Un gremio denuncia el desmantelamiento del astillero Unión, y de un barco en arreglo. Mientras tanto, el Consorcio portuario no hizo más que licitar el predio nuevamente, para borrar el problema de un plumazo. Todos dicen ser los dueños de un pedazo de algo. La Prefectura no vio ni oyó la toma, que llevó meses.
Uno se pregunta dónde está el Estado. Cuánto más complejos son los conflictos sociales y laborales, cuando más necesario es dirimir entre los que tienen legítimo derecho a reclamar lo que les pertenece y los que están aprovechando la volada, uno se pregunta dónde está el Estado. Ya que el Consorcio Portuario no demuestra su capacidad para defender por ejemplo el patrimonio ambiental, que es de todos, podría por lo menos hacer lo posible para garantizar el patrimonio individual de las personas físicas o las sociedades de trabajo. Por ejemplo, es notoria su ausencia en el desastre generado por el club Aldosivi en la reserva natural, que a ninguno le movió un pelo.
Pero nunca queda claro cuál es el espacio en el que efectivamente el Estado tiene capacidad para moverse en esta ciudad. Si es que rifa las playas públicas y el recurso ictícola, por lo menos podría hacer que quedara claro quién tiene derecho de explotación sobre un predio, y quién tiene que obligarse a cumplir con lo establecido en un par de contratos previos. Pero parece que no puede. No pueden los funcionarios que cobran por poder hacerlo, obviamente, porque el Estado no es una placa de bronce. Son personas con sueldos interesantes, asesores, secretarios que ceban buenos mates y calientas bizcochos en los calefactores. Y algunos empleados que se lo han tomado en serio, y terminan desbordados por la presión, con licencia por los ataques de pánico y el desgaste emocional que implica querer trabajar solos. Ése es el Estado.
Los hechos que hoy ocupan estas páginas son sumamente complejos, si es que se pretende dar la misma importancia a todos los elementos e intereses que confluyen, pero podrían sintetizarse más o menos así.
Fue en 2011 que el presidente de la Obra Social de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca realizó una denuncia ante la AFIP por diferencias de cálculos y aportes contra la empresa Giorno S.A. Para resolver el conflicto, se realizaron diversas reuniones con las autoridades de la firma, de las que -entre otros- participó su apoderado, Mariano Pérez. Pero Pérez, a su vez, estaba a cargo del Astillero Unión S.A, y por eso él y el gerente Vinar ofrecieron afrontar parte de esa deuda haciéndose cargo de los arreglos necesarios para poner en funcionamiento óptimo un buque, el pesquero Bicentenario. Para eso, los nombrados elaboraron un presupuesto de $394 000, de los cuales el gremio denunciante solo entregó $150 000, porque el resto sería pagado por Giorno S.A. en compensación por la deuda pendiente.
En julio de 2013, la Prefectura autorizó el traslado del buque al astillero. Con el dinero entregado, Unión habría comprado 43 latas de pintura para la embarcación mencionada, que quedaron depositadas en sus galpones. Se iniciaron los trabajos de picareteado, extracción de guinches (que quedaron tirados en tierra), línea de eje del buque y pala del timón, que también quedaron sobre el suelo del astillero. Además se extrajeron los pistones hidráulicos del guinche, los stays de cubierta, tangones y bordas; se rectificó un cojinete y portasellos, más 4 válvulas de achique.
Pero a tres semanas de iniciadas las tareas, el astillero fue literalmente tomado por personas que pertenecen a diferentes gremios, aunque el sitio se encontrara a escasos 20 metros de Prefectura. Se incendiaron gomas en la puerta, y ya nadie supo quién tenía razón.
La denuncia
Según el denunciante Jorge Frías –Secretario General de la Asociación de Capitanes de Pesca- el astillero quedó en manos de extraños, que él considera al mando de César Briatore. Pero este último se presentaba como presidente de la firma del Astillero Unión, se quejaba de la toma, y de que el astillero había estado paralizado por 70 días, porque a los empleados “les han vendido humo”.
Contrariamente, dice Frías de Briatore: “Esta persona luego de los hechos ocurridos entre julio y setiembre del 2013, en la sede del astillero, donde el mismo estuvo tomado por distintas agrupaciones sindicales, se convirtió en el gerente o manager, y es el que dirige al personal que ocupa la parcela, y dirige también la extracción de materiales, maquinarias, repuestos, que han sido y son extraídos y retirados del astillero, y llevados a distintos lugares del puerto de Mar del Plata, entre ellos un local o deposito sobre la calle Bermejo, al que habrían sido llevadas la mayoría de los tornos, herramientas y materiales que integraban el astillero en desmantelamiento”. ¿Quién miente?
La cuestión es que el buque en arreglo tiene un sereno puesto por el gremio, y fue él quien comenzó a notar el faltante de piezas esenciales, así como de elementos propios del astillero, que evidentemente no volvería a funcionar.
