La grabación de una conversación con el fiscal de la causa confirma la trama mafiosa que hay detrás de las acusaciones contra el juez Hooft por supuestos delitos de lesa humanidad. “Una venganza personal”: lo dijo con todas las letras.
“Le quieren cortar la cabeza”, fue la frase con la que el fiscal Claudio Kishimoto, que interviene en la causa contra el juez Pedro Hooft, catalogó las presiones sobre el proceso. Aceptó que había sido presionado por otros fiscales y funcionarios judiciales para presentar la elevación al juicio de una causa “armada” por varios abogados de la ciudad, fundamentalmente César Sivo, Natalia Massineo y Fernanda Di Clemente.
En oportunidad de cruzarse en los pasillos del edificio de tribunales, el fiscal Kishimoto ya le había manifestado al defensor Federico Hooft la convicción de que la causa iniciada contra su padre, el juez Pedro Hooft, era una venganza personal iniciada por el abogado César Sivo, e impulsada por el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, Daniel Adler.
Por todo esto, Hooft hijo estaba harto ya de verificar que existían graves irregularidades en la gestión judicial que quería condenar a su padre. Sus denunciantes argumentaban que no había intervenido suficientemente en su deber de detener las atrocidades que efectivamente la última dictadura militar cometió en contra de la vigencia de los derechos humanos. Es decir, se lo acusa de no haber sido suficientemente ejecutivo en la tramitación de ciertos hábeas corpus a favor de presos políticos.
Por eso Federico Hooft se presentó en la casa del fiscal Kishimoto para hacerlo hablar, munido de un grabador oculto. En esa oportunidad, el funcionario reconoció que todos y cada uno de los supuestos querellantes estaban de acuerdo en destrozar la carrera del juez, y también su vida entera, detrás de una supuesta venganza personal que apenas atinaba a desenmarañar: “Sí, sí, me pusieron una pistola en la cabeza a mí”, decía tratando de justificarse delante del hijo del acusado, con quien lo une una antigua relación profesional. “Mis vecinos me dicen que soy un hijo de p… y así me siento”, confirma.
La trama es compleja. Por una parte, la relación o compromiso por parte del fiscal Adler para con Sivo podría haberse originado en que este último habría impedido que una impugnación por parte de organismos de derechos humanos hubiese prosperado. Es la que pretendía impedir la designación de Adler como fiscal general. No obstante, no se puede afirmar que la relación entre el fiscal Adler y el abogado Sivo se deba exclusivamente a dicha circunstancia, pero lo cierto es que algo así debería explicar la actuación apartada de la ley por parte de Adler, excusado en la causa penal contra Hooft, pero con activa participación en el impulso de la activación de los trámites.
Los papeles
Ahora, Federico Hooft, con el patrocinio de Granillo Fernández, se presenta ante la justicia a denunciar el acuerdo mafioso que existe para sepultar en vida al Pedro Hooft, considerando que se está cometiendo un delito de acción pública en la causa en su contra que lleva adelante el juez federal Martín Bava.
Los abogados mencionados denuncian que el juez Hooft ha sido objeto de una persecución penal desde marzo de 2006, cuando dos denuncias en su contra fueron presentadas desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, a quienes se sumó un grupo de querellantes que se autotitularon representantes de organismos de derechos humanos: los mismos magistrados y funcionarios habrían impulsado un proceso a sabiendas de que sus imputaciones son -en efecto- infundadas y mendaces.
Pero ¿cuál es la razón del enfrentamiento? Dicen los abogados que las fechas coinciden, porque el juez Hooft llevaba adelante la causa que investigó la desaparición de una treintena de prostitutas en la ciudad de Mar del Plata. Y que en la oportunidad, César Sivo y otros abogados de su estudio defendían a jerárquicos de la policía y del Poder Judicial que resultaban implicados en la trata de personas, y amenazados por los avances de la investigación de Hooft. No obstante, la causa terminó en condenas a los policías. Dicen los memoriosos que en la oportunidad, Sivo ya había prometido represalias a los gritos. La salida rápida de hacer creer que existía un asesino serial apodado “el loco de la ruta” era mucho más funcional para ellos, y mantenía en secreto las conexiones entre las prostitutas muertas y los poderes de la ciudad. Y viene a la memoria el ejemplo del fiscal García Berro, cuyo coche estaba francamente involucrado en la desaparición de Verónica Chávez.
Pero esa no fue la única causa que separó los bandos: cuando Hooft acusó a la policía de torturar mujeres en la comisaría, el juez federal Roberto Falcone afirmó “el juez se vale de la nefasta muletilla de los derechos humanos”. Ahora Kishimoto acepta que están todos dispuestos a presionar para que la causa armada contra Hooft prospere, y el mismo fiscal tiene miedo por su cabeza.
