Inspección General | El exdirector de Inspección General Eduardo Bruzetta fue citado para comparecer en causas por abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes. Se lo acusa básicamente de patotero y coimero. Y él, que pensaba que su futuro estaba asegurado…
Había creído que ninguna de las causas en su contra podría prosperar. Había creído que, como él trabajaba haciendo cumplir los designios del que “todo lo puede”, como les gustaba considerar al exintendente Gustavo Pulti, nadie podría lograr que una causa en su contra siguiera adelante. Es decir, creía que ningún fiscal podría llevar adelante un expediente que pusiera en cuestión su accionar violento y arbitrario, porque él, decía, actuaba por orden del jefe mayor. Pero si se trata de soltar manos, ya debería haberle dado algún adelanto el destino que le cabe al pobre Belmonte, que se está haciendo cargo solito de ser el líder de la asociación ilícita de las licencias truchas, por más que obviamente, él ejecutó porque otro le daba órdenes.
Bruzetta también debería haber sospechado que su función de recaudador para la corona tenía sus riesgos, y que, llegado el momento de que las cosas se pusieran feas, nadie le atendería un teléfono ni le pondría un abogado de favor. Debió suponer que en cierto momento, todo lo que estuviera firmado por él iba a ser de su estricta responsabilidad, como suele suceder en el ámbito político dominado por la corrupción económica.
Esta vez lo convocan a prestar declaración indagatoria en una causa que prospera en la Fiscalía de Delitos Económicos Nº 10, donde deberá presentarse el próximo 29 de diciembre, y le avisan que se vaya consiguiendo un abogado de su confianza.
Le avisan, también, que se pondrán a trabajar todos en investigar su solvencia, y esperemos que los bienes a su nombre sean los que corresponden a un funcionario municipal de línea intermedia, porque si no, más allá de los embargos que podrían caberle en las causas civiles, deberá cursar un par de explicaciones a la justicia.
En este caso, la causa penal se refiere específicamente a tres hechos: por un lado, dicen que en una oportunidad Bruzetta llegó muy acompañado a la heladería Italia de calle Alem al 3600, y pretendió obligar a sus propietarios a cerrar a las 4 de la mañana. Les dijo que si no seguían su indicación les iba a clausurar el negocio, a pesar de que la norma indica que se debe cesar de atender al público únicamente entre las 5 y las 6:30 de la mañana, para el rubro heladería.
Pero esta no fue su única acción intimidatoria como patotero oficial de la excorona caída en desgracia. Durante el 2014, también amenaz a Mario Carballo, un hombre que tenía un carro de pochoclos, y que estaba siguiendo una causa contra la municipalidad de General Pueyrredon. Le dijo que si no cesaba en los requerimientos de aquel trámite contra la comuna, se iba a ocupar de perjudicarlo seriamente a través de una norma que le impidiera seguir ejerciendo su oficio en esa locación.
Rompé, Pepe, rompé
Como a Bruzetta nada le alcanzaba para demostrar su enorme poder ante los ciudadanos comunes, cuando le pareció oportuno mandó a demoler un inmueble que no era suyo. Por esa razón, la justicia resolvió una vez más el procesamiento a Eduardo Bruzetta, tras el hecho ocurrido el 16 de septiembre del año pasado.
Efectivamente, el entonces director de Inspección General ordenó la demolición de un inmueble ubicado en 11 de Septiembre 3507, sin haber seguido los pasos administrativos necesarios para llegar a esa determinación, y sin contar con ninguna resolución escrita para definir el fin del trámite. Es más: Bruzetta incluso ignoró el dictamen jurídico emitido por los abogados de la Procuración del municipio, en donde le recomendaban que antes de disponer la demolición, se emitiese a través de la Dirección de Obras Privadas un informe técnico que precisara los riesgos de que el inmueble permaneciera en pie, o si podían efectuarse maniobras de apuntalamiento. Bruzetta ignoró el consejo, a pesar de haber sido él mismo quien lo había solicitado.
Al momento del derribo del inmueble, los municipales ni siquiera habían pedido un informe para saber quién era el dueño de la casa que rompían.
Pero esto no es todo. Si bien las denuncias contra Inspección General se habían tornado una constante durante la gestión Pulti, la delegación comandada por Eduardo Bruzetta seguía dedicándose a los allanamientos ilegales. Lo contó Alberto Navarro, que presentó una denuncia formal por lo que le tocó vivir: “Tuve un problema en un cumpleaños, una fiesta personal. Bruzzeta entró sin orden de allanamiento, me redujeron a mí y a mi hermana en mi casa particular, diciendo que era una fiesta privada y paga. Se llevaron todas mis cosas, mis pertenencias, y fue una vergüenza lo que pasó”.
Bruzetta no sólo ha tenido el descaro de irrumpir en lugares sin orden judicial, sino que además incluye malos tratos y hasta violencia física: “Hicimos una denuncia por allanamiento irregular y malos tratos porque, además, este señor se nos reía en la cara. La pasamos muy mal. Nos llevaron todo y, cuando fui a la restitución de las cosas por orden del juez, había cosas que no estaban. Nos han robado cosas”, completó Navarro.
