Causa Mariscal | La justicia le negó al juez federal un nuevo plazo de prórroga. Pretendía demorarse aún más en la instrucción de la causa contra la comunidad zíngara. Le dijeron que ya está bien de caprichos: se tiene que poner a trabajar.
La Cámara Federal de Apelaciones, compuesta por los magistrados Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, respondió negativamente a un nuevo pedido de prórroga del juez Santiago Inchausti, que obviamente quería seguir dilatando la causa Mariscal; la misma por la cual pretende imputar a miembros de la comunidad zíngara por varios delitos que incluyen el lavado de dinero, y extender indebidamente prisiones preventivas que ya son inexplicables hasta para los mismos camaristas.
Los hechos se iniciaron cuando se puso en marcha el operativo que han dado en llamar “Lavado Total”. Incluyeron el allanamiento a una casa particular que se llevó a cabo el 9 de septiembre de 2016 a las 7 de la mañana, cuando buscaban autos de Mariscal y Coco Esteban, integrantes de la comunidad gitana ya imputados. No encontraron nada, pero secuestraron una escopeta antigua que el propietario conservaba como recuerdo de su abuelo.
Procedieron además al secuestro de algunos autos con la ayuda del propio dueño de casa, Ariel Marcos, que decía: “Me fui con la policía, tranquilo, porque me dijeron que me llevaban para declarar y en media hora me dejaban. Doce días me dejaron adentro de la comisaría, y por más que el abogado Martín Ferrá pidió la excarcelación, se la negaron porque yo tenía una escopeta”.
Se trata de la misma modalidad que ya es propia del juez federal del Tribunal N°3, Santiago Inchausti, que gusta de poner en práctica la prisión preventiva bajo sospecha. El juez primero detiene a las personas, y luego comienza a buscar elementos para el sostenimiento de una causa federal. En este caso, el hombre permanecía preso por una escopeta vieja sin papeles. La causa prosiguió con el traslado a un penal: “después me mandaron a Buenos Aires encadenado, acusado de estar en una banda donde no conozco a ninguna persona. Estuve siete días durmiendo en el piso de la comisaría 28 y después me trasladaron a Devoto, donde estuve dos meses. No tengo antecedentes penales y nunca estuve preso”, aclaró.
Cuando el hombre recuperó su libertad, comenzó el camino de reclamar los autos que le sustrajeron en el operativo de su detención, pero no obtenía respuesta. Otra vez, una estrategia parecida a la que ya le hemos visto poner en marcha al famoso juez marplatense: detiene por las dudas. “Me siento abusado, sin tener nada que ver con esto. He tenido que atravesar todo esto simplemente por ser gitano”, concluyó Marcos.
Más tiempo
Los problemas que atraviesa la Justicia federal en Mar del Plata no son nuevos, y se vienen arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Este departamento judicial no es más que un muestrario de abusos y connivencias, que muchos han tomado como un hecho ya imposible de mejorar, porque forma parte del paisaje mismo de la ciudad costera.
El abogado Martín Ferrá hace unos meses presentó una denuncia por presunto delito de acción pública contra el mismo juez, y solicitó la nulidad de todo lo actuado, ya que el magistrado no había respondido en tiempo y forma ninguna de sus solicitudes. Cada vez que el abogado solicitaba que se liberara a su defendido injustamente encarcelado por una figura legal que no lo ameritaba, el juez no le contestaba nada, por lo cual lo acusó de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.
El abogado decía también que no sabía las razones que llevaban a Inchausti a actuar de esta manera, pero suponía que debía existir una encubierta animosidad en contra de los integrantes de la comunidad zíngara, toda vez que no había respondido las solicitudes, y así había violado el derecho a la legítima defensa de sus clientes. Al haberle impedido defenderlos, consideraba que era oportuno solicitar la nulidad de todo lo actuado.
Recientemente, el mismo abogado se dirigió a la Cámara de Apelaciones con el fin de solicitar que no le otorguen más prórrogas a Inchausti, porque queda demostrado que tiene pensado extender esta causa al infinito.
La Cámara respondió claramente. Ya en mayo le habían dado a Inchausti una última prórroga para que terminara de una vez de realizar la instrucción de la causa Mariscal, y dijera lo que tenía que decir. Que no podía seguir extendiéndose en el tiempo, bajo el argumento de que la causa era muy compleja, que tenía varios cuerpos, y quién sabe cuántas cosas más. Le dijeron que ese era el último plazo, y que se había extinguido el 15 de junio.
Encima, dice la Cámara, al coimputado Alberto Giogiovich ya lo tienen ubicado, y tuvieron tiempo de sobra parta trabajar en la otorgada conexidad entre las causas, “para que no afecte los plazos de instrucción”.
Pero es que a Ferrá ya lo tienen cansado. El abogado había cursado una solicitud de informes acerca del destino dado y del lugar de conservación del lote de rodados secuestrados, así como del informe antisiniestral del cuerpo de bomberos. Y en diciembre pasado cursó una nueva solicitud de pronto despacho: no respondieron.
Hace más de un año que dos de los integrantes de la tradicional familia Demetrio solicitaban que les devolvieran los coches que se habían llevado en un operativo, sin que nadie explicara las razones por las cuales el Estado debía seguir privándolos de los bienes que se habían secuestrado de manera preventiva. Los pedidos de sobreseimiento databan de enero de 2016, e incluían la solicitud de restitución de dinero secuestrado, cheques y teléfonos celulares incautados, a lo cual el juez tampoco contestó.
Recuerdos comprometedores
La Justicia federal en Mar del Plata ya es una locura peligrosa, que parece tener particular inquina con los integrantes de comunidades étnicas diferentes. Y no sólo eso, sino que el juez tiene predilección por el mecanismo de mantener gente presa mientras busca la manera de adjudicarles una figura legal que no se salga de la competencia federal.
Esta comunidad marplatense ya no se sorprende de nada cuando se habla del Tribunal Federal n°3. Porque el juez Santiago Inchausti considera que puede manipular la realidad a su antojo. Y si en los plazos legales no consigue los elementos de prueba para meter a presión el encuadre del delito que lo inscriba en la competencia del fuero federal, pues pide más tiempo.
En este caso, la cuestión no era plantear que los gitanos que se dedican a la compraventa de automóviles estuvieran exentos de cualquier responsabilidad sobre ilícito alguno, sino dejar en claro que la falta de documentación necesaria sobre los coches comprados o vendidos no es elemento de prueba para una causa de lavado de dinero. Pero a Inchausti no le importa, él hace esperar a todo el mundo hasta que la venta de un vehículo sin papeles se convierta en lavado. Como le solía gustar que la prostitución se convirtiera, por arte de magia, en trata de personas. Todos lo recuerdan.
Los camaristas Tazza y Jiménez firman un documento diciendo que el juez se tiene que poner a trabajar. Que no tiene más tiempo y que debe, con suma urgencia, realizar todas las acciones procesales necesarias para que se termine la etapa por la que transita el expediente, “en atención al tiempo transcurrido desde la primera prórroga concedida en autos, y en las cuales se encuentran personas privadas de su libertad”. Es decir, basta ya Inchausti, acá hay gente presa, usted no puede saltearse todas las normas.