existiendo el incumplimiento de un deber legalmente impuesto, como ser el correcto desempeño de su función de acuerdo a las leyes y reglamentaciones vigentes como también el de desempeñar cargos, funciones y comisiones de servicio ordenados por autoridad competente (…)».
Dice además: «Reiterando lo antes dicho, y la prueba recolectada, se ha verificado la ausencia total de contralor y/o supervisión para con sus subordinados respecto de la Policía Departamental de Seguridad de General Pueyrredón, lo cual evidencia una actitud pasiva de quien oficia como resorte de control y garante de la calidad del servicio de seguridad brindado. Por otro lado, varios de los funcionarios policiales involucrados revisten, al momento de la constatación de las irregularidades, funciones y cargos otorgados ministerialmente. Es decir, que varios de los imputados fueron designados con resolución ministerial en esta institución, lo cual se entiende que fue delegada en los mismos la “confianza” del Ministro de la Provincia de Buenos Aires para el cumplimiento adecuado de sus funciones, pero, lejos de acatar sus responsabilidades con el honor que endilgan sus puestos estratégicos, aquellos brillan por su ausencia, demostrándose un aprovechamiento de los beneficios que acarrean sus designaciones, pero no reciprocidad con su función y cargo, mucho menos expusieron el compromiso institucional que de estos se esperaba. Además, ninguno de los investigados podría oponer como defensa el desconocimiento de sus funciones o tareas asignadas en la especialidad. Es así, que se observa, un claro desaprovechamiento de los recursos humanos y logísticos asignados, evidenciándose una clara mala administración de todos los recursos preexistentes en dicha área, lo cual atraviesa a todos los estamentos subordinados. Por todo ello, surge la existencia de hechos que constituyen faltas graves al régimen disciplinario, y sospechas bastantes de la responsabilidad del personal policial individualizado, motivo por el cual se procede a efectuar y notificar el presente auto de imputación (…)».
A pesar de estas graves acusaciones, en el dictamen sobre José Luis Segovia que emite la Junta de Calificaciones de la Dirección de Personal de Regímenes Provinciales el día 8 de noviembre de 2023 —cuatro meses más tarde de emitido el Auto de Imputación Administrativo—, reza: «APTO PARA EL ASCENSO – SOBRESALIENTE (100)».
El arreglo
Según el testigo de identidad reservada que se presentó ante la Justicia con una copia del mencionado Auto de Imputación Administrativo, «aproximadamente un mes antes de ser detenido, José Luis SEGOVIA fue convocado con carácter de urgente a “Puente 12” (La Matanza), donde habría mantenido una reunión con el Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Comisario General Javier VILLAR, y habría acordado con este el pago de una importante suma de dólares estadounidenses en efectivo para que dichas actuaciones no avanzaran y obstaculizaran su ascenso a Comisario General».
Esto explicaría por qué, a pesar de ser el señalado por el Comisario Mayor José Miguel Ojeda como el principal responsable de las irregularidades constatadas en las inspecciones, esto no se refleja en la evaluación que sobre su desempeño hace la Junta de Calificaciones.
Pero la Justicia no se quedó allí, sino que siguió investigando, y resulta que Segovia dejó huellas por todas partes.
El viaje
Lo primero que constató la Justicia es que en el «legajo personal de José Luis Segovia, no surge mención y/o referencia alguna de la existencia del expediente (…), suspicaz omisión, pues en dichas actuaciones sumariales administrativas, con fecha 31 de julio de 2023, se dictó auto de imputación administrativo al Comisario Mayor José Luis Segovia, entre otros funcionarios policiales, por incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones».
Además, en una fecha cercana a la señalada por el testigo, se registraron movimientos de Segovia vinculados a su caja de seguridad: «Segovia un mes antes de ser detenido, habría pactado con un alto funcionario de la Jefatura de Policia de la Pcia. de Bs. As., el pago de una suma de dinero para la ocultación u obstrucción del citado expediente administrativo, siendo para ello de vital importancia los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la empresa privada (…) donde el causante y su grupo familiar poseen una caja de seguridad , constatándose efectivamente la presencia del nombrado el día 8 de abril del cte. años en dos oportunidades: la primera a las 10:21 hs. y la segunda a las 14:46 hs. (…) lo que además se encuentra verificado por las imágenes obtenidas por las cámaras de estacionamiento (…), que constataron que en el primero de los ingresos Segovia arribó al lugar en un vehículo Ford Focus mientras que la segunda vez que concurrió, lo hizo en un vehículo utilitario en el lugar de acompañante (…) y que el encuentro se habría llevado a cabo en el denominado conforme la jerga policial “Puente 12” -lugar donde se encuentra ubicado el Comando de la Policía de la Provincia de Bs. As.-, ello en virtud del análisis del teléfono celular de Segovia que lo ubica los días 5 y 6 de abril de 2024 en ruta y en la zona indicada».
Pero eso no es todo: lo que también se desprende de los registros telefónicos, es que en ese viaje, Segovia no fue solo. ¿Su acompañante? El firmante del Auto de Imputación Administrativo, el Comisario Mayor José Miguel Ojeda: «Segovia fue convocado a Puente 12 en la fecha indicada y que el mismo lo habría hecho con el Comisario José Miguel Ojeda, quien resulta Superintendente de Seguridad de la Región Atlántica II, el que conforme al informe emitido por la empresa Movistar en atención a su numero de abonado (…), el viernes 5 de abril y la madrugada del 6 de abril, presenta el mismo impacto de antenas al informado respecto a la linea telefónica utilizada por José Luis Segovia».
Concluyendo
Repasemos cronológicamente: Segovia fue acusado, en un acto administrativo interno de la policía, de incumplir con sus deberes como principal responsable de la seguridad en la ciudad. A pesar de ello, meses más tarde, la Junta de Calificaciones dictamina que él es apto para recibir un ascenso, calificándolo un «SOBRESALIENTE (100)», y en su legajo personal no aparece mención alguna al respecto de esta acusación. Un tiempo más tarde —según se desprende de la actividad registrada en las antenas de telefonía celular— Segovia viaja, en compañía Ojeda —el firmante del mencionado Auto de Imputación Administrativo— al Comando de la Policía en La Matanza y, unos días más tarde, va en dos oportunidades a la empresa en donde tiene su caja fuerte. Finalmente, un testigo de identidad reservada se presenta ante la Justicia para denunciar que Segovia había arreglado con el Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Comisario General Javier Villar, el pago de una importante suma en dólares estadounidenses en efectivo para que dichas actuaciones no avanzaran.
¿Más claro? Echale agua.