Si se consideran cada una de las palabras que constan en la grabación realizada a la conversación con el fiscal Kishimoto, se debe dar por aceptado que él habría efectuado requerimientos judiciales que no serían de su autoría intelectual, y algunos de ellos ni siquiera fueron escritos por él, sino que serían documentos redactados por el fiscal general Daniel Adler y por Eugenia Montero. Los papeles le habrían sido entregados para que los firmara coactivamente, y además refirió que desde la Procuración le habrían indicado que “de todos modos” los firmara. Considerando esto, se estaría cometiendo otro ilícito más: la falsedad ideológica.
Además, Kishimoto ya no sólo afirma la existencia de presión por parte de Adler sino también de la Procuración, a través de Eduardo Auat, que le habría ordenado obedecer las directivas del citado fiscal general excusado. Según esto, Auat estaría enterado de las conductas ilícitas de Adler, y además le habría ordenado a Kishimoto firmar un requerimiento cuyo contenido desconocía. De más está decir que las afirmaciones efectuadas por Kishimoto respecto de Auat, constituirían otro grave incumplimiento de los deberes de funcionario público, y darían cuenta de una actuación en grupo de varios funcionarios.
Todas las letras
Hooft: – Pero lo armó Sivo, Claudio.
Kishimoto: – ¡Estamos seguros, estamos seguros!
Sí, era Sivo el autor de la trama. No cabe más que recordar lo que sucedió en ocasión de la investigación por la muerte de las prostitutas. La sentencia fue el resultado de una tenaz investigación que sólo el juez Hooft produjo y concluyó, pues a pesar de la actuación dolosa de la policía, se había instalado intencionalmente una versión oficial atribuyendo los hechos al supuesto “loco de la ruta”, lo que implicaba un desvío intencional del rumbo del proceso.
Sivo estaba acompañado por los abogados de su estudio, Fernanda Di Clemente y Gustavo Marceillac, y con ellos anticipó sus propósitos de venganza, manifestándole a los instructores: “… la revancha no es con ustedes. La revancha es con el de allá…”, señalando en dirección al despacho del juez Hooft. Todo lo expuesto está documentado con declaraciones testimoniales de los instructores judiciales de la SCBA en el expediente. En el periodo de la investigación de los tres casos de “mujeres desaparecidas”, se fueron sucediendo distintas denuncias penales contra el juez Hooft en las que interactuaban como denunciantes, patrocinantes o testigos, el propio abogado Sivo y otros integrantes de su estudio. Todas ellas fueron rechazadas por resoluciones firmes por inexistencia de delito.
Se trataba de denuncias penales que aparecerían luego como “actos preparatorios” para los pedidos de jury contra el juez Pedro Hooft. Es así que en 2006, el mismo abogado Sivo solicitó audiencia por escrito al fiscal general del Departamento Judicial de Mar del Plata, Fernández Garello, haciendo mención a “pedido de jury ya en trámite”. En la oportunidad, se le hizo saber al fiscal general que “… a la brevedad será presentado un pedido que se vincula con la actividad colaboracionista de ese juez durante la dictadura militar, y las tres causas serán ofrecidas como prueba…”.
Se parece mucho a una voz que se escucha en los pasillos de tribunales, aunque nadie se atreve a ponerla en altavoz. Todos saben, a ciencia cierta, que se trata del pase de factura de Sivo y su gente porque Hooft dejó al descubierto a sus clientes con un tema del que “no se habla”. De las prostitutas no se habla. De que los poderosos intervienen en la trata y consumen prostitución de cualquier tipo, no se habla.
Nadie se atreve a decir nada porque todos tienen miedo de ver sus propias cabezas en la bandeja que hoy tiene a la de Hooft. Solamente en sotto voce, el fiscal se atreve a decirlo:
Kishimoto: – Aparte, hay que ser hijo de puta para decir: “Che, no, porque los delitos de lesa humanidad, las torturas, las violaciones… ¡pero hay que situarse en esa época! El único juez que iba a la cárcel a visitas de presos, y vos le estás enchufando todo el universo de delitos!”.
Saben todos que no habrá ningún juez en la ciudad que se pueda abstraer del miedo y sacar a relucir el fraude, por más que esté a la vista de todos. Les queda la esperanza de que se decida ante otra instancia. El mismo fiscal lo afirma:
Kishimoto: – Vos tenés que llegar. Tenés que llegar más alto. Porque lamentablemente… lamentablemente la justicia la vas a tener más arriba. A este nivel no la tenés. Yo lo veo. No la tenés. Y de Bava, yo algunas fichas le pongo. Algunas fichas le pongo…”.