La conducta descripta es habitual en el proceder de Bruzetta. No fue la única vez. Con anterioridad ya había cometido atropellos similares en El Torreón del Monje. Allí, el 2 de marzo de 2012, los funcionarios municipales Mónica Rábano, Adrián Alveolite y Eduardo Bruzetta, conjuntamente con aproximadamente 20 policías de la Provincia de Buenos Aires, un importante número de agentes municipales, un cerrajero, personal de servicios generales del corralón municipal portando amoladoras para abrir violentamente las puertas del establecimiento, dos camiones de mudanza contratados a una empresa particular y directivos de la firma Ariel Dada, irrumpieron a través de distintas puertas de acceso al edificio histórico del denominado Castillo del Torreón del Monje. Dentro del lugar, entonces explotado comercialmente por Torremont S.A, se encontraban el sereno, personal de seguridad, algunos pocos empleados, Carmelo Impari, presidente de la firma, y María Eugenia Lemoine, la abogada, a quienes llamativamente se les impidió salir de las instalaciones del local. Ese día también se llevaron todo.
La publicidad
A esta larga lista de atropellos se podría agregar el episodio que protagonizó el publicista Matías Wolf. Él habló sobre los abusos de Eduardo Bruzetta, y explicó el curso del trámite administrativo que hoy denuncia: “el 6 de junio de 2013 inicié un expediente y me llevó dos años llegar a los permisos de uso que me dieron el 23 de abril de este año. Comenzamos a colocar los carteles porque ya Ferrobaires me había pedido todos los papeles, y pasé por todos los entes necesarios”.
Una vez que los funcionarios municipales detectaron que se estaban poniendo los carteles, empezaron los problemas: “el 26 de mayo, me llamó Bruzetta para que me acerque al municipio. Me presenté y me dijo que esos carteles no podían estar ahí porque era municipal. Le contesté que era terreno provincial de Ferrobaires y presenté el contrato firmado y sellado en UCIP. Me dijo que no iba a permitir que los carteles estuvieran ahí y que tenía 24 horas para retirarlos”.
Claro que Matías no se quedó con los brazos cruzados, y trató de chequear que todo estaba en orden, e incluso presentó una nota ante la persona que le había dado el ultimátum. “Cuando me fui, hablé con Ferrobaires y me dijeron que estaba todo en regla. Entonces hago una carta formal a Bruzetta, lo ingresé por mesa de entrada, lo visa la secretaria, lo lee Bruzetta y me lo sellan. Cuando salgo de la Municipalidad, al ratito me avisan que me estaban sacando el cartel que está en las inmediaciones de San Juan a la altura de la terminal”, relató. Pero no fue el único cartel que le retiraron ese día: “al primero no llegué, pero después me avisan que estaban sacando otro en Juan B. Justo, a ese sí llegué. Había 6 personas sin identificación ni ropa municipal. Llamé a la policía y se demoró todo un poco. Dijeron que iba a venir Bruzzeta, pero nunca llegó. A las dos horas, un policía de apellido Iglesias dejó que se fueran sin dejarme un acta de constatación ni secuestro. Me sacaron otro cartel más después”.
No terminó todo allí. Inmediatamente Wolf fue a denunciarlo, y luego se presentó en la municipalidad: “Hice la denuncia porque me los estaban robando. Al otro día fui al municipio y las actas todavía no estaban hechas, así que me tuvieron dos días así. Cuando me las dieron tenían fechas anteriores, como si me hubieran notificado antes, así que no las firmé”.
Entonces, relata, nuevamente se encontró con Bruzzeta mano a mano: “me dijo que Pulti justo le daba el apoyo a Scioli y le habían dado esto, que primero tenía que hablar con él, haber arreglado con el municipio antes. Después comenzó la instancia legal”, relató.
Ahora, el juez en lo contencioso administrativo Nº 1 otorgó una medida cautelar para que le devuelvan lo que le secuestraron para ejercer su actividad, ya que es de su propiedad. Mientras tanto, el accionar turbio del titular de Inspección General trajo consecuencias a la empresa de Matías Wolf: un daño que él debería resarcir: “para todo esto, tuve muchos problemas. Estuve tres meses sin trabajar, pagando el canon de Ferrobaires y además, las publicidades me pidieron que responda a mi contrato. Me mandaron carta documento y a algunas les tuve que devolver el dinero. Supuestamente hoy me devuelven las cosas”, se esperanzó.
La denuncia penal continuará su curso y el comprometido es Bruzetta, por haber retirado la cartelería cuando su titular tenía todos los permisos en regla, y ni siquiera esperó las 24 horas que había dado como plazo.
¿Y si ahora le caen todas las causas juntas?¿Qué pasa? Se lo llama a declarar como cualquier hijo de vecino en una causa donde es dudoso que pueda ya disponer de su antiguo sistema de prebendas para sacar ventaja de las situaciones, u otorgar derechos que él mismo había restringido. Se le terminaron algunas líneas telefónicas y chapas identificatorias de pertenencia al poder de la corona. Le soltaron la mano, bah. Si prosperan las causas en su contra, se tendrá que quedar a vivir en tribunales para dar explicaciones acerca de cada una de sus gestiones bestiales.