Sin embargo, la Prefectura no vio nada, aunque todo sucediera en la vereda de enfrente. Pero asegura el denunciante que algunas de las partes del buque estaban esparcidas por el suelo, y las 43 latas de pintura no estaban más. Es por eso que sospecha que los ocupantes del astillero estaban amparados por el interventor del Consorcio Regional del Puerto.
Pero lo curioso es que algunos de los elementos que desaparecieron son propiedad del Estado, ya que se trata de un predio fiscal. Por ejemplo, vías. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, el Consorcio Regional del Puerto llamó a una nueva licitación para ocupar el predio fiscal en el que se asienta el astillero.
Por eso los denunciantes hablan de los delitos de encubrimiento y de violación de los deberes de funcionario público, ya que sospechan que el interventor del Consorcio –Machiandiarena- siempre tuvo el predio en su poder, y que los ocupantes responden a él. Y agrega el texto de la denuncia: “No se puede imaginar a un funcionario público responsable de bienes del Estado, que no se preocupe de un astillero que debe cánones importantes que nunca pagó, que está siendo desmantelado, y que se encuentra tomado u ocupado, que el mismo funcionario haga un concurso público para entregarlo o adjudicarlo a un tercero en violación a toda norma que rigen los establecimientos comerciales y usos de los espacios y bienes públicos”.
El Consorcio respondió a las cartas documento enviadas desconociendo su responsabilidad en la desaparición de elementos y el vaciamiento concreto de la firma, ya que dijo que tales cuestiones eran estricta responsabilidad de la Prefectura. …”Y así las cosas, el funcionario de mayor responsabilidad en el Puerto de Mar del Plata, que tiene como misión cuidar los bienes del Estado, de custodiar el destino de los mismos, de evitar que se usen los mismos para cometer delitos, de cobrar los cánones, de recuperar la tenencia o posesión de parcelas fiscales antes de decidir llamar a concurso público para entregarlas a terceros, y sobre todo de cumplir las obligaciones que a todo funcionario público les impone el código penal de no encubrir delitos y denunciar los que llegaren a su conocimiento, les traslada toda la responsabilidad a la Prefectura naval Argentina”, dice Frías.
Contramano
Por supuesto que hay otras voces. César Briatore desconoce todo lo dicho por Frías y se siente un damnificado más por los piquetes en el astillero. No reconoce que hayan desaparecido materiales ni herramientas fundamentales para el funcionamiento de la firma, y por el contrario, detalla que se están abocando a numerosos trabajos pendientes de la empresa. Dice estar construyendo una cantidad de módulos habitacionales para Neuquén, y no haber sido desalojado en ningún momento del predio que ocupaban los empleados. Sólo se queja de que el Estado no le está facilitando las condiciones de seguridad necesarias para afrontar su trabajo.
Por otra parte, Ítalo Carrizo, interventor de SAON –Sindicato Argentino de Obreros navales- apareció para dar respaldo a la intervención del Consorcio Portuario, y afirmar que debía licitarse nuevamente el predio porque la firma no tenía la sustentabilidad suficiente para mantener los 50 puestos de trabajo a su cargo. Sostuvo que la empresa no tenía el necesario respaldo económico, ya que en el momento en el que se le solicitaron los avales, no los pudo presentar. La explicación económica radica en que los responsables de la sociedad anónima son ex trabajadores, y no tendrían el dinero necesario para mantener el astillero. “Nosotros conocemos al Sr. Briatore, era un compañero del propio astillero. El otro socio, el vicepresidente de esa firma, es el Sr. Larraburu, Andrés, que es un desocupado. El tercero y mayoritario es Walter Castro, que es un práctico de muelle. Entre los tres juntan un sueldo de 15.000 pesos”, indicó Carrizo.
El actual responsable del SAON sentenció: “esto que le sucede al Astillero Unión es un gerenciamiento de una sociedad anónima sin respaldo económico, que termina con los trabajadores en las calles quemando gomas. Lo que hicimos es un acto de prevención porque, si no, después los trabajadores son los que pagan los platos rotos”.
La cuestión sigue siendo dónde está el Estado. Dónde están los que deberían separar las aguas de los intereses creados y restituir a cada uno el derecho que le corresponde. Quién será entonces el encargado de aclarar que los intereses de los sindicatos van por un lado y la ley por otra. Quién, finalmente, será quien se ocupará de hacer que el buque Bicentenario esté otra vez en el agua, para proteger derechos laborales de muchas personas, y patrimonio de otras tantas. Esto es una pelea de todos contra todos, de la cual el Consorcio parece no ver nada más que el pedazo que le toque de la nueva licitación de una tierra barrida. Y la Prefectura ni se dio por aludida mientras tuvo el corso en la vereda.